IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, AL NO SER CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTÁN IMPEDIDAS PARA ACREDITAR AQUEL TRIBUTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY QUE LO REGULA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003 Y 2004).
AMPARO DIRECTO 696/2006. MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ZACATECAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En una parte del concepto de violación el quejoso manifiesta que la Sala responsable en ningún momento plasmó en la sentencia las consideraciones jurídicas que la llevaron a concluir que se debe ser causante del impuesto sobre la renta para poder tener derecho a acreditar el impuesto al valor agregado, a lo cual estaba obligada, si se toma en cuenta que dicha hipótesis no se contiene de manera expresa dentro de la ley en los términos que refiere la Sala; añade que dicha autoridad insiste en el hecho de que se requiere ser contribuyente del impuesto sobre la renta para poder tener derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado y solicitar su devolución, pero omite señalar el fundamento legal que de manera expresa, clara e indudable, establezca como requisito sine qua non del acreditamiento y devolución, el de ser contribuyente del impuesto sobre la renta.
Tales alegaciones son infundadas, ya que es inexacto que la Sala no haya externado las consideraciones jurídicas que la condujeron a concluir que se debe ser causante del impuesto sobre la renta para poder tener derecho al acreditamiento en términos del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Es así, pues de la sentencia reclamada claramente puede apreciarse que se determinó que eran infundados los conceptos de impugnación, para lo cual la Sala sustentó el criterio consistente en que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, en términos de los numerales que estimó violados la parte actora vigentes en el ejercicio dos mil cuatro, por el que se solicitó la devolución del impuesto de referencia, es requisito indispensable que las erogaciones correspondientes sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y, por ende, según dicha autoridad, resulta "imperante" que quien pretenda acreditar dicho impuesto sea contribuyente del impuesto citado en último término; e invocó como fundamento la jurisprudencia VIII.3o. J/17, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito(1), es decir, se basó en un criterio que le es de observancia obligatoria en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo .
En otra parte del concepto de violación el promovente del amparo sostiene que:
a) La conclusión de la responsable carece de la debida fundamentación y motivación, si se considera que no existe dentro de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ningún precepto legal que clara y terminantemente establezca el requisito de que para poder acreditar el impuesto al valor agregado, se deba ser contribuyente del impuesto sobre la renta; pues la citada limitante del acreditamiento no está contenida en dichos términos dentro de la ley;
b) Tanto la autoridad recaudadora que negó las devoluciones del impuesto solicitadas, como la Sala, basaron sus respectivas resoluciones en un requisito inexistente dentro de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo es el de ser sujeto causante del impuesto sobre la renta para poder tener derecho al acreditamiento;
c) La responsable sólo se limitó a concluir lo anterior después de transcribir los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin plasmar su criterio interpretativo y los argumentos que la llevaron a concluir que, conforme a dichos numerales, se debe ser causante del impuesto sobre la renta para poder tener derecho a acreditar el impuesto al valor agregado.
Las alegaciones son fundadas pues ciertamente de la simple lectura de la sentencia reclamada puede apreciarse que la responsable no plasmó ningún criterio interpretativo en donde considerara los argumentos expuestos por el demandante en los conceptos de impugnación, referentes a que no existe dentro de la Ley del Impuesto al Valor Agregado algún precepto legal que establezca terminantemente el requisito de que para poder acreditar el impuesto al valor agregado, se deba ser contribuyente del impuesto sobre la renta y que es un requisito inexistente en la ley mencionada en primer término.
No obstante ser fundada esta parte del concepto de violación deviene inoperante, pues a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala emitiera el pronunciamiento correspondiente, cuando este órgano colegiado advierte que existen motivos suficientes para pronunciarse contra los intereses del quejoso, con base en el criterio que este órgano a sostenido al resolver otros asuntos similares, como se verá a continuación.
La parte del concepto de impugnación que la quejosa se duele no fue examinado por la responsable es la siguiente:
"... el hecho de que mi representada no sea contribuyente del impuesto sobre la renta, no le convierte en no contribuyente de otras contribuciones, además de que no existe disposición legal alguna que de manera expresa sí lo establezca.
"En el caso presente, si bien la demandante no es contribuyente del impuesto sobre la renta, sí es contribuyente del impuesto al valor agregado.
"Así es, conforme a los artículos 1o. y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mi representada que es una sociedad cooperativa, sí está obligada al pago de dicho impuesto ...
"... no es razón fundada para negar la devolución de los saldos a favor solicitados, el hecho de que la demandante no sea contribuyente del impuesto sobre la renta, dado que tal extremo no se encuentra comprendido ni en el Código Fiscal de la Federación ni en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado como causa legal y determinante para negar las devoluciones multicitadas ..."
Es cierto que ni el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni algún otro de este ordenamiento o del Código Fiscal de la Federación, exigen que quien pretende acreditar el impuesto al valor agregado deba necesariamente ser contribuyente del impuesto sobre la renta; empero, lo verdaderamente trascendente y que no debe soslayarse, es que el citado artículo 4o., al disponer que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado identificado, trasladado y pagado, se requiere que las erogaciones de las que el mismo deriva sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, implícitamente está exigiendo que esas erogaciones cumplan con todos y cada uno de los requisitos que para las deducciones exige la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre las que evidentemente se encuentra que el contribuyente sea causante de dicho tributo, pues de lo contrario, sus actividades no estarán gravadas y, por ende, menos aún tendrá ingresos deducibles.
En efecto, el uso de la frase "que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta", se traduce en que, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado identificado, trasladado y pagado, se requiere que las erogaciones correspondientes por la adquisición de bienes destinados a los actos o actividades gravados a las diferentes tasas del impuesto materia de la litis o exentos, sean también deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y cumplan con los requisitos que para ello dispone este gravamen, pues de no ser así, el impuesto al valor agregado identificado, trasladado y pagado por erogaciones no deducibles en impuesto sobre la renta, no será acreditable en liquidaciones del impuesto al valor agregado.
De haber sido otra la intención del legislador, simplemente habría señalado que serían deducibles los gastos "mencionados" en la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra expresión que denotara que, para acreditar el impuesto al valor agregado basta que las erogaciones por las que éste fue trasladado y pagado sean de las que ese ordenamiento prevé, aun cuando su deducción no proceda legalmente por no reunirse los requisitos que el mismo exige o porque el gobernado carezca del carácter de contribuyente del aludido impuesto.
Luego, si en el caso el artículo 93, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta citado por el actor, dispone que las personas morales con fines no lucrativos no tienen el carácter de contribuyentes de ese tributo, es inconcuso que esta clase de personas morales no están obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, por consiguiente, carecen de gastos cuya deducción resulte procedente; máxime que, esa clase de gastos deducibles, en su mayoría, se refieren a erogaciones y gastos indispensables para la producción de bienes o la prestación de servicios, actividades que, dada su naturaleza, evidentemente no son realizadas por las personas morales que no tienen fines lucrativos.
Asimismo, cabe indicar que la circunstancia de que el Municipio demandante, pese a no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, esté obligado a aceptar la traslación y, en su caso, a pagar el impuesto al valor agregado, no puede conducir a estimar que también tiene el derecho a acreditar este último impuesto, ya que al considerarlo así, se pierde de vista la finalidad y sistema que rige el impuesto al valor agregado.
Para clarificar lo anterior, conviene remitirse a las consideraciones que, respecto a los fines del impuesto al valor agregado, fueron vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras ejecutorias, en las emitidas al resolver el amparo en revisión 479/2001, en sesión de siete de febrero de dos mil tres y el amparo en revisión 1594/2004, este último que dio lugar a la integración de la jurisprudencia bajo el rubro: "VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).", la cual puede ser consultada en la página 325, del Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las cuales se desprenden las siguientes premisas torales:
a) Con la instauración del sistema para el impuesto al valor agregado, el legislador persiguió como fin extrafiscal, sustituir el efecto de gravamen en cascada que generaba el impuesto sobre ingresos mercantiles, toda vez que en cada una de las etapas de producción o comercialización de los bienes o servicios dicho tributo debía pagarse, generando aumento en los costos y precios de los artículos de consumo, lo que producía efectos acumulativos desiguales que afectaban a los consumidores finales;
b) En dicho sistema, el legislador decidió gravar los actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios y, además, estableció un sistema de traslado obligatorio y acreditamiento del impuesto pagado con motivo de la realización de tales hechos imponibles;
c) Así, el impuesto al valor agregado no grava propiamente el valor agregado en cada una de las etapas productivas, sino el consumo que realizan los gobernados al adquirir un bien, recibir el uso o goce temporal de éste, recibir la prestación de un servicio o importar mercancía; y
d) De esa manera, los contribuyentes que intervienen en dicha cadena, podrán acreditar el impuesto que les fue trasladado al adquirir los insumos necesarios para la producción de bienes o prestación de servicios, por lo que la carga impositiva de éste sólo recaerá en los consumidores finales, quienes carecen del derecho a acreditar el impuesto al valor agregado, pues como se ha dicho, lo que se grava es propiamente el consumo final, como manifestación objetiva y aislada de la riqueza de los individuos.
Atendiendo a estas premisas, resulta lógico que las personas morales con fines no lucrativos y que no tienen el carácter de contribuyentes del impuesto sobre la renta, no puedan acreditar el impuesto al valor agregado trasladado y pagado, ya que precisamente al no dedicarse a la producción de bienes o a la prestación de servicios a personas distintas a sus socios, todas las adquisiciones o gastos que realizan y por las que se les cobra tal tributo se destinan para un consumo final, es decir, esas personas morales no participan en la cadena productiva, sino que simplemente consumen los productos o reciben los servicios, lo cual, atendiendo a la finalidad del impuesto al valor agregado, las obliga a soportar la carga fiscal en su totalidad y les impide acreditar el impuesto que les ha sido trasladado.
Por tanto, con todo y que no exista precepto legal alguno que exija, para poder acreditar el impuesto al valor agregado pagado y trasladado, que el sujeto pasivo sea contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, lo cierto es que, de no ser así, no se cumple con el requisito que prevé el numeral 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, traducido en que los gastos y erogaciones que dieron lugar al pago del impuesto al valor agregado sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, toda vez que, se insiste, para efectuar esa clase de deducciones, es presupuesto indispensable tener impuesto a cargo, esto es, ser contribuyente de dicho tributo.
Similar criterio fue sustentado por este órgano colegiado al resolver el recurso de revisión fiscal número 52/2005 en sesión de veinticinco de agosto de dos mil cinco, por unanimidad de votos; así como en el amparo directo administrativo número 413/2006, resuelto en sesión del catorce de agosto de dos mil seis, por unanimidad de votos.
También es fundado el concepto de violación en la parte en que el peticionario de amparo sostiene que la Sala no examinó los argumentos que plasmó en los conceptos de impugnación vinculados con lo preceptuado en la fracción II, primer párrafo, de los artículos 29 y 123 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, los cuales desde su punto de vista, ponen de manifiesto que se identifican las adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados que deben considerarse en el procedimiento del acreditamiento del impuesto al valor agregado, sin importar si fueron o no objeto de deducción alguna en materia del impuesto sobre la renta.
Es así, pues de la simple lectura de la sentencia reclamada se aprecia que la responsable no abordó su estudio, con lo cual se transgredió el principio de exhaustividad que rige la emisión de la sentencia, y con ello se transgredieron en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales; pero igualmente deviene inoperante, pues este órgano colegiado advierte que existen motivos suficientes para pronunciarse contra los intereses del quejoso, por lo siguiente.
La parte del concepto de impugnación que el quejoso aduce no fue estudiada por la Sala es la siguiente:
"... es válido interpretar el sentido que pretendió darle el legislador a las fracciones I y II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al establecer la remisión que consigna en dicho precepto a la fracción II del primer párrafo de los artículos 29 y 123 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
"Dicho sentido no es otro que el de tener certeza respecto de cuáles son las adquisiciones de materia prima, mercancías, productos terminados o semiterminados, que podrán afectarse al procedimiento del acreditamiento.
"Efectivamente, la misma redacción de los preceptos en comento nos permite tomar esta interpretación, ya que tanto la fracción I como la fracción II del artículo 4o. señalan que el contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado de materias primas y productos terminados o semiterminados, a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.'
"La expresión ‘a que se refieren’ que incluye el legislador en la redacción legal, no tiene otro fin mas que el de identificar las adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados que deben considerarse en el procedimiento del acreditamiento del impuesto al valor agregado, simple y sencillamente, sin importar si fueron o no objeto de deducción alguna en materia del impuesto sobre la renta ..."
Las alegaciones que anteceden son ineficaces.
El artículo 4o., fracciones I y II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de texto vigente en el dos mil cuatro establece que el contribuyente determinará las adquisiciones que hubiere efectuado en el mes de calendario de que se trate de materias y productos terminados o semiterminados a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual en lo conducente se transcribe:
"Artículo 4o. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable el monto que resulte conforme al siguiente procedimiento:
"I. El contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado en el mes de calendario de que se trate, de materias primas y productos terminados o semiterminados, a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda, que identifique exclusivamente con la enajenación de bienes o con la prestación de servicios, en territorio nacional, cuando por estos actos o actividades esté obligado al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0% incluso cuando dichas adquisiciones las importe.
"...
"II. El contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado en el mes de calendario de que se trate, de materias primas y productos terminados o semiterminados, a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda, que identifique exclusivamente con la enajenación de bienes o con la prestación de servicios, en territorio nacional, cuando por estos actos o actividades no esté obligado al pago del impuesto establecido en esta ley, incluso cuando dichas adquisiciones las importe."
Por lo que ciertamente en el artículo 4o. supracitado se contiene la expresión "a que se refieren" para identificar las adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados que deben considerarse en el procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado, sin importar si fueron o no objeto de deducción alguna en materia del impuesto sobre la renta.
Sin embargo, debe atenderse a que la propia norma, en otro apartado, al describir el procedimiento de acreditamiento especifica que se requiere que las erogaciones de las que el mismo deriva sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, con lo cual implícitamente está exigiendo que esas erogaciones cumplan con todos y cada uno de los requisitos que para las deducciones exige la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre las que evidentemente se encuentra que el contribuyente sea causante de dicho tributo, según se ha examinado con anterioridad.
Por otra parte, en el concepto de violación el promovente del amparo refiere que la Sala responsable tampoco examinó el agravio expresado en la demanda de nulidad referente a que la demandada omitió citar la ley y el precepto legal que en particular regule o establezca que el Municipio de Tlaltenango no puede acceder al sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado, y con base en éste solicitar la devolución de los saldos a favor que de dicho impuesto resulten; y que cuando un Municipio recibe asignaciones presupuestales no puede solicitar y obtener una devolución de saldos a favor del mismo impuesto.
Lo que se alega en este apartado es infundado, pues es inexacto que la responsable haya omitido citar el precepto legal que en particular regule o establezca lo que refiere el quejoso; pues como se ha analizado con anterioridad, la Sala se basó en la interpretación del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la parte que establece que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado identificado, trasladado y pagado, se requiere que las erogaciones de las que el mismo deriva sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta; y también consta que la resolutora se apoyó en una jurisprudencia sustentada por un Tribunal Colegiado.
La promovente del amparo también se duele en el concepto de violación de la determinación de la Sala de haber desestimado el argumento de la parte actora consistente en que los ingresos por productos no son contribuciones ni están sujetos a los principios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues según dicha autoridad esta alegación resulta inatendible, ya que la parte actora no acreditó con las documentales correspondientes que la devolución que le fue negada se refiere estrictamente a productos, en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, y a su vez que los productos estén ubicados en los supuestos del acreditamiento establecidos en el numeral 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esto es, bajo la óptica de que debió probar documentalmente que obtuvo ingresos por productos que lo ponen en el plano de contribuyente del impuesto sobre la renta, además de probar justificadamente que el monto trasladado y el pagado por el impuesto al valor agregado es deducible para efectos del impuesto sobre la renta.
El quejoso al respecto aduce, que las probanzas que demuestran que la negativa de devolución respecto de productos fueron aportadas dentro de las solicitudes de devolución que negó la autoridad fiscal, y que en todo caso, la actora se acogió a lo dispuesto por el artículo 2o., fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que establece como derechos generales de los contribuyentes, entre otros, el de no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante, por lo que en el caso, al ya haberse acompañado dicha documentación comprobatoria ante la recaudadora que negó las solicitudes de devolución, es claro que conforme al precepto citado, el cual no fue observado por la Sala, no existía obligación de volver a exhibir tales documentales.
Lo anterior es infundado, porque es inexacto que en el caso concreto sea aplicable el ordenamiento que refiere el peticionario, esto es, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de junio de dos mil cinco, la cual tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales; pues en las disposiciones transitorias se plasmó lo siguiente:
"Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la misma."
"Artículo Segundo. Las disposiciones previstas en la presente ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento."
"Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se estará a lo siguiente:
"I. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, se podrá señalar el domicilio para recibir notificaciones de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 2o. de la presente ley.
"II. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 208 citado, cuando no se señale el domicilio para recibir notificaciones en los términos establecidos en la fracción XIV del precitado artículo 2o. de esta ley, las notificaciones que deban practicarse se efectuarán por lista autorizada.
"III. Los contribuyentes podrán presentar en los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como prueba documental, el expediente administrativo en los términos establecidos en el artículo 24 de la presente ley, no obstante que exista disposición en contrario en el Código Fiscal de la Federación."
De lo anterior se obtiene que las disposiciones previstas en esta ley sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento y que la entrada en vigor acontecería un mes después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (contado a partir del veintitrés de junio de dos mil cinco); en tanto que el acto impugnado en el juicio de nulidad consiste en las resoluciones 322-SAT-32-I-2910, 322-SAT-32-I-2909, 322-SAT-32-I-2911 y 322-SAT-32-I-2912, dictadas el 30 de agosto de 2004; la resolución 322-SAT-32-I-2940, de 31 de agosto de 2004, las resoluciones 322-SAT-32-I-00181, 322-SAT-32-I-00182, 322-SAT-32-I-00183, dictadas el 31 de enero de 2005, la resolución 322-SAT-32-I-00303, dictada el 28 de febrero de 2005, la resolución 322-SAT-32-I-3615, dictada el 19 de abril de 2005 y la resolución 322-SAT-32-I-3687, dictada el 31 de mayo de 2005.
Por lo que no es dable la pretensión del quejoso de que el ordenamiento a que alude se aplique a los actos impugnados en el juicio de nulidad, los cuales se dieron con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones indicadas y no se está en los supuestos que se especifican en las disposiciones transitorias; por lo que, en ese sentido, debe concluirse que el peticionario no vertió argumentos eficaces tendentes a combatir esta parte del fallo.
Finalmente, en el concepto de violación se dice que en el concepto de impugnación se invocaron diversas jurisprudencias y la responsable manifestó que no eran aplicables al caso concreto pero sin motivar el porqué de tal aseveración, pues no basta con la afirmación de que no son aplicables sino que debió razonar los motivos por los cuales se configura esa falta de aplicación.
Tales alegaciones son fundadas pues ciertamente la responsable motivó en forma deficiente la resolución, ya que no explicó las razones por las cuales consideró que en el caso no aplicaba la jurisprudencia invocada por la parte actora intitulada: "VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2003, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", pues sólo se limitó a manifestar que: "... es inaplicable al caso que nos ocupa porque ésta es enfática en señalar que la protección constitucional contra la disposición aludida fue en relación con el factor de acreditamiento que prevé el párrafo tercero y siguientes de la fracción III del numeral 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el 2003."
Sin embargo, a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional para el efecto de que la responsable especifique los motivos del porqué dicho criterio no opera en el caso concreto en relación con los fundamentos en que se basaron las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, pues este órgano colegiado advierte que la responsable necesariamente tendría que resolver contra los intereses del demandante por las siguientes razones.
La jurisprudencia invocada por el quejoso declaró inconstitucional el sistema de acreditamiento previsto en la fracción III del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del primero de enero de dos mil tres por transgredir el principio de proporcionalidad tributaria; sin embargo, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2004 de la propia Segunda Sala, visible en la página 323 del Tomo XX, de septiembre de 2004, materia administrativa, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se especificaron los efectos de la sentencia que concede el amparo contra el sistema de acreditamiento, de los cuales se desprende que la declaratoria de inconstitucionalidad es respecto del factor de acreditamiento previsto en el párrafo tercero y siguientes de la fracción III del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el dos mil tres (texto que es el mismo en la disposición de dos mil cuatro), la cual prevé: "... Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien las actividades por las que deban pagar el impuesto que establece esta ley y el siguiente, el factor aplicable en cada uno de los meses de dichos años se calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable ..."; pues la Segunda Sala estimó que se permite al contribuyente el acreditamiento total del impuesto que le hubiese sido trasladado, contra el impuesto que hubiese causado en relación con los actos realizados en el mes de calendario por el que se está obligado al pago; lo que puede apreciarse de su texto que es el siguiente:
"VALOR AGREGADO. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003.-La protección constitucional contra la disposición aludida tiene por efecto permitir al quejoso el acreditamiento total del impuesto que le hubiese sido trasladado, contra el impuesto que hubiese causado en relación con los actos realizados en el mes de calendario por el que se está obligado al pago y que esté relacionado con la adquisición de bienes o servicios que no pueden considerarse como inventarios, inversión o gastos identificados con actividades de exportación o de arrendamiento de bienes a contribuyentes exentos, pues al haberse declarado la inconstitucionalidad del factor de acreditamiento que prevé el párrafo tercero y siguientes de la citada fracción III, el efecto será que no se le ap
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20133-b9ec5403/impuesto-al-valor-agregado-las-personas-morales-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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