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CONDICIONES DE TRABAJO. SI EN EL CONTRATO COLECTIVO NO SE EXIGE LA PRECISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES Y LUGARES EN QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO, CONFORME A UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 24 Y 804, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES OBLIGACIÓN DEL PATRÓN REALIZAR DE MANERA ESCRITA CONTRATOS INDIVIDUALES O ALGÚN OTRO DOCUMENTO DONDE SE INDIQUEN, CONSERVARLOS Y EXHIBIRLOS, SO PENA DE HACER EFECTIVA LA SANCIÓN DE PRESUNCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 805 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 206/2007. · Registro digital (IUS): 20840
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 1505.

AMPARO DIRECTO 206/2007. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación conducen a determinar lo siguiente:

En efecto, el quejoso reclama el laudo de veintiséis de abril de dos mil siete, dictado por la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente laboral 468/2002 que promoviera en contra de Pemex Exploración y Producción.

Ahora bien, como motivo de inconformidad, en principio, expone la quejosa, en esencia, que la autoridad responsable equivocó al sustentarse en los artículos 24, 25, 26, 784, fracción VII, 804, fracción V y 805 de la Ley Federal del Trabajo para considerar que le correspondía la carga de la prueba respecto de las condiciones de trabajo o actividades laborales del actor.

Asimismo, la quejosa realiza una interpretación, a su juicio, de los preceptos legales antes invocados, con el objeto de evidenciar que la responsable indebidamente le arrojó el débito probatorio en cuanto a las condiciones laborales, precisando que, en todo caso, era al actor a quien competía demostrar tal extremo, pues el hecho de que le haya proporcionado equipo de protección auditiva al trabajador no le genera presunción alguna respecto de haber laborado en ambientes ruidosos, sino solamente refleja su preocupación por la seguridad de sus trabajadores, y mucho menos se acredita la existencia de un ruido mayor a cien decibeles, con lo cual el actor no cumplió, pues no aportó elementos probatorios.

Pues bien, de inicio debe considerarse inoperante la afirmación de la quejosa en el sentido de que no es cierto que no se haya referido a todos y cada uno de los hechos, lo que puede contactarse, según lo afirma, del propio escrito de contestación de demanda, pues al respecto, debe decirse que tal precisión resulta insuficiente para abordar el estudio íntegro de escrito contestatorio de demanda y dilucidar si efectivamente, como lo ponderó la Junta responsable, la demandada no dio contestación particularizada a los hechos expuestos por el actor, precisamente en cuanto a que estuvo expuesto a ruidos de gran magnitud en el tiempo que laboró al servicio de la ahora quejosa. Por tanto, si no se emite razonamiento lógico-jurídico tendente a hacer ver cómo es que sí se llevó a cabo la contestación de la demanda respecto a todos y cada uno de los hechos, es incuestionable que lo decidido sobre ese tenor por la Junta responsable debe regir el fallo, lo que conlleva necesariamente a sostener que la demandada se concretó a negar que el trabajador haya estado expuesto en su labor a ruido de gran magnitud.

En ese entendido, si a la postre la quejosa refuta lo relativo a la figura jurídica de la carga de la prueba en lo que atañe a las condiciones de trabajo, que la Junta acertadamente le arrojó, ello hace necesario establecer claramente que este Tribunal Colegiado ha sostenido, sobre ese tópico, la siguiente jurisprudencia:

"INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. AUN CUANDO CORRESPONDE AL TRABAJADOR DEMOSTRAR QUE SU ESTADO PATOLÓGICO DERIVA DE SU AMBIENTE LABORAL, SI EL PATRÓN NO EXHIBE SUS CONDICIONES DE TRABAJO PARA VALORAR SI LA CAUSA ORIGINARIA DEL PADECIMIENTO TIENE NEXO CON EL LUGAR O ACTIVIDADES DE SU EMPLEO, OPERA A FAVOR DEL TRABAJADOR LA PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS QUE SOBRE TALES CONDICIONES DESCRIBE EN SU DEMANDA. Cuando se demanda la indemnización por riesgo de trabajo (accidente o enfermedad) que produjo una incapacidad parcial permanente, corresponde al trabajador demostrar que presenta un estado patológico consecuencia de la acción continua en el ambiente, lugar o actividades a que estuvo sujeto en el desempeño de sus funciones, como presupuestos de la acción. Sin embargo, de la interpretación de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la Junta debe eximir al trabajador de probar las condiciones de trabajo, y arrojar la carga de la prueba respecto de éstas al patrón, por ser quien está obligado a conservar los documentos donde se precisan las condiciones de lugar, duración de la jornada y demás características propias de la actividad que debe contener todo contrato de trabajo en términos de los diversos numerales 24 y 25 de la citada legislación, y que resultan imprescindibles para valorar si la causa originaria del padecimiento tiene nexo con el lugar o actividades y medio ambiente intrínseco en que el trabajador desarrollaba su empleo. Por lo que se concluye que en estos casos opera una carga compartida de los hechos constitutivos de la acción y, en este sentido, si el patrón no exhibe los documentos que se le requieren para probar las condiciones de trabajo a que estuvo sujeto el empleado, es inconcuso que ocurre a favor de éste la presunción de ser ciertos los hechos que sobre tales condiciones describe en su demanda."

De lo anterior se colige que en el criterio de referencia se realizó una intelección precisamente de los numerales que invocó la Junta responsable en aras de arrojar la carga de la prueba a la patronal respecto de las condiciones de trabajo, lo que pone de relieve lo infundado del concepto de violación que se hace valer respecto a dicho extremo, pues resultan argumentaciones que discrepan en el sentido totalmente al considerado en la jurisprudencia antes invocada, por lo que en vía de consecuencia se refleja la no asistencia de la razón de la peticionaria de amparo.

Cabe hacer la anotación que, no obstante que exista un contrato colectivo que rige las condiciones generales de trabajo entre la empresa y los empleados sindicalizados, debe aplicarse la jurisprudencia emitida por este Tribunal Colegiado, con el rubro: "INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. AUN CUANDO CORRESPONDE AL TRABAJADOR DEMOSTRAR QUE SU ESTADO PATOLÓGICO DERIVA DE SU AMBIENTE LABORAL, SI EL PATRÓN NO EXHIBE SUS CONDICIONES DE TRABAJO PARA VALORAR SI LA CAUSA ORIGINARIA DEL PADECIMIENTO TIENE NEXO CON EL LUGAR O ACTIVIDADES DE SU EMPLEO, OPERA A FAVOR DEL TRABAJADOR LA PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS QUE SOBRE TALES CONDICIONES DESCRIBE EN SU DEMANDA.", publicada en la página 1306 del Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Lo anterior, atento a las siguientes consideraciones.

Los artículos 24 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, disponen:

"Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte."

"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

"I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable ..."

La lectura de estos numerales podría llevar a estimar que el organismo descentralizado demandado queda eximido de exhibir un contrato individual de trabajo en el que consten el servicio o servicios que deban realizarse, así como el lugar en que deban prestarse, por el hecho de que existe un contrato colectivo, y porque con éste no está obligado a conservar los contratos individuales que se celebren.

Sin embargo, consideramos que esta manera de interpretar estos preceptos haría nugatorio el derecho que le asiste al trabajador para que a través de un contrato individual se le precise de manera escrita el señalamiento de las actividades específicas, servicio o servicios que realizará, así como el lugar o lugares en que deba prestarse el trabajo, pues estas condiciones especiales no forman parte, ni pueden serlo, lógicamente, de un contrato colectivo en el que se señalan de manera genérica y abstracta aquellas disposiciones de carácter general que rigen la relación entre la empresa y el sindicato, entre las que se enuncian los supuestos que precisa el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, y que, a saber, son:

"... I. Los nombres y domicilios de los contratantes;

"II. Las empresas y establecimientos que abarque;

"III. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada;

"IV. Las jornadas de trabajo;

"V. Los días de descanso y vacaciones;

"VI. El monto de los salarios;

"VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda;

"VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento;

"IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley; y,

"X. Las demás estipulaciones que convengan las partes."

Como se ve, un contrato colectivo rige relaciones de naturaleza general o colectiva entre una empresa y el sindicato, pero no se refiere de ningún modo a aspectos vinculados con derechos individuales. Tan es así que en un contrato colectivo de trabajo no se consignan aspectos como el lugar o los lugares donde deben prestarse el trabajo o el servicio o servicios que deban realizarse, los que sí contempla el artículo 25, fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, como se advierte de la siguiente transcripción:

"Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:

"...

"III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;

"IV. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo."

De aceptarlo así, es decir, de exigir que el contrato colectivo contemple los extremos antes citados, sería interminable definir con toda precisión cada una de las actividades, lugar o lugar de todos y cada uno de los trabajadores que forman el sindicato.

Por tal motivo es preciso discernir sobre la diferencia que existe entre un conflicto individual con uno de naturaleza colectiva. Respecto a esta distinción, Beltrán Juan B. nos remite a las ideas de Carnelutti, y señala:

"... En consecuencia, según Carnelutti, el conflicto colectivo se caracteriza por el hecho de que no están en pugna intereses particulares, lo que es propio de los conflictos individuales, sino intereses de categoría, tanto por los sujetos interesados, que es el caso de los sindicatos, como por los bienes objeto del conflicto, como serían los puestos tabulados en el contrato colectivo; o sea, según su ejemplo, se trata de intereses genéricos protegidos mediante mandatos generales o abstractos, que son la normas contenidas en el propio contrato. En otras palabras, esos intereses de categoría son genéricos y abstractos, como son los puestos tabulados en un contrato colectivo, que no constituyen un derecho particular o personalizado en quienes los ocupan, sino un derecho virtual y genérico para cualquier trabajador propuesto por el sindicato para ocuparlo, mediante una prueba de capacidad o aptitud ..."(1)

Incluso, en la propia Ley Federal del Trabajo existe una disposición que prevé de manera expresa los términos en que debe considerarse un contrato colectivo cuando no contiene disposiciones especiales relacionadas con la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, pues el artículo 393 dispone:

"Artículo 393. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales."

Este precepto, según puede advertirse, regula el supuesto en que un contrato colectivo sea defectuoso y no contenga disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, que son disposiciones de orden colectivo, pero que la falta de estipulación debe considerarse subsanada, con una consecuencia de derecho o previsión de carácter general, consistente en que se apliquen las disposiciones legales, o en otros términos, que la ausencia de señalamiento sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones da lugar a que se apliquen las disposiciones establecidas para el caso de los contratos individuales, conforme a los artículos 24, 25, 26 y 805 de la Ley Federal del Trabajo.

En este sentido, para dar un recto entendimiento a las normas, es preciso hacer interpretaciones sistemáticas, de modo que las normas no se excluyan, sino que se complementen, incluso que no resulten contradictorias. En esta tesitura, hay que ir más allá del sentido literal, pues éste tiene limitaciones que impiden hacer de un ordenamiento un conjunto de disposiciones armónicas, como lo precisa el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que señala:

"Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."

Sobre estas bases, hay que tener en cuenta que no puede descuidarse el derecho que le asiste al trabajador de que el patrón le debe indicar, por escrito, el lugar o lugares donde debe prestar el trabajo, y con toda precisión el servicio o servicios que deban prestarse, tal como lo señalan los artículos 25, fracciones III y IV y 26 de la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, este derecho no puede quedar indefinido o exento de regulación, de manera que es entendible que no es posible asumir que un trabajador pueda quedar en una situación en la que el contrato colectivo no le señale la actividad o actividades que realizará, ni el lugar o lugares correspondientes, y que aun con esto, sea innecesario que se le señalen, por escrito, estas condiciones al trabajador por el simple hecho de que exista un contrato colectivo, pues la consecuencia de asumir esta postura sería la de que el trabajador quede en la incertidumbre sobre las actividades que realizará, así como del lugar o lugares en que desarrollará su empleo.

Por tal motivo, con el afán de que no se presente un caso como el descrito, es preciso valerse de los principios generales sobre los que se edifica la construcción del artículo 393, correlacionado con los diversos 24, 25 y 26, todos de la Ley Federal del Trabajo, tal como ya se indicó.

En efecto, la estructura sobre la que se edifica el artículo 393 de la Ley Federal del Trabajo es de un mecanismo de exclusión, en el sentido de que:

Si no se cumple con expresar las condiciones específicas que debe tener un contrato colectivo, en particular las relativas a la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, la consecuencia es que deban aplicarse las disposiciones legales existentes, es decir, las que se refieren a las condiciones individuales de trabajo que menciona el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo.

Esta regla, por tanto, no puede ser limitativa, sino debe considerarse enunciativa, pues puede darse el caso de que el propio contrato colectivo no incluya otros aspectos que lógicamente no puede contener, lo que llevará a que se apliquen las disposiciones de carácter individual, en esos otros puntos que no son parte de un contrato colectivo.

Éste sería precisamente el caso del servicio o servicios que deban prestarse, y el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, pues, como ya se dijo, estas condiciones no tienen por qué verse incluidas en un contrato colectivo, dado que, incluso, el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo ni siquiera las menciona.

Por consiguiente, si no operan sobre el particular las disposiciones en materia de conflictos colectivos, sí resultan aplicables las disposiciones de conflictos individuales, lo que da lugar a que el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo deba hacerse extensivo a condiciones de orden individual.

Esta consideración encuentra respaldo en la jurisprudencia que a continuación se invoca, y que se comparte:

"No. de registro: 218,757

"Jurisprudencia

"Materia(s): Laboral

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 56, agosto de 1992

"Tesis: XVII.1o. J/11

"Página: 71

"CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CONVENIOS SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS NO FORMAN PARTE DEL. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre el sindicato de trabajadores y uno o varios patrones, con el objeto de establecer en cláusulas generales y abstractas las condiciones, según las cuales, debe prestarse el trabajo en una empresa o establecimiento; por lo tanto, los convenios especiales que se celebren por separado sobre cuestiones específicas, no pueden formar parte de dicho contrato colectivo, por referirse a casos concretos y particulares, además de que la vigencia de éstos se circunscribe al tiempo que sea necesario para la solución del caso específico que le dio origen."

En ese sentido, si las actividades específicas, servicio o servicios en que se realizarán, así como el lugar o lugares en que deba prestarse el trabajo no están establecidas como del contenido del contrato colectivo de trabajo, es claro que la patronal conserva la obligación de realizar de manera escrita contratos individuales o algún otro documento donde se indiquen esos puntos que no se incluyen en un contrato colectivo.

De esta forma, la interpretación del artículo 804, fracción I, sólo debe entenderse en los aspectos en los que el contrato colectivo y el contrato individual se correspondan, pues en los que no, subsiste al patrón la obligación de cumplir con las formalidades de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, de conservar y exhibir los contratos individuales u algún otro documento donde se indiquen, de manera escrita, la actividad o actividades y el lugar o lugares en que se prestará el servicio, so pena de hacer efectiva la sanción de presunción a que se refiere el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo.

Por consiguiente, el artículo 804, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, debe entenderse en términos de la distinción que existe entre un conflicto individual respecto a otro colectivo, dado que un contrato individual de trabajo puede incluir disposiciones que también aparecen reguladas en el contrato colectivo de trabajo, pero en algunas cuestiones de los contratos individuales, dada la naturaleza particular, no podrían incluirse algunas de sus estipulaciones en un contrato colectivo.

Es entendible, por tal motivo, que al patrón se le exima de la carga de probar aquellas condiciones de orden colectivo que también constan en el contrato individual, pues forman parte de un pacto general aplicable a todos los trabajadores que, siendo parte de un sindicato, suscribieron ese contrato colectivo con el patrón, lo que da margen a considerar que los trabajadores, en estos aspectos, no quedan en una situación de incertidumbre, pues al ser parte del sindicato pueden allegarse perfectamente el contrato colectivo que rija sobre el particular.

En cambio, no sucedería lo mismo respecto a las condiciones de trabajo, de naturaleza individual, que no constan en un contrato colectivo, pues éstas, sin lugar a duda, deben ser explícitas para el trabajador, no obstante que exista un contrato colectivo, pues éste sólo se ocupará de las condiciones generales.

Incluso, hay que remitirse al orden sistemático de las disposiciones que se interpretan para arribar al entendimiento armónico de la ley, pues las que aparecen en el artículo 25 corresponden al título segundo, aplicable a las disposiciones de las relaciones individuales de trabajo, en tanto que las diversas disposiciones de los artículos 391 y 393, corresponden al título séptimo, denominado: de las "Relaciones colectivas de trabajo", lo que implica la necesaria distinción de los derechos colectivos consignados en un contrato colectivo y los individuales que forman parte de un contrato individual.

Además, hay que tener en cuenta que en el propio contrato colectivo de trabajo existen disposiciones expresas para cuidar el aspecto relacionado con la obligación que tiene el patrón de precisar las condiciones individuales de trabajo, precisamente en tarjetas de trabajo, las que, dado su contenido, no son más que aquellos contratos individuales que se regulan en la Ley Federal del Trabajo, en lo que sea aplicable, a las disposiciones para los conflictos individuales, en los que el patrón conserva la obligación de atender lo previsto en los artículos 24, 25, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo.

Al efecto, en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato y la aquí quejosa, en la cláusula 36, se indica:

"Cláusula 36. El patrón queda obligado a expedir tarjetas de trabajo al personal sindicalizado, de planta y transitorio, según se trate.

"Las tarjetas de trabajo para trabajadores de planta deberán contener los datos siguientes:

"a) Nombre del patrón.

"b) Nombre del trabajador.

"c) Ficha.

"d) Registro Federal de Causantes.

"e) Clave Única del Registro de Población (CURP).

"f) Domicilio del trabajador.

"g) Centro de trabajo.

"h) Categoría, nivel y jornada.

"i) Lugar o lugares donde se deba ejecutar el trabajo, expresándose si las labores son de turno o diurnas.

"j) Monto de salario por día.

"k) Fecha de planta en la categoría.

"l) Nombre y dirección de la persona o personas a las que deba darse aviso en caso de accidente o muerte.

"m) Firma del trabajador o huellas digitales.

"n) Firma de los representantes del sindicato y del patrón.

"A los trabajadores sindicalizados transitorios, el patrón les expedirá tarjetas de trabajo haciendo constar en ellas los datos mencionados, con excepción de los que se citan en el inciso k) y además, en su caso, la obra determinada, la sustitución o el periodo de tiempo para el cual sean contratados.

"Las tarjetas de referencia serán expedidas por quintuplicado entregándose debidamente requisitada una copia de las mismas al trabajador, otro tanto para la sección o delegación.

"Las promociones o cambios temporales de los trabajadores de planta sindicalizados, serán amparados con formas especiales que expedirá el patrón, las que serán firmadas por su representante y por el del sindicato, de las cuales se entregará copia a la sección o delegación respectiva. Dichas formas deberán ser entregadas por el patrón a las oficinas correspondientes, en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha en que se hagan los movimientos."

Por tanto, como puede advertirse, las partes acordaron incluir en las tarjetas de trabajo condiciones específicas que no pueden incluirse en un contrato colectivo, que tiene condiciones genéricas, ya que varían según las categorías, lugares, puestos o demás aspectos que cada trabajador en lo personal habrá de realizar, lo que implica que en esas tarjetas se contienen las previsiones de los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, que no se incluyen en el contrato colectivo y, como consecuencia, subsiste la obligación impuesta por la ley al patrón de exhibir esos contratos, en este caso las tarjetas de trabajo.

Por otro lado, se estima fundado pero inoperante el motivo de queja expuesto por la quejosa en el que pone de relieve que la Junta emisora equivocó al descalificar y restar valor probatorio al dictamen médico pericial de su intención, sobre el argumento que resultaba ambiguo al afirmar que todas las personas de la edad del actor y con su peso deberían de tener el problema de salud que afecta al actor, cuando ello es falso, pues no debe interesar el diverso universo de seres humanos que no fueron sometidos a un estudio, pues lógico es suponer que no todas las personas de la citada edad, con sobrepeso, necesariamente tendrán patologías lumbares crónicas degenerativas, pero, en cambio, ese supuesto genera la posibilidad de la adquisición de dichas enfermedades como aconteció con el actor.

Así es, se estima que, en esencia, asiste la razón a la peticionaria de amparo desde el momento en que basta analizar el dictamen pericial de su intención para apreciarse que, en cuanto a la afectación lumbar, el galeno precisó como teología de tipo crónico degenerativo, lo que evidencia que el experto en la materia en ningún momento enfatizó que todas las personas de la edad del trabajador y con el peso con que cuenta padezcan de afectación lumbar.

Ciertamente, si la Junta responsable desestimó el dictamen pericial en comento sobre la premisa de que resultaba ambiguo, pues el perito había considerado que todas las personas de la edad, peso y estatura del trabajador reflejaban la misma patología lumbar, lo cual no resultaba lógico, es incuestionable que la Junta justipreció equivocadamente la respuesta del perito respecto a la teología del padecimiento lumbar.

En efecto, para que pudiera considerarse acertada la decisión de la Junta sobre ese aspecto, sería necesario que el perito, de manera específica, hubiese expuesto que el padecimiento lumbar del actor era normal en todas aquellas personas que tuviesen la edad, la estatura y el peso del trabajador, en otras palabras, que tal patología fuese una alteración a la salud de carácter normal a la edad del trabajador y contando con las características físicas aludidas; sin embargo, en el caso a estudio, el experto en la materia en ningún momento puntualizó en esos términos la teología de la citada patología, sino que la consideró de tipo degenerativo, lo que pone de relieve, como bien lo expone la quejosa en sus motivos de inconformidad, que no necesariamente todas las personas con las características físicas y de edad del trabajador van a tener tal padecimiento, pues es incuestionable que pueden existir personas con las mismas características y condiciones, sin que se vean afectadas por la patología lumbar, y de ahí surge lo incorrecto de la consideración expuesta por la resolutora y que la llevó a desestimar el dictamen pericial de la intención de la quejosa.

Lo anterior pone de manifiesto que la Junta responsable no fue acuciosa en la valoración del elemento de convicción en cita, cuyo estudio es de capital importancia para resolver a verdad sabida y buena fe guardada la controversia laboral, de acuerdo a la acción, excepción y controversia suscitada; ello, en virtud de que como puede apreciarse, la emisora se concretó a afirmar que en virtud de la conclusión obtenida del peritaje en cuanto a la teología de la patología lumbar, dicho dictamen evidenciaba ambigüedad, cuando, como se vio en líneas precedentes, tal decisión es ilegal; además de que no emitió razonamientos fundados que reflejaran el estudio completo de la pericial de la ahora quejosa, no obstante que debe realizar una lectura integral del dictamen en aras de ponderar un estudio acucioso y entonces decidir si le merece convicción o no y, como consecuencia, pleno valor probatorio.

Sin embargo, la inoperancia del concepto de violación en estudio estriba en la medida de que el razonamiento expuesto por la Junta, el cual se estima ilegal, fue respecto a la patología lumbar, siendo que por esta afección de salud la Junta resolutora no condenó a la aquí quejosa, sino únicamente en lo que se refiere a la patología auditiva, es decir, si en el caso concreto la resolutora absolvió a la aquí quejosa respecto a la afectación de salud lumbar, es incuestionable que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que la Junta responsable prescindiera, en razonamiento controvertido, si no existe condena respecto a la patología lumbar; además, es de destacarse que por lo que atañe a la patología auditiva que la Junta consideró el diecisiete por ciento de incapacidad apoyándose en el peritaje del tercero en discordia, mismo porcentaje que también sustentó el perito de la aquí quejosa; de ahí que se evidencie la inoperancia del motivo de queja en cuestión.

Por último, es inoperante el argumento expuesto por la quejosa en el sentido de que resulta injusta la condena establecida por la responsable del pago de la indemnización a razón del diecisiete por ciento del salario ordinario conforme a las cláusulas 128 y 129 contractuales, ya que éstas establecen diversos supuestos, entre ellos, que la persona que se queja de un riesgo de trabajo se trate de un trabajador, cuando el actor se encuentra jubilado, y ello evidencia que no es trabajador al servicio de la aquí quejosa, pues, al respecto, debe decirse que tales afirmaciones no pueden considerarse como un razonamiento lógico-jurídico en el que se precise la causa legal por la cual la condena, que no debe ser con base al salario ordinario, además de que el actor reclamó la indemnización sobre la base de que cuando ejercía su labor al servicio de la aquí quejosa, ante las condiciones de trabajo, fue que resultó afectado en su salud, de ahí que se haga patente la hipótesis precisada por la quejosa.

En tales condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación que se hacen valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, así como 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pemex Exploración y Producción, respecto de los actos y autoridades descritos en el resultando primero.

Notifíquese como corresponda; anótese, con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Héctor Gálvez Tánchez, José Manuel Quintero Montes y Miguel Mendoza Montes, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el segundo de ellos.

Nota: La tesis de rubro: "INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. AUN CUANDO CORRESPONDE AL TRABAJADOR DEMOSTRAR QUE SU ESTADO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20840-fc0ef305/condiciones-de-trabajo-si-en-el-contrato-colectivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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