PRIMA DOMINICAL. PARA QUE PROCEDA SU PAGO, CORRESPONDE AL ACTOR DEMOSTRAR HABER LABORADO LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.
AMPARO DIRECTO 363/2007. LUIS IRINEO RAMOS LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. En una parte son inoperantes e infundados los conceptos de violación, y en otra fundados.
El laudo impugnado se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de once de septiembre de dos mil seis, dictada por este órgano jurisdiccional federal, al resolver el amparo directo DT. 406/2006, en el que se concedió el amparo para que la Junta:
"... deje insubsistente el laudo impugnado, reponga el procedimiento y ordene el desahogo de las pruebas de inspección ofrecidas por el actor a desahogarse en el domicilio de los centros de trabajo demandados ..."
Es inoperante el primer concepto de violación, porque en él sólo se hacen expresiones genéricas y abstractas que no indican qué perjuicio jurídico se ocasiona con el acto reclamado, y si bien es cierto que para proceder al estudio de los conceptos de violación basta con que se exprese "la causa de pedir", también es verdad que ello de manera alguna implica que el quejoso se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a él corresponde exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman. Así lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, del mes de diciembre de dos mil dos, página 61, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Al margen de esa razón, en lo alegado este Tribunal Colegiado de Circuito no advierte elementos en los cuales pueda aplicarse en su favor la suplencia del defecto en lo argumentado, al tenor del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Es infundado el segundo concepto de violación en el que el impetrante de garantías se inconforma, en síntesis, con la valoración de la prueba de inspección. Refiere que al fedatario no se le exhibió la documentación a inspeccionar, por lo que la Junta debió tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda y los precisados en la audiencia de ley.
Es infundado, porque si bien es cierto que al desahogarse las pruebas de inspección ofrecidas por el actor no se le mostraron al actuario los documentos a inspeccionar, también es verdad que no procedía tener por ciertos los hechos porque la autoridad no hizo el apercibimiento de que en caso de no exhibirlos se tuvieran por presuntivamente ciertos los hechos que pretendían acreditarse con la misma, lo cual no viola garantías, porque el apercibimiento de tener por probados en forma presuntiva los hechos afirmados ante la no exhibición de la documentación objeto de la inspección, no debe formularse en forma indiscriminada, sino condicionado a que existan indicios de que los documentos a inspeccionar obran en poder de la parte obligada a exhibirlos, pues en caso contrario no se justifica la sanción de tener por presuntivamente ciertos los hechos a probar, para no propiciar prácticas insanas de la oferente, como pretender que se exhiban documentos que no se tienen, como así se estableció en la audiencia, según texto de la tesis 2a./J. 19/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, página 284, que dice:
"INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA LABORAL. EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUE LOS HA DE EXHIBIR, DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA CLASE DE DOCUMENTOS Y LA PARTE QUE LOS PUEDE TENER EN SU PODER. A efecto de determinar la procedencia del apercibimiento previsto por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, deben distinguirse las siguientes situaciones: a) Si se trata de documentos previstos por el artículo 804, que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio; y b) Si ha de versar sobre cualesquiera otros documentos no comprendidos en el artículo 804 y leyes a las que remite. En el primer supuesto, la obligación probatoria la impone la ley al patrón sin importar el carácter con que concurre al proceso. Por ello, tratándose de ese tipo de documentos, la autoridad laboral, al preparar la prueba de inspección, debe requerir al patrón para que los exhiba apercibido que de no hacerlo se tendrá el hecho como presuntivamente cierto, salvo prueba en contrario, proceder que se ajusta a los principios que rigen la obligación probatoria, derivados de los artículos 784, 804 y 805 de la propia ley, de los cuales se infiere, en principio, que los documentos existen y están en poder del patrón. En cambio, el apercibimiento no se justifica en el supuesto mencionado en el inciso b), aun cuando el obligado sea el patrón, a menos que haya, por lo menos, un indicio de que la parte obligada tiene el documento en su poder, porque la ley no impone conservar, ni presume siquiera, la existencia de documentos como los anotados. En esta virtud, debe entenderse con base en la interpretación razonada, lógica y sistemática de la ley, que impone a la autoridad del conocimiento el deber de formular el apercibimiento en cuestión, no en forma indiscriminada, sino condicionado a que existan indicios de que los documentos a inspeccionar obran en poder de la parte obligada a exhibirlos; en caso contrario, no se justifica el apercibimiento de tener por presuntivamente ciertos los hechos a probar, para no propiciar prácticas insanas de la oferente, como manifestar que obra en poder de su contraparte un documento que realmente no existe, con la finalidad de que se tenga por cierto, aun en forma presuntiva, al no ser exhibido, pese que esto obedezca a una imposibilidad jurídica o material."
En efecto, al proponerla el accionante señaló que las ofrecía para justificar la relación laboral con todos los empleadores; que recibía de ellos diversas cantidades económicas y las condiciones en que ejecutaba su trabajo; y precisó que debían desahogarse en los centros de trabajo demandados, cuando al efecto manifestó:
"... Inspección. Consistente en la fe que deberá de dar y llevar a cabo el fedatario que se designe, adscrito a esta Junta Especial, quien deberá de constituirse en el domicilio de todos y cada uno de los demandados, en primer término: Leonor Cecilia Pérez Cuevas, con domicilio en calle Terranova número 708-A, de la colonia Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León; en segundo término, en el centro de trabajo ubicado en calle Terranova número 708-A, de la colonia Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León, en este caso deberá de exigirle al representante legal del centro de trabajo; en tercer término, Sergio Manrique Ramos, con domicilio en Gonzalitos número 1013, colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; en cuarto término, en el centro de trabajo ubicado en Gonzalitos número 1013, colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en este caso deberá de dirigirse con el representante legal de dicho centro de trabajo; en quinto término, Miguel David Manrique Ramos, con domicilio en avenida Alfonso Reyes número 4522-1, de la colonia Villa del Río en Monterrey; en sexto término, centro de trabajo ubicado en avenida Alfonso Reyes número 4522-1, de la colonia Villa del Río en Monterrey, en este caso debe dirigirse con el representante legal, una vez constituido el actuario en el domicilio de todos y cada uno de los demandados deberá de exigirles que le muestren y le pongan a la vista todos y cada uno de los siguientes documentos: a) comprobantes de los bonos de despensa otorgados a Luis Irineo Ramos López y de todos y cada uno de los trabajadores; b) los recibos salariales de Luis Irineo Ramos López y todos y cada uno de los trabajadores; c) las listas de raya de Luis Irineo Ramos López y de todos y cada uno de los trabajadores; d) Los pagos hechos a las administradoras de fondos para el retiro de Luis Irineo Ramos López y de todos y cada uno de los trabajadores; y, e) Las listas o comprobantes de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de Luis Irineo Ramos López y de todos y cada uno de los trabajadores; f) los comprobantes de pagos de impuestos hacendarios y de crédito al salario pagados por la demandada al referido instituto hacendario o, en su caso, a los trabajadores, deberá exhibir los correspondientes al actor Luis Irineo Ramos López y de todos y cada uno de los trabajadores de la demandada. El periodo que se deberá tomar en cuenta para exhibir estos documentos es el comprendido del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis al siete de mayo de dos mil cuatro, esta probanza se ofrece en sentido afirmativo, para el caso de que la demandada en su correspondiente turno se negare a ponerlos a la vista o a exhibirlos al fedatario que se constituya, esta probanza se ofrece para justificar que el actor laboró en el domicilio y con todos y cada uno de los demandados, percibiendo diversas cantidades económicas por la prestación de sus servicios; también para justificar la relación de trabajo para el caso de quienes negaron la relación, con todos los demandados y que aquí se solicita se haga la inspección de que el actor cuenta con documentos, o sea, que en todos y cada uno de los demandados existen documentos de la relación laboral y de las condiciones en las que se ejecutaba el trabajo desempeñado por el actor; se ratifican estas probanzas ..."
Nota: Lo resaltado con negritas se destaca por el relator.
La parte demandada objetó la prueba de inspección señalando que se ofreció en forma imprecisa, y que en el domicilio de las personas que reconocieron el vínculo laboral no existían comprobantes de bonos de despensa y recibos de salario, pues se exhibieron en la audiencia; también manifestó que respecto del centro de trabajo ubicado en Alfonso Reyes número 4521-1, colonia Villa del Río, argumentó que si no había relación laboral no podía existir la documentación que pretendía obtenerse mediante dicha probanza.
La Junta admitió las pruebas señalando día y hora para el desahogo de las mismas, cuando al efecto enfatizó:
"... Se señalan las doce horas del día trece de octubre de dos mil seis, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección, en primer término, ofrecida como de la intención de la parte actora, autorizándose al C. Actuario adscrito a esta Junta Especial a efecto de que una vez constituido en el domicilio de la codemandada Leonor Cecilia Pérez Cuevas, ubicado en la calle Terranova número 708-A, de la colonia Vista Hermosa de esta ciudad, la desahogue en los términos de su ofrecimiento, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Se señalan las doce horas del día dieciséis de octubre de dos mil seis, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección en tercer término ofrecida como de la intención de la parte actora, autorizándose al C. Actuario adscrito a esta Junta Especial a efecto de que una vez constituido en el domicilio del codemandado Sergio Manrique Ramos, ubicado en la calle avenida Gonzalitos número 1013, colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y la desahogue en los términos de su ofrecimiento, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Se señalan las doce horas del día diecisiete de octubre de dos mil seis a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección en quinto término ofrecida como de la intención de la parte actora, autorizándose al C. Actuario adscrito a esta Junta Especial a efecto de que una vez constituido en el domicilio del codemandado Miguel David Manrique Ramos, ubicado en avenida Alfonso Reyes número 4522-1, de la colonia Villa del Río, en Monterrey, Nuevo León, la desahogue en los términos de su ofrecimiento, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento ..."
Nota: Lo resaltado con negritas se destaca por el relator.
De las diligencias respectivas se desprende que, en relación con la ordenada en primer término al fedatario, se le informó:
"... me manifiesta que de momento no cuenta con la documentación que le requiero, en virtud de que ésta se encuentra agregada en el presente expediente ..."
Nota: Lo resaltado con negritas se destaca por el relator.
Respecto a la inspección ordenada en segundo término, al actuario se le manifestó:
"... que de momento no cuenta con la documentación que le requiero, en virtud de que ésta se encuentra agregada en el presente expediente ..."
Nota: Lo resaltado con negritas se destaca por el relator.
En cuanto a la precisada en tercer lugar, se le expresó:
"... que le es imposible mostrarme la documentación que le requiero, ya que es inexistente en virtud de que el actor jamás ha laborado en este domicilio ..."
Nota: Lo resaltado con negritas se destaca por el relator.
Entonces, no obstante que no se exhibió la documentación a inspeccionar no procedía tener por presuntivamente ciertos los hechos que se pretendían acreditar, porque la Junta al ordenarla no hizo el apercibimiento respectivo, debido a que el oferente omitió solicitarlo, y porque, como antes se dijo, el apercibimiento no debe formularse en forma indiscriminada, sino condicionado a que existan indicios de que los documentos a inspeccionar obran en poder de la parte obligada a exhibirlos, pues en caso contrario no se justifica el apercibimiento referido; de ahí que la autoridad haya procedido legalmente al desestimar las citadas probanzas.
Es infundado el tercer concepto de violación, inciso B), en el que el quejoso argumenta que la Junta debió estimar de mala fe la propuesta del empleo porque se ofreció con un horario que excedía de la jornada diaria, comprendido de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, la cual es contraria a la que señala el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo.
Es infundado porque el horario afirmado por la demandada y con el que se ofreció el empleo era de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, es decir, ocho horas diarias de lunes a viernes y cinco horas para el día sábado, es decir, cuarenta y cinco horas semanales, por lo que es evidente que no excede de la jornada diaria que al efecto señala el citado precepto. Aunado a lo anterior, en caso de que excediera no daría lugar a estimarse de mala fe la propuesta, siempre y cuando no rebase la máxima semanal, ya que así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencias por contradicción de tesis, en las que establece que cuando en el juicio no existe conflicto respecto del desempeño de la jornada que excede de la diaria mayor, pero respeta el principio constitucional de duración máxima de la jornada diurna semanal de cuarenta y ocho horas, deberá presumirse que las partes acordaron tal evento, bastando la prueba del hecho de que así se ha desempeñado el trabajo sin inconformidad expresa del trabajador; esas jurisprudencias 2a./J. 174/2006 y 2a./J. 175/2006, se encuentran publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, visibles en la página 201, que dicen:
"JORNADA SEMANAL. EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS QUE LA CONFORMAN, SE PRESUME LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En virtud de que el contrato de trabajo es un acto consensual, para cuya validez la ley no exige formalidad alguna, y de que el citado precepto legal permite una jornada especial que podrá exceder de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta; cuando en el juicio no existe conflicto respecto del desempeño en esa jornada, que excede de la jornada diaria mayor pero respeta el principio constitucional de duración máxima de la jornada diurna semanal de cuarenta y ocho horas, deberá presumirse que las partes acordaron tal evento, independientemente de que exista un convenio escrito, bastando la prueba del hecho de que así se ha desempeñado el trabajo sin inconformidad expresa del trabajador, pues ello implica la aplicación de las modalidades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, de existir desacuerdo entre las partes respecto del reparto de tal jornada, corresponde al patrón demostrar ese hecho mediante los medios de prueba respectivos, por disposición expresa del artículo 784, fracción VIII, de la ley citada, que le obliga a demostrar la duración de la jornada de trabajo."
"JORNADA DE TRABAJO. ES LEGAL LA QUE REBASA EL MÁXIMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, CONFORME AL DIVERSO 59, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 58 a 61 de la indicada ley, se advierte que la duración máxima de la jornada de trabajo prevista en el artículo 61 podrá verse excedida legalmente, ya que el artículo 59 permite que la relativa al sábado o la tarde de éste, pueda repartirse entre los restantes cinco días de la semana, es decir, deberán sumarse las horas que corresponden al sábado o a la tarde del mismo, a las horas que corresponden a cada día de la semana; de ahí que dicha jornada diaria podrá exceder de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta, pues la finalidad del indicado artículo 59 es permitir al obrero el descanso del sábado o la tarde del mismo, o inclusive, una modalidad equivalente."
Es infundado el sexto concepto de violación en el que el quejoso se inconforma con la absolución del tiempo extra reclamado. Refiere que la autoridad no precisó a qué demandado absolvía.
Es infundado, porque si bien es cierto que no se precisó a quién absolvía del citado reclamo, no causa agravio su imprecisión, ya que de todas formas el tiempo extraordinario reclamado era improcedente, por inverosímil, por lo que la absolución abarcó a todos los demandados.
Esta consideración se emite con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que establece que tratándose del reclamo del pago de horas extras cuando la acción se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, tanto las Juntas como los órganos de control constitucional pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive, absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente, por inverosímil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, del mes de febrero de dos mil seis, visible en la página 708, que dice:
"HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL. Tratándose del reclamo del pago de horas extras de labores, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o sobre la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón, pero cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia."
En efecto, el tiempo extra reclamado era improcedente por inverosímil, ya que tal como se reclamó conduce a resultados absurdos e ilógicos, supuesto que el actor afirmó haber laborado para todos los demandados diez horas diarias de lunes a sábado y durante todo el tiempo que duró la prestación de servicios, razón por la que demandaba dos horas de tiempo extraordinario, no siendo creíble que después de haber trabajado ese tiempo y transcurrido dicho lapso, de septiembre de mil novecientos noventa y seis a once de mayo de dos mil cuatro, no las hubiese reclamado.
Ciertamente, el accionante expresó que laboró con un horario comprendido de las 9:00 a las 19:00 horas de lunes a sábado, y que por ello reclamaba dos horas extras comprendidas de las 17:00 a las 19:00 horas diarias, por lo que resulta ilógico que trabajara durante diez horas diarias a lo largo de más de 7 años 7 meses, y que en ese lapso estuviera físicamente a disposición de los empleadores desempeñando el trabajo durante todo el tiempo que comprendió la relación sin que tuviera tiempo necesario para descansar, alimentarse y reponer energías a fin de estar en aptitud de desempeñar sus servicios con el debido cuidado, ya que atendiendo al perfil laboral como reparador de calzado, no es creíble que haya laborado ese periodo extraordinario.
En mérito de lo expuesto, es de concluirse que la Junta se ajustó a derecho al absolver a las empleadoras del concepto en cuestión, en observancia a la tesis de jurisprudencia 4a./J. 20/93, derivada de la contradicción de tesis 35/92, aprobada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 65, del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres, visible en la página 19, que textualmente dice:
"HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES. De acuerdo con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si no demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame, pero cuando la aplicación de esta regla conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas deben, en la etapa de la valoración de las pruebas y con fundamento en el artículo 841 del mismo ordenamiento, apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón. Por tanto, si la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como cuando su número y el periodo en que se prolongó permiten estimar que el común de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, no habrá discrepancia entre el resultado formal y la razón humana, pero cuando la reclamación respectiva se funda en circunstancias inverosímiles, porque se señale una jornada excesiva que comprenda muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la reclamación formulada, si estiman que racionalmente no es creíble que una persona labore en esas condiciones sin disfrutar del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, pero en todo caso, deberán fundar y motivar tales consideraciones."
Es infundado el séptimo concepto de violación en el que el amparista aduce que en cuanto a la prima dominical la Junta debía ser congruente y precisar a quién condenaba y a quién absolvía.
Es infundado, porque aun y cuando la Junta no precisó a qué demandado absolvía, es correcta la decisión decretada, ya que la acción de pago de la prima dominical era improcedente, pues tanto el actor como los demandados que reconocieron la relación de trabajo admitieron que la jornada era de lunes a sábado, y el accionante en ningún momento manifestó que laborara el día domingo para reclamar el pago de la citada prestación.
En efecto, del artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo se obtiene la reglamentación del domingo como el día preferente para el descanso semanal, y la entrega de una cantidad adicional del veinticinco por ciento sobre el salario ordinario cuando se preste el servicio ordinariamente ese día; entonces, si en el caso concreto ambas reconocieron que el actor laboró de lunes a sábado y éste no argumentó que hubiese laborado los días domingos, era improcedente el pago de la prima dominical.
Lo anterior es así, pues de autos se desprende que el demandante reclamó la prima dominical y señaló que laboraba con un horario comprendido de las 9:00 a las 19:00 horas de lunes a sábado. La demandada contestó que el horario de labores comprendía de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 13:00 horas, descansando los domingos.
Entonces, es evidente que la prima dominical era improcedente porque el mismo actor manifestó que laboraba de lunes a sábado, lo cual confirmó la demandada, y el accionante nunca señaló que laborara los domingos. Aunado a lo anterior, a éste le correspondía acreditar que laboró los días de descanso obligatorio, lo cual no justificó, razón por la cual se considera que la Junta procedió legalmente al establecer la improcedencia de dicha prestación, la cual abarca a todos los demandados, por ser una acción improcedente.
Apoya esta consideración la tesis IV.3o.43 L, sustentada por este órgano jurisdiccional federal, en la que establece que corresponde al trabajador acreditar que laboró los días de descanso obligatorio para tener derecho a la prima dominical, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, del mes de febrero de dos mil, visible en la página 1101, que dice:
"PRIMA DOMINICAL. CORRESPONDE AL ACTOR DEMOSTRAR HABER LABORADO LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. No corresponde al patrón justificar que los días de descanso obligatorio sus empleados no laboraron, sino que la carga de la prueba le atañe al propio trabajador de justificar que laboró los domingos para tener derecho a la prima dominical, pues de lo contrario se le impondría al demandado la obligación de probar un hecho negativo."
Es fundado pero inoperante el noveno concepto de violación en el que el amparista se inconforma con la absolución decretada a favor del codemandado Miguel David Manrique Ramos, quien negó la relación laboral. Refiere que la autoridad no valoró la documental consistente en una comunicación sin fecha que contenía el nombre y la firma de aquél, la cual quedó firme al declararse desierta la prueba pericial grafoscópica.
Es fundado porque efectivamente del laudo impugnado se desprende que la Junta le impuso al actor la carga de probar la existencia de la relación de trabajo negada por el citado codemandado, pero al valorar la documental invocada por el quejoso determinó que no le beneficiaba porque se ofrecía para evento distinto, no obstante que el accionante la propuso para acreditar el nexo laboral. Sin embargo, aunque fundado el argumento debe declararse inoperante, porque de la citada documental no se advierte la existencia de la relación laboral entre el accionante y el citado codemandado.
En efecto, el texto de la misma dice:
Ver texto
De dicha constancia se advierte que se menciona como empleado al actor Luis Irineo Ramos López y como empresa a Sergio Manrique Ramos, y si bien se desprende el nombre del codemandado Miguel D. Manrique Ramos, éste aparece como gerente general y no como patrón del demandante; de ahí que a nada práctico conduciría conceder el amparo para efecto de que la Junta analizara correctamente la probanza, ya que aun y cuando la valorara no le produciría beneficio alguno, porque es insuficiente para justificar la existencia de la relación de trabajo con dicho codemandado.
En cambio, es fundado el tercer concepto de violación, incisos A), C) y D), en el que aduce el impetrante de garantías que la autoridad debió pronunciarse en cuanto a todos los demandados, pues en relación con Sergio Manrique Ramos y Leonor Cecilia Pérez Cuevas, quienes reconocieron la relación laboral, omitió considerar que sólo el primero exhibió pruebas, y que si la segunda no exhibió elementos de convicción para acreditar sus excepciones debió condenarla a las prestaciones reclamadas.
Es fundado porque efectivamente del laudo impugnado se desprende que la autoridad omitió tomar en cuenta que no obstante que Sergio Manrique Ramos y Leonor Cecilia Pérez Cuevas reconocieron la relación laboral con el actor y opusieron excepciones en cuanto a las condiciones de trabajo, de las documentales que ofrecieron como prueba aparecen sólo a nombre de Sergio Manrique Ramos, no así de la otra codemandada, por lo que la autoridad debió precisar con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20314-090a07b3/prima-dominical-para-que-proceda-su-pago-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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