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Modo: Corpus Pro

VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 363/2006. · Registro digital (IUS): 21096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, , Pág. 1022.

AMPARO DIRECTO 363/2006.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que serán analizados en orden diverso al planteado, devienen en una parte infundados y, en otra, fundados.

En primer término, por cuestión de método, es procedente analizar las violaciones al procedimiento alegadas por la impetrante, ya que de actualizarse alguna, haría innecesario estudiar el fondo del presente asunto.

Así es ... señala tres violaciones al procedimiento penal al que fue sujeta, y que según su apreciación, pese a su existencia, la Sala confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia:

En primer término, señala como violación al procedimiento el que no se le haya careado con los testigos que depusieron en su contra, es decir, con ... pues aduce, tal omisión la dejó en estado de indefensión, trascendiendo al resultado del fallo, ya que la manifestación de los agentes aprehensores es totalmente falsa, dado que ella nunca aceptó su responsabilidad.

La aludida violación procesal, en caso de existir, es reclamable en amparo directo en términos de los artículos 158 y 160, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, precepto este último que dispone que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando, entre otros casos, no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si aquél y éstos estuvieran en el mismo lugar del juicio; hipótesis en la que se ubica la quejosa, en cuanto expone que no se le careó con ... Dicho precepto, textualmente refiere:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él."

Luego, del análisis de las constancias agregadas al sumario de origen se aprecia que no existe el hecho en el que se apoyó la violación procesal de mérito, en virtud de que en ningún momento del proceso penal la quejosa o su defensor ofreció como prueba a su favor los careos con sus agentes aprehensores, ni con ... y, por consiguiente, el Juez penal no estuvo en aptitud, entonces, de tener por ofrecidos tales medios de convicción y realizar las actuaciones necesarias para su desahogo y, por ende, mucho menos de incumplir con su celebración.

En efecto, el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción IV, prevé:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"IV. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del Juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del apartado B de este artículo."

Disposición que fuera recogida en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en su artículo 188, que dispone:

"Artículo 188. Con excepción de los careos mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se realizarán si el procesado o su defensor lo solicitan, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción."

Atento a lo anterior, los careos consagrados en el artículo 20 de la Carta Magna, denominados "careos constitucionales", que son aquellos celebrados entre el procesado y quienes depusieron en su contra, sólo serán realizados, precisamente, cuando aquél los solicite, mas no de oficio; a diferencia de los llamados "careos procesales" en los que concurren los testigos que presentan discrepancias entre sí, los cuales sí deben ser decretados de oficio por el juzgador.

En esa tesitura, si en autos no está demostrado que la impetrante o su defensa haya solicitado carearse con los testigos de cargo, por tanto, la falta de los mismos no debe estimarse como configurativa del hecho en que se hace descansar la violación al procedimiento, pues tal circunstancia obedeció a cuestiones atribuibles a la propia procesada y, por ende, la misma no se actualiza.

Además, como se pondrá de manifiesto al analizar los demás conceptos de violación tocantes al fondo del asunto, no existe contradicción alguna entre lo depuesto por los testigos de cargo y la declaración ministerial de la quejosa, ratificada vía preparatoria.

Así, la jurisprudencia citada en el libelo de garantías, de rubro: "CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO.", no tiene los efectos que se pretende, dado que la misma alude a la existencia de una violación al procedimiento, cuando los careos procesales no se decretan oficiosamente, pese haber contradicciones entre las deposiciones de dos testigos; en tanto que en la especie, la quejosa alega el no desahogo de los careos constitucionales, mismos que, como se ha dicho, sólo se realizaron previa petición de parte.

En segundo lugar, se aduce como violación al procedimiento que la sentencia dictada en el proceso de origen se funda básicamente en la confesión que rindió ante el Ministerio Público el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, la que carece de valor probatorio por haber estado incomunicada y sometida por los agentes de la Policía Judicial de Huejotzingo, en su comandancia.

La violación en comento, en caso de existir, es reclamable en amparo directo en términos de los numerales 158 y 160, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, precepto este último que dispone que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si ésta se obtuvo por incomunicación, amenazas o por cualquier otra coacción, hipótesis en la que se coloca la quejosa en cuanto aduce que la sentencia reclamada se funda en su confesión carente de valor por haber estado incomunicada y sometida por sus agentes aprehensores. El texto de la hipótesis es el siguiente:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquier otra coacción."

En atención a lo transcrito en el párrafo precedente, la violación a que alude la inconforme no se refiere a una violación procedimental, sino a una violación de fondo, pues dado el caso, si quedara demostrado que la confesión de la quejosa fue obtenida a través de incomunicación, amenazas o de cualquier otra coacción, lo procedente sería que este órgano colegiado concediera el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsiste el fallo reclamado y, en su lugar, al emitir nueva sentencia, le reste eficacia probatoria a dicha confesión y resuelva conforme al demás caudal probatorio y lo que a derecho corresponda.

En esa tesitura, en la especie, si bien es cierto, en la sentencia de primera instancia, cuyos razonamientos fueron hechos suyos por la Sala responsable, se dio valor preponderante a la declaración ministerial de ... la cual fuera adminiculada con los demás medios probatorios allegados a la causa, y aun cuando en el proveído de uno de agosto de mil novecientos noventa y siete el Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por ministerio de ley, no ratificó la detención de la quejosa decretada por el Ministerio Público durante la averiguación previa, en virtud de no apegarse a las hipótesis previstas en el artículo 16 constitucional, sin embargo, no existe elemento probatorio allegado a la causa que demuestre que la confesión de la indiciada se obtuviera en virtud de que se hallare incomunicada, amenazada o coaccionada de cualquier forma, pues el citado proveído de no ratificación de la detención sólo evidencia que ésta fue indebida, dado que no se actualizaron, en el caso, circunstancias de flagrancia o de urgencia para que la quejosa fuera detenida sin mandamiento judicial.

Es más, a las dieciséis horas con treinta minutos del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, fecha en que fuera puesta a disposición del Ministerio Público, el médico legista adscrito describió, entre otros aspectos, que en ese momento ... no presentaba huellas de violencia física externa reciente (foja diez).

Por ende, al no demostrarse que la confesión, en la que se fundó básicamente la sentencia reclamada, haya sido otorgada posteriormente a que su deponente estuviera incomunicada, o bien, que se obtuvo por medio de amenazas o de cualquier otra coacción, entonces, no se actualiza el hecho en que se hizo descansar la violación de fondo en estudio y, en consecuencia, fue correcto que la responsable, según se determinará más adelante al analizar los restantes conceptos de violación que se hacen valer al respecto, le otorgara a la confesión de mérito eficacia probatoria y fundara su resolución en la misma y, por ende, no existe la violación de fondo en comento.

Finalmente, se invoca como violación al procedimiento que el Ministerio Público no hiciera sabedora a la inconforme, en la diligencia de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, de todos los derechos que en su favor consagra la Constitución, en específico, que tenía derecho a no declarar si lo deseaba, por lo que se atentó contra las fracciones II y IX del artículo 20, apartado A, constitucional y, en cambio, se le indicó que "tiene derecho a declarar", con lo que se le indujo a hacerlo, aun cuando no tenía deseos de ello.

La violación procesal que pretende poner de manifiesto la impetrante de amparo, cometida dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público, es reclamable en la vía del amparo directo, de conformidad con el artículo 160, fracción V, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando, entre otros casos, se le coarten en las diligencias en que intervenga los derechos que la ley le otorga; hipótesis esta última en la cual se ubica la peticionaria, porque alega que no se le informó en la averiguación previa que tiene derecho a no declarar, conforme lo disponen las fracciones II y IX, y el último párrafo del artículo 20 constitucional, que prevén:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

"...

"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

"...

"Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna."

En tanto que el numeral 160 de la Ley de Amparo asienta:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la coarten en ella los derechos que la ley le otorga."

Al respecto, debe señalarse que aun cuando la violación alegada se trate de un acto de imposible reparación, que de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 41/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIR LAS OFRECIDAS POR EL INDICIADO NO PRIVADO DE SU LIBERTAD ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." -que más adelante se transcribe-, hubiera sido combatible en su momento a través del amparo indirecto, o bien, que sea un acto consumado de modo irreparable, no impugnable por dicho medio de control constitucional; la violación invocada debe analizarse en este amparo directo, no como una violación procesal sino como una de fondo; porque de estudiarse en esta vía como violación procesal, se le tendría como acto consentido por no haber sido impugnada en su momento a través de la vía biinstancial -si se tratara de un acto de imposible reparación-, o bien, con el dictado de la sentencia de primera instancia se consideraría irreparablemente consumada dicha violación, pero como la materia de la misma es una prueba (declaración de la quejosa rendida ante la representación social), luego, procede su estudio como una violación de fondo, por lo que debe determinarse si dejó sin defensas a la quejosa y si trascendió al resultado del fallo, como lo dispone en lo conducente la tesis aislada sustentada por la misma Primera Sala, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA FALTA DE ENTREVISTA PREVIA Y EN PRIVADO DEL INDICIADO CON SU DEFENSOR, NO RESTA, EN TODOS LOS CASOS, EFICACIA PROBATORIA A LA CONFESIÓN RENDIDA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."

Los criterios citados, cuyos rubros se invocaron anteriormente, son:

La jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 41/2005, consultable en la página 221 del Tomo XXII, julio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente indica:

"PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIR LAS OFRECIDAS POR EL INDICIADO NO PRIVADO DE SU LIBERTAD ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El acuerdo del Ministerio Público que niega la recepción de pruebas en la averiguación previa, ofrecidas por el indiciado no privado de su libertad, constituye un acto de ejecución de imposible reparación impugnable en amparo indirecto al violar la garantía de defensa contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque aunque el procedimiento penal es único, en términos del artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales, aquél consta de tres etapas, a saber: la averiguación previa, la preinstrucción y la instrucción, las cuales tienen independencia procesal no sólo por el cambio de naturaleza de la representación social durante la secuela procedimental -que en la averiguación previa actúa como autoridad y en las restantes etapas como una parte procesal subordinada a las decisiones del órgano jurisdiccional-, sino porque superar la etapa de averiguación previa trae aparejadas otras secuelas para las demás partes, sobre todo para el indiciado, quien quedará a disposición de la autoridad judicial, y probablemente sujeto a proceso en virtud de un auto de formal prisión, y aunque dichas consecuencias procesales no sean resultado directo de la negativa del Ministerio Público a aceptar una prueba, sino del ejercicio de la acción penal, sí pueden considerarse como resultado de una violación a la garantía de defensa, que quedaría irreparablemente consumada, pues si bien puede combatirse ante el órgano jurisdiccional, ello ocurriría en otra etapa procesal cuya independencia está perfectamente determinada, y en la que necesariamente habrá cambiado la situación jurídica del agraviado."

La tesis 1a. CC/2005, publicada en la página 720 del Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

"DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA FALTA DE ENTREVISTA PREVIA Y EN PRIVADO DEL INDICIADO CON SU DEFENSOR, NO RESTA, EN TODOS LOS CASOS, EFICACIA PROBATORIA A LA CONFESIÓN RENDIDA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXXI/2004, consultable en la página 412 del Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al interpretar dicha disposición constitucional en sus diversas fracciones, sostuvo que el detenido en flagrancia podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial; asimismo, que la primera declaración rendida ante el Ministerio Público estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor. En ese sentido, si bien es cierto que, el incumplimiento a lo anterior constituye una violación procesal, también lo es que ésta no trasciende en perjuicio del derecho de defensa del indiciado, en caso de que la declaración rendida al respecto no esté desvirtuada, sea verosímil y, además, se encuentre corroborada por otros elementos de convicción, siempre y cuando el defensor lo haya asistido en la diligencia ministerial respectiva, por lo que la circunstancia referida no es suficiente, por sí misma, para restar eficacia probatoria a la confesión de mérito. Además, en estos casos no puede afirmarse que se esté ante actos prohibidos como la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, que es de lo que específicamente protege la fracción II del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Luego, el hecho en el que se apoya la tercera violación procesal expresada por la quejosa es inexistente, dado que de la diligencia ministerial de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, en la que ... vertió su declaración, se lee lo siguiente:

"... Se le hace saber en este momento las garantías que otorga la Constitución General de la República en su artículo 20 y, asimismo, se le hace saber que existe una acusación en su contra y que tiene derecho a declarar, así como de nombrar defensor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; por lo que enterada de las garantías que le otorga la Constitución y después de haber escuchado la denuncia que existe en su contra declaró ..."

En efecto, si bien en la transcrita diligencia se asentó literalmente que "tiene derecho a declarar", pero ello debe entenderse como una omisión mecanográfica, al no colocarse la palabra "no", antes de "declarar"; se afirma ello, en virtud de que según se asentó en esa misma acta, que se le hicieron saber a ... sus garantías otorgadas por el artículo 20 constitucional, así como también por lo dispuesto en el numeral 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en los que coincidentemente se prevé que todo inculpado tiene derecho a no declarar, máxime que en ese acto estuvo asistida de ... a quien nombró defensor particular; por tanto, si en esta violación supuesta, la quejosa pretende se le reste eficacia a su confesión, ello deviene improcedente por las razones acabadas de mencionar y los argumentos vertidos al analizar la violación anterior.

Ahora, aun en el supuesto de que no se tratara de una omisión mecanográfica y, en efecto, existiera el hecho en que se hace descansar la violación en estudio, ello no afecta las defensas de la quejosa -inciso c) de los elementos antes precisados-, porque su declaración ministerial, en primer término, como se indicó al analizar la anterior violación, no fue obtenida a través de la incomunicación, por amenazas o por cualquier otro medio de coacción y, en segundo, porque lo que ahí expuso no se encuentra desvirtuado con medio probatorio alguno, resulta verosímil y, además, como se verá más adelante, se encuentra corroborada con otros medios de convicción; máxime que, según se advierte de la citada diligencia, estuvo asistida por ... defensor particular; motivo por el cual, la circunstancia alegada no es suficiente para restarle eficacia probatoria a la confesión realizada en la diligencia de mérito y, por ende, no trascendió al resultado del fallo por las razones que se pondrán de manifiesto en líneas subsecuentes.

En esas condiciones, la tesis de rubro: "DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", no tiene los efectos que se pretenden.

Por otra parte, la quejosa arguye que la responsable no suplió la deficiencia de la queja a su favor, con lo que violó el artículo 300 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.

Ello es infundado, porque el tribunal de apelación, una vez analizadas todas y cada una de las constancias que integran el proceso generador, asentó no hallar materia para suplir la queja deficiente, pues según indicó, tanto la materialidad del delito de homicidio calificado en razón del parentesco, previsto y sancionado por los artículos 312, 336 y 337 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de una recién nacida sin nombre, como la plena responsabilidad penal de ... en la comisión del mismo, se encuentran demostrados; además de que, por lógico jurídicos, hizo suyos los razonamientos vertidos para tal efecto por el Juez de primera instancia; proceder que sustentó en la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL."; por tanto, no es verdad que haya inobservado el numeral 300 citado.

En otro orden de ideas, la quejosa aduce que se aplicó inexactamente la ley aplicable al caso concreto, ya que el tribunal de alzada debió contemplar que el delito y su responsabilidad no se encuentran plenamente acreditados con las pruebas del ordinario, reseñadas en el considerando segundo de la sentencia de primera instancia, confirmada por la Sala responsable, porque no existe indicio alguno de que la quejosa tuviera la intención de privar de la vida a la recién nacida, sino que en todo caso lo que se configura es un homicidio culposo o imprudencial, o uno diverso; motivo por el cual considera que el Juez penal hizo una valoración indebida de las pruebas, con lo que atentó contra las disposiciones y reglas establecidas en el capítulo VII del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.

No es verdad porque, como se determinará al analizar los siguientes conceptos de violación, las probanzas allegadas a la causa fueron debidamente valoradas por la responsable, al hacer suyos los razonamientos del Juez de primera instancia, en virtud de que tales medios probatorios llevan a la demostración plena, por una parte, del delito de homicidio calificado en razón del parentesco, y no de uno diverso como lo pretende hacer ver la disconforme y, por otra, su plena responsabilidad penal en la actualización de la hipótesis delictiva; de manera que no es cierto que se haya aplicado inexactamente la ley ajustable al caso que ocupa.

Resulta menester, antes de continuar con los argumentos de inconformidad expuestos en el libelo de garantías, apuntar la literalidad de los artículos del código punitivo local que prevén la figura delictiva en análisis:

"Artículo 312. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro."

"Artículo 336. Configura dicho ilícito el homicidio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, adoptante o adoptado, con conocimiento del parentesco o relación."

"Artículo 337. Al que cometa el delito a que se refiere el artículo que antecede, se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión."

De lo transcrito se infieren los elementos estructurales siguientes:

a) Que el activo prive de la vida al pasivo.

b) Que ello sea sin derecho.

c) Que entre el activo y el pasivo exista parentesco consanguíneo en línea recta.

En relación con el inicial elemento, la quejosa aduce que no se acredita, primero, porque los elementos probatorios a que se refiere la responsable -la diligencia de levantamiento de cadáver, la de reconocimiento y autopsia del mismo, y la declaración de ... lo único que acreditan es la existencia de una recién nacida encontrada muerta a consecuencia de hipotermia, pero no que haya sido privada de la vida por ... ya que son cuestiones completamente diferentes, por lo que resulta violatoria de garantías la valoración de las citadas probanzas.

Esto es inexacto, porque aun cuando es verdad que los medios de convicción referidos evidencian, primariamente, la existencia de un cadáver, sin embargo, como bien lo adujo el Juez penal, avalado por la responsable al hacer suyos por legales los razonamientos de aquél, de su enlace lógico y natural, al ser valorados en términos de los artículos 73, 88, 89, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, esas probanzas conllevan también a la demostración plena de la materialidad del injusto de homicidio calificado en razón del parentesco y la responsabilidad penal de la peticionaria en su comisión y, por ende, la valoración de esas probanzas no resulta violatoria de garantías, como argumenta la inconforme.

Así es, de la diligencia de levantamiento de cadáver practicada por el agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, se desprenden las siguientes circunstancias conocidas que permiten, concatenadas con otros indicios, determinar el hecho inquirido en la especie: que el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, en el terreno denominado ... de la colonia ... junto a un árbol de tejocote, se encontró el cadáver de una recién nacida, aún con el cordón umbilical y la placenta (foja dos).

De la declaración de ... vertida el propio veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, los aspectos siguientes: que al llegar, junto con su hijo al terreno de su propiedad, ese mismo día, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, encontraron junto al árbol el cadáver de una recién nacida (foja dos vuelta y tres).

En tanto que de la diligencia de inspección, reconocimiento y autopsia médico legal (foja tres), se observa que la hipotermia fue la causa directa y necesaria de la muerte de la recién nacida; dato que se corrobora del oficio suscrito por el médico legal ... a las dieciséis horas del mismo veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, aunado a que se fijó como cronotanatodiagnóstico, doce horas aproximadamente, lo que implica que si la diligencia en comento se llevó a cabo a las dieciséis horas, entonces la menor falleció alrededor de las cuatro horas del multirreferido veintiocho de julio (foja once).

Entonces, concatenados los indicios citados, se pone de manifiesto lo siguiente: Que aproximadamente a las cuatro horas del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, una recién nacida -aún tenía el cordón umbilical visible y la placenta se encontraba junto a ella- perdió la vida por hipotermia junto a un árbol de tejocote ubicado en un terreno llamado ... de la colonia ... y que fuera encontrada, posteriormente, a las diez y media de la mañana.

Ahora bien, estos indicios al ser relacionados con la declaración de ... rendida ministerialmente a las dieciséis horas del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, ratificada vía preparatoria el dos de agosto de ese mismo año con: a) el examen físico practicado en su persona por el médico legista ... (foja diez), el que opuesto a lo que se alega, arroja indicios que corroboran y sustentan los anteriores, pues el médico legista adscrito asentó en el mismo, una vez auscultada la paciente, que al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete cursaba un puerperio mediato (post parto); dato con el que se verifica el estado de preñez previo que tenía la impetrante y que al momento de su revisión presentó síntomas de post parto; y, b) con la reconstrucción de hechos (fojas catorce vuelta y quince), en la que la misma deponente nuevamente ejecutó ante la representación social, en el lugar de los hechos, su actuar ilícito, evidencian -contrario a lo estimado por la peticionaria, y como de forma correcta se apuntó en la sentencia de primera instancia, cuyos razonamientos fueron hechos suyos por la responsable- que la recién nacida, que fuera hallada en las circunstancias antes precisadas, fue privada de la vida en virtud del abandono en que su progenitora ... la dejó, pues con ello le provocó, por su edad y condiciones físicas, que falleciera por hipotermia.

En efecto, cobra relevancia la declaración rendida ante el Ministerio Público, en cuanto la quejosa, asistida de defensor particular, refirió que mantuvo relaciones sexuales con ... quien al enterarse de que estaba embarazada ya no regresó, por lo que a aquélla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21096-0b68444c/violacion-de-fondo-y-no-procesal-la-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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