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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION DEFINITIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION Y NO EL DE QUEJA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, AUNQUE SOLO SE IMPUGNE LA GARANTIA A LA QUE SE SUJETO SU EFECTIVIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/93. · Registro digital (IUS): 2015
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 42.

CONTRADICCION DE TESIS 7/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción entre tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en materia común, diversa a la penal, administrativa, civil y laboral.

Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial 9/1992 emitida por este Tribunal Pleno que dice:

"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no a la del amparo en que se dicta la resolución. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a materias comunes, no se justifica que aquélla conozca de este tipo de contradicciones; además, de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones."

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 57/77, interpuesto por Bulmaro Benítez, Leonel Hernández y Audelina Martínez, representantes de la Sociedad Cooperativa de Consumo Proveedora de Carnes Zaachila, Sociedad Cooperativa Limitada, con fecha dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y siete, sostuvo la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tomo VIII, páginas 2466 y 2467, y que es del tenor literal siguiente:

"FIANZA PARA LA SUSPENSION, QUEJA PROCEDENTE.-El recurso de queja procede, conforme a la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, que no admitan directamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar a una de las partes un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, no es claro que la interlocutoria que concede la suspensión definitiva y fija la fianza correspondiente, admita expresamente el recurso de revisión en lo que hace exclusivamente al señalamiento del monto de la fianza, ya que la fracción II del artículo 83 habla de resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen, revoquen o se nieguen a revocar la suspensión definitiva. Por otra parte, la fijación de la fianza para la suspensión definitiva sí puede causar daños y perjuicios no reparables en la sentencia definitiva, pues si por incapacidad de otorgar la fianza al quejoso, se ejecutan los actos reclamados, así sea temporalmente, ello le puede causar una lesión que la posterior concesión del amparo no repararía, pues las autoridades responsables y aun los terceros perjudicados no suelen pensar (sin que aquí proceda examinar esto) que la restitución de las cosas al estado anterior, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, incluye la indemnización de los daños y perjuicios causados a la parte quejosa por la ejecución de los actos reclamados. Luego en este caso opinable se debe concluir que si el quejoso opta por el recurso de queja contra la parte de la interlocutoria de suspensión que le fijó el monto de la fianza para obtener la suspensión definitiva, dicho recurso resulta procedente."

La ejecutoria en que se sostuvo el criterio anterior no pudo ser remitida a este Alto Tribunal, en virtud de que, según se informó mediante oficio recibido el treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, el expediente relativo se extravió con motivo de los sismos ocurridos en septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

TERCERO.-Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 4/92, sustentó la siguiente tesis:

"QUEJA, ES IMPROCEDENTE CONTRA LO DECIDIDO RESPECTO A LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.-Lo resuelto por los Jueces de Distrito sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, incluyendo los requisitos que deben satisfacerse para que surta efectos la suspensión definitiva concedida, es impugnable a través del recurso de revisión previsto por la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo, lo que excluye la posibilidad de que la interlocutoria respectiva sea recurrible mediante el recurso de queja establecido por el artículo 95 de la propia Ley."

El toca relativo al recurso de reclamación fue remitido a este Alto Tribunal y del mismo se advierte que los antecedentes del caso son los siguientes:

Por escrito presentado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, Leticia Prado Lara, en representación de Escuela Particular Jardines Alcalde, interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, dictado por el presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por el que se desechó el recurso de queja que interpuso contra la interlocutoria pronunciada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 156/92, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, previa garantía que se exhibiera, dentro del término de cinco días, en cualquiera de las formas establecidas por la ley por la cantidad de cuatro millones ochocientos mil pesos.

El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito dictó resolución el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres en la que declaró infundado el recurso de reclamación anteriormente aludido. En el considerando tercero de dicho fallo se señaló:

"TERCERO.-Los anteriores agravios son infundados. En efecto, el presidente de este Tribunal Colegiado correctamente desechó por improcedente, el recurso de queja interpuesto por la propia inconforme contra la interlocutoria en la que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 156/92, a la par que le concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, le fijó, para que surtiera efectos tal medida, una fianza para garantizar los posibles daños o perjuicios que se le pudieran ocasionar a la tercero perjudicado, supuesto que, como se hizo notar en el acuerdo recurrido, el caso no se encuentra previsto en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 95 de la Ley de Amparo, particularmente la que establece la fracción VI, que, en lo que interesa, en tratándose de suspensión, señala que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la propia ley, siendo que este precepto, en su fracción II, de manera expresa dispone la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que nieguen o concedan la suspensión definitiva. Por tanto, la interpretación armónica y sistemática de tales preceptos debe ser en el sentido de que como el recurso de revisión procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, que concedan o nieguen la suspensión definitiva, entonces, la ilegalidad en que puedan incurrir al concederla, bien porque la otorguen sin que sea procedente, bien porque concediéndola señalen garantías irrisorias que no respondan para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la misma puedan ocasionarse a terceros, o las fijadas resulten de tal modo elevadas, que la medida así concedida se convierta en nugatoria, dicha ilegalidad debe impugnarse a través del recurso de revisión, porque esas determinaciones forman parte de la resolución misma, la cual, por otro lado, no constituye un mero acto de trámite en el incidente de suspensión para el que sí es procedente la queja; esto es, lo resuelto por los Jueces de Distrito sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, incluyendo los requisitos que deben satisfacerse para que surta efectos la suspensión definitiva concedida, es impugnable a través del recurso de revisión previsto por la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo, lo que excluye la posibilidad de que la interlocutoria respectiva sea recurrible mediante el recurso de queja establecido por el artículo 95 de la propia ley; y como quiera que el criterio que se plasma en la presente ejecutoria difiere del que, en sustento de sus agravios invoca la recurrente, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Séptima Epoca, 1969-1987, Tomo VIII, páginas 2466 a 2467, que dice: 'FIANZA PARA LA SUSPENSION. QUEJA PROCEDENTE. (Se transcribe) ... procede, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de tesis advertida. Por último, en lo tocante a la legalidad de la exhibición de la fianza que señaló el Juez de Distrito, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros perjudicados con la concesión de la suspensión definitiva, dado que, arguye la recurrente, al otorgársele la provisional exhibió una, cabe decir que, el análisis de dicha cuestión sólo podría emprenderse si la resolución del Juez de Distrito se hubiese impugnado oportunamente y a través del recurso procedente, habida cuenta que la materia de la presente reclamación, sólo estriba en decidir si el desechamiento que hizo el presidente de este tribunal, de la queja interpuesta por la propia inconforme fue o no correcto, cuya actuación, como se vio, estuvo ajustada a derecho. Consecuentemente, ha lugar a declarar infundado el presente recurso de reclamación.'"

CUARTO.-El análisis de la ejecutoria y tesis transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada por la presidenta del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se produce entre la resolución dictada por dicho Tribunal Colegiado en el recurso de reclamación 4/92, y la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 57/77, porque mientras el primero de dichos tribunales sostiene que el recurso de queja es improcedente contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que concedan la suspensión definitiva de los actos reclamados, incluyendo los requisitos que deben satisfacerse para que ésta surta efectos, por ser procedente el recurso de revisión, el Primer Tribunal Colegiado referido considera que la queja sí es procedente contra la parte de la interlocutoria de suspensión que fije el monto de la fianza para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados.

QUINTO.-Habiéndose ya determinado que existe la contradicción de tesis denunciada, este Tribunal Pleno se avoca a continuación a decidir cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de tesis de jurisprudencia.

Los artículos 83, fracción II, y 95 fracción VI de la Ley de Amparo disponen:

"83. Procede el recurso de revisión:

"... II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en los cuales:

"a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

"b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y

"c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;"

"95. El recurso de queja es procedente:

"... III. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

De los anteriores preceptos legales transcritos deriva que, tratándose de resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito en el incidente de suspensión de juicios de amparo indirecto, será procedente de recurso de queja cuando se reúnan dos requisitos: 1) que se trate de resoluciones que no admitan el recurso de revisión; y 2) que puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Esto significa que la procedencia del recurso de queja contra tales resoluciones se obtiene, primeramente, por exclusión; es decir, debe determinarse primeramente si es procedente o no el recurso de revisión contra la resolución relativa que haya dictado el Juez de Distrito del conocimiento en el incidente de suspensión del amparo indirecto, para poder así determinarse si se cumple o no el primer requisito para la procedencia del recurso de queja y, una vez cumplido con el mismo, analizarse la satisfacción del segundo de los requerimientos consistente en la posibilidad de causación de un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva.

Ahora bien, el numeral 85, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece, en su inciso a), que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que concedan la suspensión definitiva. Los numerales 124, 125, 128 y 139 del propio ordenamiento disponen:

"124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"125. En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

"128. El Juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos anteriores."

"139. El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlo si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado ..."

Los preceptos transcritos permiten concluir que para la concesión de la suspensión de los actos reclamados deben reunirse los requisitos que para su procedencia prevé el numeral 124, así como, en su caso, cumplir el quejoso con la exigencia legal de garantizar los daños o perjuicios que con tal suspensión puedan ocasionarse a tercero en el monto que fije el Juez de Distrito y dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación, para que la suspensión no deje de surtir sus efectos. Lo anterior significa que la concesión de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte estará siempre sujeta a los requisitos de procedencia que enumera el artículo 124 de la Ley de Amparo y, en algunos casos, también al requisito de efectividad de otorgar garantía cuando tal suspensión puede ocasionar daño o perjuicio a terceros, la que deberá otorgarse en el monto que señale el Juez de Distrito correspondiente y en el término legal especificado en el diverso numeral 139.

Consecuentemente, la fijación de la garantía, como requisito de efectividad de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, forma parte de la resolución que concede tal suspensión por ser condicionamiento de su eficacia.

Por tanto, al disponer el artículo 83, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que concedan la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe concluirse que procede contra todo lo que tal resolución implica, es decir, tanto contra los requisitos de procedencia que estimó satisfechos para otorgarla, como contra el condicionamiento al que haya sujetado su efectividad, como lo es la fijación de la garantía correspondiente, pues forma parte integrante de dicha resolución, y si la Ley de Amparo no establece distinción alguna al señalar que procede el recurso de revisión contra la resolución del Juez que conceda la suspensión definitiva, no tiene porque hacerse distinción alguna en torno a que procede sólo respecto de los requisitos de procedencia que en tal resolución se hayan tenido por satisfechos, pero no así por lo que se refiere a la fijación de la fianza relativa para su efectividad.

Es aplicable en este sentido la tesis jurisprudencial que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen VI, página 3077, que textualmente dice:

"SUSPENSION, RECURSO CONTRA LA.-La ilegalidad de la suspensión y la de los requisitos con los cuales se concede, no son materia de queja, puesto que el auto relativo es revisable."

Por consiguiente, este Tribunal Pleno comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consistente en que el recurso de queja es improcedente contra la resolución interlocutoria dictada por el Juez de Distrito que conceda la suspensión definitiva de los actos reclamados, incluyendo los requisitos a los que se condicione su efectividad, como lo es la fijación de la garantía correspondiente, pues contra tal resolución procede el recurso de revisión.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para sustentar el criterio contrario al que este órgano colegiado considera debe prevalecer, se basó, fundamentalmente, en lo siguiente:

1) En que no es claro que la interlocutoria que conceda la suspensión definitiva y fije la fianza correspondiente admita el recurso de revisión por lo que se refiere exclusivamente al señalamiento del monto de la fianza, pues el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo habla de resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o se nieguen a revocar la suspensión definitiva.

2) En que la fijación de la fianza para la suspensión definitiva puede causar daños y perjuicios no reparables en la sentencia definitiva, pues si se ejecutan los actos reclamados, aunque sea temporalmente, se puede causar una lesión que la posterior concesión del amparo no repararía.

3) Que, por tanto, siendo el caso opinable, si el quejoso opta por el recurso de queja contra la parte de la interlocutoria que le fijó el monto de la fianza para obtener la suspensión definitiva, debe considerarse tal recurso procedente.

Las consideraciones anteriormente resumidas deben desestimarse, en virtud de que, como se analizó, el recurso de queja y el recurso de revisión son excluyentes entre sí, pues de conformidad con el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo para la procedencia del recurso de queja contra resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito en el incidente de suspensión de juicios de amparo indirectos deben reunirse dos requisitos, siendo el primero de ellos, el que la resolución relativa no admita el recurso de revisión, de lo que deriva que no por ser el caso opinable puede dejarse a opción del quejoso la elección de la interposición de uno u otro recurso, en los términos considerados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Además, como se estudió con anterioridad, al disponer el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones de los Jueces de Distrito en las que concedan la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe considerarse que procede tanto contra los requisitos de procedencia que estimó satisfechos para otorgarla, como contra el condicionamiento al que haya sujetado su efectividad como es el monto de la fianza correspondiente, pues forma parte integrante de dicha resolución, por lo que al ser procedente el recurso de revisión, no se surte el primero de los requisitos previstos en el artículo 95, fracción VI del propio ordenamiento para la procedencia del recurso de queja consistente en que se trate de resoluciones que no admitan el recurso de revisión, resultando así irrelevante el determinar si se trata o no de una resolución que cause daño irreparable a alguna de las partes, toda vez que es necesario que se presenten los dos requisitos señalados en el último numeral citado para la procedencia del recurso de queja y no solamente uno de ellos.

Atento a todo lo manifestado este Tribunal Pleno considera que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito, el que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con carácter jurisprudencial, quedando redactado con los siguientes rubro y texto:

-El artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte consistentes en la solicitud del agraviado, el que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y el que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Por su parte, el artículo 125 del propio ordenamiento establece como requisito para su efectividad, cuando la suspensión de los actos reclamados pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, el otorgamiento de garantía bastante, cuyo importe será fijado por el Juez de Distrito, y que deberá rendirse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto en que se conceda la suspensión, de acuerdo con lo previsto en los numerales 128 y 139 de la ley de la materia. Lo anterior significa que la fijación de la garantía, en los casos en que proceda, forma parte de la resolución que concede la suspensión de los actos reclamados por ser condicionamiento de su eficacia. Por tanto, al disponer el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable en las cuales se conceda la suspensión definitiva, debe considerarse que procede este recurso cuando se impugnen ya sea los requisitos de procedencia que se estimaron satisfechos para otorgarla, o bien los requisitos que deben llenarse para que ésta surta sus efectos, o ambos; es decir, el recurso de revisión será procedente contra la resolución que concede la suspensión definitiva aunque sólo se impugne la garantía a la que se sujetó su efectividad por ser parte integrante de la misma, siendo, por tanto, improcedente el recurso de queja contra tal interlocutoria porque la procedencia del recurso de revisión excluye la del de queja en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.

En términos del artículo 195 de la Ley de Amparo la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo deberá identificarse con el número que por el orden progresivo le corresponda dentro de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el primero de ellos, el recurso de reclamación 4/92 y, el segundo, el recurso de queja 57/77.

SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, bajo la tesis con carácter jurisprudencial que ha quedado redactado en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para la publicación de la misma en su Gaceta y de la parte considerativa de la resolución en el Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, remítase la tesis de jurisprudencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese y cúmplase; desglósese del toca de la contradicción los autos del recurso de reclamación 4/92 y vuelvan al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de quince votos de los señores Ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Valadés Ríos, Sempé Minvielle, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente en funciones González Martínez. Durante la votación de este asunto estuvieron ausentes los señores Ministros Llanos Duarte, García Vázquez y el presidente Schmill Ordóñez. No asistieron a la sesión los señores Ministros Castañón León y Moreno Flores, previo aviso a la Presidencia.

Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón. Firman los CC. Presidente en funciones y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2015-7865b406/suspension-definitiva-es-procedente-el-recurso-de-revision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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