I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO 22, FRACCIONES XVII Y XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, CONTENIDO EN EL DECRETO SEISCIENTOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 5 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LAS SEÑORAS MINISTRAS Y DE LOS SEÑORES MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Se impugna el artículo 22, fracciones XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, expedida mediante el Decreto 600, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente.
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 55/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si debe sobreseerse en el presente juicio por cesación de efectos de la norma impugnada.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional,(1) en la que demanda la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan.
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Coahuila.
• Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila.
Norma general cuya invalidez se demanda:
“El Decreto 600 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024 (Decreto Impugnado), publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 22 de diciembre de 2023, específicamente el artículo 24 [sic] que dispone:
ARTÍCULO 22. Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada: (...)
XVII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $60,249.00 por permiso para cada pozo.
XVIII. Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $60,249.00 por permiso para cada pozo.”
2. Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes que el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el Decreto impugnado, en su Capítulo Noveno “De los Derechos por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, Sección I, “Por la Expedición de Licencias para Construcción”, el cobro de derechos por la expedición de permiso de construcción y remodelación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo, por lo que, al regular éstos y aprovechar bienes de dominio de la Nación, la entidad federativa demandada invade las atribuciones exclusivas de la Federación.
3. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal).
4. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, el Poder actor expresó, en síntesis, lo siguiente:
• Único. Los poderes ejecutivo y legislativo, demandados, al expedir y promulgar el Decreto impugnado, invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación. El artículo 22, fracciones XVII y XVIII, del Decreto impugnado permite que cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraiga cualquier hidrocarburo, ya que prevé el pago de un derecho por el permiso para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, por lo que a la Hacienda Municipal se enterarán montos con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos previstos, los cuales se relacionan directamente con la exploración y extracción de hidrocarburos.
• Los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales al expedir la norma controvertida invadieron la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación.
• Conforme a los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafo sexto, y 73, fracción X, de la Constitución Federal, le corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre hidrocarburos, siendo que, en uso de dicha facultad, expidió la Ley de Hidrocarburos que establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que corresponde a la Federación regular su exploración y extracción.
• De ninguna manera la ley permite a las entidades federativas otorgar permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.
• Sostiene que conforme al artículo 115, fracción V, último párrafo, de la Constitución Federal, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales; de ahí que, la norma impugnada afecta competencias que están expresamente otorgadas a la Federación.
• Si bien la norma controvertida no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por los permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, circunstancia que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos; aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.
• Conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo cual la norma impugnada afecta la competencia de la Federación al establecer contribuciones en materia de hidrocarburos.
5. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 55/2024,(2) y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento.
6. Admisión y trámite. Luego, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila, ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente.(3)
7. Finalmente, tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Allende, Estado de Coahuila, a los que dio vista a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Marcela Guerra Castillo, quien se ostentó como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifestó, en esencia, lo siguiente:(4)
• De conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal en el Sistema Jurídico Mexicano existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales en tratándose de los Estados, y conforme al numeral 73, fracciones X y XXIX, de la Norma Fundamental corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación.
• La litis constitucional se centrará en determinar si la norma impugnada resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución General, así como si dicha norma invade facultades de la Federación, por lo que estará al tanto de la resolución.
9. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Ana Lilia Rivera Rivera, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, manifestó,(5) en síntesis, lo siguiente:
• En términos del artículo 124 de la Constitución Federal las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales, siendo que el artículo 73, fracción X, constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos; facultad exclusiva de referencia que de igual manera se advierte del artículo 27, párrafos cuarto y sexto, del mismo ordenamiento, al establecer que la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales ahí plasmados son del dominio directo de la Nación, el cual es inalienable de imprescriptible.
• El artículo 28 de la Constitución Federal establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre las cuales se encuentra la exploración y extracción de hidrocarburos. En ese sentido, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos.
• La norma impugnada invade la facultad expresa del Congreso Federal, de conformidad con el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, pues la materia de hidrocarburos es competencia exclusiva de la Federación y, por ende, las entidades federativas no pueden otorgar permisos de construcción o remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, por lo que, se debe declarar la invalidez de la norma controvertida.
10. Luego, el Ministro instructor tuvo a las Presidentas de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, por presentadas con la personalidad que ostentan, realizando manifestaciones en su carácter de terceros interesados.(6)
11. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. Valeriano Valdés Cabello, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila, dio contestación a la demanda,(7) adujo, en esencia, lo siguiente:
• La controversia constitucional es infundada, porque respecto al Poder Ejecutivo no se atribuyó de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada.
• Si bien el Poder Ejecutivo local realizó la promulgación y publicación de la ley impugnada, lo cierto es que ello fue así por ser un deber previsto en la propia Constitución de la entidad, sin que se interviniera en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma controvertida.
12. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. Joseline Zaharay González Gutiérrez, quien se ostentó como Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:(8)
• Aduce que la disposición impugnada no contiene un sentido normativo tendiente a permitir o negar como autoridad municipal actividades sobre hidrocarburos, sino que únicamente se faculta a las autoridades municipales a fin de expedir licencias de construcción, por lo que no existe una invasión a la esfera competencial de la autoridad federal.
• Si bien del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, lo cierto es que el artículo 115, fracción V, del mismo ordenamiento contempla una serie de facultades que se reservan a los municipios, como lo es el otorgar licencias y permisos para construcciones.
• No se invade la competencia del Poder actor, sino que se trata del ejercicio legítimo de una atribución otorgada por la Constitución Federal.
• Conforme a la exposición de motivos del proceso legislativo mediante el cual se reformó la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, se advierte que se buscó que los municipios intervinieran no sólo para controlar y vigilar el uso de suelo, sino para autorizarlo a regular las distintas actividades que se pueden ejecutar en éste con miras a lograr un desarrollo municipal ordenado que permita incidir en el desarrollo nacional.
• Resultan aplicables como precedentes las contradicciones de tesis 89/2010 y 441/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiéndose concluir que los municipios tienen la facultad constitucional para emitir licencias, permisos o autorizaciones para construcciones, incluyendo aquellas que se otorgan respecto de lugares en los que a posteriori se habrán de construir estructuras para la realización de actividades reservadas a la Federación, por lo que no se configura una invasión de esferas competenciales.
• El numeral controvertido no hace referencia a la explotación de hidrocarburos en sí misma, pues la expedición de permisos de construcción no busca regular la actividad de extracción de éstos, lo que se puede constatar, dado que al momento en que se solicite y expida el permiso de construcción, aun no existirá actividad de extracción.
13. Luego, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila, dando contestación de la demanda;(9) luego, determinó que había transcurrido el plazo otorgado al Municipio de Allende a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
14. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
15. Audiencia. Con posterioridad, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como del Poder Ejecutivo Federal.(10)
16. Cierre de instrucción. Por último, el Ministro instructor ordenó integrar a los autos el acta de la audiencia, y tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas por su propia y especial naturaleza, así como los alegatos formulados. Finalmente, acordó el cierre de instrucción(11) a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(12)
17. Avocamiento. Finalmente, el Ministro instructor, previo dictamen solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(13) Luego, la Ministra presidenta de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(14)
I. COMPETENCIA
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(15) 1(16) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y 10, fracción I,(17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(18) en relación con el punto Segundo, fracción I,(19) del Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;(20) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y una entidad federativa, en el que se solicita se declare la invalidez de normas generales. De igual forma, se estima que al tratarse de una controversia constitucional en la cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
19. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(21) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.
20. Del análisis integral de la demanda y sus anexos, se desprende que la norma efectivamente impugnada es el artículo 22, fracciones XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, contenido en el Decreto 600, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.(22) El contenido del artículo y fracciones controvertidas son:
Ver artículo 22
III. OPORTUNIDAD
21. De la lectura de las constancias se advierte que el presente medio de control constitucional resulta oportuno.(23)
IV. LEGITIMACIÓN
22. Activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa; (...)
23. Por su parte, los artículos 10, fracción I,(24) y 11, párrafos primero y tercero,(25) de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo; siendo que, respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal, puede ser representado por el secretario de estado, el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
24. La demanda fue promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de dos de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por el Presidente de la República.
25. Dicha funcionaria cuenta con facultades para representar al titular del Poder actor en términos del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno,(26) por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional está facultada para tal efecto.
26. Pasiva. Por cuanto hace a la legitimación de las partes demandadas, se advierte que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila, tienen legitimación pasiva, conforme a los artículos 10, fracción II,(27) y 11, párrafo primero, de la citada Ley Reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados
para representarlos. 27. Por cuanto hace al Poder Legislativo de la entidad, compareció a contestar la demanda Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su carácter de Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, de nueve de enero de dos mil veinticuatro, así como de su nombramiento.
28. Aunado a que el artículo 48, fracción I,(28) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado independiente libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, prevé que corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local representar al Congreso del Estado, quien podrá delegar esta representación en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos al Congreso, otorgando el poder legal correspondiente. Por lo tanto, la Directora referida cuenta con la representación del Congreso estatal.
29. Con relación a la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, contestó la demanda el Consejero Jurídico del Gobierno de esa entidad, Valeriano Valdés Cabello, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación de uno de diciembre de dos mil veintitrés.
30. Asimismo, el artículo 25, fracción VIII,(29) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la entidad, prevé que es atribución de la o el titular de la Consejería Jurídica representar al Ejecutivo en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. Por tanto, el Consejero Jurídico cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo local.
V. SOBRESEIMIENTO
31. Esta Primera Sala advierte que se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(30) al haber cesado en sus efectos la norma cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
32. El referido artículo prevé como causa de improcedencia de la controversia constitucional cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto de materia de la controversia.
33. Los artículos 105, fracción I y III, y penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria,(31) establecen, entre otras cosas que la declaración de invalidez de las resoluciones no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la cual regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esa materia; y las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones aplicables en la materia.
34. Las disposiciones normativas referidas con anterioridad, en lo que respecta al tópico de la cesación de efectos, ya han sido materia de análisis por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se vio reflejado en el criterio jurisprudencial P./J. 54/2001, de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”,(32) derivado de la controversia constitucional 6/97.
35. Del referido criterio jurisprudencial, se advierte que tratándose de la controversia constitucional se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
36. En el caso cobra aplicación el criterio anterior, pues de la demanda de controversia constitucional se advierte que la parte actora impugna las fracciones XVII y XVIII, del artículo 22, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
37. En ese sentido, se estima que al día de hoy no es posible emitir ningún pronunciamiento sobre tal disposición, toda vez que ya cesaron sus efectos al estar condicionada para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.(33)
38. Este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que en relación con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es poner los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.
39. En términos de la colaboración legal y constitucionalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo —tanto federales como locales, en la esfera de sus respectivas competencias—, tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado período temporal.
40. En consecuencia, si ese tipo de leyes tiene vigencia anual, resulta evidente que la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, ha dejado de producir efectos, dado que los mismos han agotado su vigencia, máxime que han sido sustituidos por otras leyes que gozaron igualmente de vigencia anual.
41. En consecuencia, la causa de improcedencia referida se actualiza al caso concreto, en virtud de que la parte actora solicitó la invalidez de una determinación que se hizo en la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, y el ejercicio fiscal para el cual debió estar vigente la norma cuya invalidez se demanda ya concluyó.
42. Esta conclusión se robustece al considerar que el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el Decreto número 143, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, cuyo primer artículo transitorio establece que dicha ley entró en vigor el primero de enero de dos mil veinticinco.(34) Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir la parte promovente en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.
43. Lo anterior es así, dado que aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegare a declarar, en su caso la invalidez, la sentencia no podría surtir plenos efectos,(35) pues, como se señaló, no tendría efectos retroactivos,(36) al existir la limitante expresa del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.(37)
VI. DECISIÓN
44. Con base en las consideraciones anteriores, al haber cesado los efectos del artículo 22, fracciones XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, se concluye la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(38) por lo que procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del propio ordenamiento legal.
45. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
R E S U E L V E
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese, y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente), y Loretta Ortiz Ahlf (Presidenta).
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
PONENTE
MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
Esta foja corresponde a la Controversia Constitucional 55/2024, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de marzo de dos mil veinticinco. Conste.
________________
1. Por oficio presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro, en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el catorce de febrero de dos mil veinticuatro.
2. Por proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro.
3. Mediante auto de trece de marzo de dos mil veinticuatro.
4. Por escrito recibido el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. Mediante oficio recibido el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
6. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinticuatro.
7. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el tres de mayo de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.
8. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el trece de mayo de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.
9. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201019-a0e21534/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- INVASION DE ESFERAS. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. NO SE SURTE SI EL PROBLEMA PLANTEADO ES SOLO DE LEGALIDAD (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE (s/clave)
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