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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO IMPLICA HACER PROCEDENTE UN JUICIO DE AMPARO QUE CONFORME A LA LEY NO LO ES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 196/2004. · Registro digital (IUS): 20760
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO "PALO GACHO", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ACATENO, ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2102.

AMPARO EN REVISIÓN 196/2004. COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO "PALO GACHO", MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ACATENO, ESTADO DE PUEBLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los agravios esgrimidos por la recurrente, en mérito de los motivos que se aducen a prosecución.

Carece de razón jurídica la revisionista cuando afirma, en su primer motivo de disentimiento, que sí tiene interés jurídico para defender los derechos individuales de los ejidatarios que conforman el núcleo de población al que representa.

En principio, es necesario puntualizar que el acto reclamado ante el juzgador de amparo se hizo consistir, básicamente, en la orden emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria a fin de que no se protocolicen ochenta y seis escrituras individuales a favor de los campesinos pertenecientes al poblado "Palo Gacho", Municipio de San José Acateno, Puebla; orden que deriva y se sustenta en la opinión emitida por el director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, a través del oficio 32516, que data del diecinueve de junio de dos mil tres.

Oficio que dada su importancia para este fallo, se transcribe a continuación:

"Antecedentes. 1. Por resolución presidencial de fecha 9 de julio de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 1976, se declaró nulo el fraccionamiento constituido por los predios ‘Valsequillo y Topila’ propiedad del C. José Antonio Cagigal Naveda, se dejó sin efectos su respectivo certificado de inafectabilidad y se dotó al poblado de ‘Joloapan’ Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, por concepto de segunda ampliación, una superficie de 2,658-94-50 Has. de diversos predios, señalando en su considerando tercero que el predio ‘Topila’, se destinará para conceder la dotación de ejidos que desde el año de 1936, solicitó el poblado ‘Palo Gacho’, Municipio de San José Acateno, Estado de Puebla. 2. A través de la resolución presidencial del 13 de septiembre de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1977, se dotó de ejido al poblado de ‘Palo Gacho’, Municipio de San José Acateno, del Estado de Puebla, con una superficie total de 566-00-00 Has. que se tomarían íntegramente del predio denominado ‘Topila’, que aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del C. José Antonio Cagigal, pero que para efectos agrarios se considera como propiedad del C. Rufino Cagigal Naveda. 3. El señor José Antonio Cagigal Naveda, entre otros, promovió juicio de amparo en contra de diversos actos de autoridades; dichos autos fueron radicados bajo el número de expediente 1749/76 y sus acumulados, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, seguido el trámite correspondiente, con fecha 21 de julio de 1990 se resolvió el toca de revisión 138/89, relativo a los juicios de amparo acumulados números 599/76, 1839/76, 1848/76, 1857/76, 1898/76 y 1749/76, fallados por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para dejar sin efectos la resolución presidencial del 9 de julio de 1976; esto trajo como consecuencia que el certificado de inafectabilidad ganadero que amparaba los predios ‘Valsequillo y Topila’ recuperara su eficacia, y dados los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, consistentes en volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, la superficie afectada regresó a la propiedad del señor Cagigal Naveda. 4. En cumplimiento a la ejecutoria antes citada, por oficio número 75823 de fecha 11 de julio de 1995, el entonces Cuerpo Consultivo Agrario remitió al Tribunal Superior Agrario el expediente respectivo. El día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Pleno del Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario con número de expediente 248/95 resolvió dejar insubsistente la resolución presidencial de fecha 13 de septiembre de 1976 que dotó al poblado ‘Palo Gacho’, Municipio de San José Acateno, Estado de Puebla, y ordenó se restituyera al señor José Antonio Cagigal Naveda, la posesión de 566-00-00 Has. del inmueble objeto de esta opinión, que fueron reservadas y afectadas para dotar al ejido denominado ‘Palo Gacho’, citando dicha resolución: ‘Cuarto. Túrnese copia certificada del presente acuerdo a la Secretaría de la Reforma Agraria, a fin de que se restituya al C. José Antonio Cagigal Naveda, hoy José Antonio Cagigal García, en la posesión de las 566-00-00 hectáreas del predio «Topila» que fueron reservadas y afectadas para dotar al poblado «Palo Gacho». En la inteligencia de que como el poblado de referencia se encuentra en posesión de las tierras concedidas en dotación, en caso de existir imposibilidad para llevar a cabo la restitución a favor del quejoso, la citada secretaría deberá resolver conforme a lo dispuesto por el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria.’. Al respecto y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se establece lo siguiente: ‘Artículo 309. Cuando el núcleo solicitante se encuentre en posesión provisional de las tierras concedidas por mandamiento del gobernador, y la resolución presidencial lo modifique, la Secretaría de la Reforma Agraria estará obligada, en primer término a negociar con los propietarios del o de los los predios, la compra a favor de esos campesinos de la superficie que se encuentren ocupando, de no conseguirlo, a localizar en su favor, con prelación a los demás núcleos de población, otras tierras de semejante calidad y extensión a las cuales trasladar a los campesinos afectados, preferentemente en la misma entidad y dentro del plazo que no exceda a los establecidos en el párrafo siguiente. Siempre que la ejecución de una resolución presidencial o el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada implique la desocupación de terrenos que los campesinos tengan, en virtud de una posesión provisional o definitiva, los plazos a los que se refieren los artículos 302 y 303 se duplicarán a favor de los ejidatarios.’. De lo anteriormente expuesto, se considera que esta secretaría de Estado, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los juicios de amparo citados, negoció con los amparistas la adquisición de 494-12-52.62 hectáreas, la cual se formalizó mediante escritura pública número dos mil trescientos cincuenta y cuatro, de fecha 28 de junio de 2000, pasada ante la fe del notario público número 227 del Distrito Federal, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de Teziutlán, Puebla, bajo la partida 608 a fojas 153 del libro I, tomo 133 el 11 de agosto de 2000, la cual en su apartado de antecedentes, apartado II, inventarios y avalúos, cláusula primera, fracción XIV, textualmente dice: ‘XIV. En sesión de fecha veintisiete de junio de dos mil, el Comité de Regularización de Predios, Indemnizaciones, Compensaciones y Expropiaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, aprobó la operación contenida en este instrumento.’. Por otra parte, es pertinente señalar que el capítulo primero del convenio de transacción y la estipulación a favor de terceros de fecha 28 de julio de 2000, cláusula segunda, contenido en la escritura pública citada en el párrafo precedente, a la letra dice: ‘Segunda. Por este instrumento «la secretaría» y «los propietarios» haciéndose recíprocas concesiones, convienen en que estos últimos trasladarán íntegramente al ejido denominado «Palo Gacho», ubicado en el Municipio de San José Acateno, Estado de Puebla, el dominio del inmueble relacionado en los antecedentes primero y segundo de este instrumento, respecto de las cuatrocientas noventa y cuatro hectáreas doce áreas cincuenta y dos sesenta y dos centiáreas, en un valor de ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos, moneda nacional.’. Ahora bien, el acto mediante el cual el referido núcleo de población se hace acreedor al derecho que establecen los artículos 51, 300 y 309 de la ley federal en comento, deviene de la resolución de dotación definitiva de ejido, por lo que al realizarse la compraventa del predio en comento, dicha compraventa se realiza para el ejido, y no para un grupo de particulares. Por lo anterior resulta errónea la aseveración que hacen los peticionarios del poblado ‘Palo Gacho’ ubicado en el Municipio de San José Acateno, Estado de Puebla, en reunión que sostuvo de fecha 20 de junio de 2001, con respecto de que al momento de dar cumplimiento sustituto a la sentencia de amparo dejó inexistente al ejido ‘Palo Gacho’; lo anterior es así en razón de que si el Tribunal Superior Agrario ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria la aplicación del artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, lo hizo precisamente para dar cumplimiento al espíritu de la ley y restituir el régimen ejidal con la superficie que se adquiera, basta señalar que la propia escritura pública número dos mil trescientos cincuenta y cuatro, de fecha 28 de junio de 2000, en el capítulo segundo, transmisión de dominio, en la cláusula primera, se establece que dan cumplimiento al convenio de transacción y estipulación a favor de terceros y trasmiten al ejido denominado ‘Palo Gacho’, ubicado en el Municipio de San José Acateno, Estado de Puebla, a favor de quien el gobierno federal por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria estipuló la adquisición del inmueble. Por otra parte, cabe señalar que el propio núcleo agrario celebró la asamblea con fecha 6 de diciembre de 2000, ostentándose como ejido ‘Palo Gacho’, Municipio San José Acateno, Estado de Puebla, por lo que contrario a lo afirmado por los peticionarios, al tener dicho carácter debe ajustarse a la normatividad agraria por ser un ente que nace a la vida jurídica de conformidad a la legislación agraria y en ejercicio de los derechos que la derogada Ley Federal de Reforma Agraria consagra en sus artículos 51, 195, 198, 200, 300 y 309, aunado al hecho de que no existe antecedente alguno sobre la determinación del propio núcleo tendente a extinguir el régimen ejidal, y cuyo supuesto resultaría aplicable lo previsto en el artículo 29 de la Ley Agraria vigente, que al respecto señala. ‘Artículo 29. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido. Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la designación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación.’. A mayor abundamiento, mediante oficios II-102-C-13035 y II-102-C-14487, esta área jurídica solicitó información a la Dirección General de Titulación y Control Documental del Registro Agrario Nacional, sobre los antecedentes registrales y catastrales del poblado multicitado, el cual mediante el diverso DGR/970/2002, nos informó que la resolución presidencial del 13 de septiembre de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1977, quedó insubsistente únicamente en cuanto afecta a los terrenos que reclaman los quejosos relativo al predio ‘La Higuera.’. Lo anterior viene a corroborar que el Tribunal Superior Agrario al cumplimentar la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 1749/76 y acumulados determinó la reintegración del régimen ejidal con las superficies que adquiera la Secretaría de la Reforma Agraria, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y no la constitución del régimen de propiedad privada. Es pertinente señalar que de conformidad con la Ley Agraria, en su artículo 81, los ejidatarios pueden adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas; una vez que la asamblea así lo acuerde, los ejidatarios interesados podrán, si así lo deciden, asumir el dominio pleno y solicitar al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el registro de la propiedad que corresponda a la entidad federativa. Cabe hacer notar que la adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal estatuario o de organización ejidal. Ahora bien, para el caso de que decidan la adopción del dominio pleno y posteriormente la enajenación de parcelas, deberá respetarse el derecho del tanto, lo cual se deberá de llevar a cabo conforme lo que establece el artículo 84 de la Ley Agraria que textualmente dice: ‘Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. El comisario ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición. La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.’. De lo anteriormente señalado y de conformidad con los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Ley Agraria, se deduce que para considerase como propiedad privada la ahora propiedad ejidal, primero se deberá de adoptar el dominio pleno de las tierras por parte del poblado ‘Palo Gacho’, para que los integrantes del núcleo ejidal estén en posibilidad de ejercer el derecho del tanto, o en su caso, acordar la extinción del régimen ejidal. No omito señalarle, que a fin de dar cumplimiento a la garantía prevista en el artículo 8o. constitucional, esa representación a su cargo deberá dar contestación al escrito de fecha 6 de julio de 2001, suscrito por los CC. Jesús de la Cruz Esteban y otros, dirigido a la titular del ramo y turnado a esa representación para su atención procedente." (fojas 23 a 29 del expediente de primer grado).

Ahora bien, en este caso, el comisariado no concurre al juicio en defensa de los derechos colectivos del núcleo de población ejidal, porque en ningún momento aduce que sea la pretendida adopción del régimen de propiedad privada lo que motiva su injerencia, ya que por el contrario, es categórico en sostener que en su calidad de órgano de representación, le agravia que no se les permita a los ejidatarios en lo individual, continuar con el trámite de la protocolización de sus escrituras públicas.

En efecto, en todo momento el comisariado ha precisado que ejerció la acción de amparo en representación de los ejidatarios y que la intervención requerida a la Secretaría de la Reforma Agraria es con el objeto de que legalice en forma particular las hectáreas adquiridas en beneficio del poblado. Luego, es por demás claro que no están en disputa los derechos colectivos del núcleo, al no alegar el comisariado, como su causa de pedir, que el poblado se verá mermado por una eventual sustracción de los bienes cuya escrituración solicitan los ejidatarios, respecto del régimen ejidal, pues lo que está en juego es el hecho de que está detenido el tiraje de los instrumentos notariales, a grado tal que el comisariado adujo expresamente en su primer agravio: "la superficie motivo de la controversia, corresponde a los ejidatarios integrantes del núcleo de población; lo que robustece que la defensa planteada incide en los derechos individuales de los ejidatarios."

De esta guisa, es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, toda vez que en términos de la fracción I del artículo 33 de la Ley Agraria, la facultad de representación de que está investido el comisariado, únicamente repercute en torno a la protección de los derechos colectivos del núcleo, mas no así en función de la defensa hacia el exterior de los derechos individuales de los campesinos integrantes del poblado.

No se soslaya, en el mismo sentido, que la fracción II del propio numeral 33, también contempla como una obligación del comisariado "procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios", lo que no puede interpretarse como una facultad de defensa de derechos individuales, en virtud de que aquella obligación debe entenderse referida al interior del ejido, esto es, en relación con la salvaguarda de los derechos por la que el comisariado debe velar en el seno del núcleo, o en otras palabras, en las asambleas que también a él le corresponde convocar.

Máxime que no es posible soslayar que el "poder" o facultad de representación concedida al comisariado tiene como fuente la ley, de tal modo que el límite de aquélla se encuentra taxativamente previsto en el artículo 33; entonces, si ese precepto no autoriza que ese órgano colegiado obre a nombre y por cuenta de los ejidatarios en lo individual, al sólo encomendarle la "procuración" del respeto a sus derechos, no debe admitirse una representación de ese tipo.

De darle otra connotación a la aludida fracción II, se llegaría al absurdo de que cada ejidatario pudiera exigir al comisariado que lo represente en cualquier juicio, procedimiento o trámite, en el que se vean involucrados sus derechos, o bien, en contrapartida, que el núcleo de población intervenga en litigios cabalmente individuales por conducto del comisariado.

Debiendo hacerse énfasis en el hecho de que el Juez de Distrito no le desconoció interés jurídico a los ejidatarios en lo particular, sino al comisariado ejidal como órgano de representación de derechos individuales, opuestamente a lo afirmado por la disconforme en su segundo agravio.

Al respecto es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, Jurisprudencia, tesis 137, página 153, que es del tenor siguiente:

"COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO. Los comisariados ejidales sólo tienen la representación de los núcleos de población para defender los derechos colectivos de los mismos, pero no les corresponde la defensa de los derechos individuales de los campesinos que los integran, como lo son los que protege el artículo 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria, contenido en el capítulo segundo, denominado ‘Capacidad individual en materia agraria’, título segundo, libro cuarto, de la citada ley."

Así como la tesis VIII.1o.48 A, compartida, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, legible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, marzo de 1994, página 327, que literalmente establece:

"COMISARIADO EJIDAL. REPRESENTA LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL NÚCLEO EJIDAL Y CARECE DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS DERECHOS PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO. El juicio de garantías que se endereza en contra de actos que afectan los derechos individuales de los ejidatarios, debe de ser planteado por los mismos ejidatarios, que se vean perjudicados con el acto que se reclama, pues de hacer el planteamiento en juicio constitucional el comisariado ejidal acerca de esas cuestiones, carece de legitimación por tener sólo la representatividad para reclamar actos de naturaleza colectiva, mas no individuales, lo que trae como resultado que al no afectarse intereses jurídicos colectivos del núcleo ejidal, sino los individuales de los ejidatarios, se decrete el sobreseimiento del juicio, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, fracción V y 74, fracción II, de la Ley de Amparo."

A manera de conclusión, aun cuando es cierto, prima facie, que la finalidad primordial del amparo agrario consiste en sustraer a los núcleos de población y a los campesinos en particular de la aplicación de las reglas de estricto derecho que norman al juicio de amparo en general, cuando aquéllos concurran en defensa de sus derechos agrarios, de tal manera que el procedimiento constituya un medio eficaz, no formalista, de la garantía social que establece el artículo 27 constitucional; también debe ponderarse que a pesar del régimen proteccionista que impera en el amparo agrario, no es posible ignorar que aun en los asuntos de naturaleza agraria es indispensable verificar previamente la procedencia o no del juicio de garantías, para dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza, ni mucho menos lleva a acreditar a favor del comisariado ejidal la titularidad de un derecho subjetivo individual que naturalmente es privativo de cada ejidatario; con lo que se descarta lo discutido en el segundo agravio.

Efectivamente, la suplencia de la queja es una institución que se puede caracterizar como el conjunto de atribuciones que se confieren al Juez para corregir los errores o deficiencias en que incurran las partes al emitir lato sensu sus alegatos jurídicos, esto es, la suplencia trae consigo integrar lo que falta, subsanar una imperfección o mejorar lo parcial o incompleto. Así, si bien en materia agraria la suplencia puede extenderse a diversos actos procesales, como el ofrecimiento y desahogo de los medios de prueba, esta tutela especial sólo opera una vez que es procedente el juicio, pero no entraña actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente.

Por consiguiente, el Juez de Distrito tampoco desacató lo preceptuado por la fracción III del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Se cita, por analogía, la tesis II.2o.64 K, compartida, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, septiembre de 1992, página 261, que es del tenor siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, CUANDO LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ES NOTORIA Y MANIFIESTA.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, es principio que rige en el juicio de garantías el que configurándose una causa notoria de improcedencia de la demanda, la misma debe declararse y desecharse aquélla, sin que ello implique que el Juez de Distrito pase por alto que por ser de naturaleza agraria al asunto debe suplirse la deficiencia de la queja, puesto que aun para los asuntos de esta naturaleza debe verse previamente la procedencia o no del juicio de garantías, para de esta forma dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, dado que, la suplencia de queja no puede llegar al grado de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se da."

De esta suerte, al resultar indudable que el comisariado planteó la defensa de derechos rigurosamente individuales, resultaba irrelevante y carente de razón de ser que el resolutor de amparo oficiosamente recabara pruebas que pudieran beneficiar a los ejidatarios, o bien, que ordenara la práctica de diligencias para precisar los derechos de los ejidatarios en lo particular, acorde con lo dispuesto en los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, dado que, si a final de cuentas quien accionó en el juicio de amparo no es el titular del derecho subjetivo eventualmente afectado por el acto de autoridad, lo que implicaba, como bien lo resolvió el Juez de Distrito, el sobreseimiento en el juicio, cualquier cuestión vinculada con la naturaleza y dimensión de los derechos que el comisariado pretende defender, y que obviamente tienen que ver con el fondo del negocio, no pueden legalmente ser objeto de valoración a consecuencia del apuntado sobreseimiento; más aún que ni siquiera en materia agraria el principio de instancia de parte agraviada admite excepciones y, por consiguiente, si los ejidatarios no concurrieron en lo individual a formular su demanda de garantías, nada autorizaba al juzgador federal a ajustarse a lo ordenado en los artículos 225 y 226 mencionados, tal y como lo pretende la aquí inconforme en su tercer motivo de disentimiento.

Como corolario de lo discurrido, aun cuando sea por diverso motivo al matizado por el Juez de Distrito, se impone confirmar el sobreseimiento.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución dictada el diez de mayo de dos mil cuatro, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 1789/2003.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del Poblado de "Palo Gacho", Municipio de San José Acateno, Puebla, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades, consistentes, básicamente, en la orden girada a los notarios públicos del Estado de Puebla y particularmente, a los adscritos a Teziutlán, a fin de que se abstengan de tirar las escrituras públicas solicitadas por los ejidatarios del citado poblado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Manuel Rojas Fonseca (presidente y ponente), Ma. del Pilar Núñez González y Jaime Raúl Oropeza García.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20760-ed9ddf53/suplencia-de-la-queja-en-materia-agraria-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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