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Modo: Corpus Pro

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA QUE EL DEMANDADO LO SEÑALE CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 739 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS I.3o.T.144 L, DE RUBRO: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA QUE EL DEMANDADO LO SEÑALE.").

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 200/2008. · Registro digital (IUS): 21081
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, , Pág. 1087.

AMPARO DIRECTO 200/2008. PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, inoperantes, y fundados pero inoperantes.

Los trabajadores demandaron de: 1) Ciba Speciality Chemicals, 2) Proyectos y Montajes Electromecánicos (ambas Sociedad Anónima de Capital Variable), 3) Luis Bastida Méndez, 4) Luis Bastida Meléndez y 5) Sergio Ugalde, diversas prestaciones; todas derivadas del despido alegado de dos de diciembre de dos mil dos.

Luego de emplazar a dichos codemandados (con excepción de Sergio Ugalde), en diversas ocasiones se suspendió la audiencia de ley debido a que los comparecientes manifestaron estar celebrando pláticas conciliatorias. Para la reanudación de la misma, a la empresa quejosa se ordenó notificar por boletín la nueva fecha y hora -luego de regularizarse el procedimiento para que no fuera de manera personal y vía exhorto-.

En tal diligencia, en primer término, existió un desistimiento de los actores respecto de Ciba Especialidades Químicas México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, ante la incomparecencia del ente jurídico quejoso se le hizo efectivo el apercibimiento de tenerle por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas.

Como consecuencia, en el laudo se le condenó al pago de las prestaciones principales reclamadas -con motivo del despido alegado-, en tanto que absolvió a los restantes codemandados.

Cabe señalar que la empresa solicitante del amparo tuvo conocimiento de las determinaciones emitidas con posterioridad a la reanudación de la audiencia de ley, precisamente hasta el momento en que se le notificó éste, según certificación de dieciséis de octubre de dos mil siete.

En contra del fallo en comento, acude al amparo la referida empresa Proyectos y Montajes Electromecánicos, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Debido a la variedad de situaciones que se plantean en los conceptos de violación, su estudio se atenderá a un orden diverso al en que aparecen formulados.

En el tercero de ellos indica que la notificación por medio de Boletín Judicial del auto que ordena reanudar el procedimiento viola el contenido del artículo 743 de la legislación laboral, debido a que, en el caso, no procedía dicha notificación por no actualizarse la hipótesis del diverso numeral 739 de tal legislación, si se toma en cuenta que la comparecencia del apoderado de la quejosa se presentó cuando todavía no se realizaba la audiencia de conciliación, en cuyo caso no se encontraba obligado a hacer el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones.

Ese argumento resulta infundado.

Para analizar lo anterior es necesario indicar que este tribunal al resolver por mayoría de votos el juicio de amparo DT. 1023/2006, promovido por Foseco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de veintidós de marzo de dos mil seis, precisó que el momento procesal para señalar domicilio para recibir notificaciones en el procedimiento laboral, era en la etapa de demanda y excepciones, según la interpretación que se llevó a cabo de los artículos 739 y 875 de la Ley Federal del Trabajo.

Así se desprende de la tesis I.3o.T.144 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Novena Época, página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, que indica:

"DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA QUE EL DEMANDADO LO SEÑALE. Conforme al artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, y si no lo hacen, éstas se harán a través de boletín o por estrados. Por su parte, los numerales 875, 878 y 880 de la citada legislación establecen la forma en que deben desarrollarse las etapas de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de ley en el procedimiento laboral. Ahora bien, el orden lógico en que se lleva a cabo el desarrollo de la audiencia trifásica es el siguiente: se inicia con la etapa de conciliación, en donde comparecen las partes sin abogados, asesores o apoderados, ya que su actuar se limita a la celebración de pláticas con la intervención del presidente de la Junta, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, pero sin que existan cargas procesales, sino simplemente tiene por objeto abreviar la solución del conflicto, sin llegar al proceso propiamente dicho; de tal manera que las partes pueden estar presentes en dicha etapa y es potestativo que se sometan a ella, es decir, comparecer o no, ya que si no lo hacen el único efecto es tenerlas por inconformes con cualquier arreglo, y de hacerlo no tendrán la necesidad de acreditar la personalidad con que se ostentan, ni el demandado de señalar domicilio para oír notificaciones, o de realizar cualquier acto que implique una carga procesal, pues únicamente adquirirán alguna en caso de llegar a un convenio, y será en ese momento en el que acreditarán el carácter con el cual se ostentan y se obligan. En esa tesitura, atendiendo al referido dispositivo 739, en concordancia con los lineamientos que marca el artículo 875 invocado, se concluye que el momento en el que la parte demandada debe señalar domicilio para recibir notificaciones, a fin de que no le sean practicadas por boletín o por estrados, es en la etapa de demanda y excepciones, después de que el actor haga uso de la voz y se le otorgue ésta, pues es ahí cuando al contestar la demanda, oralmente o por escrito, se fija el conflicto a resolver; en la inteligencia de que dicho domicilio podrá ser señalado posteriormente, pero en tanto no lo haga será notificado por estrados o boletín, según proceda.

"Amparo directo 1023/2006. Foseco, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes."

Sin embargo, diversas reflexiones sobre ese tema llevan a este tribunal a apartarse de su contenido, debido a que el momento procesal para que la parte demandada señale domicilio para recibir notificaciones debe obtenerse del propio contenido del artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, tal obligación procesal no puede encontrar fundamento en la interpretación conjunta que se haga del contenido de los diversos numerales 875, 878 y 880 de la misma legislación, para así concluir -como se hizo en el juicio de amparo mencionado- que la designación de tal domicilio debe ser hecha hasta el momento en que se le otorgue el uso de la voz a la demandada dentro de la etapa de demanda y excepciones, para contestarla oralmente o por escrito, si se toma en cuenta que el contenido del numeral 739 de la citada legislación claramente establece cuál debe ser ese momento procesal.

En lo que interesa, dicho numeral dispone:

"Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley ..."

Según se desprende de tal disposición, a partir de las reglas básicas de la teoría general del proceso, esto es, a fin de que se ponga en conocimiento de las partes las providencias que las Juntas dictan para iniciar el proceso, adelantar su trámite, o bien, para ponerles fin, exige que las "partes" -sin distingo alguno- designen un domicilio dentro de su lugar de residencia a fin de que las de tipo personal les sean practicadas de tal forma.

Lo anterior con la consecuencia lógica que de no designarlo, esas notificaciones específicas se realizarían a las partes a través de una forma de comunicación de tipo "genérica", esto es, por boletín o por estrados.

En ese contexto, si dentro de la legislación laboral no se lleva a cabo distingo alguno en cuanto a la obligación para las "partes" de designar, en su primer escrito o comparecencia, un domicilio para recibir notificaciones, tal disposición debe ser acatada en esos términos, tanto por el actor como por el demandado, e inclusive, por los terceros interesados a juicio, en los términos del artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo.

Suponer lo contrario, tal como se llevó a cabo en el criterio que se abandona, podría conducir a implementar obligaciones desequilibradas en perjuicio de una sola de las partes componentes de una relación jurídico-procesal, pues al actor se le estaría obligando a designar tal domicilio desde su escrito de demanda, en tanto que al demandado sólo hasta que sea entablada la controversia (etapa de demanda y excepciones).

Además, se desconocería un supuesto fáctico que necesariamente incide en el trámite expedito de un juicio laboral, pues desde que es emplazado cualquiera de los demandados, hasta el momento en que se celebra la etapa postulativa, pueden presentarse determinaciones judiciales que, desde luego, ameritan una notificación personal, mismas que no podrían llevarse a cabo en forma normal si el demandado no ha señalado domicilio para tal efecto.

Considerar lo contrario caería en la posibilidad de que, pese a la comparecencia de la demandada a las etapas previas del juicio (de conciliación), o más aún, su apersonamiento por medio de algún escrito, no se le exigiera la designación de un domicilio para notificarle las providencias que las Juntas puedan dictar para iniciar el proceso, adelantar su trámite o ponerles fin, con la consecuente notificación por medio de exhorto, trastocando con ello algunos de los principios procesales inmersos en el derecho laboral, tales como el de "inmediatez" y "sencillez", que pretenden en todo momento dar cumplimiento al contenido del artículo 17 constitucional.

Por todo lo expuesto se considera oportuno apartarse del criterio transcrito y, en su lugar, que prevalezcan las razones expuestas con antelación, a fin de que se considere que la obligación, en específico para la parte demandada, de designar domicilio para que sea notificada de manera personal, debe ser en su primera comparecencia o escrito, con independencia de cuál sea el objeto o fin que persiguiera.

En el caso, dentro del auto de radicación la Junta apercibió a las partes "en los términos de lo dispuesto por los artículos 739 y 873 a 884 de la Ley Federal del Trabajo", lo que implica, según el contenido del primero de los numerales mencionados, que en el primer escrito o comparecencia las partes debían señalar domicilio dentro del lugar de residencia para recibir las notificaciones personales, bajo el apercibimiento que de no indicarse se haría por boletín o por estrados (foja 17).

La quejosa compareció a la instancia en tres ocasiones; dos de ellas mediante escritos de diecisiete de octubre de dos mil cinco y catorce de junio de dos mil seis, a través de los cuales, de manera coincidente, se apersonó al juicio laboral por conducto de alguno de sus apoderados, y solicitó copias simples o certificadas de todo lo actuado (fojas 108 y 121). Finalmente, la tercer comparecencia sucedió en audiencia de once de abril de dos mil seis, la cual se suspendió ante la solicitud de las partes por estar celebrando pláticas conciliatorias (fojas 118).

En ese contexto, en términos del mencionado artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo la quejosa estaba obligada a designar domicilio para ser notificada desde su primer escrito presentado ante la responsable, dado que en él solicitaba, según se dijo, el reconocimiento de su personalidad, así como la expedición de copias certificadas de la instancia (foja 108).

En consecuencia, si en ese momento procesal tenía la obligación de señalar domicilio y no se llevó a cabo, es correcto que la reanudación de la audiencia de ley dictada en auto de catorce de mayo de dos mil siete (foja 134), se le haya notificado mediante Boletín Judicial, según las consideraciones que se expusieron en los diversos proveídos de dieciséis de noviembre de dos mil seis, ocho y veinticuatro de enero, ambos de dos mil siete (fojas 130, 131 y 133).

Por lo indicado, no le asiste la razón a la quejosa al sostener que con la notificación por Boletín Judicial del auto que ordenaba reanudar el procedimiento, se viola el contenido del mencionado artículo 739 de la legislación laboral, dado que, como se indicó, desde su escrito de diecisiete de octubre de dos mil cinco tenía la obligación de llevarlo a cabo.

En su segundo concepto de violación indica que existe una violación procesal con motivo de la falta de notificación y emplazamiento a juicio, debido a que se omitió darle a conocer el desahogo de la audiencia trifásica de doce de junio de dos mil siete, pese a que existían acuerdos en los cuales se ordenaba, vía exhorto, la notificación personal de la misma, los cuales fueron dejados sin efectos mediante una supuesta regularización del procedimiento, revocando una resolución vinculada con formalidades esenciales del procedimiento, al privársele de la garantía de audiencia.

Ese concepto de violación resulta fundado pero inoperante.

En efecto, es verdad que la Junta revocó una de sus propias determinaciones, específicamente el auto de cinco de octubre de dos mil seis, en el cual se ordenó notificar a la quejosa personalmente vía exhorto, dado que en el diverso proveído de dieciséis de noviembre del mismo año, regularizó el procedimiento a fin de que tal notificación fuera llevada a cabo mediante Boletín Judicial (fojas 127 y 130).

Sin embargo, dicha situación no implica conceder el amparo solicitado, si se considera, por una parte, la obligación que existía para la quejosa de señalar domicilio desde su primer comparecencia o escrito, según el contenido del citado artículo 739; aspecto que sucedió con anterioridad a dichas determinaciones, pues ese escrito inicial es de diecisiete de octubre de dos mil cinco.

Por la otra, contrario a lo que se argumenta, sí se hizo la notificación y emplazamiento a juicio, dado que la notificación por boletín, en los términos del mencionado numeral, surte los efectos necesarios para considerar que las partes han conocido las determinaciones de la Junta y actúen en consecuencia.

Luego, es incorrecta la aseveración de la quejosa que alega una falta de notificación y emplazamiento a juicio, pues las llevadas a cabo por Boletín Judicial reúnen los requisitos necesarios para dar cumplimiento al contenido del artículo 14 constitucional, razón por la cual, aun siendo fundada la revocación de una de sus propias determinaciones, la misma se torna inoperante, tal como lo indica la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 170 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, página ciento catorce, que dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.

"Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco votos. Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Ángeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos."

Finalmente, en su primer concepto de violación indica que la responsable carece de competencia para conocer el conflicto laboral, pues respecto de la empresa que le confería la misma (Ciba Especialidades Químicas México, S.A. de C.V.), misma que pertenece a la industria químico-farmacéutica, había dejado de tener la calidad de parte en el juicio con motivo del desistimiento formulado por la actora en la audiencia de doce de junio de dos mil siete, por lo que si no se tienen actividades que confieran ese presupuesto procesal a la responsable, ésta debió declararse incompetente.

Dicha alegación se torna inoperante.

En efecto, debe considerarse que la notificación por boletín practicada a la quejosa fue realizada de manera correcta, a partir de la consideración de que no señaló domicilio en su primer escrito, de conformidad con el multirreferido artículo 739, por lo que su obligación procesal era la de haber comparecido a la instancia a fin de hacer valer sus excepciones o defensas.

Luego, si en la audiencia de doce de junio de dos mil siete se presentó una situación que, a juicio de la quejosa, incide en la competencia de la Junta, por existir el desistimiento del actor respecto de la diversa empresa demandada, Ciba Especialidades Químicas México, Sociedad Anónima de Capital Variable (la cual otorgaba la competencia), era en ese momento donde debió haber formulado dicha excepción dilatoria.

Por tanto, si los argumentos que ahora expone en sus conceptos de violación, relacionados con la falta de competencia de la Junta, no se expusieron en la instancia de origen, ante su incomparecencia a la etapa procesal en que debieron haberse formulado, éstos no pueden ser analizados en esta instancia de control constitucional, tal como se ha indicado en la jurisprudencia 2a./J. 84/2002, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, página doscientos tres, que indica:

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. Si no se planteó en el juicio ordinario, es improcedente que en el amparo directo se introduzca como novedoso el estudio de la incompetencia de la autoridad responsable, ni aun en el caso de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente por considerar que el ordenamiento que rige la competencia ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, en vía de excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución mediante la cual se considere infundada dicha excepción, es de aquellas que se consideran de imposible reparación para efectos del juicio de garantías, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo, de manera que si aquella resolución no se combate mediante el citado juicio de amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que, si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento.

"Contradicción de tesis 46/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, y el Segundo Tribunal Colegiado, todos del Vigésimo Circuito. 28 de junio de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava."

Por todo lo anterior, al resultar infundados, inoperantes, y fundados pero inoperantes los conceptos de violación expuestos, y al existir la imposibilidad de suplir la deficiencia de la queja en los términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección que se solicita.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188, 190 y 192 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Proyectos y Montajes Electromecánicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el cinco de julio de dos mil siete en el juicio laboral número 65/03, seguido por Fernando Fragoso Lozano, Carlos Reyes Montoya, Carlos Medrano González, Paolo Sergio Fragoso Sandoval, Néstor Cuevas Rocha, César Augusto Fragoso Sandoval, Ricardo Villaseñor Tapia, José Francisco Becerra Arellano, Aurelio Lozano López, José Luis Arellano Fragoso, Julio César Álvarez Villaseñor y Mario Ricardo Silva Fragoso, en contra de la ahora quejosa, Ciba Speciality Chemicals, Sociedad Anónima de Capital Variable, Luis Bastida Méndez, Luis Bastida Meléndez y Sergio Ugalde.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal. Dése cumplimiento al punto segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y agréguese a este toca de amparo la constancia de captura de la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Tarsicio Aguilera Troncoso y Alicia Rodríguez Cruz, habiendo sido relatora la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21081-28d09ab4/domicilio-para-recibir-notificaciones-en-el-procedimiento-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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