SALUD, DELITO CONTRA LA, QUE SE ENTIENDE POR RADIO DE ACCION DE DISPONIBILIDAD.
AMPARO DIRECTO 523/93. JOSE LUIS SOMOZA FRASQUILLO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En cambio, son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación que en seguida se analizan, los que por la estrecha relación que guardan entre sí, se estudian en conjunto.
La sentencia reclamada, que al modificar la de primera instancia, declara plenamente probado el cuerpo del delito contra la salud, en las modalidades de tráfico de marihuana, sacar ilegalmente del país ese tipo de estupefaciente, sembrar y poseer del mismo, y de el de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como la plena responsabilidad penal de Francisco Somoza Frasquillo, en su comisión, se sustenta en las siguientes pruebas, las que por haber descrito la responsable con estricto apego a su contenido, aquí se dan por reproducidas: parte informativo de siete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, suscrito y ratificado ministerialmente por los agentes de la Policía Judicial Federal: Margarito Herrera Ramírez, Jesús Alvarado López, Antonio Bautista Salazar, José Antonio Sánchez Dávila y Raymundo Castañeda García; declaración de Gilberto Cerna Mejiz, Felipe Huerta Navarro, Anselmo Huerta Navarro y Sergio Ramírez Hidalgo, ante la Policía Judicial Federal y ante el agente del Ministerio Público Federal; parte informativo de diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, suscrito y ratificado ministerialmente por los agentes de la Policía Judicial Federal: José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y Francisco Navarro Alfaro; declaración de Francisco Trujillo Munguía, Meregildo Reyna Camacho, Mario Arnoldo Ríos Ayala, Samuel García Duarte, Jesús Alfaro Calderón, José Abigaíl García Reyna, José Sacramento Mota Valtierra, Epifanio Piña Carrillo, Salomón Martínez Quiñones, José Luis Somoza Frasquillo y Fernando Piña Pacheco, en actas de Policía Judicial Federal, ante el agente del Ministerio Público Federal, y en preparatoria; fe ministerial e inspección ocular de la yerba y vehículos asegurados; diligencia complementaria de fe ministerial de vehículos; dictamen químico organoléptico, suscrito por los peritos químicos farmacobiólogos Mercedes Macías Mora y Federico Plata Mojarro; diversas fotografías de los vehículos asegurados y de los paquetes con estupefacientes encontrados en los aludidos vehículos; fe ministerial de una bolsa de polietileno transparente con polvo blanco, al parecer cocaína, con peso aproximado en bruto de cinco gramos; de dos paquetes de diferente peso y volumen; de una bolsa de plástico color negro de polietileno, con yerba seca, al parecer marihuana, con peso aproximado de tres kilos quinientos gramos, de un rifle calibre treinta milímetros, marca U.S. Winchester, matrícula 2334809; de tres plantas verdes, con las características de la marihuana y de diversos objetos que se les aseguraron a los inculpados al momento de su detención; dictamen pericial en materia de balística, suscrito por el mayor José Luis Zamora Pérez, en el sentido de que el mencionado rifle es de los que la nación reserva para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; diverso dictamen químico organoléptico, suscrito por los peritos Marco Antonio Vela Tapia y Gildardo Cruz Velasco, relacionado con el vegetal verde fresco "compuesto por raíz, tallo y hojas", el vegetal verde seco, "proporcionado en un envoltorio de material sintético color rojo": el vegetal verde seco, contenido en un envoltorio de material sintético de color blanco"; el vegetal verde fresco constituido por "tallos y hojas, contenido en una bolsa de material sintético color negro", "las semillas contenidas en un frasco de vidrio transparente; y el polvo blanco", termina con las siguientes conclusiones: "PRIMERA. Las muestras de vegetal marcadas como 1, 2a, 2b, 2c, descritas con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden a cannabis sativa. 1. Conocida como marihuana y reputada como estupefaciente legalmente por la Ley General de Salud. SEGUNDO. El polvo blanco descrito en el punto 2o. corresponde a cocaína, sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud. TERCERO. Las semillas marcadas como 2d, descrita con anterioridad, corresponden a semillas de cannabis sativa 1., conocida como marihuana, la cual se encuentra considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud"; declaración ministerial en acta de Policía Judicial Federal de Jaime Leonardo Valencia Fontes; dictamen médico toxicológico, suscritos por el perito médico María Elena López Quiñones, en el que concluye que José Luis Somoza Frasquillo es toxicómano, adicto al consumo de la marihuana y la cantidad que se le aseguró 4469.8 gramos y de 6.1 gramos de semilla de cannabis sativa, excede de la racionalmente necesaria para su propio e inmediato consumo, hasta para setenta y dos horas, presenta lesiones de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días; Epifanio Piña Carrillo niega ser usuario del consumo de psicotrópicos o estupefacientes, presenta lesiones de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. Meregildo Reyna Camacho no es toxicómano adicto al consumo de psicotrópicos o estupefacientes, no presenta huellas de lesiones externas recientes. Samuel García Duarte no es toxicómano adicto al consumo de psicotrópicos o estupefacientes, presenta lesiones de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. Salomón Martínez Quiñones no es toxicómano adicto al consumo de estupefacientes o psicotrópicos, presenta lesiones de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días; documentales de buena conducta de Fernando Piña Pacheco y Epifanio Piña Carrillo; ampliación de declaración judicial de Samuel García Duarte, José Sacramento Mota Valtierra, Salomón Martínez Quiñones; careo procesal entre José Sacramento Mota Valtierra y Meregildo Reyna Camacho; careo procesal entre José Sacramento Mota Valtierra y José Luis Somoza Frasquillo; careo procesal entre Samuel García Duarte y José Abigail García Reyna; careo procesal entre Samuel García Duarte y José Luis Somoza Frasquillo; careo procesal entre Salomón Martínez Quiñones y José Abigail García Reyna; careo procesal entre Salomón Martínez Quiñones y José Luis Somoza Frasquillo; careo procesal entre Salomón Martínez Quiñones y Meregildo Reyna Camacho; careo supletorio entre Samuel García Duarte y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro, careo supletorio entre el inculpado Salomón Martínez Quiñones y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Sacramento Mota Valtierra y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Jaime Leonardo Valencia Fontes y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Fernando Piña Pacheco y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García, y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Epifanio Piña Carillo y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, Jóse Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro, careo supletorio entre Abigaíl García Reyna y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Francisco Trujillo Munguía y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Mario Arnoldo Ríos Ayala y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; careo supletorio entre Jesús Alfaro Calderón y los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero, Antonio Bautista Salazar, Héctor Espinoza, Rodrigo Lara Andrade, Juan Manuel Castañeda García y José Navarro Alfaro; testimonial en relación a los hechos a cargo de Ramón Sánchez Maciel y María de Jesús Pedraza Cervahido; testimonial a cargo de Eliud González Lecona y Amaury Barrios López, para avalar la buena conducta de Jesús Alfaro Calderón; ampliación de declaración judicial de Fernando Piña Pacheco; testimonial en relación a los hechos a cargo de Irma Alarcón de Sarabia; dictamen toxicológico, suscrito por los doctores Wilmer García Silva y Gabriel Lozano Vázquez, en que concluyeron que Fernando Piña Pacheco es adicto al consumo de cocaína y los cuatro gramos que de esa droga se le encontraron en su poder es la cantidad racionalmente necesaria para satisfacer su adicción a la misma; ampliación de declaración de Mario Arnoldo Ríos Ayala; diversas fotografías de trailers y otros vehículos automotores; diligencia de inspección ocular en la pensión de vehículos ubicada en las calles Mandarina y Guayaba de la colonia Jardines de la Cruz de Guadalajara, Jalisco, de las características del inmueble y su funcionamiento; examen toxicológico, suscrito por Fabián Medina Huesca, en que se concluye que Fernando Piña Pacheco es toxicómano, adicto al consumo de la cocaína y requiere de un gramo de ese tóxico para veinticuatro horas y para setenta y dos horas de tres a cuatro gramos máximo, por el grado de adicción crónico que padece; testimonial en relación a los hechos a cargo de Arturo García López e Hildalisa Covarrubias Archuleta, de Hermelinda Márquez Blanco, María de Jesús Valencia López, Esther Castañeda Duarte y Cliserio López Serrano; ampliación de declaración de Francisco Trujillo Munguía; ampliación de declaración de los testigos de cargo, agentes de la Policía Judicial Federal, José Manuel Romero y Juan Manuel Romero García; fe judicial del enervante; careo procesal entre José Luis Somoza Frasquillo y Fernando Piña Pacheco; careo procesal entre Fernando Piña Pacheco y Epifanio Piña Carrillo; testimonial a cargo de Roberto Mejía Zepeda y Argenia Rivas López, los que manifestaron ser quienes autorizan la entrada de camiones para el embarque de refresco; careo procesal entre José Luis Somoza Frasquillo y Meregildo Reyna Camacho; careo constitucional entre José Luis Somoza Frasquillo y José Abigail García Reyna; careo procesal entre Mario Arnoldo Ríos Ayala y Meregildo Reyna Camacho; careo procesal entre Mario Arnoldo Ríos Ayala y José Abigail García Reyna; careo procesal entre José Luis Somoza Frasquillo y Mario Arnoldo Ríos Ayala; careo procesal entre Mario Arnoldo Ríos Ayala y Samuel García Duarte; careo procesal entre Mario Arnoldo Ríos Ayala y José Sacramento Mota Valtierra; careo procesal entre José Luis Somoza Frasquillo y Jesús Alfaro Calderón; careo procesal entre Epifanio Piña Carrillo y Francisco Trujillo Munguía; careo procesal entre Epifanio Piña Carrillo y José Luis Somoza Frasquillo; careo procesal entre Jaime Leonardo Valencia Fontes y José Luis Somoza Frasquillo; careo constitucional entre Jesús Alfaro Calderón y Epifanio Piña Carrillo; testimonial en relación a los hechos a cargo de Guadalupe García Duarte y Amparo García Duarte; testimonial en relación a los hechos a cargo de Gloria Mora Valtierra; testimonial en relación a los hechos, a cargo de José Luis Larrazolo Rubio, agente de la Policía Judicial Federal, quien afirmó no haber participado en la detención de Jaime Leonardo Valencia Fontes.
Los anteriores medios de convicción los valoró el Magistrado responsable en términos de los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y al adminicularlos entre sí, arribó a la conclusión de que en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que precisa en la sentencia reclamada, "... se encuentra plenamente acreditada, de conformidad con lo establecido por los numerales 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, la materialidad de los delitos contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 193, fracción I, y 197, fracciones I, II y V del Código Federal, y de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, a que se contrae el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como demostrada la responsabilidad penal de ... José Luis Somoza Frasquillo en las singularidades de tráfico, sacar ilegalmente del país marihuana, siembra y posesión de esa yerba; así como la responsabilidad penal de éste en la ejecución del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, a que se contrae el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ... pues ... en el caso queda acreditado que JOSE LUIS SOMOZA FRASQUILLO, desde el año de mil novecientos setenta y cuatro, hasta la fecha en que fue detenido, dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en forma reiterada compró en diferentes partes del país y a distintas personas, diversas cantidades de marihuana, la que trasladaba oculta en los compartimientos especiales de los trailers de su propiedad, yerba que llevaba a Nogales, Sonora, donde la entregaba a Fernando González, quien se encargaba de sacarla ilegalmente de la República Mexicana, así como de conseguir compradores para esa yerba; también se acredita que el día en que fue detenido, agentes de la Policía Judicial Federal le aseguraron cinco trailers, uno en la caseta de cobro, ubicada a la salida de Guadalajara, Jalisco, concretamente en la carretera México- Guadalajara-Zapotlanejo, con setecientos setenta kilogramos de marihuana, conducido por Francisco Trujillo, y otros cuatro trailers en una pensión ubicada en la esquina de las calles Mandarina y Guayaba, colonia Jardines de la Cruz de Guadalajara, cada uno cargado con distinta cantidad de esa droga, la que en total arrojó un peso de dos mil doscientos setenta y seis kilogramos, automotores que eran custodiados en ese lugar por Fernando Piña Pacheco, Epifanio Piña Carrillo y Mario Arnoldo Ríos Ayala, y que por consiguiente dicho enervante se encontraba dentro del radio de disponibilidad personal de José Luis Somoza Frasquillo, quien al ser detenido cuando salía de la casa marcada con el número 43 de la calle Revolución, Colonia Zapata, de Uruapan, Michoacán, portaba el rifle calibre 30-M1, mismo que por sus características es de los que la nación reserva para uso exclusivo de los integrantes de la milicia, acorde con el dictamen que obra a foja 111 del proceso y que cuando los captores revisaron el inmueble, localizaron tres plantas de marihuana con altura de un metro cincuenta centímetros, las que Somoza tenía sembradas en el jardín del inmueble ... todas estas conductas fueron ejecutadas en contravención con las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal ...".
Y al desestimar el agravio en que los defensores particulares del quejoso argumentaron que no se justificaban las modalidades de tráfico y sacar ilegalmente del país marihuana, la autoridad responsable sustenta que José Luis Somoza Frasquillo, en averiguación previa, dijo que desde el año de mil novecientos setenta y cuatro, "... empezó a pasar marihuana a los Estados Unidos de Norteamérica, por la línea divisoria de Nogales, Sonora, que durante cinco años trabajó para un tal Jaime Figueroa, con quien se asoció en la compraventa de marihuana; que en este tiempo compró y envió al vecino país del norte aproximadamente veinticinco toneladas de marihuana; que posteriormente en Uruapan, Michoacán, compró a José Abigail García Reyna alrededor de ocho toneladas de esa yerba que adquirió cinco trailers marca Kenwort de modelo reciente a los que les mandó adaptar un compartimiento especial en el techo de las cajas, en donde era ocultada la marihuana que enviaba a Nogales, Sonora, para lo cual contrató a Francisco Trujillo Murguía y Mario Arnoldo Ríos Ayala, quienes se encargaban de conducir los trailers de Uruapan a Guadalajara y de ahí Nogales, Sonora, en donde recibía la yerba Fernando González, quien la introducía a los Estados Unidos. Lo anterior se corrobora con las manifestaciones de Francisco Trujillo y Mario Arnoldo Ríos, al aceptar que en diversas ocasiones llevaron marihuana oculta en los trailers de Somoza Frasquillo, yerba que entregaban en Nogales, Sonora, a un sujeto de nombre Fernando González; así como por lo dicho por José Abigail García Reyna y Meregildo Reyna Camacho, en el sentido de que ellos adquirían marihuana en la sierra de Nayarit, para Somoza Frasquillo quien les pagaba veinte mil pesos por cada kilo, aseverando que fueron ocho toneladas de esa yerba, y que en el mes de mayo de mil novecientos ochenta y nueve adquirieron como quinientos kilos más de la misma, para Somoza Frasquillo. Luego entonces, contra lo que afirman los defensores de José Luis Somoza, al concatenarse y adminicularse tales medios de convicción en el caso sí se justifica la pluralidad de transacciones de yerba, ello con independencia de que no precisara el nombre de las personas a las que se les vendía la droga ni a qué ciudad de los Estados Unidos se introducía, pues tales datos seguramente son del dominio del tal Fernando González, quien materialmente introducía y vendía la yerba en aquel país, por instrucciones del propio Somoza ...".
Al valorar las pruebas en que se sustenta la determinación que declara probado el cuerpo de los delitos contra la salud y de portación de arma de fuego, del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como la plena responsabilidad penal de José Luis Somoza Frasquillo, la autoridad responsable aplicó exactamente la ley, como lo exige el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que observó los principios reguladores de la prueba, pues a los partes informativos, los dictámenes químicos organolépticos y pericial en materia balística, la fe ministerial e inspección ocular del vegetal afecto al proceso de los vehículos automotores asegurados y de la pensión ubicada en la esquina que forman las calles de Mandarina y Guayaba de la colonia Jardines de la Cruz, de Guadalajara, Estado de Jalisco, efectivamente tienen el valor pleno que les asigna el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, por tratarse de documentos públicos y porque en su contra no se ofreció ningún elemento probatorio para redagüirlos de falsedad; en tanto que a las confesiones de Francisco Trujillo Munguía, Meregildo Reyna Camacho, Mario Arnoldo Ríos Ayala, Samuel García Duarte, Jesús Alfaro Calderón, José Abigail García Reyna, José Sacramento Mota Valtierra, Epifanio Piña Carrillo, Salomón Martínez Quiñones, José Luis Somoza Frasquillo, Fernando Piña Pacheco, Gilberto Cerna Mejía, Felipe Huerta Navarro, Anselmo Huerta Navarro y Sergio Ramírez Hidalgo, rendidas en acta de Policía Judicial Federal y ante el Ministerio Público Federal; a los careos procesales y a los constitucionales, ciertamente les corresponde el valor indiciario que les asigna el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Concretamente, al apreciar y conceder valor indiciario a la confesión de los acusados, la autoridad responsable no infringió los artículos 279 y 287 del preinvocado código, en principio, porque no es verdad que al describir las lesiones que presentaron en su cuerpo los acusados, la responsable haya reconocido que los agentes aprehensores los hicieron objeto de violencia, puesto que el análisis del considerando segundo de la sentencia reclamada pone de manifiesto que la responsable, después de establecer que de los certificados de fojas 149 a 151 del proceso, se desprendía que al ser examinados, con excepción de Fernando Piña Pacheco y Meregildo Reyna Camacho, los demás presentaron las lesiones que se especifican en los aludidos certificados y que en las respectivas diligencias en que rindieron su declaración preparatoria, el personal del juzgado dio fe de las lesiones que presentaban, consideró en seguida que estos medios de prueba serían aptos para acreditar el estado físico de los acusados, pero no idóneos para demostrar que las lesiones que presentaban se las causaron sus captores, precisamente para que confesaran los hechos delictuosos por los que se les condenó, colocándose luego en la hipótesis de que para el caso, "sin conceder", que así haya sido, ello sería motivo de responsabilidad para quienes infirieron las torturas y los malos tratos, pero no para que la confesión perdiera el registro de espontaneidad necesario para su validez legal.
La autoridad responsable tampoco reconoció que a los acusados se les hizo objeto de una detención prolongada, sino que consideró dos hipótesis: la primera, que a José Abigail García Reyna, Meregildo Reyna Camacho, José Luis Somoza Frasquillo, Francisco Trujillo, Mario Arnoldo Ríos Ayala y Epifanio Piña Carrillo fueron detenidos el dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y Jaime Leonardo Valencia al día siguiente, y un día después declararon ante la Policía Judicial Federal y uno después se les puso a disposición del agente del Ministerio Público Federal; la segunda, que aun teniendo por cierta la afirmación de los sentenciados de que se les aprehendió el dieciséis de septiembre del mencionado año, la sola detención arbitraria no es suficiente para estimar que la confesión que rindieron ante el agente del Ministerio Público Federal se produjo bajo un estado psicológico anormal, por actos violentos, consideración que la autoridad responsable funda en la quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 472, publicada en la página 820 del Apéndice y parte que se vienen citando, titulada: "CONFESION, DETENCION ARBITRARIA. No estando probada la existencia de coacción alguna, la sola detención arbitraria no es suficiente para estimar que la confesión rendida ante el Ministerio Público y la autoridad judicial lo fue bajo un estado psicológico anormal producido por violencia, ya sea de orden físico y moral.".
Consideraciones que, contra lo que alegan los promoventes del amparo en el segundo concepto de violación, no chocan con los principios de la lógica, pues el hecho de que a los acusados los haya detenido la Policía Judicial y hayan estado a su disposición y al pasar al juzgado presentaran lesiones, no es concluyente para "pensar", "... que esas heridas no les fueron producidas por sus captores para que confesaran y firmaran ...", sólo porque, aducen los promoventes, la lógica enseña que una conclusión válida debe apoyarse en hechos que se aceptan en una regla general y no en excepciones, y la regla general aceptable es que los inculpados fueron golpeados por los Policías Judiciales Federales, para que confesaran y firmaran sus hipotéticas confesiones, regla que se corrobora, agregan los promoventes, con la consistente en que una persona jamás reconocerá espontáneamente haber cometido un delito y la excepción, a la inicial regla, la constituye que no sean golpeados por los Policías Judiciales, pues si bien la lógica enseña que una conclusión válida debe apoyarse fundamentalmente en hechos que se aceptan como regla general; sin embargo, no constituye regla general que a los coinculpados los golpee la policía, para que confiesen la autoría de hechos delictuosos, porque para que una regla sea general se requiere que los hechos que la conformen estén apoyados en una verdad universal y no es verdad universal que a los inculpados los golpee la policía, cuando se encuentran a su disposición, dado que no existe un nexo de causalidad unívoco, entre la aprehensión de los inculpados y ser golpeados; tampoco constituye regla general que una persona jamás reconocerá espontáneamente haber cometido un delito, porque no constituye verdad universal que las personas que infringen la ley penal estén impedidas para reconocer la autoría de los hechos delictuosos que cometen; lo que conduce a sostener, por consiguiente, que no puede aceptarse como excepción, lo negado por los promoventes, en el sentido de que la excepción a la insostenible regla general que plantean, sea que a los infractores de la ley penal no los golpea la policía que los aprehende.
Aunado a que carece de sustento jurídico lo que aseveran respecto a que a la Policía Judicial Federal y al Ministerio Público Federal "en todo caso", les corresponda demostrar que las lesiones que presentan los aprehendidos y su detención prolongada, no tienen relación con la confesión que los aprehendidos hacen de los hechos delictuosos que se les atribuyen, por lo contrario, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la prueba, cuando se aduce que el confesante ha sido objeto de violencia, por parte de los órganos del Estado, corresponde a dicho confesante, en la jurisprudencia que con el número 472 aparece publicada en la página 818 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1988, Segunda Parte, que literalmente es como sigue: "CONFESION COACCIONADA, PRUEBA DE LA. Cuando el confesante no aporta ninguna prueba para justificar su aserto de que fue objeto de violencia por parte de alguno de los órganos del Estado, su declaración es insuficiente para hacer perder a su confesión inicial el requisito de espontaneidad necesaria a su validez legal.".
Además, no es un hecho notorio, sino imperativo constitucional, contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Policía Judicial está bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, imperativo del que no puede obtenerse la evidencia pretendida por los promoventes del amparo de que la Policía Judicial Federal violenta a los gobernados y esto les dificulta quejarse o retractarse ante los jefes inmediatos de dicha policía, quienes también pertenecen a la Procuraduría General de la República, como tampoco el cambio de versiones de los acusados constituye evidencia de haber sido golpeados para arrancarles sus confesiones, por tratarse respectivamente sólo de un significado legal y una actitud procesal, no de un hecho, representativo de una conducta humana, de sucesos o de acontecimientos, a través de los cuales se tuviera la certeza manifiesta, clara y tan perceptible de que la Policía Judicial, al cumplir con la función persecutoria de los delitos que el imperativo constitucional les encomienda, violente a los gobernados, de modo que nadie pudiera dudar racionalmente de este hecho y al juzgarse lo contrario fuese tenido por temeridad, que es lo que significa evidencia; ni podía obtener la responsable, mediante operación mental de percepción y de deducción, la existencia de los actos violentos que los acusados atribuyen a los agentes de la Policía Judicial Federal que intervinieron en su captura, por el hecho probado, mediante fe judicial, que aquéllos presentaron lesiones porque para que así pudiera sustentarse se hacía menester la existencia de una conexión lógica entre este hecho y el que se investiga, por suponer indispensable el hecho buscado y por corresponder a una regla de causalidad necesaria, identidad y concordancia que fuese infalible y no sufriera excepciones.
A lo que debemos agregar que ninguno de los acusados, al rendir su declaración preparatoria, en que afirman los promoventes del amparo los acusados "... tuvieron la libertad de expresarse como quisieron en relación a los hechos que se les atribuían, pues ya no se encontraban bajo el ámbito de la autoridad de la Procuraduría General de la República, sino frente a un órgano que careciendo de pistolas y de medios intimidatorios pertenecen al Poder Judicial Federal ...", refirieron haber tenido alguna "dificultad" para quejarse ante el jefe inmediato de la Policía Judicial o para retractarse ante éste de la confesión de autoría material de los hechos delictuosos por los que se les condenó ni durante la terminación del proceso se aportó prueba alguna, para acreditar la "dificultad" que hubieran tenido y les impidiera formular la queja de los actos violentos que se afirma recibieron los acusados de parte de la Policía Judicial Federal.
También debe agregarse, como con acierto lo señala el Magistrado responsable, que los encausados no atribuyeron ningún tipo de violencia al Ministerio Público Federal, ante el que rindieron sus respectivas declaraciones ministeriales, lo que hace que cualquier acto violento que hubieran ejercido los agentes aprehensores en contra de los encausados para que confesaran los hechos delictuosos por los que se les condenó, quedaron automáticamente purgados los vicios que sus confesiones hubieran adolecido, produciéndose ante el representante social una confesión que cumplió con las exigencias legales, al reunir los requisitos del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, entre otros, el de haberse producido sin violencia física o moral.
Fundamenta esta determinación la cuarta tesis relacionada con la de jurisprudencia de la Primera Sala de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2090-c11f4663/salud-delito-contra-la-que-se-entiende-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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