Corpus
Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD CONYUGAL, FALTA DE INSCRIPCION. LA DEMANDA DE PRESCRIPCION POSITIVA DEBE DE ENTABLARSE SOLO EN CONTRA DEL CONYUGE QUE APAREZCA COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Y NO DE AMBOS, AUNQUE QUIEN EJERCITE LA ACCION CORRESPONDIENTE SEA HIJO DE LOS QUE LA CONSTITUYERON (LEGISLACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DISPOSICIONES AFINES DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/93. · Registro digital (IUS): 2023
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 164.

CONTRADICCION DE TESIS 33/93. SUSCITADA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los fallos que dieron origen a la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, son los siguientes:

a) Amparo en revisión número 81/92-I civil, promovido por María Isabel Márquez, fallado el ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, que en lo conducente dice:

"TERCERO.-Es fundado pero inoperante el primero de los agravios transcritos e infundados los restantes, los que se analizarán conjuntamente debido a la relación que guardan entre sí."

"En efecto, fundamentalmente la ahora recurrente finca sus agravios en el sentido de que el a quo erróneamente resolvió concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la amparista María Isabel Márquez fuese oída y vencida en procedimiento otorgándosele la garantía de audiencia, argumentando al respecto, que el bien objeto del litigio consistente en la fracción C del lote número 99 de la Delegación de la Mesa de la ciudad de Tijuana, Baja California, no se encontraba inscrito a nombre de la sociedad o en su caso al de la propia quejosa, sino que únicamente aparecía a nombre de Miguel García Gutiérrez y que por tanto era procedente su acción de prescripción, toda vez que tampoco aparecía la quejosa en la operación de compraventa celebrada con relación al bien litigioso; sin embargo, lo anterior resulta inoperante, en virtud de que, aun cuando los derechos de copropiedad de la quejosa no fueron derivados de la compraventa entre Miguel García Gutiérrez con los vendedores Andrés Jiménez y Victoria Padilla de Jiménez (página 107 y 108) sí lo fueron de la sociedad legal proveniente de su matrimonio con el citado García Gutiérrez."

"Ciertamente, consta en autos (foja 10), el acta de matrimonio celebrado entre Miguel García y María Isabel Márquez de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y nueve, en la que aparece que contrajeron nupcias bajo el régimen de sociedad legal, e igualmente, que el diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y uno Miguel García adquirió el inmueble que se menciona en el apartado anterior, por lo que resulta que dicho bien ingresó al patrimonio de la sociedad legal y por ende, como lo estimó el Juez de Distrito, correspondiendo en copropiedad a la promovente del amparo María Isabel Márquez debió llamársele al juicio de prescripción positiva en que se declaró propietario de él a la tercero perjudicado Adela García Márquez."

"No se opone a lo anterior lo que aduce el autorizado de la tercero perjudicado, en el sentido de que el bien prescrito no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal y que por ende no había necesidad de citar a juicio a la quejosa, invocando tesis jurisprudenciales relativas a las legislaciones del Distrito Federal y el Estado de Jalisco, porque si bien es cierto que dichas tesis dicen que si los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no se inscriben a nombre de ella sino sólo al de uno de los cónyuges, no puede producir efectos frente a terceros y que la demanda de prescripción positiva debe entablarse contra quien aparezca como dueño en el Registro Público de la Propiedad, cabe precisar que la inscripción de los inmuebles en ese registro, tiene por finalidad proteger a los terceros de buena fe que contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, a fin de evitar que sean defraudados por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges, de donde se infiere que si los terceros que contratan con el cónyuge que aparece como propietario del bien en el Registro Público, conocen o debe suponerse fundadamente que conocen la situación legal del bien con relación a ambos consortes, tal situación sí le es oponible al tercero con quien estos últimos contratan, puesto que partiendo de su conocimiento del régimen legal del bien, no puede admitirse que se dé la defraudación que trata de evitar la inscripción registral, de tal suerte que, si como sucede en el caso, la tercero perjudicado Adela García Márquez, es hija del matrimonio de María Isabel Márquez, y Miguel García Gutiérrez, según se desprende del escrito de demanda de amparo a foja 2 del expediente dentro del capítulo de antecedentes punto 2, y la cual no fue refutada por la tercero perjudicado, se supone fundada y legalmente que conocía la situación jurídica del bien respecto de sus padres, esto es, que pertenecía no sólo a su padre Miguel García Gutiérrez por estar inscrito a su nombre sino también a su madre María Isabel Márquez por virtud de su matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad legal, luego, en todo caso la demanda de prescripción positiva debió entablarse también en contra de María Isabel Márquez, como así lo apreció el Juez de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional que salvaguarda la garantía de audiencia en favor de la afectada ..."

b) Amparo en revisión 170/92-I civil, promovido por María Isabel Márquez de García, cuya resolución de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y dos, en lo conducente dice:

"QUINTO.-Resultan sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violación, los que se analizarán conjuntamente dada la relación que guardan entre sí.

"En efecto, asiste razón a la quejosa en cuanto alega que la sentencia impugnada le irroga agravios por cuanto que, el Juez responsable declaró que la prescripción positiva se había consumado y que Adela García Márquez había adquirido la propiedad por prescripción de la fracción de los lotes 7-FS y 8-FN de la manzana número 109 del Fraccionamiento El Paraíso de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuando dice, dicho inmueble le corresponde en un 50% en virtud de la sociedad conyugal que formó con su esposo Miguel García con motivo de su matrimonio y que por tanto al no habérsele llamado al juicio civil de prescripción que sobre dicho terreno promovió Adela García Márquez en contra de su esposo únicamente viola en perjuicio (sic) el artículo 14 constitucional, pues tal y como lo aduce la quejosa, la sentencia combatida resulta ilegal por las razones que a continuación se expresan:

"Consta en autos que con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, Adela García Márquez promovió ante el Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California, juicio ordinario civil de prescripción positiva, demandando al diverso tercero perjudicado Miguel García Gutiérrez la prescripción positiva de los inmuebles que se identifican como lotes 7-FS y 8-FN de la manzana número 109 del Fraccionamiento El Paraíso de aquella ciudad (foja 45)."

"Consta también que por auto de primero de julio del mismo año se admitió la demanda en la vía y forma propuesta ordenándose el emplazamiento del demandado (foja 47); compareciendo ante el Juez a quo el doce de julio a ratificar el contenido de su escrito en el que dio contestación a la demanda allanándose a las prestaciones reclamadas, solicitando se dictara sentencia definitiva (foja 48)."

"Consta además que con fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, el Juez de instancia dictó sentencia por la que declaró que la prescripción adquisitiva se había consumado por lo que la actora adquirió la propiedad del inmueble de referencia, ordenando la cancelación total de la inscripción que existía del bien en favor del demandado (fojas 50 y 51), sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno (foja 53).

"Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional se advierte que con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y nueve, ante el Oficial del Registro Civil de San José de los Reynoso, Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, contrajeron matrimonio Miguel García y la hoy quejosa bajo el régimen de sociedad legal y, que posteriormente el primero de ellos adquirió el inmueble que hoy se disputa mismo que se encontraba registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California, bajo partida número 32423 de veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

"Obran también los testimonios de Wilfrido Martínez Maya, Héctor García y Everardo Márquez Padilla (fojas 104 a 107), quienes coincidieron en manifestar que conocían a Miguel García Gutiérrez, María Isabel Márquez aquí quejosa, Adela y Fidel García Márquez, estos últimos quienes demandaron a su padre Miguel García Gutiérrez la prescripción positiva del lote de terreno antes descrito, y quienes resultan ser hijos del matrimonio formado por las dos primeras personas arriba citadas."

"En ese orden de ideas, es de concluirse que, como se asentó, la quejosa y el tercero perjudicado Miguel García contrajeron matrimonio bajo sociedad legal, régimen que consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya representación exclusiva y plena corresponde al marido como una de las funciones que la ley le asigna dentro del matrimonio, sin que el dominio de cada cónyuge sobre sus bienes o partes determinadas o alícuotas se precisen, sino al liquidarse la sociedad por las causas establecidas por la ley; consecuentemente, el inmueble de referencia quedó comprendido dentro de los bienes adquiridos dentro del matrimonio puesto que fue con posterioridad al mismo, que lo adquirió el cónyuge Miguel García por tanto, al promoverse juicio ordinario civil de prescripción positiva respecto del lote multicitado en contra de aquél, la quejosa debió ser llamada al juicio, ya que siendo la actora hija del matrimonio, es de estimarse que conocían del régimen matrimonial que regía sus bienes, por lo que al demandar a su padre Miguel García Gutiérrez, en virtud del contrato de cesión de derechos que dijo tenía celebrado con éste, es evidente que la quejosa resultó afectada en la parte que le corresponde en relación al inmueble en disputa precisamente por el régimen de sociedad legal con el que se unió en matrimonio ya que dicho bien es patrimonio de la sociedad legal y por ello pertenece a ambos, de lo que se concluye que, al haberse tramitado el juicio ordinario civil número 1104/91, solamente en contra de Miguel García Gutiérrez ante el Juez responsable, decretándose la prescripción positiva en favor de la actora Adela García Márquez hija de ambos consortes, es claro que se infringieron en perjuicio de la promovente las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales al habérsele negado la oportunidad de ser oída y vencida en el juicio de referencia."

c) Amparo en revisión número 179/92-1 civil, promovido por María Isabel Márquez de García, resuelto el ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, cuya resolución en lo que interesa, es del texto siguiente:

"QUINTO.-Resultan sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violación, los que se analizarán conjuntamente dada la relación que guardan entre sí.

"En efecto, asiste razón a la quejosa en cuanto alega que la sentencia impugnada le irroga agravios por cuanto que, el Juez responsable declaró que la prescripción positiva se había consumado y que Adela García Márquez y Fidel García Márquez habían adquirido la propiedad por prescripción de una fracción de terreno ubicado en la Colonia Veinte de Noviembre, con una superficie de 5.537.805 metros cuadrados de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuando dice, dicho inmueble le corresponde en un 50% en virtud de la sociedad conyugal que formó con su esposo Miguel García con motivo de su matrimonio y que por tanto al no habérsele llamado al juicio civil de prescripción que sobre dicho terreno promovió Adela García Márquez en contra de su esposo únicamente viola en perjuicio (sic) el artículo 14 constitucional, pues tal y como lo aduce la quejosa, la sentencia combatida resulta ilegal por las razones que a continuación se expresan:

"Consta en autos que con fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, Adela García Márquez y Fidel García Márquez promovieron ante el Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California, juicio ordinario civil de prescripción positiva, demandando al diverso tercero perjudicado Miguel García Gutiérrez la prescripción positiva de los inmuebles que se identifican como una fracción de terreno ubicada en la Colonia Veinte de Noviembre de la ciudad de Tijuana, Baja California y con una superficie de 5,537.805 metros cuadrados (foja 85)."

"Consta también que por auto de diez de julio del mismo año se admitió la demanda en la vía y forma propuesta ordenándose el emplazamiento del demandado (foja 87); compareciendo ante el Juez a quo el doce de julio a ratificar el contenido de su escrito en el que dio contestación a la demanda allanándose a las prestaciones reclamadas, solicitando se dictara sentencia definitiva (foja 88 vuelta)."

"Consta además que con fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, el Juez de instancia dictó sentencia por la que declaró que la prescripción adquisitiva se había consumado por lo que la parte actora adquirió la propiedad del inmueble de referencia, ordenando la cancelación total de la inscripción que existía del bien en favor del demandado (fojas 90 y 91), sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de once de septiembre de mil novecientos noventa y uno (foja 93)."

"Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional se advierte que con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y nueve, ante el Oficial del Registro Civil de San José de los Reynoso, Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, contrajeron matrimonio Miguel García y la hoy quejosa bajo el régimen de sociedad legal y, que posteriormente el primero de ellos adquirió el inmueble que hoy se disputa mismo que se encontraba registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California, bajo partida número 16224 de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y cinco."

"Obran también los testimonios de Wilfrido Martínez Maya, Héctor García y Everardo Márquez Padilla (fojas 69, 70 y 71), quienes coincidieron en manifestar que conocían a Miguel García Gutiérrez, María Isabel Márquez aquí quejosa, Adela y Fidel García Márquez, estos últimos quienes demandaron a su padre Miguel García Gutiérrez la prescripción positiva del lote de terreno antes descrito, y quienes resultan ser hijos del matrimonio formado por las dos primeras personas arriba citadas."

"En ese orden de ideas, es de concluirse que, como se asentó, la quejosa y el tercero perjudicado Miguel García contrajeron matrimonio bajo sociedad legal, régimen que consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya representación exclusiva y plena corresponde al marido como una de las funciones que la ley le asigna dentro del matrimonio, sin que el dominio de cada cónyuge sobre sus bienes o partes determinadas o alícuotas se precisen, sino al liquidarse la sociedad por las causas establecidas por la ley; consecuentemente, el inmueble de referencia quedó comprendido dentro de los bienes adquiridos dentro del matrimonio puesto que fue con posterioridad al mismo, que lo adquirió el cónyuge Miguel García por tanto, al promoverse juicio ordinario civil de prescripción positiva respecto del lote multicitado en contra de aquél, la quejosa debió ser llamada al juicio, ya que siendo los actores hijos del matrimonio, es de estimarse que conocían del régimen matrimonial que regía sus bienes, por lo que al demandar a su padre Miguel García Gutiérrez, en virtud del contrato de cesión de derechos que dijo tenía celebrado con éste, es evidente que la quejosa resultó afectada en la parte que le corresponde en relación al inmueble en disputa precisamente por el régimen de sociedad legal con el que se unió en matrimonio ya que dicho bien es patrimonio de la sociedad legal y por ello pertenece a ambos, de lo que se concluye que, al haberse tramitado el juicio ordinario civil número 1205/91, solamente en contra de Miguel García Gutiérrez ante el Juez responsable, decretándose la prescripción positiva en favor de la actora Adela García Márquez hija de ambos consortes, es claro que se infringieron en perjuicio de la promovente las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales al habérsele negado la oportunidad de ser oída y vencida en el juicio de referencia."

CUARTO.-La tesis que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, tiene su antecedente en la resolución de fecha primero de abril de mil novecientos noventa y dos, pronunciada en el juicio de amparo en revisión número 65/92 civil, promovido por Fidel García Márquez, la que, en lo conducente dice:

"TERCERO.-El primero de los agravios es suficientemente fundado."

"En efecto, la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del expediente número 3897/91-III, mediante la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Isabel Márquez causa agravios al recurrente Fidel García Márquez."

"La quejosa en el juicio de garantías reclamó del Juez y del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil todo lo actuado dentro del expediente número 1206/91, del Juzgado mencionado, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en donde se demandó en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de prescripción positiva a Miguel García Gutiérrez (esposo de la quejosa), por la prescripción de la porción C del lote número 99 de la Delegación de la Mesa de la ciudad de Tijuana; asimismo, del registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad reclamó el cumplimiento que haya dado o pretenda dar a la sentencia dictada en el expediente 1206/91 antes mencionado."

"La peticionaria del amparo, en sus conceptos de violación alegó esencialmente que el juicio de prescripción positiva seguido en contra de su esposo, se instauró sin que haya sido llamada a juicio a pesar de estar casada con el demandado y ser copropietaria del inmueble objeto del juicio, en virtud de la sociedad conyugal que ambos cónyuges tienen celebrada desde la fecha en que contrajeron matrimonio."

"El Juez de primer grado, al resolver dictó sentencia concediendo el amparo a la quejosa, haciendo descansar dicho fallo, fundamentalmente, en el argumento consistente en que se habían violado en perjuicio de la quejosa las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haberse declarado la prescripción positiva en favor del actor sin haber oído ni vencido en juicio a la quejosa, quien resultó afectada con dicha determinación en la parte de la propiedad que le corresponde del inmueble en cuestión, la cual deriva de la sociedad conyugal que tiene constituida con su esposo desde la fecha de su matrimonio, puesto que el bien inmueble referido es patrimonio de la sociedad conyugal ya que el mismo adquirió (sic) con posterioridad a la celebración del matrimonio."

"Fidel García Márquez en su carácter de tercero perjudicado, se inconformó con dicha resolución, manifestando en su escrito de revisión que la resolución citada le causó agravios, ya que el bien materia de la litis se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en favor de Miguel García Gutiérrez y que, por tanto, no era necesario llamar a juicio a la quejosa y que la sociedad legal habida entre Miguel García Gutiérrez y María Isabel Márquez nunca se inscribió en el Registro Público de la Propiedad."

"Ahora bien, la parte inicial de los agravios formulados por el recurrente es fundada y suficiente para revocar la resolución materia de la presente revisión y negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa."

"Ciertamente, asiste la razón al recurrente Fidel García Márquez al sostener que la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil es legal y no violatoria de garantías como lo estimó el Juez recurrido, ya que no era necesario que se llamara a juicio a la quejosa."

"La sola demostración de las circunstancias relativas a que el inmueble materia del juicio natural se encuentra registrado a nombre de Miguel García Gutiérrez, y por otro lado, que la sociedad conyugal constituida entre éste y la quejosa no se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es suficiente para dejar establecido, que atento a dichas circunstancias, la sentencia dictada por el Juez natural, contrario a lo resuelto por el Juez de amparo, no es violatoria de garantías individuales en perjuicio de la citada amparista, puesto que con tales evidencias queda plenamente acreditado que esta última no tiene ningún derecho sobre el inmueble materia del juicio de donde derivó el acto reclamado.

"Lo anterior se desprende del análisis de los artículos 180, 2567 y 2869, fracción VI, del Código Civil del Estado, en vigor. El primero de tales dispositivos establece: 'La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.'. Aunque en la especie, la sociedad conyugal que se comenta (sic) no existen capitulaciones matrimoniales, por lo que lógicamente no existe inscripción de las mismas en el Registro Público de la Propiedad, de cualquier forma, para que la sociedad conyugal celebrada tuviere efectos contra terceros era menester su inscripción en el Registro Público de la Propiedad atento a lo dispuesto en el artículo 2567, que textualmente dispone: 'El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos contra tercero', en relación con el 2869, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, que por su parte reza: 'Se inscribirán en el registro los siguientes documentos: La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que la reforme.'"

"Además, en el caso que se estudia, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia invocada por el inconforme, localizable bajo el número 280, en la página 789, del Apéndice 1917-1985, Volumen IV, bajo el rubro: 'SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.'"

"En consecuencia, habiendo quedado debidamente probado en autos que la quejosa no acreditó ser titular del derecho de copropiedad que alegó (derivada de la sociedad conyugal que constituyó con su cónyuge) sobre el inmueble objeto del juicio de prescripción positiva en cuestión cuyas actuaciones reclamó ante el Juez a quo, debe concluirse que no se causó lesión alguna a la esfera jurídica de la citada amparista, por lo que, deberá revocarse la resolución que se revisa y negarse el amparo y protección de la Justicia Federal a su impetrante."

QUINTO.-Por cuestión de orden conviene determinar previamente, si en el caso a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Quinto Circuito, al resolver, el primero, los juicios de amparo en revisión números 81/92, 170/92 y 179/92, y el segundo, el amparo en revisión número 65/92, que ahora se confrontan, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes: b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número 4a. J. 22/92, publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, que a la letra dice: "CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.". La jurisprudencia transcrita fue sustentada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal; sin embargo resulta aplicable al caso por igualdad de razón, porque, aunque en la especie las tesis que se examinan provienen de asuntos civiles, previamente debe establecerse la naturaleza jurídica de la institución de contradicción de tesis, concepto éste que se fija en forma precisa en la jurisprudencia invocada.

En la especie, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, básicamente sostiene que si el inmueble objeto de la prescripción está registrado a nombre de uno de los cónyuges en el Registro Público de la Propiedad, no es necesario que la sociedad legal esté inscrita en el mencionado registro para que surta efectos contra terceros.

Sin embargo, la afirmación anterior no tiene el alcance tan general que aparenta, pues los terceros a que se refiere son aquellos que por su relación personal con los cónyuges están en posibilidad de conocer la existencia de la sociedad conyugal y, por tanto, la situación legal de un determinado bien que en el Registro Público de la Propiedad aparezca inscrito sólo a nombre de uno de los consortes.

Así, aunque dicho Tribunal Colegiado reconoce el principio general consistente en que, si los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no se inscriben a nombre de ella sino sólo al de uno de los cónyuges no puede producir efectos contra tercero y, en tal supuesto, la demanda de prescripción positiva debe entablarse contra quien aparezca como dueño en el Registro Público de la Propiedad, pues la inscripción de los bienes en el registro tiene por finalidad proteger a los terceros de buena fe que contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal; sin embargo, si quien contrata con el cónyuge que aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad es su hijo, existe la presunción de que conoce la situación jurídica del bien respecto de sus padres, es decir, que el inmueble litigioso, aunque aparezca inscrito en el registro público sólo a nombre de uno de ellos, pertenece también al otro como consecuencia del régimen de sociedad conyugal, caso en el cual la demanda de prescripción positiva debe entablarse en contra de ambos.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito sostiene que si se demuestra que el inmueble cuestionado se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del demandado, mas no de la sociedad conyugal constituida con la quejosa en un juicio de amparo, queda plenamente evidenciado que esta última no tiene ningún derecho sobre el inmueble materia del juicio de origen, pues para que la sociedad conyugal celebrada tuviera efectos contra terceros sería menester su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Puede advertirse pues, que para este órgano constitucional las inscripciones registrales tienen no sólo efectos publicitarios sino también constitutivos, de manera que la falta de inscripción produce las consecuencias siguientes: a) El cónyuge que no aparece como propietario en el registro, no tiene derecho sobre el inmueble; y b) La sociedad conyugal no produce efectos contra terceros.

Consecuentemente, dado que existe oposición entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito al resolver el primero los amparos en revisión números 81/92-I, 170/92-I, 179/92-I, y el segundo, el amparo en revisión número 65/92, puesto que uno y otro fallos analizan un punto común respecto del cual lo que se afirma en uno se niega en el otro, cabe concluir que sí existe contradicción de tesis. Al caso resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 38/93, de esta Tercera Sala, que es del texto siguiente:

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.- La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicio de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecen de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentenc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2023-3b7bcf7f/sociedad-conyugal-falta-de-inscripcion-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.