EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA.
RECLAMACIÓN 4/2005. MARTHA AGUILAR TREJO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En una parte de sus agravios, la recurrente señala, esencialmente, que el auto impugnado carece de claridad, precisión y congruencia, debido a:
Que correspondía a la Sala responsable la facultad de emplazar al tercero perjudicado, así como de requerir a la quejosa para que proporcionara los domicilios respectivos y, en su caso, para que se realizara la publicación de edictos a su costa, apercibiéndole en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, por lo que la peticionaria de garantías debió ser requerida por dicha autoridad y no por este Tribunal Colegiado.
Que la quejosa dio cumplimiento al requerimiento contenido en auto de veintiocho de enero de dos mil cinco, mediante la presentación de los recibos de pago correspondientes a la publicación de edictos ante el Diario Oficial de la Federación y del periódico "La Prensa", los cuales señalaban los días en que se realizarían las publicaciones correspondientes.
Que los edictos fueron recibidos por persona autorizada por la quejosa el diez de enero de dos mil cinco, pero no contenían el nombre de uno de los terceros perjudicados, omisión que observó la propia quejosa antes de realizar el pago para su publicación, haciéndola saber a la Sala responsable, quien la subsanó a través de proveído de tres de febrero de dos mil cinco, expidiendo nuevos edictos, de manera que la ausencia de exhibición de la publicación de los edictos, no implicó falta de interés jurídico de la peticionaria de amparo para tramitar tal publicación.
Que la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación se realizaría cinco días después de realizado el pago correspondiente, por disposición de ese órgano de difusión oficial, sin que la quejosa pudiera obligarlo a que se efectuara el día elegido por ella, de modo que resultó ilógico exigirle que exhibiera la publicación en el término ordenado por auto de veintiocho de enero del año en curso, pues nadie está obligado a lo imposible.
Los anteriores agravios se analizan de manera conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, atendiendo a la estrecha vinculación de las cuestiones que comprenden, y son fundados.
En efecto, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra facultado para prevenir al quejoso, en el amparo directo, a fin de que subsane las omisiones o irregularidades en que haya incurrido en su demanda de garantías, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 178. Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 166, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un término que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa. Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable."
Los requisitos previstos en el artículo 166 de la misma ley reglamentaria, citado en el precepto arriba transcrito, son los siguientes:
"Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre; II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; III. La autoridad o autoridades responsables; IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia; V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida; VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación; VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho. Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados."
De acuerdo con ambos preceptos, si el peticionario de garantías incurre en alguna irregularidad por la omisión de los requisitos contenidos en el segundo de los dispositivos legales invocados, el órgano jurisdiccional correspondiente lo mandará prevenir para que, dentro de un plazo de cinco días, llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones pertinentes, con la finalidad de lograr el desenvolvimiento de la relación jurídico procesal en el juicio de amparo.
Esa facultad del Tribunal Colegiado, que se refiere a los requisitos de la demanda de garantías, no puede hacerse extensiva a la realización del emplazamiento al tercero perjudicado, ya que el trámite de ese acto procesal corresponde, en el amparo directo, a la autoridad responsable, como se advierte de la lectura sistemática de los artículos 163, 164, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, que establecen:
"Artículo 163. La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Esta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente."
"Artículo 164. Si no consta en autos la fecha de notificación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 de esta ley, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al Tribunal al que haya remitido la demanda. La falta de la referida información, dentro del término señalado, se sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario."
"Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."
"Artículo 168. Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho Tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda. En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo no será motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo mandará sacar las copias oficiosamente."
"Artículo 169. Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe. Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique. La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto."
Los preceptos transcritos describen el trámite que debe seguirse ante la promoción de una demanda de amparo directo la cual, invariablemente, debe presentarse por conducto de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, quien debe cumplir diversas obligaciones, señaladas de manera precisa en esos artículos, como son, entre otras:
A) La de hacer constar al pie del escrito de demanda, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del libelo, señalando los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas;
B) La de emplazar a las partes en el juicio constitucional con copia de la demanda, para que en un plazo máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos; y,
C) La de abstenerse de remitir la demanda y de proveer sobre la suspensión del acto reclamado, en caso de que no se presenten las copias necesarias de ese memorial, supuesto en el que deberá requerir a la parte quejosa para que exhiba las copias omitidas, dentro del plazo de cinco días transcurrido, el cual sin que se hayan presentado, deberá enviar el libelo al Tribunal Colegiado de Circuito, con el informe relativo a la omisión de las copias, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales del juicio de que se trate, en el término de tres días.
De ello se sigue, que si corresponde a la autoridad responsable, entre otras funciones, realizar el emplazamiento al tercero perjudicado, dicha autoridad debe tramitar todo lo relativo a ese acto procesal, incluyendo el dictado de las providencias necesarias para llevarlo a cabo, como requerimientos y apercibimientos, por lo que si la responsable ya lo hizo sin irregularidad alguna, el Tribunal Colegiado debe abstenerse de emitir determinación encaminada a lograr que el quejoso exhiba la publicación de los edictos para lograr el emplazamiento del tercero perjudicado, de manera que si no hay irregularidad en la actuación de la autoridad responsable, ya no le es dable realizar prevención con apercibimiento de sobreseimiento, porque solamente le compete aplicar alguna consecuencia ante el incumplimiento total o parcial de ese requerimiento.
En todo caso, lo que corresponde al órgano de control constitucional, en el supuesto de que la autoridad responsable haya formulado algún requerimiento al quejoso en relación con el emplazamiento del tercero perjudicado, es aplicar la consecuencia que resulte del incumplimiento a esa prevención, ya que para ello sí está facultado, como se advierte de los preceptos invocados que establecen una clara delimitación de atribuciones en la tramitación del amparo directo, tanto para la autoridad responsable, quien realiza actos previos a la admisión de la demanda de garantías, como para el Tribunal Colegiado, quien admite, desecha o tiene por no interpuesto el libelo, sustanciando y resolviendo, en su caso, el amparo de que se trata.
Así, en la hipótesis de que la autoridad responsable requiera al peticionario de garantías para que acredite haber realizado las gestiones relacionadas con la publicación de los edictos a través de los que será emplazado el tercero perjudicado, sin que el quejoso desahogue en sus términos dicha prevención, ya sea que la propia autoridad haya indicado o no la consecuencia que tendría el desacato al requerimiento, corresponde al Tribunal Colegiado aplicar la consecuencia que proceda atendiendo a la naturaleza de la cuestión que está involucrada, esto es, el emplazamiento necesario a fin de que se integre la relación jurídico procesal del juicio de garantías.
En tal virtud, el Tribunal Colegiado podrá declarar actualizada la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, por tanto, desechar la demanda respectiva, ya que ello es una consecuencia inherente a la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte quejosa, en relación con el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos once del Tomo XVI, julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, conforme al rubro y texto siguientes:
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso."
La tesis jurisprudencial anterior, permite observar que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen:
"Artículo 30. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente. Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes: ... II. Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos el domicilio del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles."
"Artículo 315. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación suscinta (sic) de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el ‘Diario Oficial’ y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse."
Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término.
En la especie, de las constancias del expediente relativo al juicio de amparo directo DC. 78/2005, se advierten las siguientes cuestiones destacadas:
1. El tres de enero de dos mil cinco, la quejosa Martha Aguilar Trejo, presentó ante la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal demanda de amparo en contra del acto reclamado de dicha Sala responsable, consistente en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil cuatro (fojas 3 a 9).
2. Mediante auto de seis de enero de dos mil cinco, la Sala responsable acordó el libelo de que se trata, de la manera siguiente:
"México, Distrito Federal, a seis de enero del año dos mil cinco.-A sus autos el escrito de Martha Aguilar Trejo, por su propio derecho, con el que exhibe copias y original de la demanda de amparo que se presenta por conducto de esta Sala y ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ríndase el informe justificado correspondiente; a dicha autoridad de amparo remitiéndose el original de la demanda de garantías así como el toca, constancias necesarias, constancias de emplazamiento que se manda hacer al tercero perjudicado Tomás Luis y Paulino Juan, todos de apellidos Espinoza y Caballero. Asimismo y toda vez que en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en el que se establece que: ‘... Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles. ...’, investigación que ya fue agotada como se desprende de autos principales; en consecuencia, se ordena citar a los terceros perjudicados por medio de edictos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación así como en el periódico ‘La Prensa’. Lo anterior, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en la inteligencia que deberá quedar a disposición de la citada tercera perjudicada, una copia simple de la demanda de garantías en la secretaría de esta Sala. Por lo tanto, prevéngase al citado quejoso para que en el término de tres días acredite la gestión y publicación de los edictos antes mencionados, apercibida que en caso de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá una multa de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), esto es, con fundamento en el artículo 59 del citado cuerpo de leyes. Quedan las partes emplazadas para comparecer ante la autoridad de amparo a deducir sus derechos dentro del término de diez días; y, déjense las constancias necesarias para integrar el testimonio de ejecución respectivo, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo acordó la Segunda Sala y firma el C. Magistrado Semanero. Doy fe." (sic) (foja 11).
3. El diez de enero de dos mil cinco, una persona autorizada por la quejosa, recogió los edictos y oficios correspondientes (folio 12).
4. Por ocurso de trece de enero de dos mil cinco, dirigido al órgano de apelación, la quejosa indicó que solamente podía sufragar el costo de los edictos que se publicarían en el periódico "La Prensa", ya que carecía de los recursos económicos suficientes para pagar los edictos que debían publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y solicitó que se girara oficio al director de ese medio oficial de difusión para que se publicaran los edictos con cargo al erario público, o exentando del pago respectivo (folio 13).
5. A esa promoción, recayó un nuevo proveído de la Sala responsable, de dieciocho de enero de dos mil cinco, en el que ordenó agregar a sus autos el ocurso de cuenta; rendir el informe con justificación ordenado en el auto de seis de enero de dos mil cinco; y remitir el original del escrito materia del proveído, a fin de que la autoridad judicial federal correspondiente acordara lo que en derecho procediera (foja 14).
6. Recibida la demanda de garantías, junto con sus anexos, por este Tribunal Colegiado, el veintiocho de enero de dos mil cinco, se dictó un proveído de presidencia en el que, en su parte conducente, se acordó:
"Fórmese y regístrese el expediente respectivo. Acúsese recibo a la autoridad oficiante y radíquese en este tribunal la demanda de amparo en cuestión.-Ahora bien, de las constancias recibidas se advierte que la Sala responsable, agotó los medios establecidos por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo a fin de emplazar al tercero perjudicado, y que a la quejosa se le entregaron los edictos con fecha diez de enero del año en curso, sin que a la fecha haya exhibido el recibo de pago y publicación de los mismos, incumpliéndose con un presupuesto procesal, situación que es del todo atribuible a la quejosa e impide al órgano jurisdiccional pronunciarse en el juicio de mérito.-En consecuencia, con fundamento en el artículo 178 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada quejosa, para que dentro del término de tres días exhiba ante este órgano colegiado las publicaciones de los edictos relativos al emplazamiento de los terceros perjudicados Mariano Espinoza y Caballero, Tomás Luis Espinoza y Caballero y Paulino Juan Espinoza y Caballero, con el apercibimiento que de no desahogar la anterior prevención en sus términos se proveerá lo conducente." (sic) (foja 16 y vuelta).
7. La quejosa desahogó la prevención anterior, a través de ocurso presentado el ocho de febrero de dos mil cinco, exhibiendo los originales de recibos de pago, con sellos del tres de febrero del mismo año, para la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "La Prensa", informando que las fechas de publicación serían los días 11 y 22 de febrero, y 3 de marzo del año en curso (folios 22 a 26).
8. Ese ocurso fue acordado a través del auto de nueve de febrero de dos mil cinco, recurrido en reclamación, y que ha sido transcrito en el considerando segundo de esta resolución, en el cual se indicó que el requerimiento a la quejosa, contenido en el diverso proveído de veintiocho de enero de dos mil cinco, se refería a la exhibición de las publicaciones de los edictos, porque la Sala responsable había prevenido a la peticionaria de amparo para acreditar la gestión y publicación respectiva, sin que se hubiera desahogado en sus términos esa prevención, revelando ello la falta de interés de la quejosa y, en consecuencia, declaró que el juicio de garantías resultaba improcedente (fojas 27 y 28).
9. Por oficio datado el diecisiete de febrero de dos mil cinco (foja 35), la secretaria auxiliar de acuerdos de la Sala responsable, remitió copia certificada del auto de tres de febrero de dos mil cinco, que es del tenor siguiente:
"México, Distrito Federal, a tres de febrero del año dos mil cinco.-Vistas las constancias de autos y habida cuenta con el proveído que antecede de fecha seis de enero del presente año; el cual fue omiso al no señalar como tercero perjudicado a Mariano Espinoza y Caballero, por tal motivo, se subsana dicha omisión y se ordena emplazar a dicho tercero perjudicado en los términos precisados en el auto antes mencionado; en consecuencia, gírense nuevos edictos a los diarios ‘La Prensa’, S.A. de C.V., así como al Diario Oficial de la Federación para que el quejoso Martha Aguilar Trejo acredite y gestione los edictos citados en líneas precedentes, previa razón que se deje asentada en autos; esto es, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo acordó la Segunda Sala y firma el C. Magistrado Semanero. Doy fe." (sic) (folio 36).
10. Igualmente, dicha autoridad remitió copia certificada de la razón de cuatro de febrero de dos mil cinco, mediante la cual una persona autorizada por la quejosa recogió los edictos emitidos en cumplimiento al auto de tres de febrero del mismo año (foja 37).
Debe acotarse que, si bien al admitirse el recurso de reclamación que ahora se resuelve, mediante auto de presidencia datado el veintiuno de febrero de dos mil cinco, nada se dijo sobre la prueba ofrecida por la recurrente, consistente en el proveído de tres de febrero del año en curso, dictado por la Sala responsable y transcrito en párrafos precedentes, este órgano colegiado toma en consideración la copia certificada respectiva por obrar en el expediente de amparo y ser necesaria para resolver el medio de impugnación que se falla, amén de tener el valor probatorio establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2o. de ésta.
No obsta en contrario el hecho de que, por regla general, en el recurso de reclamación no es admisible medio de prueba alguno pues, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, debe resolverse atendiendo a las constancias que sirvieron de base para emitir el acuerdo de presidencia y los agravios que se formulan al respecto, ya que tratándose del desechamiento de una demanda de garantías derivado de la falta de cumplimiento oportuno a las obligaciones relacionadas con el emplazamiento por edictos ordenado respecto del tercero perjudicado, esto es, los deberes de recoger los edictos, pagar las publicaciones y exhibir éstas, la parte quejosa está en posibilidad de aportar pruebas encaminadas a demostrar que sí acató las obligaciones a su cargo, o bien, que ha sido atribuible a causas ajenas a su voluntad el incumplimiento respectivo, a fin de probar la ilegalidad del auto recurrido.
Por ende, las pruebas aportadas deben admitirse y analizarse para cerciorarse de la exactitud del hecho que se tuvo en cuenta para desechar la demanda de garantías y, en su caso, revocar el auto de presidencia.
Es aplicable, por analogía, la tesis P. CLXXXVII/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página 128, que establece:
"RECLAMACIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO EN CONTRA DE UN AUTO DE PRESIDENCIA POR IMPONERSE EN ÉL UNA MULTA, DEBEN ADMITIRSE LAS PRUEBAS QUE SE OFREZCAN Y QUE ESTÉN ENCAMINADAS A DEMOSTRAR SU IMPROCEDENCIA.-Si bien es cierto que, por regla general, no es admisible medio de prueba alguno en el recurso de reclamación interpuesto en contra de un auto de presidencia, toda vez que éste debe ser analizado en relación con las constancias que se tuvieron a la vista para dictarlo, también lo es que si el reclamante se inconforma con la multa impuesta en dicho auto y aporta una probanza directamente encaminada a demostrar su improcedencia, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20539-73380208/emplazamiento-por-edictos-al-tercero-genera-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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