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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTOS FIRMADOS BAJO COACCIÓN. CARGA DE LA PRUEBA. RENUNCIA, CONVENIO FINIQUITO O SOLICITUD DE RETIRO DEL SERVICIO. CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE FUE COACCIONADO VERBALMENTE PARA PRESENTARLA O FIRMARLOS, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR ESA AFIRMACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 283/2008. · Registro digital (IUS): 21118
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: NOVELTES O NOBELTES VÍCTOR VELASCO LÓPEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, , Pág. 1068.

AMPARO DIRECTO 283/2008. NOVELTES O NOBELTES VÍCTOR VELASCO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de lo que argumenta el quejoso en sus conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:

En los puntos identificados como "1 y 2", el peticionario aduce lo que enseguida se sintetiza:

Que el laudo vulnera sus garantías individuales, así como lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, afecta su patrimonio, pues le impidió obtener su reinstalación, así como el otorgamiento y pago de su jubilación, ya que la Junta absolvió a Ferrocarriles Nacionales de México del otorgamiento y pago de la pensión jubilatoria que le corresponde, sin realizar el análisis correcto del convenio de racionalización de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, toda vez que del mismo se desprende que éste suprimió su fuente de trabajo; por tanto, sostiene el accionante, la responsable debió declarar que, aun cuando en el convenio finiquito se aludió a la fracción I del artículo 53 del código obrero, se ubicó en las hipótesis que señalan las cláusulas 341, 101, punto seis, y 80 del contrato colectivo de trabajo, a fin de que le fuera otorgado el beneficio de la jubilación; además, que dejó de advertir la responsable que el organismo demandado nunca controvirtió lo que hizo valer con apoyo en la cláusula 101 del pacto laboral, por lo que debió tener por contestado ese hecho en sentido afirmativo.

Las aseveraciones del quejoso resultan inatendibles en parte, e infundadas en otra, por las siguientes razones:

Es inatendible lo que argumenta el quejoso dentro del apartado uno, en cuanto a que la autoridad le impidió obtener su "... reinstalación ...", porque del estudio integral de las constancias glosadas al expediente de origen se aprecia que ese aspecto no formó parte de la litis laboral.

Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 328 en la página 265 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de los siguientes rubro y texto: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."

En otro aspecto son infundados los restantes argumentos, porque del juicio laboral 548/2000, se desprende que Noveltes (sic) Víctor Velasco López demandó del organismo aquí tercero perjudicado, entre otras prestaciones, el reconocimiento íntegro de su antigüedad, así como el otorgamiento y pago de la pensión jubilatoria.

En los numerales uno y dos del capítulo de hechos, el demandante precisó que fue contratado por Ferrocarriles Nacionales de México el dos de abril de mil novecientos sesenta y siete; que desempeñó actividades como auxiliar oficinista, mecanógrafo, reparador de vía, carretillero, estibador, herrero, carpintero, electricista, y hasta antes de que se suprimiera su fuente de trabajo, como "empleado de valores", que por ello se le adecuó a lo estipulado por la cláusula 341, en relación con la 101, en su punto seis, que habla de supresión, del contrato colectivo de trabajo que le es aplicable, toda vez que de acuerdo a los convenios de quince y treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno, se suprimió el puesto que ocupaba, por lo que nació su derecho a ser jubilado, ya que fue separado en forma definitiva de su trabajo.

Ferrocarriles Nacionales de México al dar contestación a la demanda, se excepcionó señalando que el actor jamás fue rescindido de su empleo, sino que fue retirado del servicio por mutuo consentimiento, en términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, mediante convenio de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en el que, en la "manifestación 1", el propio trabajador reconoció y ratificó el pacto celebrado por la empresa con el sindicato de quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, relativo al programa de retiro voluntario; que contaba con una antigüedad de veintitrés años, seis meses y veintinueve días, así como que había solicitado en forma voluntaria su inclusión al citado programa; por lo que no tenía derecho a la jubilación, en virtud de que en la cláusula cuarta del pacto de quince de octubre de mil novecientos noventa y uno se estableció que para el otorgamiento de la jubilación debería contarse con una antigüedad efectiva al servicio de la empresa de veinticinco años o más, y que al no reunir los requisitos necesarios para que se le otorgara dicho beneficio se procedió a la liquidación del demandante en los términos estipulados en la cláusula tercera del propio pacto.

Así las cosas, cabe precisar que, independientemente de la forma en que Ferrocarriles Nacionales de México dio contestación a la demanda, al ser la jubilación una prestación de carácter extralegal, al quejoso tocó acreditar en el juicio los presupuestos de la acción ejercitada, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle las prestaciones que reclamó, pues así lo establece la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2 en la página 6 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz."; y la jurisprudencia número 16, publicada en la página 14 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si se encuentra que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas."

También es aplicable, al caso concreto, la tesis jurisprudencial I.6o.T. J/21, de este Sexto Tribunal Colegiado, visible en la página 79 del tomo 61, enero de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama; y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías individuales."

En el presente caso el impetrante de garantías no satisfizo esa carga procesal, toda vez que en los convenios celebrados entre Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, con fechas quince y treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno, respectivamente, en los que la parte actora apoyó su pretensión, en lo que interesa, se lee:

Del convenio de quince de octubre de mil novecientos noventa y uno:

"... Cuarta. Empresa y sindicato convienen en que aquellos trabajadores que soliciten su inclusión al programa de retiro voluntario y sea aceptada por la empresa, y que al momento de ocurrir esto cuenten con una antigüedad efectiva al servicio de la empresa de veinticinco años de servicios o más, les será otorgado el beneficio de su jubilación en términos de lo que al respecto establece el contrato colectivo de trabajo y liquidada su prima de antigüedad a razón de veinte días de salario por cada año de servicios prestados para el organismo ...

"Quinta. Asimismo, y por lo que ve a los trabajadores que habiendo solicitado y siendo aceptada su inclusión al programa de retiro voluntario, cuenten con menos de veinticinco años de servicios efectivos para el organismo; empresa y sindicato convienen en que les será liquidado el importe de cuatro meses de salario, más treinta días de salario por cada año de servicios prestados, y el importe de su prima de antigüedad con base en lo establecido en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. ..." (foja 282 del expediente laboral).

Del convenio de treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno:

"... Tercera. Empresa y sindicato convienen en que a los trabajadores que resulten afectados con motivo de las supresiones de puestos planteadas en las condiciones establecidas en la cláusula que antecede, y que a la fecha de la supresión cuenten con veinticinco años, para los varones, y veinte años, para las mujeres, de servicios efectivos, les será concedido el beneficio de su jubilación en los términos estipulados en el pacto colectivo de trabajo; liquidándoseles su prima de antigüedad a razón de veinte días de salario por cada año de servicios prestados y con base en lo establecido en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.

"Cuarta. Asimismo y para aquellos trabajadores que al momento de ocurrir la supresión de los puestos que ocupen con carácter de planta, cuenten con menos de veinticinco años, los varones, o menos de veinte, las mujeres, de servicios efectivos, empresa y sindicato convienen en que serán indemnizados con el importe de cuatro meses de salario, más treinta días de salario por cada año de servicios prestados y el pago de su prima de antigüedad en términos de lo dispuesto en los artículos 162, 485 y 486 del contrato colectivo de trabajo. ..." (fojas 287 y 288 del expediente laboral).

De ahí que, en contra de lo que afirma el quejoso, con ninguno de los elementos de prueba que aportó al juicio, consistentes en la pericial médica, presuncional legal y humana, confesional a cargo de cada una de las demandadas, copia fotostática de la documental privada consistente en el finiquito suscrito el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, y las diversas documentales que precisó en los apartados uno y ocho del escrito correspondiente, demostró hallarse en las hipótesis que marcan las precitadas cláusulas tercera o cuarta de los respectivos convenios, en cuanto al número de años de servicios efectivos establecidos para obtener el beneficio de la jubilación.

Por el contrario, con la copia del convenio celebrado por el ahora quejoso con Ferrocarriles Nacionales de México el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y que el organismo demandado hizo suyo, quedó demostrado que el peticionario de garantías manifestó haber acumulado una antigüedad de "23/07/29", es decir, veintitrés años, siete meses y veintinueve días, y ser miembro activo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana; en consecuencia, ratifica y reconoce el convenio signado por dicha agrupación con la empresa tercera perjudicada el quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, relativo al programa de retiro voluntario, y haber solicitado en forma libre y espontánea su inclusión al mismo. Y en la cláusula segunda los celebrantes asentaron: "... que como consecuencia de las manifestaciones anteriormente vertidas, dan por terminada por mutuo consentimiento la relación de trabajo que los venía uniendo, de conformidad con lo establecido por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. ..." (fojas 306 a 309 del expediente laboral); aspectos que se encuentran reforzados con las pruebas de inspección y confesional a cargo del actor y propuestas por el patrón demandado, cuyos resultados son consultables a fojas cuatrocientos a cuatrocientos uno, y cuatrocientos ochenta y dos a cuatrocientos ochenta y cinco del expediente de que se trata.

Luego, se reitera, el actor en el juicio laboral no logró acreditar que fue despedido, ni que en el momento de haber sido retirado y liquidado por la empresa la antigüedad generada al servicio de Ferrocarriles Nacionales de México fuera de veinticinco años o más; requisito necesario para poder gozar de la jubilación en términos de la cláusula cuarta del convenio relativo al programa de retiro voluntario, celebrado entre empresa y sindicato el quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, transcrita con antelación, pues se trata de una prestación extralegal, y para tener derecho a ella es necesario cumplir con las hipótesis que el dispositivo contractual establece.

Por otro lado, el ahora quejoso tampoco acreditó, como a él correspondía hacerlo, haber sido coaccionado para solicitar su retiro del servicio, ni para la firma del convenio finiquito.

Es aplicable, al caso concreto, la tesis I.6o.T.126 L, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1330 del Tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la que se estableció: "DOCUMENTO. COACCIÓN PARA FIRMARLO. CARGA DE LA PRUEBA. Si el trabajador afirma que lo obligaron mediante coacción a firmar algún documento, corresponde a él demostrar tal aseveración, si es negada por su contraparte."

Y la diversa tesis I.6o.T.268 L, de este mismo órgano, consultable en la página 1556 del Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "RENUNCIA. CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE FUE COACCIONADO VERBALMENTE PARA PRESENTARLA, A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR ESA AFIRMACIÓN. El señalamiento del trabajador en torno a que presentó su renuncia porque le fue solicitada de manera verbal, no conlleva forzosa y necesariamente a la conminación física o moral para obtenerla, al no ser indicativo de la existencia de algún tipo de coacción por estar en aptitud de negarse a hacerlo o manifestar su inconformidad en ese sentido; consecuentemente, en estos casos corresponde al trabajador la carga procesal de demostrar esa afirmación."

En ese entorno, se estima que, si las relatadas circunstancias no fueron acreditadas por el inconforme, en tanto que de las constancias glosadas al juicio laboral de que se trata quedó demostrado que el trabajador se separó voluntariamente de la empresa, en términos de lo estipulado en la fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, y del convenio celebrado el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, indudable resulta que, con independencia de las razones expuestas por la Junta para absolver al patrón, fue correcta la absolución decretada por la autoridad responsable, toda vez que, como ya quedó señalado, el demandante no probó en el juicio reunir el requisito contractualmente establecido, esto es, haber acumulado una antigüedad de veinticinco años efectivos de servicios, por lo que no generó el derecho a obtener el beneficio de la jubilación.

Aunado a lo antes expuesto, es importante puntualizar que en el convenio celebrado entre Ferrocarriles Nacionales de México y Noveltes (sic) Víctor Velasco López, con fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en la manifestación primera el trabajador expresó que contaba "... con antigüedad de 23/07/29 ..." (foja 306), por lo que tal declaración autorizada por la Junta correspondiente surte sus efectos en el mundo jurídico mientras no se declare su nulidad, pues los suscriptores del convenio, específicamente el trabajador, han manifestado su voluntad y, por ende, tienen cabal conocimiento de los términos pactados.

Al respecto, resulta aplicable, sustancialmente, la tesis 2a./J. 105/2003, fijada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-SS, publicada en la página 134 del Tomo XVIII, noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme al artículo 876, fracción III, del citado ordenamiento, las partes en un conflicto pueden celebrar un convenio que, una vez autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, producirá todos los efectos inherentes a un laudo, por lo que la existencia de ese convenio pone de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un arreglo sobre sus respectivas pretensiones, de manera que mientras no se declare su nulidad, lo plasmado en él debe estimarse ajustado a la realidad. En consecuencia, si el trabajador considera que el reconocimiento de la antigüedad en el convenio respectivo es incorrecto, deberá promover su nulidad, acción que tendrá que ejercer dentro del plazo de un año, ya que de lo contrario aquélla prescribirá conforme a la regla general prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo antes expuesto, es importante señalar que si en el mencionado convenio se precisa la antigüedad del trabajador, esta declaratoria autorizada por la Junta correspondiente surte sus efectos en el mundo jurídico mientras no se declare su nulidad, de manera que no es válido, ni procedente que el trabajador intente promover, por separado y con posterioridad, la acción de reconocimiento de antigüedad, pues además de que ello podría dar lugar a una resolución en la que se reconociera una antigüedad distinta, lo que estaría en contradicción con lo plasmado en el referido acuerdo de voluntades, implicaría admitir la posibilidad de que dicho trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso años después, de lo establecido en el convenio aludido, en el cual expresó su voluntad, evento que, por una parte, afectaría la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturalizaría dicho convenio, cuya existencia implica la sujeción a un procedimiento establecido en la ley, particularmente la referida fracción III del artículo 876, así como la certeza de que los suscriptores del convenio, específicamente el trabajador, han manifestado su voluntad y, por ende, tienen cabal conocimiento de los términos pactados, con lo cual se garantiza su derecho de defensa en caso de inconformidad."

En ese contexto, ningún agravio le causa al quejoso el que la Junta del conocimiento haya absuelto a las codemandadas, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de fiduciaria del fideicomiso denominado Ferronalesjub, y al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a quienes les reclamó idénticas pretensiones y les imputó los mismos hechos que al organismo señalado como patrón, lo que configura la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario; de manera que, en la hipótesis, dada la indivisibilidad de la acción ejercitada, y que el derecho al pago de la jubilación no fue demostrado, la consecuencia lógica era hacer extensiva a las referidas codemandadas la absolución decretada a favor de Ferrocarriles Nacionales de México.

En otro orden, dentro de los puntos "4, 5 y 6" el quejoso argumenta, esencialmente, que el laudo es violatorio de sus garantías individuales, porque la Junta responsable, en contravención a lo estipulado en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, estableció que no quedó demostrada la relación de causa-efecto entre las categorías, actividades y medio ambiente en que las desarrolló; determinación que considera el inconforme no se encuentra apegada a derecho, ya que desde su escrito inicial de demanda señaló que los padecimientos que presenta los adquirió a consecuencia de la acción continuada del ambiente laboral adverso al que estuvo expuesto en las diferentes categorías que quedaron corroboradas por los especialistas médicos, y que no fueron controvertidas por Ferrocarriles Nacionales de México ni por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de contar con los elementos para ello.

Asimismo, expone que la responsable no tomó en cuenta que en los dictámenes médicos rendidos, tanto por su perito como por el tercero en discordia, se estipularon las enfermedades del orden profesional que presenta, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la ley laboral, y correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social desvirtuar lo manifestado o, en su caso, la autoridad responsable debió aplicar lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que las enfermedades que padece se encuentran contenidas en el diverso 513 del mismo ordenamiento, el cual es enunciativo mas no limitativo. Por ello, considera el impetrante de garantías que la autoridad realizó un incorrecto análisis del material probatorio que aportó al juicio.

Los referidos argumentos resultan infundados.

Ello es así, porque del análisis integral de las constancias que integran el expediente laboral de que se trata, se aprecia que fueron correctas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable para absolver al instituto demandado del otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad parcial permanente, debido a que la parte actora no probó los hechos fundatorios de su acción, esto es, las actividades desempeñadas para Ferrocarriles Nacionales de México, así como los puestos en que efectuó su trabajo y el tiempo en que lo desarrolló. De manera que no demostró el nexo causal entre los padecimientos que le diagnosticó el perito tercero en discordia como del orden profesional y sus actividades, ni el medio ambiente laboral.

Lo anterior se afirma, porque los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo establecen:

"Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo."

"Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél."

"Artículo 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios."

De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se observa que los riesgos de trabajo se encuentran comprendidos por los accidentes de trabajo y por las enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo del ejercicio de sus funciones laborales; estableciéndose que por accidente de trabajo se entiende toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, incluidos los que sufran por su traslado a su centro de labores y de éste a su domicilio; asimismo, establecen como requisitos de una enfermedad profesional que se acredite un estado patológico, el trabajo o medio ambiente laboral y el vínculo causal para poder determinar que la enfermedad sea consecuencia de una acción continua que tenga su origen o motivo en el trabajo.

El artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, dispone:

"Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513."

De igual forma, el artículo 50 de la Ley del Seguro Social abrogada, prevé:

"Artículo 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo."

De dichos preceptos se desprenden los mismos elementos a que hace referencia el numeral 475, en relación con los diversos 476 y 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Entonces, para que opere la presunción de que los padecimientos que presenta el asegurado son profesionales, debe satisfacer dos requisitos, a saber: 1) Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a la categoría, actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de no existir tal hecho probado no podría desprenderse la presunción legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho desconocido. 2) Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la conclusión alcanzada por el médico responsable, sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella.

Por ende, le correspondía al aquí quejoso probar la procedencia de las prestaciones reclamadas, esto es, demostrar que se encontraba dentro de los supuestos que prevé la Ley del Seguro Social aplicable, puesto que tratándose de enfermedades de trabajo, para determinar su origen y, en su caso, el reconocimiento de su profesionalidad, es requisito comprobar la actividad efectivamente desarrollada o el medio ambiente laboral en que prestó sus servicios, ya sea que se trate de las que están o no previstas como de trabajo en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, pues independientemente de las obligaciones de los patrones para el correcto cálculo de la siniestralidad en una empresa determinada, es necesario para que proceda tal reclamo que el demandante acredite el origen profesional de los padecimientos, que en lo particular y en el caso concreto le fueron diagnosticados.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 93/2006, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 209/2005-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página trescientos cincuenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, Novena Época, materia laboral, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE AL ASEGURADO LA CARGA DE PROBAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE SU ACCIÓN EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLÓ O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS, PERO LA JUNTA PUEDE RELEVARLO DE ESA CARGA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró; condicionante que rige tanto para las enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, como para las que no se actualiza tal presunción, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos supuestos servirá para determinar si se acredita el señalado nexo causal. Bajo este contexto, la carga de la prueba de los hechos de la demanda fundatorios de la acción de reconocimiento profesional de una enfermedad corresponde al asegurado, sin que la obligación de la Junta, contenida en la primera parte del artículo 784 de la ley citada, conlleve a trasladar dicha carga al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que como institución aseguradora que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo, que en ocasiones se remontan a las diferentes épocas en que estuvo activo, entre ellos el de las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a prestar sus servicios, sino en todo caso con la información unilateral y aislada que le proporciona el patrón al inscribir a sus trabajadores y darlos de alta, de baja o al modificar su salario, lo que por sí mismo sería insuficiente para sostener, válidamente, que tiene mejores elementos que el trabajador para demostrar hechos respecto de los que sólo cuenta con documentos oficiales que contienen las manifestaciones producidas por el patrón que, en su caso, prueban que se hicieron en la forma asentada en el documento relativo, pero no su veracidad, como deriva del artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, es evidente que al referido instituto no puede exigírsele que cuente con documentos idóneos para demostrar los hechos de que se trata si conforme a la ley que lo rige no está obligado a poseerlos, sin que ello impida que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al analizar el caso concreto, de estimar que por otros medios está en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos de la demanda, relativos a las actividades o el medio ambiente en que se prestaron los servicios, exima al asegurado de la carga probatoria y los recabe oficiosamente de quien los tenga en su poder, en uso de la obligación que le impone la primera parte del mencionado artículo 784, de donde se infiere la intención del legislador de alentar el sistema participativo en el proceso laboral a fin de que terceros ajenos al juicio, incluidas las autoridades, aporten los elementos de prueba de que disponen por estar o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21118-8093275b/documentos-firmados-bajo-coaccion-carga-de-la-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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