SENTENCIA DE AMPARO DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN E INCIDENTE DE INEJECUCIÓN.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 593/2007. INMOBILIARIA CENPA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno, toda vez que no se está en el caso de aplicar las sanciones previstas en el primero de los preceptos invocados, en virtud de que el presente incidente de inejecución de sentencia resulta infundado.
SEGUNDO. El presente incidente de inejecución de sentencia resulta infundado por las siguientes razones:
El objeto del incidente de inejecución de sentencia lo constituye el estudio y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, cuando han sido requeridas en los términos de los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, a fin de aplicar, en su caso, la sanción prevista por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, sin perjuicio de que se haga cumplir la ejecutoria de amparo conforme a lo preceptuado por los artículos 111 y 112 de la citada Ley de Amparo, ya que el artículo 113 del propio ordenamiento exige que no se archive ningún juicio de garantías hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional a la quejosa, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para la ejecución.
Este Máximo Tribunal ha distinguido entre lo que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia de amparo y el incidente de inejecución de sentencia, como momentos diversos en la actuación del Juez de Distrito o del tribunal que haya conocido del juicio de amparo, que buscan el cumplimiento de una sentencia de amparo, constituido el primero por todos los requerimientos a las autoridades responsables y gestiones realizadas por el juzgador de amparo a fin de lograr el acatamiento de ese fallo protector, y el segundo, que se inicia cuando la Suprema Corte de Justicia abre el expediente respectivo, en virtud de la remisión de los autos que realiza el Tribunal Colegiado de Circuito, una vez agotado el procedimiento de ejecución ante el Juez de Distrito o el tribunal que haya conocido del juicio de amparo, para los efectos de la citada fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que habiendo agotado todas las gestiones necesarias decide que la autoridad o autoridades responsables han incurrido en una actitud contumaz de incumplimiento a la ejecutoria.
Dicho criterio ha sido sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"SENTENCIA DE AMPARO. DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN E INCIDENTE DE INEJECUCIÓN. En la tesis 2a. XCV/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: ‘INCONFORMIDAD. RESULTA IMPROCEDENTE SI EL JUEZ DE DISTRITO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE O NO CUMPLIDA.’, este Alto Tribunal consideró que cuando no se haya logrado el cumplimiento de una sentencia que otorga la protección constitucional, el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, abrirá el incidente de inejecución de sentencia con el propósito de lograr el cabal cumplimiento del fallo protector, realizando las diligencias idóneas señaladas en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Al respecto, esta Segunda Sala considera conveniente precisar que un estudio más detenido del precepto que se invoca en dicha tesis, ha llevado a considerar que deben distinguirse dos momentos en la actuación del Juez de Distrito que busca el cumplimiento de la sentencia de amparo: el primero, que puede calificarse como procedimiento de ejecución de sentencia, en que requiere a la autoridad responsable o a sus superiores a fin de que se acate el fallo; y el segundo, en el que habiendo agotado esas gestiones, concluye que es necesario remitir el expediente a la Suprema Corte para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y que es, propiamente, cuando se inicia el incidente de inejecución, abriéndose el expediente respectivo. De ello se sigue que cuando el Juez de Distrito, sin decidir aún enviar el expediente a la Suprema Corte, realiza actos diversos para lograr el acatamiento de la sentencia, se está en presencia de actos desarrollados dentro del procedimiento de ejecución de la misma, y será hasta que decida que no hubo cumplimiento y envíe a la Suprema Corte el expediente para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, cuando se abra el incidente de inejecución de sentencia. En cambio, cuando el Juez de Distrito resuelva que la sentencia se ha cumplido, dicho pronunciamiento habilita al quejoso para oponerse a través del incidente de inconformidad." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, febrero de 1997, tesis 2a. XV/97, página 350 y Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, tesis 162, página 132).
Cabe señalar que el incidente de inejecución de sentencia se abre cuando las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía y contumacia, debido a que no han dado cumplimiento a la ejecutoria de garantías, absteniéndose de obrar en el sentido ordenado por la sentencia o de realizar la obligación que constituye el núcleo esencial de la protección exigida por la garantía individual que se estimó violada, limitándose a desarrollar actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para crear una apariencia de cumplimiento.
Así lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial siguiente:
"INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE ‘PRINCIPIO DE EJECUCIÓN’ QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Este tribunal decide apartarse del criterio sostenido en la tesis que con el título de: ‘INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO.’, está publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho, pues un nuevo examen de la fracción XVI del artículo 107 constitucional vigente, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus artículos 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, muestra que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su substanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita; en este sentido, habrá ‘principio de ejecución’ y serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, por surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la restitución en la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, octubre de 1995, tesis P. LXV/95, página 116 y Apéndice 2000. Tomo VI, Común, P.R. SCJN, tesis 94, página 74).
En consecuencia, el incidente de inejecución de sentencia requiere, como presupuesto, la determinación del Juez de Distrito de que ha existido por parte de la autoridad responsable una actitud de contumacia o de abstención a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, lo que da lugar a que solicite al Tribunal Colegiado de Circuito su pronunciamiento sobre la procedencia de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, para que, a su vez, sea enviado a este Máximo Tribunal, a efecto de que se intervenga en la aplicación de las sanciones previstas en el precepto constitucional antes invocado, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 107. ... XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuera excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados."
Por su parte, el artículo 105 de la Ley de Amparo señala lo siguiente:
"Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. ..."
Luego entonces, la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se da previa determinación de incumplimiento de la autoridad responsable a la sentencia de amparo realizada por el órgano jurisdiccional que llevó a cabo el procedimiento para la ejecución de dicha sentencia en los términos previstos por el citado numeral 105 de la Ley de Amparo.
Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia y que a la letra señala:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA CUMPLIDO CABALMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y, EN SU CASO, DICTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO. El artículo 17 de la Constitución previene que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente con ello, la Ley de Amparo dispone, en su artículo 113, que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido la protección constitucional. Asimismo, en los artículos 104 a 113 de este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla con exactitud. Dentro de ellas, se previene que el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, cuando la sentencia no quedase cumplida, abrirá el incidente de inejecución, que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, la separación del cargo de la autoridad contumaz y su consignación ante un Juez de Distrito. Ahora bien, dentro de la tramitación del incidente ante el Juez, conforme a las reglas que se fijan en esos dispositivos, la autoridad responsable puede informar que ha cumplido con la sentencia, lo que dará lugar a que el Juez de Distrito dé vista con ello al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si al desahogar la vista expresa que la sentencia no se ha cumplido como es debido, el Juez deberá pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión sea negativa, deberá dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo e, incluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte para los efectos indicados. Por consiguiente, si ante el acuerdo de dar vista con el informe de cumplimiento de la responsable, el quejoso se opone a ello y el Juez remite el expediente a la Suprema Corte, sin hacer pronunciamiento alguno, debe regresársele a fin de que se haga cargo del escrito del quejoso y actúe en la forma que se ha especificado." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a./J. 20/98, página 195 y Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, tesis 265, página 219).
En este contexto tenemos, en lo que al caso interesa, que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil siete la remisión del expediente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República.
Lo anterior, al haber considerado, en lo conducente, lo siguiente:
"Con base en lo descrito, debe decirse que la autoridad responsable administrador tributario en Centro Médico, así como sus superiores jerárquicos, tesorero, secretario de Finanzas y jefe de Gobierno, todos del Gobierno del Distrito Federal, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no acreditaron ante la Juez de Distrito, ni ante este Tribunal Colegiado, haber desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de tributar el impuesto predial, con base en la aplicación del factor 10.0 previsto en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal. Consecuentemente, como las autoridades responsables antes referidas, no obstante que fueron requeridas en diversas ocasiones, no exhibieron constancias con las que se acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es claro que han sido omisas y contumaces para cumplir la misma. ... Por lo anterior, es de determinarse que la autoridad responsable administrador tributario en Centro Médico, así como sus superiores jerárquicos, tesorero, secretario de Finanzas y jefe de Gobierno, todos del Gobierno del Distrito Federal, no han obedecido la sentencia de amparo, pues como se ha visto, en el caso si bien quedó establecido en autos que el administrador tributario en Centro Médico es el obligado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que debió acreditar haber desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de tributar el impuesto predial, con base en la aplicación del factor 10.0, previsto en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, también lo es que el tesorero, secretario de Finanzas y jefe de Gobierno, todos del Gobierno del Distrito Federal, tampoco acreditaron haber tomado las medidas pertinentes para obligar a que dicha autoridad de inmediato cumpliera en sus términos la sentencia de amparo. En tales condiciones, este Tribunal Colegiado considera que lo procedente es, con fundamento en el artículo 105, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitir el expediente del juicio de amparo número 547/2002, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a ese Alto Tribunal para los efectos de la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, la separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y su consignación penal correspondiente."
Sin embargo, esta Segunda Sala advierte que, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, no existe la desobediencia a los deberes impuestos en el fallo protector, requisito indispensable para la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo.
Para la anterior conclusión se estima necesario relatar los antecedentes relevantes que informan el presente asunto:
1. En principio, debe tenerse presente que la Juez Octavo de Distrito "A" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 547/2002, celebró audiencia constitucional el cinco de junio de dos mil dos y pronunció sentencia, la cual terminó de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil tres, otorgando la protección constitucional a la quejosa en los siguientes términos:
"En las relatadas condiciones, al concluirse que es inconstitucional la inclusión del factor 10.0, dentro del artículo 149, fracción II, segundo párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa al respecto. Dicha concesión, implica la protección a la quejosa en contra de su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, ... Por tanto, a efecto de restituir a la impetrante de garantías en el goce de sus derechos afectados, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, ninguna autoridad, en lo futuro, deberá aplicar la ley reclamada en perjuicio de la peticionaria de amparo, en lo referente al segundo párrafo de la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal; asimismo, le deberá ser devuelta la cantidad que enteró con motivo de la inclusión del factor asignado, conforme a la constancia de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial, a través de la unidad administrativa que corresponda. ..."
2. Inconforme con la resolución anterior, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que dictó sentencia en sesión de diecinueve de agosto de dos mil tres, en la cual confirmó la sentencia recurrida.
3. Seguido en sus trámites el procedimiento de ejecución, la Juez de Distrito del conocimiento, ante la actitud contumaz de las autoridades responsables respecto del cumplimiento al fallo protector, emitió acuerdo el quince de noviembre de dos mil cinco, en el cual ordenó la apertura del incidente de inejecución y su envío al Tribunal Colegiado del conocimiento para los efectos precisados en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
Dicha incidencia fue remitida al Décimo Prime
r Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual pronunció resolución en el incidente de inejecución de sentencia 45/2005, en sesión de quince de febrero de dos mil seis, declarando fundado el incidente y ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Esta Segunda Sala en sesión de siete de abril de dos mil seis dictó resolución en el incidente de inejecución de sentencia 117/2006; en la cual, ordenó devolver los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito del conocimiento, a efecto de que éste requiriera al tesorero del Distrito Federal para que acreditara que efectivamente la parte quejosa recibió el cheque respectivo que amparara la cantidad establecida en el contrarrecibo de cuenta por liquidar certificada, mismo que asciende a la cantidad de $553,917.65 (quinientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 65/100 M.N.), el cual fue entregado a la parte quejosa en cumplimiento a la sentencia de amparo.
5. Una vez que fue recibida dicha resolución en el Juzgado de Distrito del conocimiento, en diverso acuerdo de ocho de junio de dos mil seis, tuvo por recepcionada las documentales exhibidas por la responsable en el incidente de inejecución citado en el párrafo precedente y ordenó dar vista con las mismas a la parte quejosa, para que en el término de tres días se manifestara respecto a su contenido.
Por auto de trece de junio de dos mil seis, la Juez de Distrito del conocimiento tuvo por interpuesto el recurso de queja de la parte quejosa por defectos en el cumplimiento del fallo protector; seguido en sus trámites, por resolución de diecinueve de julio de dos mil seis, lo declaró fundado, en virtud de que la cantidad contenida en el contrarrecibo de cuenta por liquidar certificada entregado a la parte quejosa, no contiene los accesorios legales correspondientes, calculados hasta el momento en que la cantidad sea devuelta a la parte quejosa y, por otra parte, no se ha acreditado la devolución de la cantidad contenida en el citado contrarrecibo, ante ello, ordenó requerir el cumplimiento a las autoridades responsables en los términos citados.
Inconforme con dicha resolución, el secretario de Gobierno en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal interpuso recurso de queja; seguido en sus trámites legales, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pronunció resolución en la queja 79/2006 declarándola infundada.
6. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil seis, la Juez de Distrito del conocimiento tuvo por recibido el testimonio de dicha resolución, por lo que procedió a requerir nuevamente al administrador tributario en Centro Médico a efecto de que determinara la cantidad a devolver a la parte quejosa, tomando en cuenta los accesorios legales correspondientes, y acreditara que dicha parte recibió la cantidad plasmada en el contrarrecibo.
En auto de uno de marzo de dos mil siete, la Juez de Distrito del conocimiento tuvo por recibido el oficio de la Administración Tributaria Centro Médico, por el cual manifestaba que no existía diferencia alguna a devolver en favor de la quejosa, distinta a la estimada en el contrarrecibo de cuenta certificada; por diverso acuerdo de cinco de marzo de dos mil siete tuvo a la autoridad responsable exhibiendo diversas documentales, por las cuales acreditaba que la cantidad referida en el contrarrecibo le fue entregada a la parte quejosa mediante cheque número 5586, de la cuenta 00103497844, de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima.
Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil siete, el Juzgado de Distrito del conocimiento declaró cumplido el fallo protector, en virtud de que la responsable acreditó haber devuelto a la quejosa la cantidad contenida en el citado contrarrecibo; no obstante que dicho Juzgado de Distrito había declarado fundada la queja interpuesta respecto del cumplimiento de la responsable en relación con la cantidad contenida en el citado contrarrecibo, en virtud de que ésta no incluyó los accesorios legales correspondientes; sin embargo, dicho juzgador estimó que la cantidad que había sido fijada en primer término y plasmada en el contrarrecibo era la correcta, ya que, por una parte, así lo había reconocido expresamente la parte quejosa y, además, había existido una confusión respecto a la aplicación de la tarifa, desconcierto que fue provocado por la propia quejosa.
7. La parte quejosa se inconformó con dicha resolución; inconformidad que conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pronunciando resolución en sesión de dieciséis de mayo de dos mil siete, declarándola fundada, atendiendo al hecho de que si bien la responsable había acreditado haber devuelto a la quejosa las cantidades pagadas en exceso con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad; sin embargo, no se había cumplido el diverso efecto, por el cual se obligaba a la responsable a desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de tributar el impuesto predial sin el factor 10.0 previsto en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal.
La Juez de Distrito del conocimiento, por auto de veintinueve de mayo de dos mil siete, tuvo por recibido el testimonio de dicha resolución y ordenó requerir nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos que para tal efecto se precisaron en dicha inconformidad.
Ante la omisión de cumplimiento de las responsables a la sentencia de amparo, por acuerdo de quince de agosto de dos mil siete, la Juez de Distrito del conocimiento ordenó la apertura del incidente de inejecución y su remisión al Tribunal Colegiado del conocimiento, a efecto de que resolviera sobre la procedencia de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sesión de treinta y uno de octubre de de dos mil siete, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió resolución en ese incidente, declarando fundado el mismo y ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En vista de lo antes relatado, se estima que el presente incidente de inejecución es infundado, ya que como se advierte de actuaciones, la autoridad responsable no ha sido omisa respecto del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo durante el procedimiento de ejecución.
Ello en virtud de que el administrador tributario en Centro Médico acreditó directamente ante el Juzgado de Distrito del conocimiento haber entregado a la parte quejosa la cantidad de $553,917.65 (quinientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 65/100 M.N.), por concepto de devolución de cantidad pagada indebidamente con motivo de la aplicación del factor 10.0, previsto en el artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, porción normativa que fue declarada inconstitucional mediante el fallo protector.
Lo anterior evidencia el cumplimiento de la sentencia de amparo antes de que se enviara el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite del presente incidente y, en esa virtud, se concluye que no se dio el presupuesto para la procedencia del mencionado incidente, consistente en la actitud de abstención total o desobediencia por parte de la autoridad para acatar la sentencia de amparo.
Tiene aplicación la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Cuarta Sala, publicada en la página doscientos veinticinco del Tomo número VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL INCIDENTE DE. TIENE COMO PRESUPUESTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRA EN LA ABSTENCIÓN TOTAL DE CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. El incidente de inejecución de sentencia que establece el artículo 105 de la Ley de Amparo, exige como presupuesto una abstención total de la autoridad a observar la conducta exigida por la ejecutoria de amparo para restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas. Por tanto, si de autos aparece que la responsable realizó algún acto con el cual se prueba que ya hay un principio de ejecución del fallo protector (aunque sea defectuoso o excesivo a juicio del quejoso), ello es suficiente para declarar sin materia el incidente, sin perjuicio de que la parte interesada pueda hacer valer su inconformidad en la vía procesal correspondiente."
Para corroborar lo anterior, resulta necesario que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca cuáles son los efectos del fallo constitucional; lo cual, constituye una potestad cuyo ejercicio corresponde a este Alto Tribunal; lo anterior, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público en cuya observancia está interesada la sociedad.
Tal como se deriva de la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:
"SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20872-79cbfa4b/sentencia-de-amparo-diferencias-entre-procedimiento-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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