CONDENA. NO DEBE SER DECRETADA EN FORMA GENÉRICA Y RESERVADA SU DETERMINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LA PRESTACIÓN RELATIVA FUE EL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO Y SE DEMANDÓ EN CANTIDAD LÍQUIDA.
AMPARO DIRECTO 14403/2002. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En primer término es preciso señalar que la persona moral quejosa aduce, esencialmente, que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, porque reconoció que la empresa demandada incumplió con la cláusula novena del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DKBJ4-07/93, celebrado el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, sin embargo, también estableció que no se acreditó la acción porque la prueba pericial en las materias de contabilidad y de avalúo desahogadas en el procedimiento natural no eran idóneas para demostrar que la cantidad reclamada de ciento sesenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, fuera la exacta para establecer la condena, pues los trabajos técnicos se elaboraron sobre la base de aspectos diferentes a los pactados por las partes en la mencionada cláusula, pero olvidó tomar en consideración que al demostrarse la pretensión principal consistente en que el demandado no cumplió con sus obligaciones, no era procedente que se le absolviera porque, en todo caso, las cantidades exactas podían ser cuantificadas en ejecución de sentencia o mediante un incidente.
También es importante recordar que el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, decidió confirmar la sentencia de primera instancia, por los motivos que a continuación se expresan.
a) Que resultan infundados los agravios expresados por la recurrente, porque debió demostrar que la cantidad reclamada como suerte principal era igual al valor económico que tenían los bienes en la fecha de recepción de los trabajos de obra, de conformidad con lo pactado en la cláusula novena del contrato de obra pública, por ende, si el dictamen pericial en materia contable se elaboró tomando en consideración el valor actual de los citados bienes, es inconcuso que no demostraron los extremos de su acción.
b) Que contrariamente a lo expuesto por la recurrente, el órgano resolutor puede valorar o apreciar la prueba pericial de acuerdo a su prudente arbitrio y, en su caso, puede relacionarla con otros elementos de convicción, siempre que funde y motive esa circunstancia.
c) Que el juzgador no puede modificar las pretensiones expuestas por el actor, so pena de variar la litis conformada en el juicio natural, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; en consecuencia, no es jurídicamente posible que se modifique la cantidad reclamada, ni los términos establecidos en el dictamen pericial en materia de contabilidad, para que sean ajustados al valor que realmente tenían los bienes en la fecha de la recepción de los trabajos de obra.
d) Que por las anteriores circunstancias, es improcedente la acción intentada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto a pesar de que el Juez de Distrito haya tenido por probado el incumplimiento de la empresa demandada respecto de la cláusula novena del contrato de obra pública, tema que por cierto no es materia del recurso de apelación, porque no se controvierten las consideraciones que sobre el particular se sustentaron en la sentencia recurrida.
e) Que si bien es cierto que Javier Molina Solís se obligó solidariamente con la empresa demandada, en términos de la cláusula décima octava del contrato de obra pública, también lo es que se demostró que el actor no probó su acción principal, lo que trae como consecuencia que la absolución decretada alcance por derivación al citado codemandado.
En ese tenor, para abordar con adecuada información los planteamientos expuestos por la persona moral quejosa, en principio, debe precisarse que, por regla general, el reclamo del cumplimiento de la prestación principal emana directamente de una obligación contraída y las prestaciones accesorias son aquellas que normalmente derivan de aquélla, por así haberlo pactado las partes o por disposición legal (verbigracia, el pago de intereses).
Al respecto, destaca del análisis de la demanda natural que la pretensión principal se traduce en el pago de la cantidad de ciento sesenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, por virtud del faltante de material eléctrico que fue entregado al contratista para realizar la obra pública convenida. Esta pretensión está sustentada en lo dispuesto en la cláusula novena del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DKBJ4-07/93, celebrado el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, que establece:
"Novena: Materiales y equipos de instalación permanente. Los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso la contratante suministre a el contratista o que éste adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el que fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de supervisión.-El contratista deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos que hayan sido suministrados por la contratante.-En el caso de que el contratista no pueda acreditar a plena satisfacción de la contratante, la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor actualizado a la fecha de recepción de los trabajos."
De lo expuesto puede afirmarse que el pago de la cantidad determinada es la prestación principal, la que dice el actor tiene derecho a reclamar según lo dispuesto en la norma negocial de mérito, y la prestación accesoria lo constituye el interés generado sobre el monto de ese numerario.
Asimismo, se advierte de la demanda natural que la actora en el décimo primer hecho, inciso A), narró lo siguiente:
"XI. ... A) Que el hoy demandado incumplió con su obligación contenida en la cláusula novena, párrafos segundo y tercero, toda vez que nuestra representada le entregó el material y equipo en calidad de depósito para que se destinara a la construcción de las obras de electrificación rural y del cual no instaló ni regresó todo el material eléctrico y equipo, que según los inventarios físicos de las obras en contraposición de los vales de salida de almacén de material, fue retirado y no devuelto el sobrante de éstos, por lo cual es procedente que pague a mi representada dicho material, el cual asciende a la cantidad de $167,264.64 (ciento sesenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 M.N.) lo cual queda debidamente acreditado y amparado con los vales de almacén en cuyas diferencias se determinaron con la comparación de los inventarios físicos de las obras, que arrojó una determinación total de diferencias de materiales del contrato DKBJ4-07/93."
Como puede apreciarse el actor afirmó que la empresa contratista no cumplió con la obligación pactada en la cláusula novena del contrato de obra pública, porque se le entregó material y equipo eléctrico a título de depósito para que fuera destinado a la construcción relativa, sin que hubiese acontecido lo anterior, ni tampoco fue devuelto a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que en su concepto, era procedente el pago de la cantidad reclamada.
Las anteriores precisiones revelan que contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, el incumplimiento del contrato no constituye la prestación principal en la demanda natural, sino la causa eficiente en la que sustentó su acción de pago, porque no se advierte que haya solicitado la declaración judicial del señalado incumplimiento, sino que éste constituye un hecho que debió probar para actualizar la necesidad de valorar la procedencia o improcedencia de la pretensión de pago, por ende, el incumplimiento del contrato no deriva directamente de una obligación contraída porque no se realizó solicitud o petición para que se declarara judicialmente su cumplimiento o incumplimiento, sino que era básico que ese hecho se comprobara como un elemento integrante de la acción propiamente dicha, que no puede confundirse con la pretensión contenida en la demanda, lo que hace patente que la circunstancia de que el Juez de Distrito haya tenido por demostrado el incumplimiento de la mencionada cláusula, no conlleva necesariamente a declarar procedente la condena solicitada, pues dicha particularidad sólo obliga al órgano resolutor a examinar la pertinencia de la prestación.
En ese contexto, debe decirse que tampoco asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que las cantidades exactas que debieron reclamarse en la demanda natural pueden ser cuantificadas en ejecución de sentencia o mediante un incidente, al tenerse por acreditado que la empresa contratista incumplió con la obligación contenida en la cláusula novena.
Con el propósito de corroborar tal aserto, es necesario tener presente lo que al respecto disponen los artículos 3o., 70, 81, 322, 350 y 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles:
"Artículo 3o. Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas facultades y obligaciones así como los términos, recursos y toda clase de medios que este código concede para hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir modificación, en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea actora o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, de manera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes."
"Artículo 70. Puede ser propuesta, al tribunal, una demanda, tanto para la resolución de todas, como para la resolución de algunas de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia."
"Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."
"Artículo 322. La demanda expresará:
"I. El tribunal ante el cual se promueva;
"II. El nombre del actor y el del demandado.
"Si se ejercita acción real, o de vacancia, o sobre demolición de obra peligrosa o suspensión y demolición de obra nueva, o sobre daños y perjuicios ocasionados por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea la persona contra la que deba enderezarse la demanda, no será necesario indicar su nombre, sino que bastará con la designación inconfundible del inmueble, para que se tenga por señalado al demandado. Lo mismo se observará en casos análogos, y el emplazamiento se hará como lo manda el artículo 315;
"III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;
"IV. Los fundamentos de derecho, y
"V. Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos."
"Artículo 350. Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el demandado."
"Artículo 353. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio."
De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que la demanda es el documento que fija la composición de un litigio, la que se integra por hechos narrados sucintamente que constituyen la base para analizar la petición o pretensión sometida a la potestad del órgano jurisdiccional. Conviene agregar que esta petición no puede, por regla general, sufrir variaciones durante el proceso, de conformidad con el principio de igualdad procesal de las partes.
Asimismo, cabe destacar que respecto al elemento de la pretensión se exige, además, que se realice en términos claros y precisos, lo que significa que la solicitud judicial debe ser puntual o exacta para que no puedan variarse los términos en que fue expuesta en la demanda, ni sujetarse a interpretaciones de las partes o del juzgador.
De tales ideas, pueden obtenerse las siguientes notas jurídicas:
1. Cuando se reclame el pago de cierta cantidad de dinero por virtud del incumplimiento de una obligación contraída que tampoco estipula una suma determinada, al actor corresponde demostrar durante el procedimiento, primeramente, el hecho en que descansa su pretensión y, después, que tiene derecho a recibir ese numerario determinado y preciso, porque en este supuesto, no basta que acredite la causa eficiente, sino a su vez, es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir el pago de dicha cantidad fija.
2. Cuando se reclama el pago en dinero sin especificar su monto por virtud del incumplimiento de una obligación contraída que no estipula una suma determinada, debe declararse procedente la condena relativa si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su pretensión o petición y, válidamente en ejecución de sentencia, puede cuantificarse su monto exacto, siempre que se den las bases para tal efecto.
3. Cuando se solicita el pago en dinero en cantidad líquida por virtud del incumplimiento de una obligación contraída que estipula tal suma, se requiere únicamente que el actor acredite el hecho en que sustenta su petición para que el órgano resolutor esté en aptitud de determinar la condena correspondiente.
Sobre tales premisas, cabe recapitular que el Juez de Distrito arribó a la conclusión de que la prueba pericial en las materias de contabilidad y de avalúo demostraban efectivamente la cantidad reclamada por la falta de devolución del material eléctrico que se entregó al contratista, pero desestimó los alcances probatorios del dictamen pericial en materia de avalúo para fincar la condena correspondiente, porque a su arbitrio no fue elaborado tomando en consideración el valor unitario que tenía ese material en la fecha de recepción de los trabajos de la obra pública como se había estipulado en la cláusula novena del contrato relativo, por tanto, estableció que la cantidad líquida demandada no era la exacta debido a que dichos trabajos técnicos tenían como base el valor o importe de tal material vigente en el momento en que se realizaron, consideraciones que confirmó en iguales términos el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito (se aclara que la desestimación de tales pruebas no es materia de la litis constitucional); en consecuencia, contrario a lo aducido por la parte quejosa, no resulta procedente la condena de manera genérica de conformidad con lo expuesto en el punto número uno, pues la parte actora no demostró con dichos medios de convicción que tuviera derecho al pago de la cantidad líquida de ciento sesenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, circunstancia que estaba obligada a comprobar durante el juicio natural por la sola hipótesis de que constituyó el objeto de la prestación principal, como imperativamente lo establecen los artículos 81 y 353, parte final, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En esos términos, es patente que la cuantificación del monto del material eléctrico faltante que se dice no fue entregado a la Comisión Federal de Electricidad no puede efectuarse en la fase de ejecución de sentencia, porque para que esta hipótesis se materializara debió reclamarse la pretensión de pago de manera genérica o sin especificar alguna cantidad de forma precisa, determinada, líquida o exacta, evento que no sucedió, por lo que atendiendo a esos matices, es correcta la decisión de la autoridad responsable de confirmar en sus términos el fallo de primera instancia.
No está por demás agregar que en la hipótesis de aceptar que, en el caso, la determinación del monto del material reclamado puede ser materia de ejecución de sentencia, injustificada y desigualitariamente, se daría a la actora la oportunidad de probar un elemento de su acción en esa etapa y en realidad se le otorgaría una doble oportunidad probatoria en perjuicio de su contraria.
Por otra parte, cabe observar que no es obstáculo para las anteriores consideraciones, que la parte quejosa señale que la cantidad exacta que tenía que pagar el demandado podía determinarse a través de un incidente, ya que éstos persiguen generalmente el conocimiento, tramitación y fallo de una cuestión adjetiva y accesoria surgida en el juicio, no aspectos fundamentales que el actor tiene el deber de demostrar porque constituyen el objeto de la pretensión principal de pago, máxime que en la especie debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten una nueva oportunidad para acreditar la cantidad exacta que tenía derecho a demandar.
En las relatadas condiciones, al no demostrarse la alegada violación de garantías, ni controvertirse las determinaciones contenidas en los puntos b), c) y e), lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 1o., fracción I, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Comisión Federal de Electricidad, contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil dos, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el toca de apelación número 272/2002.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Presidente Armando Cortés Galván y Neófito López Ramos, así como José Álvaro Vargas Ornelas, secretario en funciones de Magistrado, por autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión del veintidós de agosto de dos mil dos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20535-7f132401/condena-no-debe-ser-decretada-en-forma-generica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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