CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO.
AMPARO DIRECTO 80/2006. BERTHA FLORES DE GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son inoperantes los motivos de inconformidad primero y segundo, en los que la quejosa combate lo expuesto en los resultandos segundo y tercero de la sentencia reclamada, ya que de lo establecido en el artículo 405, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, se advierte que no constriñe al Juez, al momento de emitir la sentencia, a que se expresen en los resultandos todos y cada uno de los antecedentes que se suscitaron dentro del juicio respectivo.
En efecto, el artículo en comento, al exponer: "... II. Bajo la palabra resultando, se consignará de una manera concisa y clara, en párrafos numerados, lo conducente de los hechos referidos en la demanda y en la contestación, de las pruebas rendidas y de lo alegado. ...", sólo obliga a realizar una exposición breve de los hechos, pues lo relevante, de acuerdo al citado precepto, en relación con los diversos 402 y 403 del citado ordenamiento, es que la sentencia se funde en derecho y se examinen todos y cada uno de los puntos controvertidos por las partes, toda vez que en el supuesto de que la abstención en la cita de todos los antecedentes en el resultando de la sentencia, constituyera la falta de un requisito formal que trascendiera al sentido del fallo, ello se subsanaría al realizar la autoridad correspondiente el estudio exhaustivo de los mismos.
Luego, carece de importancia y por ello no es violatorio de garantías el hecho de que la responsable omita poner en los resultandos de la sentencia los antecedentes y la secuela del juicio, toda vez que esa omisión no agravia a la quejosa, porque son los considerandos de la sentencia en donde ocasiona la lesión jurídica reparable mediante el juicio constitucional.
Es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el registro 237284, en la página 70, Volúmenes 199-204, julio-diciembre de 1985, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"SENTENCIA, RESULTANDOS DE LA. SU OMISIÓN NO CAUSA AGRAVIO. Una sentencia no causa agravio por la circunstancia de que el Juez de Distrito omita el capítulo relativo a ‘resultandos’ al dictarla."
También sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el registro 275426, en la página 12, Volumen XXXVIII, agosto de 1960, Quinta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS A LOS ‘RESULTANDOS’. Los conceptos de violación son injustificados si los mismos se refieren a los ‘resultandos’ del laudo impugnado, o sea, a la narración de los antecedentes del juicio laboral, que jurídicamente no causan agravios a los quejosos, pues esto solamente podría originárselos su parte resolutiva y las consideraciones que la funden."
Por otra parte, son infundados el tercero, quinto y décimo sexto conceptos de violación, relativos a la falta de legitimación del actor, los cuales por la estrecha relación que tienen entre sí se analizarán en forma conjunta, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Amparo.
En efecto, el Juez, respecto a dicha excepción, sostuvo lo siguiente:
"... TERCERO. La legitimación del accionante queda plenamente acreditada con el contrato de compraventa que celebró con el señor José Marroquín Guzmán, respecto a la finca objeto del arrendamiento ubicada en el número 318 de la calle Aramberri de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual consta en la escritura pública número 33,469, de fecha 30 -treinta- de agosto de 2004 -dos mil cuatro-, ante la fe del licenciado Evaristo Ocañas Méndez, titular de la Notaría Pública Número 51, con ejercicio en esta ciudad, así como con el contrato de arrendamiento de fecha primero de enero de 2001 -dos mil uno-, celebrado entre el señor José Marroquín Guzmán y la señora Bertha Flores de González, documentos públicos y privados a los cuales se les confiere valor probatorio pleno y eficacia jurídica, en términos de lo dispuesto por los artículos 369 y 373 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
"... La falta de personalidad y legitimación activa en el accionante resulta improcedente, pues, por principio de cuentas, el actor, señor Jesús Montemayor Villarreal, comparece a ejercitar las acciones intentadas, no en representación de alguna persona física o moral diversa, sino que lo hace en derecho propio. De manera que al no ostentar la representación de alguien no puede hablarse válidamente de falta de personalidad, pues no se está en el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 9o. del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Y en cuanto a la falta de legitimación activa, dicha excepción sigue la misma suerte de improcedencia, pues si bien es cierto que el actor no fue quien celebró el contrato de arrendamiento con la demandada, resulta cierto que fue quien adquirió el bien inmueble dado en arrendamiento a través de un contrato de compraventa, subrogándose en los derechos del arrendador en términos del artículo 2303 del Código Civil vigente en el Estado, el cual establece que si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificara la transmisión de propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato; por tanto, el nuevo adquirente tiene la facultad de dar por terminado el contrato de arrendamiento, por operar la subrogación legal. Resultando intrascendentes las diversas alegaciones de la demandada en cuanto a la validez de las notificaciones notariales contenidas en las actas fuera de protocolo números 42388 y 42392, ya que tratándose de la terminación del contrato de arrendamiento no es necesario aviso alguno, pues ello solamente es necesario cuando se demanda la rescisión del contrato por falta de pago de las rentas, más no cuando solamente se demanda la terminación del pacto inquilinario."
De lo copiado se observa que el responsable consideró demostrada la legitimación activa para demandar en el juicio con los contratos de compraventa y arrendamiento, de los cuales se desprendía que aunque el actor no fue quien celebró el contrato de arrendamiento con la demandada, lo cierto es que fue quien adquirió el bien inmueble dado en arrendamiento a través de un contrato de compraventa, subrogándose en los derechos del arrendador en términos del artículo 2303 del Código Civil vigente en el Estado, el cual establece que si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificara la transmisión de propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato.
Lo anterior, evidencia que resulta desacertado que el Juez no haya establecido el tipo de legitimación que examinó, pues al analizar la excepción opuesta por la demandada, sostuvo que se trataba de la legitimación activa, la cual consideró acreditada en autos.
Ahora bien, la legitimación es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta; es la facultad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado o como tercero; constituye la idoneidad para actuar en el juicio, inferida de la posición que guarda la persona frente al litigio.
Así, debe distinguirse entre la legitimación en la causa y la legitimación procesal, pues mientras la primera es una condición para obtener sentencia favorable, la segunda es un presupuesto procesal cuyo previo examen se impone obligatoriamente al juzgador, en virtud de que se traduce prácticamente en la titularidad de la acción o de la excepción y en la facultad de hacerla valer u oponerla en juicio.
Por ello, se concluye que el análisis de la cuestión relacionada con la legitimación debe realizarse en la sentencia definitiva, pues es ahí en donde se determina la titularidad de la acción o de la excepción.
Sirven de apoyo a la anterior consideración, por identidad jurídica sustancial, las tesis siguientes:
"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, enero de 1998. Tesis: 2a./J. 75/97. Página: 351).
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EL QUE SE SEÑALE, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, A UNA SECRETARÍA DE ESTADO. En términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En este orden de ideas, no es en el auto admisorio donde se puede calificar la existencia de ese interés contrario al del actor y la consecuente legitimación procesal pasiva del demandado, sino que es en la sentencia donde el Juez puede valorar los elementos existentes en autos, y resolver sobre la procedibilidad de la acción respecto de uno o varios de los demandados. Pues la legitimación pasiva ad processum deviene del simple hecho de que la parte demandada haya sido señalada como tal; en tanto que la legitimación ad causam constituye un aspecto que sólo puede examinarse en la sentencia. De ahí que, el hecho de que el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria sólo se refieran a entidades, poderes u órganos, sin mencionar expresamente a la Secretaría de Estado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia si se considera que dichas dependencias se encuentran subordinadas al titular del Ejecutivo Federal, cuando éste también figura como demandado, ya que es uno de los poderes a que se refiere el artículo 105 constitucional." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, agosto de 1996. Tesis: P./J. 47/96. Página: 295).
"LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva." (Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, marzo de 1997. Tesis: VI.3o.47 C. Página: 820).
Por tanto, en divergencia a lo que refiere la quejosa, en autos sí se demostró la legitimación procesal activa, vista como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, ya que en la especie el actor compareció por su propio derecho a demandar la terminación del contrato, y no en representación de otra persona, de ahí que tenía la potestad legal para incoar el juicio.
Máxime que, como lo sostuvo el Juez, con el contrato de compraventa de treinta de agosto de dos mil cuatro, realizado en escritura pública 33469, entre el actor Jesús Montemayor Villarreal y José Marroquín Guzmán se demostró que el aquí tercero perjudicado adquirió el bien inmueble dado en arrendamiento, por lo cual se subrogó en los derechos del arrendador, en términos del artículo 2303 del Código Civil en el Estado, que establece: "Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse otorgado el correspondiente título de propiedad ..."
Sin que fuera necesario para que operara la subrogación y reclamar la terminación del contrato, tal como lo consideró el Juez, que previamente se notificara de la compraventa a la demandada, dado que quien tiene la propiedad puede por sí gozar de todas las facultades del derecho real más amplias que contempla el derecho privado. Concomitantemente a estos derechos sustantivos, tiene los derechos adjetivos para ejercitar las acciones reales o personales, lo que hace evidente su legitimación activa y procesal activa para ejercitar la acción.
Es aplicable la tesis aislada VI.2o.C.387 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, publicada con el registro 180954, en la página 1553, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"ARRENDAMIENTO. EL DUEÑO DEL BIEN ESTÁ LEGITIMADO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN DEFENSA DE SU PROPIEDAD, AUN CUANDO NO HUBIERE INTERVENIDO EN SU CELEBRACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 984 del Código Civil para el Estado de Puebla la propiedad es un derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes; de ahí que el propietario pueda servirse de la cosa conforme a su naturaleza, percibir su producto, disponer de ella y reclamarla de otros detentadores, a esto último en el derecho romano se le conoció como el ius vindicani. Por tanto, si el propietario, entre otros beneficios, puede reclamar de los detentadores o poseedores el bien que le pertenece, entonces válidamente puede, para tal efecto, ejercer la acción de terminación de contrato de arrendamiento, aunque no hubiere intervenido en su celebración, si al intentarla lo hace con la finalidad de defender su propiedad frente a quien la detenta o posee. A esta conclusión se arriba al aplicar la máxima que dice ‘quien puede lo más, puede lo menos’."
Asimismo, se cita la tesis aislada II.1o.C.163 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con la cual se coincide, visible con el registro 196041, en la página 667, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. LA TIENE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE AUN CUANDO NO SEA PARTE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL. El derecho real de propiedad, incluye los derechos reales de usufructo y posesión. Pero, el propietario puede desmembrar los últimos en favor de diversa persona, y así al permitir el usufructo, conserva la nuda propiedad aunada a los derechos derivados del contrato en que estableció el usufructo. De igual manera, puede transmitir la posesión material para permitir el uso y goce de la cosa a otra persona dando lugar a la posesión derivada sea de arrendatario o comodatario, pero conservando la nuda propiedad y el derecho a los frutos. De esta forma, quien tiene la propiedad puede por sí o por medio de otro, gozar de todas las facultades del derecho real más amplias que contempla el derecho privado. Concomitantemente a estos derechos sustantivos, tiene los derechos adjetivos para ejercitar las acciones reales o personales. Luego, si el titular del derecho de propiedad sobre un inmueble ejercita la acción de nulidad de un contrato de arrendamiento, celebrado por otra persona, como arrendador y con un tercero como arrendatario respecto del mismo inmueble del que es propietario, es evidente su legitimación activa y procesal activa para ejercitar la acción. Sin que para ello se oponga, el principio jurisprudencial de que no es necesario ser propietario para arrendar, pues esto implica la celebración de un contrato de arrendamiento por quien tiene facultades del arrendador, sea por un fideicomiso o un mandato."
Por otra parte, resultan inoperantes el cuarto, sexto, séptimo y octavo motivos de inconformidad, en los que la agraviada combate la validez de las actas fuera de protocolo 42388 y 42392, pues con independencia de lo sostenido por el Juez responsable, el acta 42388 es eficaz para demostrar la notificación del escrito de uno de julio de dos mil cinco, en el que se informó de la compraventa y de la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento, en la medida en que se entendió con un apoderado de la quejosa.
En efecto, el acta fuera de protocolo 42388, de trece de julio de dos mil cinco, realizada por el notario público cincuenta y uno, se entendió personalmente con Francisco González Flores, hijo y apoderado de la demandada Bertha Flores de González, con amplias facultades generales para pleitos y cobranzas, a quien se le notificó por su conducto el escrito de uno de julio de dos mil cinco, en el que se informaba de la compraventa de treinta de agosto de dos mil cuatro y de la intención de Jesús Montemayor Villarreal de terminar el contrato de arrendamiento, pues se dijo:
"... de conformidad con lo previsto por el artículo 2372 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, por medio del presente escrito me permito notificarle a usted que es voluntad del suscrito dar por terminado el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 1o. de enero de 2001, respecto de la finca número 316 de la calle Aramberri Poniente (catastralmente finca número 318), vencimiento que tendrá efectos en un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que reciba la presente notificación ..."
Asimismo, en la citada acta el notario hizo constar lo siguiente:
"... asimismo y en cumplimiento a lo establecido en el escrito que se notifica, hago constar que en este acto entrego a la señora Bertha Flores de González, por conducto de la persona que me atiende, copia cotejada de la escritura pública y convenio de cesión de derechos precisados en el escrito que se notifica. Acto continuo la persona con quien entiendo la diligencia manifiesta: Que oye la comunicación que por mi conducto se le notifica a la señora Bertha Flores de González, que se da por enterada, recibe los documentos que le entrego y que lo hará del conocimiento de la señora Bertha Flores de González ..."
Asimismo, fue ofrecida en autos copia certificada del poder otorgado a Francisco González Flores, con quien se entendió la diligencia de trece de julio de dos mil cinco, que consta en el acta fuera de protocolo 42388, por la demandada Bertha Flores de González, pues en lo conducente dice:
"... Francisco González Flores
"Presente.
"Por la presente confiero a usted un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, instituyéndolo como mi mandatario para el específico objeto de formular, requisitar, signar, presentar, ratificar, tramitar o impulsar cualquier demanda, contestación, reconvención, desahogo de vista, denuncia, querella, incidente, medio preparatorio, solicitud, aviso o interpelación conducente a la defensa, preservación o reclamo de los derechos de cualquier naturaleza, que a la suscrita poderdante incumba, lo anterior con las expresas atribuciones de representarme con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, ante personas físicas o morales y ante toda clase de autoridades o dependencias administrativas o judiciales del Municipio, del Estado o de la Federación ... pudiendo hacer en todas ellas las manifestaciones que estime convenientes a mis intereses, siendo todas las aquí referidas facultades puramente enunciativas, sin marcar limitación alguna, en los términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil Federal, así como también de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 2448 -dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho- y 2481 -dos mil cuatrocientos ochenta y uno-, ambos del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Este mandato es dado en Monterrey, Nuevo León, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dos. Poderdante Sra. Bertha Flores de González. Firma. Testigo Octavio González Escobedo. Firma. Testigo Norma A. Guerrero Pérez. Firma ..."
De la anterior documental se desprende que desde el veintiséis de abril de dos mil dos Francisco González Flores es apoderado de la quejosa Bertha Flores de González, por lo que tal diligencia podía entenderse directamente con él, al tener facultades generales para pleitos y cobranzas.
En ese contexto, es inconcuso que si Francisco González Flores es apoderado de la ahora inconforme, con él se entendió la diligencia de trece de julio de dos mil cinco, en la que se notificó a la quejosa Bertha Flores de González la compraventa y la intención del actor de dar por terminado el contrato, es incontrovertible que desde la fecha en que se materializó ese acto la demandada tuvo conocimiento a través de su apoderado.
El anterior criterio encuentra sustento en la jurisprudencia IV.3o. J/30, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada con el registro 197543, en la página 682, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL.-Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física."
Asimismo, se comparte la jurisprudencia XXI.1o. J/7, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible con el registro 197544, en la página 686, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL.-Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal."
Por tanto, resulta irrelevante que el acta fuera de protocolo 42388, de trece de julio de dos mil cinco, realizada por el notario público cincuenta y uno, se haya verificado, a juicio de la quejosa, en un domicilio diverso al lugar donde vive, si lo cierto es que se entendió personalmente con Francisco González Flores, quien es apoderado con amplias facultades generales para pleitos y cobranzas de la demandada Bertha Flores de González, por lo que a partir de ese momento tuvo conocimiento por su conducto de la compraventa realizada entre Jesús Montemayor Villarreal y José Marroquín Guzmán, así como de la intención del actor para dar por terminado el contrato de arrendamiento.
De ahí, que ningún sentido práctico tiene analizar la legalidad de la diversa acta fuera de protocolo 42392, de trece de julio de dos mil cinco, realizada por el notario público cincuenta y uno, en la cual se pretendió notificar el mismo escrito de uno de aquel mes, porque aun prescindiendo de ella, se llegaría a la conclusión de que la quejosa tuvo conocimiento del citado escrito por conducto de su apoderado Francisco González Flores; razón por la cual su estudio resulta inepto para los intereses de la impetrante de garantías.
Por otra parte, es infundada la inconformidad novena, en la que la quejosa aduce que en el contrato de compraventa no se estableció qué tipo de posesión recibió el actor por parte de José Marroquín Guzmán, por lo que, en su opinión, no se puede reclamar lo que no justifica.
Lo infundado radica en que es suficiente la demostración de traslado de la propiedad entre el actor Jesús Montemayor Villarreal y quien aparece como arrendador, José Marroquín Guzmán, ya que es en ese momento cuando el adquirente se subroga en todos los derechos y obligaciones del anterior dueño respecto del bien transmitido, sin que para tal efecto deba establecerse en el contrato de compraventa el tipo de posesión que se tramite, puesto que la legitimación de éste opera desde el instante en que se realiza la transmisión de la propiedad.
Máxime que en la contestación la quejosa no negó ocupar el inmueble motivo de arrendamiento, razón por la cual para demostrar la legitimación del actor no era necesario que se probara, a juicio de la agraviada, que el actor entregó a la demandada la posesión del bien inmueble, pues dicha posesión se entregó con antelación, con motivo del contrato de arrendamiento, al cual, se insiste, se subrogó el actor como nuevo adquirente del bien arrendado, toda vez que basta que haya comprobado durante el procedimiento que real y efectivamente adquirió el inmueble; lo que según se estableció, aconteció en la especie.
En otro aspecto, es inoperante el décimo concepto de violación, ya que la quejosa se limita a expresar que su excepción fue dirigida a la falta de legitimación activa ad procesum y no en la causa, con lo cual no combate la consideración dada por el Juez, tocante a la improcedencia de la excepción en contra de la cesión de derechos de veinte de mayo de dos mil cinco, pues estimó que era innecesaria, ya que a juicio del responsable, la subrogación operó de manera automática por el sólo perfeccionamiento del contrato traslativo de dominio, sin necesidad de que tuviera que efectuarse una cesión de derechos.
Por tanto, si no se combate lo razonado por el Juez, es indudable que tales razonamientos no ponen en evidencia la ilegalidad de la sentencia reclamada, pues era necesario que la agraviada demostrara que la consideración medular en que se sustenta para estimar irrelevante la cesión de derechos, es contraria a la ley o a su interpretación jurídica, por lo que al no hacerlo así, es inconcuso que su inconformidad, como se dijo, deviene inoperante.
Sirve de sustento la jurisprudencia III.2o.C. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, publicada con el registro 913443 y como tesis 501, en la página 439 del Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.-Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada."
Por otra parte, es inoperante el undécimo concepto de violación, ya que la quejosa no combate eficazmente la totalidad de las consideraciones dadas para sostener la improcedencia de la excepción del derecho del tanto.
En efecto, el Juez para sostener la improcedencia de la excepción sostuvo tres consideraciones autónomas e independientes entre sí, a saber:
a) Que el arrendamiento no tiene más de cinco años.
b) Que la demandada no acreditó haber hecho mejoras de importancia a la finca arrendada.
c) Que la falta del derecho del tanto no afecta la legalidad de la operación de compraventa, ya que el artículo 2199 del C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20123-ba2f8189/conceptos-de-violacion-es-innecesario-su-estudio-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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