ROBO. NO ES ELEMENTO DEL DELITO EL QUE EL DENUNCIANTE ACREDITE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DE LOS QUE FUE DESAPODERADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
AMPARO DIRECTO 237/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación son infundados.
En síntesis, el quejoso aduce que la autoridad responsable vulnera sus garantías individuales por las siguientes razones:
a) Infringe diversos preceptos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, porque no valoró correctamente las pruebas que obran en la indagatoria;
b) Supone hechos que no se acreditan en el proceso penal;
c) Invoca tesis aisladas que no son aplicables al caso y deja de aplicar jurisprudencias que sí son aplicables;
d) La sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación;
e) La conducta que se atribuye al quejoso es atípica, debido a que no está prevista en ningún precepto legal;
f) Que se le condena con base en la analogía, prohibida por el artículo 14 constitucional, transgrediéndose el principio nullum crimen sine lege;
g) No se acreditaron los elementos del delito de robo sino que, en el caso, se está ante un delito informático;
h) En la especie no se actualiza el elemento del delito de robo consistente en el apoderamiento de la cosa, puesto que la cosa mueble (el dinero) no se tocó en ningún momento, ya que no se tenía físicamente, es decir, que el quejoso jamás agarró ni tomó el dinero puesto que se encontraba depositado en la cuenta del ... respecto del cual tenía la tenencia -no el dominio- para hacer pagos a los proveedores; de manera que si bien hubo tenencia de las cuentas bancarias por conducto de la banca en red, lo cierto es que no se materializó el apoderamiento del dinero;
i) La conducta atribuida al quejoso es atípica porque no encuadra en el delito de robo, ni en los de abuso de confianza, fraude o administración fraudulenta, de modo que se le condenó por analogía, infringiendo con ello el artículo 14 constitucional;
j) No se acreditó la suma de dinero que había en las cuentas de la persona moral ofendida ni se demostró que el quejoso fuera el titular de las cuentas bancarias a las que se realizó el traspaso, por lo que no se acreditó el apoderamiento del numerario;
k) El dictamen del supuesto perito ... no cumple con los requisitos del artículo 289 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, y que el diverso dictamen emitido por el perito oficial se realizó con base en copias simples, por lo que carece de valor probatorio; además de que tampoco debían de tomarse en cuenta los dictámenes periciales para determinar el monto relativo a la reparación del daño porque fueron objetados y, por ende, carecían de valor probatorio;
l) No se probó en el juicio lo aducido por el denunciante en el hecho quinto de la querella, en cuanto a que el quejoso hubiese adquirido diversos bienes muebles e inmuebles;
m) Tampoco se probó que las cuentas bancarias ... fueran del ... ya que no se exhibieron los respectivos contratos de apertura de crédito, por lo que fue ilegal que se le otorgara valor probatorio a los estados de cuenta expedidos por la institución bancaria denominada BBVA-Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable;
n) A los testigos de cargo no les constaron los hechos sobre los que declararon porque no los vieron y que, por tanto, sus deposados -al ser de oídas- carecen de valor probatorio, máxime que éstos refieren unos hechos y en la denuncia se refieren a otros;
o) Las copias simples de los estados de cuenta bancarios allegados por la parte civil carecen de valor probatorio, ya que ésta pidió que fueran cotejados por la comisión bancaria, empero no se realizó dicho cotejo en virtud de que se cerró el periodo probatorio en el proceso penal, sin que esa deficiencia probatoria fuera tomada en cuenta por la autoridad responsable;
p) Que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, en el caso sí se requería acreditar materialmente la preexistencia del dinero y la propiedad del mismo por la ofendida;
q) Como los dictámenes periciales carecen de valor probatorio no se podía determinar el monto del peculio y, por ende, procedía condenar en todo caso al quejoso por el tipo básico del delito de robo.
Tales motivos de disenso resultan infundados en virtud de que la sentencia reclamada se dictó con apego a derecho, respetando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Antes de que el Magistrado responsable emitiera la sentencia condenatoria que reclama el quejoso, se siguió un juicio en el que se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se le otorgó al entonces indiciado la garantía de audiencia, ya que se le notificó tanto el inicio del procedimiento como todos los actos trascendentes que en el mismo se realizaron; se le dio la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que estimó pertinentes y que pudieran servir para sustentar su defensa; igualmente se le dio la oportunidad de alegar o argumentar lo que a su interés conviniera y, una vez dictada la sentencia de primer grado, se admitió y resolvió el recurso de apelación que hizo valer; de modo que al haberse respetado las etapas del juicio, con apego a las disposiciones que rigen el procedimiento penal y, al haberle dado al quejoso la oportunidad de defenderse respecto de las imputaciones hechas en su contra, se concluye que no se violaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que en este aspecto, la sentencia reclamada no es violatoria del artículo 14 constitucional.
Es aplicable en el caso la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que a la letra dice:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Tampoco se viola en perjuicio del quejoso la garantía de fundamentación y motivación, pues contrario a lo aducido, el Magistrado responsable realizó un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, ya que examinó las pruebas de cargo que obran en la indagatoria y las relacionó con los elementos que configuran el delito de robo, explicando por qué le merecían valor demostrativo, además de que indicó las razones por las que consideró infundados los agravios aducidos por la defensora del ahora quejoso, de manera que la sentencia, objeto de este juicio de amparo, sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que exige no sólo el artículo 16 sino también el 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; habida cuenta que aquella autoridad indicó con precisión cuáles eran las normas penales que prevén y sancionan la conducta delictiva atribuida al quejoso, así como los preceptos jurídicos conforme a los cuales era procedente otorgarle eficacia demostrativa a las pruebas de cargo que obran en la indagatoria; además de que expresó los razonamientos jurídicos y las circunstancias especiales por las que determinó que los hechos sometidos a su consideración se adecuaban a las hipótesis normativas previstas en aquellas disposiciones legales.
Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, localizable con el registro IUS 176,546, página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Tampoco viola en perjuicio del quejoso el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que consagra el principio de estricta aplicación de la ley en materia penal porque, como enseguida se verá, el quejoso fue sentenciado por un delito expresamente tipificado en un precepto del Código Penal del Estado de Michoacán, en el que se establece una pena para el caso de que se trata, por tanto, es inexacto que se le haya condenado por analogía.
En efecto, de las constancias que integran el proceso penal ... instruido en contra de ... ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Uruapan, Michoacán, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o. se desprende que el referido quejoso fue procesado y sentenciado por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo, previsto y sancionado en los artículos 299 y 300, fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán, mismos que establecen lo siguiente:
"Artículo 299. Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella."
"Artículo 300. Al responsable del delito de robo se le sancionará conforme a las reglas siguientes:
"...
"III. Cuando el valor de lo robado exceda del importe de quinientos días de salario, la sanción será de tres a doce años de prisión y multa de treinta a ciento veinte días de salario."
Del primero de dichos preceptos se desprende que, como legalmente lo consideró el Magistrado responsable, los elementos constitutivos del delito de robo son:
a) El apoderamiento de una cosa mueble;
b) Que dicho apoderamiento recaiga sobre una cosa ajena; y,
c) Que se efectúe sin consentimiento de quien legítimamente puede disponer de éste.
d) Además de que la cantidad de lo robado exceda del importe de quinientos días de salario.
El Magistrado responsable consideró que dichos elementos del injusto penal están debidamente acreditados con los elementos de prueba que enseguida se enumeran:
1. Denuncia presentada por ... en cuanto representante legal del ...
2. Dictamen pericial en materia contable emitido el seis de febrero de dos mil siete por el contador público ...
3. Declaración ministerial de ...
4. Declaración ministerial de ...
5. Declaración ministerial de ...
6. Parte informativo suscrito por el agente de la Policía Ministerial del Estado ...
7. Dictamen pericial contable con base en constancias, emitido el treinta y uno de marzo de dos mil siete, por el perito oficial ... adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
8. Testimonial de ... rendida el veintiuno de junio del dos mil siete ante el personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan;
9. Ampliación y ratificación de dictamen pericial a cargo del perito oficial ... realizada el siete de agosto de dos mil siete ante el personal del mismo juzgado; y,
10. Estados de cuenta expedidos por la institución bancaria denominada BBVA-Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionados con los siguientes números de cuenta ... todas a nombre del ... con domicilio en ... Michoacán, glosados de la foja treinta y seis a la doscientos ochenta y nueve.
A los anteriores medios de convicción el Magistrado responsable legalmente les confirió valor probatorio conforme al contenido de los artículos 209, 327, 331, 333 y 335 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán y, con base en su contenido, consideró que el ahora quejoso, desde el quince de enero de dos mil dos, se desempeñaba como contador general en el ... razón por la cual tenía a su cargo el manejo de diversas cuentas bancarias de la citada empresa, en la institución bancaria BBVA-Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que desde el mes de enero de dos mil tres se venía apoderando de diversas cantidades de dinero -las cuales se detallaron tanto en la denuncia como en el dictamen pericial emitido por el contador público ... siendo estas cantidades las que transfería de las cuentas de la empresa ofendida a las cuentas número ... siendo el titular de esta última ... a quien el ahora quejoso -a través de esas transferencias- le efectuaba el pago del café que le compraba a la familia de éste; siendo en total dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos con noventa y nueve centavos la cantidad de la que se apoderó el quejoso mediante transferencias electrónicas de dinero a favor de persona distinta a la empresa agraviada; las cuales efectuaba por el movimiento de fondos de las cuentas que manejaba del ... por ser empleado del mismo, a cargo de la institución bancaria BBVA-Bancomer y que se abonaban en una cuenta diversa; por lo que el Magistrado responsable determinó que efectivamente el sujeto activo se apoderó de objetos muebles, siendo en este caso el numerario transferido, el cual le era ajeno porque le pertenecía al ... y sin consentimiento de quien legítimamente podía disponer del mismo.
Dicha conclusión no es violatoria de las garantías individuales del quejoso, en virtud de que, como bien lo consideró el Magistrado responsable, la comprobación de los elementos constitutivos del tipo penal se desprende de los datos que arrojan las pruebas antes mencionadas, las cuales fueron debidamente valoradas, resultando, en consecuencia, infundados los conceptos de violación relacionados con la indebida valoración probatoria; ello en atención a las siguientes consideraciones:
Los primeros elementos probatorios que la autoridad responsable tuvo en consideración para tener por acreditada la materialidad del delito fueron la denuncia que por escrito presentó ... quien acreditó tener legitimación en cuanto apoderado legal del ... según la protocolización del acta de asamblea general de accionistas, inscrita mediante instrumento notarial sesenta y ocho mil doscientos noventa y seis, glosado de la foja nueve a la catorce del proceso penal, así como el oficio de investigación cumplida (foja trescientos ocho del proceso penal) rendido por el agente de la Policía Ministerial del Estado; los cuales fueron considerados en términos del artículo 209 del Código de Procedimientos Penales del Estado sólo como indicios, no como pruebas plenas, lo cual fue legal, porque tanto la denuncia como el contenido de esa investigación constituyen medios de prueba cuyo valor indicial debe tomarse en consideración por la autoridad responsable y valorarlos en uso de la potestad que le otorga el artículo 323 del propio ordenamiento procesal. Al respecto es aplicable -por identidad jurídica sustancial- la tesis aislada de la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XIII, página 69, del rubro y texto siguientes:
"DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA. Tanto la denuncia como el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal."
Los dictámenes periciales en materia contable emitidos por el contador público ... y por el perito oficial ... adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también son merecedores de eficacia demostrativa, pues si bien es cierto que el primero no demostró estar facultado para fungir como "perito en la especialidad de contabilidad ante los órganos del Poder Judicial de la Federación en el Primer Circuito Judicial" -como él lo señaló-, también es cierto que cuando ratificó el contenido de ese dictamen exhibió copia de su cédula profesional que lo acredita como contador público (foja trescientos cuatro de la causa penal), misma que fue debidamente certificada por el fiscal investigador que llevó a cabo esa diligencia; con lo cual quedó cumplido el requisito previsto en el artículo 291 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, que exige a los peritos tener título oficial en la rama sobre la que ha de versar la opinión pericial.
Aun cuando las pruebas reseñadas por la responsable la llevaron a la determinación de que en el caso se demostró que el quejoso era el contador general de la empresa que resultó víctima del delito a la vez que tenía a su cargo el manejo de las cuentas bancarias, lo cierto es que en el caso no se acreditó que el quejoso tuviera a su disposición el dinero del que se apoderó, y menos que tuviera facultades por sí para su aplicación, sino que el apoderamiento lo llevó a cabo, sin consentimiento de la ofendida, valiéndose -como medio comisivo- del encargo que tenía.
No pasa inadvertido que el artículo 289, párrafo tercero, de la ley procesal penal vigente en la entidad, desde su creación -en mil novecientos noventa y siete- establece que "con independencia de lo anotado en el párrafo precedente (relativo a que los dictámenes periciales estarán a cargo del área de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia), la defensa y el Ministerio Público tendrán derecho a proponer hasta dos peritos en el proceso para que dictaminen sobre cada punto que amerite intervención pericial, y el inculpado y el defensor podrán proponer peritos no oficiales"; de donde podría advertirse en una interpretación restrictiva que la víctima u ofendido no tiene esa facultad de ofrecer dictámenes de peritos no oficiales; sin embargo, de una interpretación conforme a la Constitución se concluye lo contrario, ya que del artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre del año dos mil- se desprende que la víctima u ofendido tiene derecho, entre otras cosas, a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso; de donde se sigue que esa facultad probatoria también constituye una garantía individual para la parte ofendida y, por ello, se concluye que -contrario a lo aducido por el quejoso- fue legal la determinación del Magistrado responsable de tomar en cuenta ese dictamen pericial pese a que no haya sido emitido por perito oficial, ya que la persona expresó su opinión pericial en materia de contabilidad, demostró tener título oficial en esa profesión y ratificó legalmente el contenido de su dictamen, lo que es suficiente para ser considerado dentro del material probatorio que obra en la indagatoria.
Más aún porque el contador público ... precisó que para emitir su experticial previamente revisó los documentos que anexó, consistentes en los estados de cuenta que en original expide la institución bancaria BBV-Bancomer a los titulares de las cuentas con ella contratadas y que el examen realizado se hizo acorde con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados y con apego a las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, además de que dijo haber efectuado las pruebas y procedimientos de revisión, análisis y cálculo que consideró indispensables; de lo que se concluye que ese perito cumplió con la obligación de fundamentación de su dictamen, tal como lo ordena el artículo 302 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán.
Además, no puede sostenerse jurídicamente que ese dictamen carezca de valor probatorio por el simple hecho de que haya sido emitido por un perito designado por la parte ofendida, ya que el juzgador conserva su libertad, de acuerdo con su soberanía decisoria, para apreciarlo y valorarlo. Es aplicable en este aspecto la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 163-168, Segunda Parte, página 80, del rubro y texto siguientes:
"PERITAJES PROVENIENTES DEL OFENDIDO, VALOR DE LOS. No es atendible el alegato de un inculpado al afirmar que los dictámenes contables carecen de valor probatorio, ya que fueron emitidos por empleados y funcionarios del banco ofendido, dado que un peritaje no contradicho ni objetado en autos, puede llegar a tener valor de eficacia plena de conformidad con las circunstancias del caso, máxime que el juzgador conserva su libertad, de acuerdo con su soberanía decisoria para apreciar y valorar los dictámenes emitidos."
En tanto que el dictamen pericial emitido por el perito oficial ... adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (ratificado judicialmente el siete de agosto de dos mil siete, según diligencia glosada a foja quinientos siete de la causa penal) cumple con las exigencias de los artículos 289, 293 y 302 de la ley instrumental de la materia, porque además de tener la calidad de perito oficial, indicó cuáles fueron los documentos que tomó en consideración para hacer el cálculo que se le pidió y precisó que el método que aplicó fue el analítico, el matemático y el deductivo.
En ese orden de ideas, con independencia de que dichos dictámenes periciales hayan sido objetados, la autoridad judicial estaba obligada a valorarlos como lo hizo, exponiendo en su resolución las razones por las que les otorgaba o negaba valor probatorio, siendo que -en el caso- el Magistrado responsable actuó con apego a derecho al considerar que, aun cuando fueron objetados en su contenido por la defensa, lo cierto era que dichas experticias no fueron desvirtuadas a través de ningún medio de convicción, por lo que es legal que les haya concedido eficacia jurídica conforme a lo dispuesto por el artículo 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado.
Tampoco se violan las garantías individuales del quejoso cuando la autoridad responsable consideró acertado otorgarle eficacia demostrativa a las declaraciones ministeriales de ... así como a la declaración judicial de ... toda vez que -contrario a lo aducido por el quejoso- dichos deposados cumplen con las exigencias previstas en el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de que los primeros manifestaron -en esencia- que asistieron a una reunión en las oficinas del ... ubicado en ... que fue convocada por ... en cuanto director de la Contraloría y que se realizó el quince de noviembre de dos mil seis, en la que se cuestionó al hoy quejoso ... sobre diversas irregularidades encontradas en la contabilidad del ingenio, consistentes en faltantes y retiros de dinero no autorizados, a lo que dicho quejoso -que era el encargado de la contabilidad- expresó que tenía conocimiento de las irregularidades porque él mismo fue quien las realizó, ya que traspasó sin autorización dinero del ingenio a una cuenta suya, agregando que había dispuesto como de novecientos mil pesos, pero posteriormente les manifestó que el faltante ascendía aproximadamente a un millón cuatrocientos ochenta mil pesos; en tanto que ... expuso -para lo que aquí interesa- que ... era contador del ingenio y además fue su jefe, de modo que cuando puso un café, convino con el ateste en que realizaría operaciones comerciales con su familia para que le surtiera café y que le depositaría a éste los pagos que por dichas operaciones comerciales se generaran.
Frente a esos medios de convicción el quejoso aduce que a esos testigos no les constaron los hechos sobre los que declararon porque no los vieron y que, por tanto, sus deposados -al ser de oídas- carecen de valor probatorio, además de que éstos refieren unos hechos y en la denuncia se refieren a otros; sin embargo, es de establecerse que los hechos sobre los que declararon dichos atestes sí les constan de manera directa, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivas declaraciones, ya que los primeros coincidieron en que se encontraban presentes en la reunión del quince de noviembre de dos mil seis, donde el ahora quejoso reconoció que se había apoderado de ciertas cantidades de dinero, además de que cada uno refirió que los otros también estaban en esa reunión, por lo que sus respectivas declaraciones fueron uniformes y contestes; mientras que el último de los testigos mencionados también se limitó a exponer los hechos que le constan como es el haber convenido con el quejoso sobre el comercio de café y la circunstancia de que le pagaría mediante depósitos electrónicos en su cuenta.
De ahí que si los testigos cuentan con el criterio necesario para juzgar el acto sobre el que cada uno declaró, dado que son mayores de edad y no se demostró que fueran incapaces ni se evidenció que sus deposados fueran rendidos con parcialidad o que fueran obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, aunado a que sus respectivas declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias, coincidiendo en lo esencial -especialmente aquellos que declararon ante el fiscal investigador- es legal que el Magistrado responsable les haya conferido eficacia probatoria, primero en lo particular, conforme al artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado y, luego en su conjunto, acorde a las reglas de los numerales 334 y 335 del mismo ordenamiento legal.
Habida cuenta que de los datos que se desprenden de esas pruebas quedó acreditado que si bien el quejoso tenía a su cargo el manejo de las cuentas de la empresa, lo cierto es que no tenía disponibilidad sobre ellas, pues requería de autorización para ello.
Tampoco se infringieron los derechos públicos subjetivos del quejoso con la valoración que hizo el Magistrado responsable acerca de los documentos que exhibió el ofendido para demostrar las ilícitas disposiciones de dinero que aquél realizó y que sirvieron de sustento a los dictámenes periciales que obran en la indagatoria, ya que esos estados de cuenta no obran en copia fotostática simple carente de certificación -como lo refiere el quejoso- y, por tanto, es inexacto que los mismos carezcan de valor probatorio, ya que de las constancias que obran glosadas de la foja treinta y seis a la doscientos ochenta y nueve de la causa penal se desprende que tales estados de cuenta son documentos originales de los que imprime la institución bancaria a sus cuenta-habientes, mismos que al reverso de cada hoja contienen impreso el registro federal de contribuyentes de la institución bancaria que las expide y por el anverso contienen detalladamente la totalidad de las operaciones bancarias que se realizaron en relación con la cuenta a la que cada una se refiere en un periodo determinado; de manera que es legal que el Magistrado responsable les haya otorgado va
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21093-5e2fecc2/robo-no-es-elemento-del-delito-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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