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Modo: Corpus Pro

EXCUSA ABSOLUTORIA EN EL DELITO DE ROBO. SE ACTUALIZA CUANDO SE REÚNEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 248 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EXISTA UNA CONDUCTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA Y CULPABLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 2626/2006. · Registro digital (IUS): 20513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 641.

AMPARO DIRECTO 2626/2006.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que los conceptos de violación expresados por la quejosa son infundados por una parte y fundados en otra, suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

En principio, debe decirse que la sentencia reclamada no es violatoria de las garantías previstas en el artículo 14 constitucional, en virtud de que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere la garantía de audiencia establecida en el segundo párrafo del referido artículo constitucional, que son aquellas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En efecto, del análisis de las constancias del proceso penal instaurado contra la quejosa se desprende que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, se respetó su garantía de audiencia, ya que incluso, desde la fase de averiguación previa, antes de rendir su declaración ministerial, se hicieron de su conocimiento los derechos que en su favor establece el apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, de conformidad con lo que dispone al efecto el numeral 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; habiendo nombrado como persona de su confianza a ... quien la asistió al rendir su declaración ministerial, en donde negó la imputación que obra en su contra y se reservó su derecho a declarar (foja 93); una vez que se ejerció la acción penal se radicó la consignación sin detenido y el trece de febrero de dos mil seis se libró orden de presentación para que compareciera al juzgado a rendir su declaración preparatoria (fojas 130 a 143); misma que tuvo verificativo el veintiocho de febrero de dos mil seis, previamente a rendir ésta, se le hicieron nuevamente de su conocimiento los derechos que consagra a su favor el artículo 20 constitucional, apartado A, en términos de lo establecido en el ordinal 290 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, habiendo nombrado para que lo asistiera en su defensa al de oficio, quien aceptó y protestó el cargo conferido, suscribiendo la diligencia respectiva en la que ratificó su declaración ministerial y se reservó su derecho a declarar (fojas 153 vuelta a 155); así, dentro del plazo constitucional, el uno de marzo del mencionado año, se le dictó auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo (fojas 156 a 169); en el periodo de instrucción su defensor ofreció en su favor, mediante escrito de tres de marzo de dos mil seis (foja 180), las siguientes pruebas: las ampliaciones de declaración de los policías remitentes ... de los testigos ... del denunciante ... y de la quejosa ... así como la presuncional; probanzas que se desahogaron en su mayoría a excepción de la ampliación de declaración del policía remitente ... de la cual se desistió la parte oferente de la prueba; así también se celebraron los careos entre los testigos de cargo ... se recabaron los informes de antecedentes penales y su estudio de personalidad; mediante diligencia de veintiuno de abril de dos mil seis (fojas 233 a 242) se declaró cerrada la instrucción y previa acusación de la representación social y conclusiones de la defensa se dictó sentencia en su contra el veintiocho de abril siguiente, por el delito por el cual se le dictó formal prisión (fojas 244 a 277); inconforme con la anterior sentencia la ahora quejosa interpuso recurso de apelación que correspondió sustanciar a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; contra lo decidido en segunda instancia, promovió el juicio de amparo directo en que se actúa.

Además, la sentencia reclamada satisface las formalidades que debe contener, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que, en la parte que interesa, establece:

"Artículo 72. Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

"...

"Las sentencias contendrán:

"I. El lugar en que se pronuncien;

"II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión;

"III. Un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias;

"IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia; y

"V. La condenación o absolución correspondiente y los demás puntos resolutivos."

Cierto, en la sentencia reclamada se expresó: la fecha y el lugar de su pronunciamiento, el nombre y apellidos de la acusada, así como sus datos generales, un resumen de los hechos conducentes a los puntos resolutivos, las consideraciones y fundamentos legales aplicables al caso, la condenación de la quejosa y los puntos resolutivos; por lo anterior, la sentencia reclamada no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; consecuentemente, tampoco se transgredieron las garantías previstas en el artículo 20 constitucional.

Resulta aplicable la tesis con registro IUS número 217,539, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 263, Tomo XI, enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad."

También debe estimarse infundado lo alegado por la peticionaria del amparo, en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías del artículo 16 constitucional, ya que del análisis de la resolución reclamada se desprende que deriva del debido proceso legal en que se planteó un conflicto o una litis entre las partes, en el cual la representación social estableció sus pretensiones acusatorias, apoyándose en el derecho punitivo del Estado; la procesada lo objetó mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación y motivación de la sentencia, el análisis exhaustivo de los puntos que integraron la litis, exponiéndose los razonamientos que condujeron a las normas aplicadas; en la segunda instancia se analizaron los agravios expresados por la defensa; y, finalmente se dictó sentencia, en la que la Sala ad quem analizó las constancias de autos, expresando los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a adecuar los hechos a las normas aplicadas.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004-PS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el treinta y uno de agosto de dos mil cinco, que a la letra dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

Así también, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la responsable valoró correctamente los medios de prueba que se ofrecieron y desahogaron durante el proceso, pues apreció en conciencia el valor de todas las presunciones existentes en contra del mismo, hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, tomando en cuenta los hechos denunciados, los elementos de convicción aportados al proceso y el enlace natural más o menos necesario entre la verdad histórica y la buscada, evidenciándose, contrariamente a lo argumentado por la quejosa, que se realizó un análisis racional y lógico de ellas sin alterarlas; asimismo, una vez analizados los elementos de convicción, se aprecia que se cumplieron las reglas fundamentales de la prueba circunstancial, al haberse probado los hechos de los cuales derivan las presunciones y que existe un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 268, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 150, Tomo II, Materia Penal, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probadas y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."

Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 222, Tomo VII, abril de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"PRUEBAS CIRCUNSTANCIAL Y DIRECTA, DIFERENCIAS ENTRE LAS. La prueba circunstancial es diversa de la directa, pues en tanto que en ésta deben satisfacerse los diversos requisitos que fija la ley, para que merezca la eficacia demostrativa; en la prueba circunstancial el juzgador debe calificar hechos de distintas fuentes, que valorados sin infringir las leyes de la lógica y la razón, conduzcan a establecer la verdad que se busca conforme a un proceso ordinario y natural de las cosas, que no lleve a suponer que otra persona distinta del enjuiciado fue quien realizó el hecho criminoso. Por esas razones, la responsable no podía analizar y razonar las pruebas directas como indicios, sino únicamente estudiar si en ellas se reunieron los requisitos que la propia ley establece para su estimación."

Lo anterior es así, toda vez que del análisis de la resolución reclamada y de las constancias de autos se desprende que la Sala ad quem respetó los principios reguladores de la valoración de la prueba, ya que en ningún momento contravino lo señalado en los artículos 250, 253, 254, 255, 261 y 286, todos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues con base en la valoración que realizó tanto en forma individual como en su conjunto y con fundamento, además, en los artículos 122 y 124, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tuvo por acreditado el delito de robo, previsto y sancionado en los artículos 220, fracción II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; con apoyo en los siguientes medios de convicción: declaración del testigo ... (fojas 30 a 35 y 229 a 230), de la testigo ... (fojas 37 a 41 y 230 vuelta a 231 vuelta), del policía remitente ... (fojas 15 a 21 y 231 vuelta a 232), del policía ... (fojas 24 a 27) y del representante legal de la empresa ofendida ... (fojas 43 a 46 y 229); medios de convicción que les otorgó valor de indicio, por reunir los requisitos previstos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; documental pública consistente en el testimonio notarial ... de veintitrés de enero de dos mil seis, pasado ante la fe del notario público ... en el que la empresa ofendida le otorga poder general para pleitos y cobranzas (fojas 55 a 74), a la que le concedió valor probatorio en términos del artículo 250 del código adjetivo de la materia y fuero; fe de objetos (foja 79), probanza que fue valorada en términos del ordinal 286 del referido código procedimental; inspección ministerial practicada el doce de diciembre de dos mil cinco (fojas 83 a 85), que se valoró en términos del artículo 253 del ordenamiento antes mencionado; y el dictamen en materia de valuación, emitido el doce de diciembre de dos mil cinco, por los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (fojas 105 a 107), al que se le otorgó el valor convictivo que prevé el numeral 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

De lo que se desprende que se trata de una conducta voluntaria, una actividad con resultado relevante para el derecho penal y violación a una norma prohibitiva, en el caso una conducta de acción, consistente en que el doce de diciembre de dos mil cinco, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, en el interior de la empresa ... ubicada en la calle de ... número ... esquina con ... de la colonia ... delegación ... cuando la activo se encontraba en el área de perfumería, tomó de la góndola de cosméticos, sin derecho ni consentimiento de quien podía otorgarlo conforme a la ley y con ánimo de dominio, dos rímeles marca Almay y un delineador de labios marca Revlon, los metió en el interior de su bolso de mano y se dirigió al baño de mujeres, en donde le quitó a un rimel el cartón blister, luego se dirigió a la salida de la tienda, afuera de la misma la abordó un empleado de la tienda quien le preguntó si no se le había olvidado pagar los cosméticos que había tomado, a lo que le respondió que no había tomado nada, pero a insistencia del empleado entraron nuevamente a la tienda y en el mostrador del área de perfumería se revisó la bolsa en cuyo interior le encontraron: un delineador de labios marca Revlon, cerrado y con la etiqueta de ... un rimel marca Almay, cerrado con la etiqueta de ... y otro rimel marca Almay, usado, así como un blister con la etiqueta de ... al interrogarla respecto de esa mercancía comentó que la había comprado un día anterior y que tenía las notas, sin que pudiera demostrarlo, por lo que la pusieron a disposición de la autoridad correspondiente; conducta con la cual lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal que lo es el patrimonio, en este caso, de la empresa ofendida ...

Como consecuencia de la conducta desplegada por la sujeto activo se produjo un resultado material, es decir, un cambio en el mundo exterior, perceptible mediante los sentidos, lo cual se tradujo en la disminución al patrimonio de la empresa pasivo, toda vez que de constancias de autos se desprende que salieron de la esfera de su disponibilidad los objetos materia del apoderamiento; por lo que se acreditó el nexo causal entre la conducta realizada por la activo que consiste en el apoderamiento de dos rímeles marca Almay y un delineador de labios marca Revlon, que son el objeto material; ya que de no haber realizado dicha conducta no se hubiera ocasionado el detrimento patrimonial.

De igual forma, la Sala ad quem correctamente tuvo por acreditados los elementos normativos consistentes en las expresiones que conforman el tipo penal consistentes en: cosa, por ser objetos tangibles; ajenos, pues quedó demostrado que son propiedad de la persona moral ... muebles, porque son susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro; sin consentimiento, que en este caso resulta ser la empresa antes señalada. Por lo que respecta al elemento subjetivo específico consistente en el ánimo de dominio, se advierte que la ahora quejosa llevó a cabo la conducta con el fin de ingresar a su patrimonio los objetos mencionados, con el claro propósito de disfrutar y disponer de ellos como si fuera la dueña.

Así, en cuanto al juicio de tipicidad, se tomaron en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución de los hechos, la naturaleza y eficacia de las pruebas, y especialmente el enlace lógico y natural entre ellas, concluyéndose que se encuentran satisfechos los extremos de la norma prohibitiva que contiene el artículo 220, párrafo primero, fracción II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.

Respecto de la antijuridicidad, se estimó demostrada al haberse acreditado previamente la existencia de una conducta típica, indicio de antijuridicidad, entendida como la relación de contradicción existente entre la conducta desplegada por la activo y el ordenamiento legal, sin que las acciones se encontraran amparadas por alguna norma de carácter permisivo, esto es, sin que existiera una causa de justificación o licitud, como un aspecto negativo de la antijuridicidad, que en el presente caso, el actuar de la agente activo del delito no estaba amparado por un estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, por lo que al no operar en su actuar ninguna norma permisiva, consecuentemente se está ante un injusto penal, acreditándose de esta forma la antijuridicidad.

Con relación a la plena responsabilidad penal de la promovente del amparo en la comisión del delito de robo, se considera legal el proceder de la Sala ad quem, al tenerla por acreditada de conformidad con lo establecido por los artículos 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en términos de los ordinales 15 (acción), 17, fracción I (delito instantáneo), 18, párrafos primero y segundo (dolo) y 22, fracción I (autor material), todos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, pues de los medios de prueba existentes quedó demostrado el actuar doloso de la peticionaria de garantías y además que no existe acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito de las previstas en el artículo 29 de la ley sustantiva penal para el Distrito Federal.

Cierto, como adecuadamente lo estimó la ad quem, del conjunto probatorio se desprende que la sujeto activo conocía los elementos del hecho típico, al ser del conocimiento común que es contrario a la ley, apoderarse de bienes muebles ajenos, con ánimo de dominio y sin derecho ni consentimiento de quien puede otorgarlo conforme a la ley; sin embargo, la quejosa quiso la concreción de los elementos objetivos del referido tipo penal, por lo que se actualizan los elementos cognoscitivo y volitivo que integran el dolo, como lo establece el artículo 18, párrafo primero, del código sustantivo en vigor.

Además, la responsable estimó que ... es un sujeto imputable, ya que al momento de ocurrir los hechos tenía más de dieciocho años, y no existe constancia de que padeciera trastorno o enfermedad mental o desarrollo intelectual retardado que le impidiera conocer el carácter ilícito de su hecho, y que de las constancias de autos se observa que estaba en posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su actuar y debía conducirse acorde con esa comprensión; de igual forma es acertado que tenía conciencia de la antijuridicidad, ya que resulta evidente para todo individuo el deber de no apoderarse de objetos que no le pertenezcan sin la autorización de su propietario; de ahí que cuando la activo cometió el hecho que se le atribuye no actuó bajo la equívoca creencia de que su comportamiento era lícito, es decir, bajo la influencia de error esencial e invencible de prohibición en razón del cual considere justificado su proceder, sino que lo hizo con cabal conciencia de lo antijurídico de su conducta; así también, tomando en cuenta las circunstancias en que se realizó la acción, se estima correcto que la quejosa pudo conducirse de manera distinta a como lo hizo, mostrando un comportamiento conforme a derecho, actualizando así la exigibilidad de otra conducta.

Así, como lo consideró la Sala ad quem, la plena responsabilidad penal de la ahora promovente del juicio de amparo en la comisión del ilícito en estudio quedó demostrada fehacientemente, pues del conjunto probatorio se desprende que el doce de diciembre de dos mil cinco, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, en el interior de la empresa ... ubicada en la calle de ... número ... esquina con ... de la colonia ... delegación ... cuando la activo se encontraba en el área de perfumería tomó de la góndola de cosméticos, sin derecho ni consentimiento de quien podía otorgarlo conforme a la ley y con ánimo de dominio, dos rímeles marca Almay y un delineador de labios marca Revlon, los metió en el interior de su bolso de mano y se dirigió al baño, en donde a uno de ellos le quitó el cartón blister, luego se dirigió a la salida de la tienda en donde afuera la abordó un empleado de la tienda quien le preguntó si no se le había olvidado pagar los cosméticos que había tomado, al responderle que no había tomado nada, de nueva cuenta entraron a la tienda y en el mostrador del área de perfumería le revisaron su bolsa en cuyo interior le encontraron: un delineador de labios marca Revlon, cerrado y con la etiqueta de ... un rimel marca Almay, cerrado con la etiqueta de ... y otro rimel marca Almay, usado; al interrogarla respecto de esa mercancía comentó que la había comprado un día anterior y que tenía las notas, sin que pudiera mostrarlas, por lo que la pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

Por tanto, fue correcto que la autoridad responsable no tomara en consideración la negativa de la quejosa, quien argumentó que el día y hora de los hechos se encontraba afuera de la empresa ofendida ... cuando se le acercó un sujeto y le pidió que le mostrara su bolsa, al preguntarle por qué le dijo que había tomado algo, le contestó que no, que únicamente acudió al restaurante para desayunar, pero como estaba muy lleno le habló por teléfono a su novio para que lo hicieran en ... pero el sujeto se puso agresivo, le arrebató la bolsa y la registró sin encontrar nada, pero le insistió que una persona que trabajaba en ... la había visto, que no se pusiera pesada; por lo cual decidieron entrar a la tienda donde le dijo pasara al baño, ahí llegó una señorita que jamás había visto, revisaron el baño pero no encontraron nada, luego el sujeto la amenazó que la iba llevar detenida, por lo que se comunicó con su mamá para decirle lo que pasaba, en eso el sujeto puso en el mostrador tres cosas, un delineador y dos rimel, y le quitó la envoltura a uno; posteriormente llegaron los policías y la trasladaron.

Sin embargo, acertadamente estimó que en autos no obran pruebas con las cuales se acredite su dicho, por el contrario, en contra de la postura de la peticionaria del amparo obran diversas probanzas con las que queda demostrada la conducta que se le atribuye, tal y como se señalara más adelante, aun cuando niega los hechos.

Es aplicable al caso la jurisprudencia número 492, visible en la página trescientos setenta y seis, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible."

Ahora bien, en relación al concepto de violación consistente en que el testigo ... no expone de manera concreta y precisa de dónde sacó los supuestos cosméticos a la quejosa, primero dice que él le sacó el blister, luego señala que la empleada ... fue quien lo sacó del baño; además no explica qué es un blister o para qué sirve.

Es infundado, ya que el referido testigo fue claro en señalar que en el mostrador del área de perfumería de la referida tienda fue revisada la quejosa sacando todas las pertenencias, dentro de ellas, los siguientes cosméticos: 1. Delineador de labios marca Revlon, cerrado y con la etiqueta de ... con un valor de ciento veintiocho pesos; 2. Un rimel marca Almay cerrado con un valor de setenta y cinco pesos; y, 3. Un rimel marca Almay, el cual se apreció abierto y usado; así como un blister con valor de setenta y cinco pesos; no obstante tal manifestación, posteriormente agregó que una vez que la activo salió del interior de los baños, entró la empleada de ... de nombre ... y sacó el blister o cartón perteneciente al rimel de la marca Almay, con la etiqueta de ... con un valor de setenta y cinco pesos; de ahí que es clara la forma en que el testigo señala cómo sacó la quejosa las cosas que llevaba en la bolsa; además, el referido testigo se refiere al blister como al cartón de rimel objeto del apoderamiento.

El argumento consistente en que el testigo ... dijo que observó a la quejosa en el área de perfumería, aproximadamente a ocho metros de distancia, cuando no es común que a esa distancia haya observado el tipo de productos y la marca de los mismos, ya que son pequeños; y que al proporcionar las características de la bolsa dijo que era de color oscuro o café fuerte, al parecer de piel, de asa de aproximadamente treinta o cuarenta centímetros; de ahí que cómo pudo percatarse de los productos que se apoderó y la marca de éstos y no pudo observar las características de la bolsa.

Es infundado, pues aun cuando en su declaración ministerial se hizo mención de las marcas de los cosméticos, ello obedece a la forma de redactar las diligencias, tan es así que en su ampliación de declaración únicamente mencionó que la ahora quejosa había tomado "unos cosméticos", sin que se precisaran marcas; asimismo, no pasa por inadvertido que respecto de la bolsa de mano indicó que era de color obscuro o café fuerte al parecer de piel, de aproximadamente treinta por cuarenta centímetros, tenía asa de aproximadamente treinta y cinco centímetros; sin embargo, tal declaración puede atender a que no prestó importancia a la bolsa que portaba la peticionaria del amparo, sino que centró su atención en la conducta que en ese momento desplegaba, consistente en el apoderamiento de los cosméticos; debido a lo cual no precisó las características de la bolsa.

Respecto del argumento relativo a que el testigo ... dijo que después de que ... salió del baño, le informó que la activo estaba en el privado, luego se percató que volvió a entrar al baño; posteriormente, su jefe de seguridad le indicó que esperara a la quejosa en la salida de la tienda por la calle ... y le informara por radio si se pagaban los cosméticos o no; lo que no dijo en su primera declaración.

Debe señalarse que aun cuando del contenido de la declaración ministerial del referido testigo no se advierte que haya manifestado los aspectos antes precisados que refirió en su ampliación de declaración; sin embargo, eso no origina contradicción alguna, por el contrario, se advierte la relación que existe en sus declaraciones, ya que in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20513-a97257c2/excusa-absolutoria-en-el-delito-de-robo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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