OBLIGACIONES MERCANTILES. LAS ACCIONES DERIVADAS DE ELLAS QUE NO TENGAN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO PODRÁN EJERCITARSE EN LOS PLAZOS QUE ÉSTE ESTABLECE SIN QUE PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE HAYA REQUERIDO AL DEUDOR SU CUMPLIMIENTO.
AMPARO DIRECTO 414/2007.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Como circunstancia previa es necesario indicar que primeramente se analizará el segundo concepto de violación, en virtud de que en él se combate la legitimación de la actora ... argumento que es de estudio preferente.
La parte quejosa aduce que le causa agravio el que la Sala responsable haya confirmado la determinación del Juez a quo, en la que señaló que ... carece de legitimación activa para intentar el juicio de origen pues, contrariamente a lo señalado, sí tiene legitimación para interponer la demanda por existir litisconsorcio activo, dada la sociedad conyugal que formó con ...
Lo anterior es infundado, por lo siguiente.
En principio, cabe señalar que la acción procesal puede concebirse como el poder jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos.
Ahora bien, la institución del litisconsorcio consiste en la presencia plural de sujetos en el proceso, en la calidad de actores, de demandados o de actores y demandados. La multiplicidad de actores produce el litisconsorcio activo, la multiplicidad de demandados da lugar al litisconsorcio pasivo, y la pluralidad de actores y demandados da lugar al litisconsorcio activo y pasivo simultáneamente.
Si hay disposición legal que obligue a que varias personas en forma activa o pasiva litiguen unidas como actores o demandados, estaremos en presencia del litisconsorcio necesario y si sólo es conveniente el que litiguen unidas pero, sin obligación legal, estaremos frente a un litisconsorcio voluntario.
Conforme a lo expuesto, se concluye que hay litisconsorcio necesario cuando el proceso no puede iniciarse válidamente, sino en la forma de litisconsorcio porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas. Y hay litisconsorcio activo necesario únicamente cuando está expresamente establecido en la ley.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.6o.C.117 C, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 703, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual se comparte por este tribunal y que dice:
"LITISCONSORCIO. Ésta es una figura jurídico-procesal sui géneris, que evita difusión y contradicción en la autoridad procesal y se materializa cuando en un proceso existen diversos actores o demandados, o cuando la resolución que recaiga en el mismo, necesariamente afecte a una persona extraña, es decir, cuando varias personas deducen una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos o más incoan a su vez un juicio en contra de dos o más. Así también, dicha figura es activa cuando se refiere a los actores y pasiva cuando se trata de los llamados a juicio y de igual modo podrá ser voluntaria o necesaria, dándose el primer caso, cuando las partes litisconsortes, tanto activas como pasivas, en ejercicio de una facultad que la ley les confiere, invocan la figura procesal en comento, y litisconsorcio necesario, por disposición expresa, o bien, cuando materialmente existe imposibilidad legal de emitir autónomamente diversas sentencias en relación con varias personas en que éstas tuvieren interés."
Plasmado lo anterior y analizadas las constancias que integran el juicio de origen, este órgano jurisdiccional considera que lo resuelto por la Sala responsable no es violatorio de garantías pues, en el caso concreto, no existe litisconsorcio activo necesario entre ...
Es cierto que quedó demostrado que entre los antes referidos existe una sociedad legal y que el contrato fundatorio de la acción lo celebró ... cuando ya habían formado la citada sociedad; sin embargo, ello es insuficiente para considerar que existe litisconsorcio activo necesario, porque para que dicha figura jurídica se dé es necesario que la ley así lo establezca, circunstancia que en el caso concreto no se actualiza.
De la lectura de los preceptos legales que regulan la sociedad legal en la legislación del Estado de Jalisco, la cual es la ley aplicable por haberse celebrado el citado contrato matrimonial en aquella entidad federativa, no se advierte que exista algún precepto legal en el que el legislador haya establecido que para que una sociedad legal pueda ejercitar cualquier acción que estime tener a su favor, tengan que hacerlo obligadamente y de manera conjunta tanto el esposo como la esposa; consecuentemente, al no haberse contemplado esa posibilidad por parte del legislador no puede válidamente afirmarse que existe litisconsorcio activo necesario, por el solo hecho de que exista una sociedad legal; máxime que la ley le otorga a uno de ellos la administración de los bienes; de ahí que lo alegado por la parte quejosa, en este aspecto, sea infundado por inexacto.
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que en el artículo 297 del Código Civil del Estado de Jalisco, el legislador estableció que las acciones en contra de la sociedad conyugal o sobre los bienes sociales serán dirigidas en contra de ambos cónyuges, sin embargo, dicho precepto legal, como puede verse, no contempla un litisconsorcio activo necesario sino, en todo caso, un litisconsorcio pasivo necesario, figura jurídica que es diversa a la invocada por la parte quejosa; consecuentemente, tampoco resulta aplicable la tesis aislada que se encuentra bajo el rubro: "LITISCONSORCIO NECESARIO PASIVO, EXISTE CUANDO LA PRESTACIÓN DEMANDADA PUEDA AFECTAR A LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)."; en primer lugar, porque se refiere a una figura jurídica que no es la aplicable al caso y, en segundo término, porque está interpretando una legislación diversa a la que aquí se analiza.
De igual manera resulta infundado lo alegado en el mismo concepto de violación, en el sentido de que si bien es cierto que la sociedad conyugal tiene personalidad jurídica propia distinta a la de los miembros que la componen, no menos cierto es que la autoridad responsable debió tomar en cuenta que cada uno de los cónyuges puede ejercitar, de manera individualizada, los derechos que le corresponden como parte integrante de dicha sociedad, más aún cuando se advierta que se encuentran en peligro.
Lo anterior es así, por lo siguiente:
Como cuestión previa, cabe señalar que de la lectura del acta de matrimonio exhibida por la parte quejosa, se advierte que el régimen en el que contrajeron matrimonio ... fue el de sociedad legal y no el de sociedad conyugal, como lo afirman.
Establecido lo anterior, cabe hacer ciertas precisiones respecto de las reglas que rigen a la sociedad legal en el Estado de Jalisco.
Los artículos 287, 288, 296 y 314 del citado ordenamiento legal, en lo que interesa, disponen:
"Artículo 287. El régimen de la sociedad legal, consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración y dominio corresponde a ambos cónyuges indistintamente, con las limitaciones que se establecen en la ley."
"Artículo 288. Forman el patrimonio de la sociedad legal: I. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión u oficio; II. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte. Si hubiere designación de partes y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación; III. El numerario extraído de la masa común para adquirir bienes por resolución de contrato u otro título que pertenezca por derecho propio a alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio; IV. El precio de las refacciones de crédito, y el de cualesquiera mejora y reparaciones hechas en fincas o créditos propios de cada uno de los cónyuges; V. El exceso o diferencia de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados; VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes; y VII. Los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los consortes."
"Artículo 296. Al celebrarse el matrimonio los cónyuges deben indicar cuál de los dos tendrá la administración de los bienes comunes. ..."
"Artículo 314. Todos los bienes que existen en poder de cualesquiera de los cónyuges al hacer la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario."
De su lectura, se advierte que la administración de los bienes comunes, le corresponde al cónyuge que ambos decidan y que por regla general todos los bienes adquiridos por los consortes durante el matrimonio pasan a formar parte de la sociedad legal, por lo que la prueba de que los bienes se adquirieron con el fruto del trabajo de alguno de los cónyuges o a costa del caudal común, resulta de hecho imposible, si se atiende a las circunstancias de que el matrimonio no es una sociedad especulativa en la que se documenten las operaciones financieras, y que el artículo 315(1) del ordenamiento citado determina que las confesiones de los socios, aun las judiciales, se estiman insuficientes para acreditar la propiedad de los bienes.
Asimismo, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, salvo prueba en contrario, son gananciales que pasan a formar parte del fondo común que la constituye, de tal suerte que el cónyuge que invoca la propiedad de un bien adquirido en estas circunstancias únicamente por su consorte, no está obligado a demostrar que el bien fue adquirido a costa del caudal común, o bien, que se trata de cualquiera de los bienes comprendidos en los artículos 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 311(2) de la legislación civil del Estado de Jalisco.
De igual manera, cabe señalar que otra de las características de la sociedad legal consiste en que las partes alícuotas no están precisadas y los bienes no están determinados, sino hasta que se liquida la sociedad, es decir, los bienes constituyen un todo, según se advierte de la lectura de los artículos 327, 328, 340, 341, 346 y 347 del ordenamiento legal antes invocado, por lo que la parte que le corresponde a cada socio, quedará determinado hasta que se disuelva la sociedad, se realice el inventario, se devuelvan a cada socio los bienes propios, se paguen las deudas a cargo de la sociedad y se cobren los créditos.
En conclusión a lo anterior se obtiene:
a) Que en la sociedad legal, la administración de los bienes comunes corresponde solamente al cónyuge designado;
b) Que la nota característica de la sociedad legal, consistente en que al no precisarse el dominio de los cónyuges sobre bienes o partes alícuotas determinadas, ninguno de ellos puede verse afectado en sus derechos en forma particular; y,
c) Que será hasta la liquidación de la sociedad cuando existe la posibilidad de que los socios puedan advertir si existió algún mal manejo por parte del cónyuge administrador que vio dañada su parte proporcional que le corresponde.
Puntualizado lo anterior, es de señalarse que, contrariamente a lo afirmado por la parte quejosa, es inexacto que en el caso concreto cualquiera de los cónyuges pueda hacer valer sus derechos de la parte que le corresponde de la sociedad conyugal pues, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes mencionados y, en particular, de lo previsto en el artículo 297 del Código Civil del Estado de Jalisco, se desprende que a la única persona que le corresponde la defensa de los derechos de la sociedad legal es al cónyuge que haya sido nombrado como administrador y, en el caso concreto, del análisis del acta de matrimonio que se exhibió en el juicio de origen, se advierte que dicha representación le corresponde a ... de ahí que sea acertada la determinación de la Sala responsable al considerar que ... no tiene legitimación para comparecer al juicio.
Además, es inexacto que cada uno de los cónyuges puede ejercitar de manera individual los derechos que le correspondan como parte integrante de dicha sociedad legal, pues aun cuando es innegable que ... tiene derechos que derivan de esa sociedad legal; sin embargo, éstos no pueden defenderse por ella, porque para que ello aconteciera era necesario, en primer lugar, haber demostrado que la sociedad legal se liquidó y que con el acto jurídico que celebró ... como persona física, afectó los derechos de ... circunstancia que en el caso no aconteció.
Sin que sean aplicables al caso las tesis de jurisprudencia y aislada que se citan y que se encuentran bajo los rubros: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO." y "SOCIEDAD CONYUGAL, CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES AJENO A LA CONTROVERSIA NATURAL, TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EL CINCUENTA POR CIENTO DE SUS GANANCIALES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", pues de su lectura se advierte que en ellas se está interpretando una legislación diversa a la que aquí se aplicó, amén de que el Código Civil de Jalisco no autoriza a los cónyuges a disponer de la parte alícuota que le corresponde del derecho real que deriva de la sociedad legal, sino hasta que se hace la liquidación, cuestión que en el caso no ha acontecido y, por tanto, no puede decirse que se le han afectado sus gananciales.
Por lo que atañe a la tesis aislada y que es del epígrafe: "SOCIEDAD CONYUGAL, DEMANDA CONTRA UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES RESPECTO A BIENES DE LA.", tampoco es aplicable al caso, pues con independencia de que dicha tesis se refiere a la legislación del Estado de México, en ella se establece que la esposa sí puede ser considerada como tercera extraña al juicio, cuestión que en el caso no está a discusión; de ahí que lo alegado por la parte quejosa, como ya se dijo, devenga infundado por inexacto.
En el sexto concepto de violación, inciso A), que por cuestión de orden se examina previamente al resto de los diversos puntos de inconformidad, la parte quejosa argumenta que la sentencia reclamada es incongruente, pues mientras en el considerando séptimo aceptó implícitamente que sí se había demostrado la existencia del contrato respecto de la ... en la diversa consideración décima tercera se expone lo contrario.
Lo expuesto es infundado por inexacto, pues no es verdad que la autoridad responsable, al ocuparse del séptimo agravio, haya vertido la consideración que los inconformes transcriben, a saber: "... si al momento en que los demandados físicos se comprometieron con ... no se había constituido aún la empresa ... pero por otro lado sí se comprobó que tenían la administración de ... y además no se controvirtió que la participación del actor fuera a cambio de considerarlo como accionista de la sociedad ... inclusive, atendiendo a los términos de la redacción del texto antes transcrito, se evidencia que se trata de un argumento que los quejosos expusieron en sus agravios.
Pero además, lo que la autoridad responsable resolvió en el séptimo agravio fue solamente lo que los quejosos transcriben con posterioridad al texto antes reproducido, es decir, que aquél era fundado porque contrariamente a lo resuelto por el a quo los demandados ... aceptaron haber celebrado el contrato base de la acción con ... tal como se advierte de la siguiente transcripción:
"El quinto agravio también resulta fundado pero inoperante.
"Señala el apelante que el a quo consideró que no quedó acreditada la existencia del contrato innominado fundatorio de la acción basándose en que el demandado ... al contestar el hecho segundo de la demanda niega la existencia de acuerdo alguno a pesar de que sí aceptó el contrato pero sólo cambió las modalidades del acuerdo en cuanto al porcentaje de aportaciones que debería efectuar el actor para ser accionista y al número de personas que participarían en la construcción del ... pero no controvirtió que la participación del actor fuera a cambio de considerarlo como accionista de la sociedad ...
"Este agravio resulta fundado porque contrario a lo sostenido por el a quo, los demandados ... aceptaron haber celebrado el contrato base de la acción con el señor ... tal y como ya se estableció en el considerando segundo de la presente.
"Sin embargo, lo inoperante del agravio es porque a pesar de estar demostrada la existencia de dicho contrato, resulta improcedente la rescisión solicitada porque el actor ... no ha requerido a los demandados por el cumplimiento de su obligación de emitirle las acciones acordadas, tal y como se concluye en el considerando duodécimo."
Sin que pueda concluirse, como los impetrantes lo pretenden, que por el hecho de que el tribunal de apelación haya afirmado que los demandados ... aceptaron haber celebrado el contrato con ... deba presumirse que este último también contrató con la ... pues la circunstancia de que aquéllos hayan sido accionistas y socios mayoritarios de esta sociedad -por ser la única que existía- y que así lo hayan manifestado al llevar a cabo la contratación, ello solamente evidencia que eso fue lo único que incidió en que ... decidiera contratar, pero de ninguna manera que los demandados físicos lo hicieran por sí y en representación de la indicada persona moral, lo cual admiten, incluso, en la demanda de garantías cuando exponen:
"Formó parte de los agravios en apelación el hecho de que los demandados físicos siempre actuaban y así se hizo ver desde el punto número (1) uno del capítulo de hechos de la demanda como personas dedicadas a la hotelería, que se ostentaban como accionistas y administradores de una sociedad mercantil denominada ... la que incluso para mayor transparencia y seguridad de ... llevaba los apellidos de los propios demandados físicos y fue eso lo único que animó a ... para asociarse con dichas personas y con base en el carácter que ellos mismos le expusieron como dedicados al manejo de hotel y restaurante ..."
Por tanto, no existe la contradicción a que aluden los inconformes pues, de las consideraciones séptima y octava de la sentencia reclamada, no puede advertirse más que la reiteración de que el contrato accionario únicamente se celebró por ... con ... de ahí que resulta inexacta la aseveración consistente en que el fallo resulta incongruente.
Al margen de lo anterior, debe decirse que la autoridad responsable negó que se haya celebrado el contrato fundatorio de la acción con la empresa ... con base en los argumentos siguientes:
a) porque ese hecho no formó parte de la litis, debido a que en la demanda no se imputó a dicha sociedad mercantil la realización de conducta alguna ligada al contrato, por lo que aun cuando durante el periodo probatorio apareciera alguna prueba de que esta empresa tuvo alguna participación en el contrato, ésta resultaría inatendible; y,
b) que ni siquiera hubo pruebas que lo demostraran, ya que esta empresa, al contestar la demanda, negó haber tenido trato alguno con la parte actora; que los dictámenes periciales reflejan la construcción del ... y las aportaciones que se le estuvieron haciendo tan sólo a ... y el testigo ... (cuya declaración obra a fojas 6200 a 6203), no hizo referencia alguna a la participación de la empresa ... en el contrato fundatorio.
Con respecto a lo anterior, la parte quejosa argumenta que en la demanda sí se señaló que el contrato base de la acción también se imputó como celebrado con la ... lo cual es inexacto, pues además de que no precisan el hecho de la demanda en el cual hayan realizado esa imputación, no podría entenderse, como en la demanda de amparo lo pretenden, que con el único señalamiento de que el contrato fundatorio de la acción lo celebraron los demandados físicos, contiene la imputación implícita de que también lo hicieron con la representación legal de la mencionada persona moral.
De ahí que es correcto lo decidido por la autoridad responsable, en cuanto a que serían inatendibles las pruebas que al respecto se hayan rendido, incluso aquellas que se precisan en la demanda de garantías para tratar de controvertir lo expuesto en el inciso b) que antecede, pues no podrían tenerse por demostrados hechos que no fueron invocados en la demanda como fundamento de las pretensiones hechas valer.
También argumenta la parte quejosa en el sexto concepto de violación, inciso d), que no fue objeto de análisis y aplicación en la sentencia reclamada el criterio jurisprudencial y, por ende, obligatorio para la autoridad responsable conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, invocado en el recurso de apelación, de rubro: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.", por lo cual se dejó de aplicar la ley a su correcta interpretación jurídica que, inclusive, resulta inaplicable al caso la tesis invocada por la responsable, por lo que reproduciendo lo expuesto en el quinto agravio, se le debe conceder la protección constitucional para el efecto de que se considere que sí forman parte de la litis los anexos de la demanda; de ahí que con los identificados con los apartados 13, 14 y 24 se acreditó plenamente la existencia del contrato y la participación en él de todos los demandados físicos y morales del expediente natural.
Este argumento es ineficaz, pues aun cuando efectivamente la Sala responsable expresamente nada dijo en cuanto a la tesis invocada en los agravios, de todas maneras esto lo hizo de manera implícita, al haber acogido el criterio contenido en la diversa tesis que sobre el tema invocó en la sentencia reclamada. Pero además, con todo y que se admitiera que la parte actora cumplió con su obligación de expresar en su demanda los hechos sustento de la acción ejercitada con hacer remisión a los documentos anexos a ella, con aquellos que al efecto alude -13, 14 y 24- no podría concluirse que se demostró la existencia del contrato con los demandados morales en el juicio natural, pues como lo decidió la autoridad responsable, en los hechos de la demanda ninguna imputación se hizo en ese sentido, ya sea expresa o haciendo remisión a los documentos anexos.
En el tercer concepto de violación la parte quejosa se duele de la desestimación del primero de sus agravios, concretamente del apartado en el que la Sala responsable declaró improcedente la acción de enriquecimiento sin causa que las empresas ... así como ... ambas sociedades anónimas de capital variable, ejercieron en el juicio de origen.
Al respecto, argumenta que el tribunal de apelación efectuó un análisis oficioso de los elementos de la acción sin estar facultado para ello, pues los demandados no se excepcionaron en cuanto a que faltara alguno de los elementos de la acción, ya que únicamente se limitaron a circunscribir el enriquecimiento o las cantidades con las que se vieron beneficiados, a los montos que se acreditaran por los actores, inclusive, la empresa ... no atacó frontalmente el hecho veinticuatro de la demanda, por lo cual debe tenérsele por admitido y, por consiguiente, lo afirmado en él adquiere valor probatorio pleno porque no hay prueba en contrario.
Lo expuesto es infundado, en la medida en que el pronunciamiento de la autoridad responsable, en torno a la acción de enriquecimiento sin causa ejercida con base en el hecho veinticuatro de la demanda, lo efectuó precisamente en respuesta al planteamiento que los quejosos realizaron en el primero de los agravios, inciso B), en el cual expusieron, entre otros argumentos, el relativo a que el Juez de Primera Instancia no había examinado correctamente la litis, al no analizar los hechos del punto veinticuatro de la demanda inicial, tal como se advierte de la siguiente transcripción:
"Luego pues, no guardan aplicación en el presente caso no (sic) ninguno de los artículos invocados por el a quo en la sentencia que se combate, ni la jurisprudencia que se pretende usar de fundamento, pues no fue analizada la litis correctamente al no haber tomado en consideración el a quo los hechos que se narraron en el punto número veinticuatro de la demanda inicial y, con base en los cuales, el suscrito estima se justifica plenamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado la legitimación de los antes mencionados para salir al juicio."
Argumento que se consideró fundado en esa parte, dado que el tribunal responsable expuso:
"Sin embargo, en cuanto a las empresas accionantes ... el agravio en estudio es fundado pero inoperante, ya que en la sentencia impugnada el a quo determinó que dichas empresas no celebraron el contrato fundatorio, pero no hizo pronunciamiento alguno sobre la acción de enriquecimiento ilegítimo invocada en el hecho número veinticuatro de la demanda en el cual los actores sostienen que los demandados recibieron un beneficio económico mediante las aportaciones económicas que realizaron las empresas accionantes sin haber recibido algún beneficio, lo que generó, a juicio de los actores, un enriquecimiento sin causa ..."
Por consiguiente, fue correcto que la autoridad responsable se pronunciara, incluso de oficio, respecto de los elementos constitutivos de la acción de enriquecimiento sin causa ejercitada, debido a que, como se evidenció, resolvió reasumiendo jurisdicción, precisamente por el hecho de que el Juez de primera instancia había omitido el estudio de la referida acción, teniendo aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/25, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1137, con el rubro y texto que dicen:
"ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. Si bien es cierto que el estudio de los elementos de la acción debe hacerse de oficio, también lo es que ello únicamente es así, en tratándose de las sentencias de primer grado, o bien de aquellas de segunda instancia, cuando el inferior omita su estudio y la Sala responsable resuelva en plenitud de jurisdicción; pero si existe por parte de aquél pronunciamiento al respecto, el tribunal de alzada sólo podrá ocuparse de su análisis cuando exista agravio en ese sentido."
También en el tercer concepto de violación los impetrantes aducen que la autoridad responsable omitió cumplir con el principio de exhaustividad porque dejó de analizar la totalidad de los planteamientos expuestos en el primer agravio, concretamente, omitió el estudio de las pruebas enunciadas en dicho agravio, inciso B), subincisos a) al h), con las cuales se acreditó la acción de enriquecimiento ilegítimo.
Este punto de inconformidad es inoperante, por deficiente, toda vez que la parte quejosa únicamente se limita a afirmar que con las pruebas a que alude se acreditaron de manera fehaciente los elementos de la acción de enriquecimiento sin causa, con base en la tesis de rubro: "ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. ELEMENTOS DEL.", pero no precisa el alcance probatorio de esas probanzas, ni tampoco la forma en que éstas trascendieron al resultado del fallo, supuestos éstos con los cuales sólo es posible analizar si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicio a la parte quejosa y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales.
Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/102, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 509, con el rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA. Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes."
Al margen de lo anterior, debe decirse que la desestimación de la acción de enriquecimiento sin causa analizada por la Sala se fundó, no en la falta de pruebas que demostraran sus elementos constitutivos, sino en que las pruebas que examinó, específicamente el reconocimiento que deriva de los hechos de la demanda, ponían de manifiesto que los actores no podían alegar que no existió causa para el enriquecimiento de la parte demandada, en la medida en que las aportaciones económicas entregadas a esta última fueron para que ... cumpliera con el contrato fundatorio de la acción, todo lo cual se advierte de la conclusión que se reproduce a continuación:
"Por lo tanto, si las empresas actoras reconocen que la razón por la cual le entregaron a la demandada una parte de las aportaciones económicas a que se obligó el señor ... para la construcción de un hotel, fue con motivo de un contrato que celebró este último, no pueden alegar entonces que el enriquecimiento de la parte demandada fue sin causa, sino que las entregaron con el objeto de que ... diera cumplimiento al contrato fundatorio de la acción, a cambio de obtener acciones de la empresa ... y, por ende, pueden recuperar las aportaciones si se llega a rescindir el contrato, ya que de acuerdo al artículo 1949 del Código Civil Federal, en la rescisión el contratante que cumplió con lo que le corresponde ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20951-1b19a976/obligaciones-mercantiles-las-acciones-derivadas-de-ellas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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