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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO SUMARIO. LA NEGATIVA DE SU APERTURA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20148
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 530.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por la agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el procurador general de la República, para intervenir en uno de los asuntos materia de la contradicción, quien se encuentra facultada para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cual tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número VIII-630-P, del veintisiete de noviembre de dos mil seis, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido el día cinco de diciembre siguiente, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a foja 268 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del siete de diciembre de dos mil seis al primero de febrero de dos mil siete, descontándose los días nueve y diez de diciembre de dos mil seis; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero de dos mil siete, por ser sábados y domingos, respectivamente, el primero de enero de dos mil siete, por ser inhábil en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo; así como el segundo periodo de receso de dos mil seis, de este Alto Tribunal, que transcurre del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en términos de lo dispuesto por los artículos 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo.

Por oficio DGC/DCC/25/2007, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete, recibido al día siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la agente del Ministerio Público de la Federación, emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en sesión del veintitrés de febrero de dos mil seis, resolvió el amparo en revisión penal 63/2006, promovido por ... en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1391/2005-I, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en la que negó la protección constitucional que solicitó en contra de la resolución dictada en la causa penal 259/2005, mediante la cual el Juez responsable se negó a abrir el procedimiento sumario previsto en el artículo 342 de la Legislación Penal vigente para el Estado de Aguascalientes. En dicho fallo, en lo que es materia de contradicción, esencialmente se sostuvo:

"En el caso concreto, se considera que el auto que resuelve el recurso de revocación que interpuso el inculpado en contra del diverso que negó la apertura del procedimiento sumario, es una violación que tiene efectos meramente intraprocesales, que no entrañan una afectación predominante ni de imposible reparación, pues al estar vinculados con la procedencia de una atenuante, es decir, que importa la disminución de la pena de prisión, según se desprende de los artículos 342, 353 y 359 de la legislación penal, pueden destruirse por el solo hecho de obtener una sentencia favorable, además de que no hay alguna afectación directa a los derechos fundamentales, porque este auto por sí mismo no es restrictivo de la libertad. Los numerales indicados son de la siguiente literalidad: ‘Artículo 342.’ (se transcribe). ‘Artículo 353.’ (se transcribe). ‘Artículo 359.’ (se transcribe). En efecto, la sentencia, que en su caso, llegare a dictarse puede resultar favorable al inconforme, sin afectar sus defensas ni trascender al resultado del fallo; y en caso contrario, es decir, que la sentencia fuera desfavorable a los intereses de la parte ahora recurrente (reparación del daño), podría reclamar la violación al procedimiento en el amparo directo que promoviera contra ésta. Similar criterio fue sustentado por este órgano colegiado al resolver el amparo directo penal 237/2005, en sesión de seis de mayo de dos mil cinco. De tal manera que si el acto reclamado no encuadra en los supuestos de ejecución irreparable, para que sea procedente el amparo indirecto, el inconforme deberá esperar hasta que se dicte sentencia para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 158 y 161 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada visible en la página 180, Séptima Época, tomo 193-198, Sexta Parte, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, misma que este tribunal comparte, cuyo rubro dice: ‘VIOLACIONES PROCESALES. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). No escapa a la consideración de este órgano revisor que el peticionario señaló en su demanda de garantías que con el acuerdo reclamado había una afectación a sus derechos sustantivos, porque no sería juzgado en forma pronta como lo establece el artículo 17 en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, por ende, cabía su reclamación en amparo indirecto. Al respecto cabe indicar que el hecho de que el inculpado sea juzgado en un procedimiento sumario, no está consignado como un derecho fundamental en el texto constitucional, es decir, que no es de las garantías tuteladas en el proceso penal a favor del acusado, pues específicamente el artículo 20 constitucional no lo establece así, según puede apreciarse en su texto que, en lo conducente se transcribe: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). Ciertamente es una garantía del procesado el que sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; sin embargo, la negativa de la apertura del procedimiento sumario, no implica en forma alguna que no vaya a ser juzgado dentro de los límites establecidos en la garantía constitucional, pues en ese supuesto lo procedente es seguir el trámite en el procedimiento ordinario regulado en el título cuarto, capítulo I, de la legislación penal del Estado, en el cual la etapa de instrucción debe terminarse en el menor tiempo posible, sin que se rebasen los límites establecidos en la fracción VIII del apartado ‘A’ del artículo 20 constitucional, ya que así lo establece el artículo 340 del ordenamiento penal indicado. Y en todo caso la celeridad del procedimiento sumario dependerá en alguna medida del propio inculpado y además el fenómeno de la demora en los procedimientos casi siempre estará presente cuando se reclaman ciertos actos que finalmente son intraprocesales. Es verdad que el procedimiento sumario reduce algunos términos, como lo es el de ofrecimiento de pruebas, lo que implica que es posible que el inculpado sea juzgado incluso en un término menor al que establece la garantía constitucional; sin embargo, no debe perderse de vista que, finalmente, lo que con él se pretende es la obtención de la reducción de la pena, por lo que el perjuicio para el inculpado, de la negativa de su apertura, sólo puede materializarse cuando se haya dictado una sentencia en su contra que no haya contemplado la atenuante; y bien puede ser que obtenga una sentencia favorable, es decir, absolutoria. ..."

Similares consideraciones sostuvo dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo penal 237/2005, en sesión del seis de mayo de dos mil cinco.

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 178/2006, en sesión del día uno de septiembre de dos mil seis, promovido por ... por su propio derecho, en contra de la sentencia de sobreseimiento dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en el juicio de amparo indirecto 71/2006-II, en el que se reclamó la resolución dictada por el Juez Quinto Penal del Estado, mediante la que negó la revocación del auto por el que se niega la apertura del procedimiento sumario; en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

"Estas consideraciones carecen de sustento, pues con independencia de los motivos por los cuales el demandante del amparo, ahora recurrente, solicitó la apertura del procedimiento sumario -tendiente a la disminución de la pena- debe estimarse que la negativa a hacerlo, sí constituye un acto cuya ejecución no podría ser reparada aun cuando se emitiera sentencia absolutoria en su favor, lo que hace procedente el juicio de garantías de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que señala (se transcribe). En efecto, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos de ejecución irreparable han quedado definidos como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la propia Constitución por medio de las garantías individuales, de ahí que deba estudiarse en principio, si la negativa de la autoridad responsable de abrir el procedimiento sumario, infringe algún derecho fundamental protegido por nuestra Carta Magna, resultando intrascendente que esta petición tenga el propósito de que al quejoso, procesado por el delito de homicidio calificado, se le disminuya la pena de prisión que pudiera imponérsele de dictarse sentencia de condena en su contra, de conformidad con el artículo 359 de la Legislación Penal del Estado donde se establece la posibilidad de aplicar hasta la mitad de la penalidad prevista para el delito de que se trate, cuando el enjuiciado opte por el procedimiento sumario. En el asunto que se analiza, el derecho fundamental que se estima infringido con la resolución emitida por el Juez responsable donde se niega a abrir el procedimiento sumario, se encuentra contemplado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que establece (se transcribe). De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, el gobernado tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos que fijen las leyes, de manera pronta y expedita, lo que significa que para su aplicación debe tomarse en cuenta lo que la ley ordinaria establezca porque aquél dispositivo remite a la legislación secundaria por cuanto que en ésta deben quedar definidos con claridad los términos en que ha de impartirse justicia; por tanto, si el artículo 342 de la legislación penal del Estado contempla para el procesado la posibilidad de que se le dicte sentencia en un término incluso inferior al contemplado en el artículo 20 constitucional, no puede concluirse que la disposición que en dicho numeral se contiene no adquiera el carácter de un derecho fundamental perfectamente tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, la razón principal por la que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, reside en que, la circunstancia de que el inculpado sea juzgado dentro de un procedimiento sumario no queda comprendido como un derecho fundamental en el artículo 20 constitucional, en virtud de que en éste, en su fracción VIII, se estipula que deberá ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año, si la pena excediere de ese plazo, sin que exista motivo para estimar que dicha persona no va a ser juzgado en los términos previstos en esa garantía constitucional y, que de acuerdo con el artículo 340 de la legislación penal para el Estado, tales plazos no pueden ser rebasados. Sin embargo, pasa inadvertido para el juzgador que el hecho de que la apertura del procedimiento sumario no quede contemplado como un derecho fundamental en el artículo 20 constitucional no impide que se le confiera esa calidad, en términos del artículo 17 de esa Carta Magna, porque este dispositivo también establece diversas garantías individuales en beneficio del gobernado entre las que se encuentra la relativa a la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que la ley ordinaria establezca. En el presente caso, el artículo 342 de la legislación penal del Estado adquiere esa categoría porque posibilita que el proceso penal concluya con sentencia -condenatoria o absolutoria- en un plazo apenas superior a los diez días, contados a partir de dictado el auto de formal prisión correspondiente. Dicho dispositivo establece: (se transcribe). En el precepto transcrito se establece la posibilidad de que se dicte sentencia en el procedimiento penal en plazos por demás inferiores a los previstos en el artículo 20, fracción VIII, de la Constitución Federal, pues tan solo exige una serie de requisitos que, de ser satisfechos por el encausado, le otorgan la oportunidad de que el procedimiento se siga por la vía sumaria y, por ende, que se le dicte sentencia, favorable o no, en un plazo mínimo; es decir, que para lograr que el Juez ordene abrir el procedimiento sumario debe existir una manifestación expresa de que se conforma con el auto de formal prisión dictado en su contra o que la misma no hubiere sido impugnada; que además a juicio del Juez existan pruebas que acrediten el monto de la reparación de los daños o perjuicios, o que éstos hayan quedado cubiertos a satisfacción del ofendido; hecho esto, la autoridad pondrá el expediente a la vista de las partes por el término de tres días para que ofrezcan pruebas y concluido éste, ordenará el cierre de instrucción, citando a la audiencia final del juicio en la que las partes expresarán las conclusiones que estimen conducentes, donde incluso, podrá dictarse sentencia o, emitirse en un plazo no mayor de diez días. Como se observa, de abrirse el procedimiento sumario, el Juez del conocimiento estaría en condiciones de dictar la sentencia que proceda, en un plazo que podría no exceder de quince días, considerando el término de tres días otorgado a las partes para el ofrecimiento de pruebas y que contaría a partir de la emisión del auto de formal procesamiento, pues aun en el supuesto de que se ofrecieran pruebas, de todas formas sería sentenciado en un tiempo incluso menor del establecido en el artículo 20, fracción VIII, de la Constitución Federal. Bajo esa perspectiva, puede válidamente concluirse que la negativa del Juez responsable de abrir el procedimiento sumario solicitado por el aquí recurrente, sí infringe un derecho fundamental que se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el que se le niegue la oportunidad de que se le dicte sentencia en el menor tiempo posible, constituye una violación que no podría ser reparada aun cuando se dictara sentencia absolutoria en su favor, considerando el tiempo que transcurriría para que ésta se dictase que, de acuerdo con el artículo 20, fracción VIII, constitucional, no debe exceder de un año tratándose de delitos cuya pena máxima exceda de dos años de prisión, cualidad que presenta el ilícito por el que se le dictó auto de formal prisión, de acuerdo con el artículo 3o., en relación con el 13 de la legislación penal del Estado que contempla una penalidad máxima para el delito de homicidio calificado de cuarenta años de prisión."

Similares consideraciones fueron sostenidas por el referido órgano jurisdiccional, al resolver la improcedencia penal 148/2005, en sesión del doce de mayo de dos mil cinco; y el amparo en revisión penal 260/2006, en sesión del veintiuno de septiembre de dos mil seis.

SEXTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 63/2006, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito, al resolver el amparo en revisión penal 178/2006; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

En el caso sometido a la consideración del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en relación con el tema en contradicción, esencialmente se sostuvo que el auto que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del que negó la apertura del procedimiento sumario, constituye una violación que tiene únicamente efectos intraprocesales que no causan una afectación predominante ni de imposible reparación, al estar vinculados con la procedencia de una atenuante, que importa la disminución de la pena de prisión en términos de los artículos 342, 353 y 359 de la Legislación Penal vigente para el Estado de Aguascalientes, la cual debe destruirse por el solo hecho de obtener sentencia favorable, además de que no existe afectación directa a los derechos fundamentales porque dicha resolución no es restrictiva de la libertad.

Que la sentencia que en su caso llegara a dictarse puede ser favorable al inconforme, sin afectar sus defensas ni trascender al resultado del fallo; y en caso contrario, de serle desfavorable en cuanto a la reparación del daño, podría reclamar esa violación procesal a través del amparo directo que interponga en contra de la sentencia definitiva.

Que en tal virtud, si el auto reclamado no encuadra en los supuestos de ejecución irreparable, para la procedencia del amparo indirecto, el quejoso deberá esperar el dictado de la sentencia definitiva para impugnar la posible violación en la vía uniinstancial en términos de los artículos 158 y 161 de la Ley de Amparo.

Que si bien en la demanda de amparo se señaló que el acto reclamado afectaba derechos sustantivos porque el quejoso no será juzgado en forma pronta de conformidad con el artículo 17 en relación con el 20, ambos de la Constitución Federal, debía señalarse que el hecho de que el inculpado no sea juzgado en un procedimiento sumario, no está consignado como un derecho fundamental; esto es, que no se trata de una de las garantías tuteladas en el proceso penal a favor del acusado por el segundo numeral citado.

Que era cierto que es una garantía del procesado el ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si ésta excede de ese tiempo, salvo que se solicite un mayor plazo para la defensa, por lo que la negativa a la apertura del procedimiento sumario no significa que no vaya a ser juzgado dentro de esos límites dado que en este supuesto, lo procedente es seguir el trámite del procedimiento ordinario regulado en la Legislación Penal vigente para el Estado, que dispone que la etapa de instrucción debe terminarse en el menor tiempo posible, sin que se rebasen los límites establecidos en la fracción VIII del apartado A, del artículo 20 constitucional.

Que en todo caso, la celeridad del procedimiento dependerá del propio procesado y el fenómeno de la demora de éste casi siempre acontece cuando se reclamen actos intraprocesales, pues si bien es cierto el procedimiento sumario reduce algunos términos como el ofrecimiento de pruebas, lo que implica que el procesado sea juzgado incluso en un tiempo menor al establecido en la Constitución, no debe perderse de vista que lo que se busca es la reducción de la pena por lo que el perjuicio generado por la apertura de su negativa, sólo puede materializarse cuando se haya dictado una sentencia en su contra que no haya contemplado la atenuante, ya que puede acontecer que obtenga sentencia favorable, esto es absolutoria.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del propio Circuito, en el asunto sometido a su consideración sostuvo que es incorrecta la determinación del juzgador de amparo de sobreseer en el juicio de garantías; toda vez que la resolución reclamada sí produce una afectación directa a los derechos del recurrente de ejecución irreparable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado se hizo consistir en la resolución recaída en el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo que negó la apertura del procedimiento sumario, el cual se consideró que no es de imposible reparación, por considerarla una violación que tiene efectos meramente intraprocesales que no entrañan una afectación predominante ni de imposible reparación, porque al estar vinculados con la procedencia de una atenuante que importa la disminución de la pena de prisión, conforme a los artículos 342, 353 y 359 de la Legislación Penal vigente para el Estado de Aguascalientes, puede destruirse con el solo hecho de obtener sentencia favorable y además por no existir una afectación directa a los derechos fundamentales del gobernado por no ser un acto restrictivo de la libertad y no encontrarse contemplado como tal en el artículo 20 constitucional.

Que lo anterior carece de sustento, pues con independencia de los motivos por los que se solicitó la apertura del procedimiento sumario (disminución de la pena), la negativa a hacerlo constituye un acto cuya ejecución no puede ser reparada aun cuando se emitiera sentencia absolutoria en su favor, por lo que ello hace procedente el juicio de garantías de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Que el derecho fundamental que estima infringido el quejoso, se encuentra contemplado por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que establece que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, lo que significa que en la legislación secundaria deben quedar definidos con claridad los términos en que ha de impartirse justicia, por lo que si el artículo 342 de la Legislación Penal de Aguascalientes contempla a favor del procesado la posibilidad de que se le dicte sentencia en un término incluso inferior al contemplado por el artículo 20 constitucional, no puede concluirse que tal disposición no adquiera el carácter de un derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal.

Que el hecho de que la apertura del procedimiento sumario no quede contemplada como un derecho fundamental en el artículo 20 constitucional, no impide que se le confiera esa calidad en términos del artículo 17 de la propia Carta Magna, que establece diversas garantías individuales en beneficio del gobernado, entre las que se encuentra la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que la ley ordinaria establezca.

Que en el caso, el citado artículo 342 posibilita que el proceso penal concluya en un plazo apenas superior a diez días, contados a partir del dictado el auto de formal prisión correspondiente; esto es, dicho numeral establece la posibilidad de que se dicte sentencia en el procedimiento penal en plazos inferiores a los previstos en el artículo 20, del apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, al exigir determinados requisitos que de ser satisfechos por el procesado, le dan la posibilidad de que el procedimiento se siga en la vía sumaria y, por ende, que se le dicte sentencia favorable o no en un plazo mínimo; esto es, para que el Juez ordene la apertura de dicho procedimiento, debe en primer término estar conforme expresamente con el auto de formal prisión o no impugnarlo, así como existir pruebas que acrediten la reparación de daños y perjuicios o que éstos se hayan cubierto a satisfacción del ofendido, una vez hecho esto, se pondrá el expediente a la vista de las partes por el término de tres días para que ofrezcan pruebas y concluido éste, se cerrará la instrucción, con citación a la audiencia final del juicio, en la que las partes expresarán sus conclusiones y en la que, incluso, podrá dictarse sentencia o emitirse ésta en un plazo no mayor de diez días.

Que en tal virtud la apertura del procedimiento sumario establece la posibilidad de dictar sentencia en un plazo incluso menor del establecido en el artículo 20, del apartado A, fracción VIII, de la Constitución; y en tal virtud puede concluirse que la negativa a abrirlo, sí infringe un derecho fundamental que se encuentra tutelado por el artículo 17 constitucional, pues el que se niegue al procesado la oportunidad de que se le dicte sentencia en el menor tiempo posible, constituye una violación que no podría ser reparada aun cuando se dicte sentencia absolutoria, considerando el tiempo que transcurriría, tomando en cuenta los términos previstos en el artículo 20, del apartado A, fracción VIII, de la propia Carta Magna.

Sentado lo anterior, es evidente que los Tribunales Colegiados, en las ejecutorias de mérito, sí examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, llegando a conclusiones diversas, ya que la litis sometida a la consideración del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, se relacionó con la negativa a la apertura del procedimiento sumario previst

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20148-c7fc2b53/procedimiento-sumario-la-negativa-de-su-apertura-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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