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INSTRUCCIÓN. SI EL JUEZ DE LA CAUSA EN UN MISMO AUTO DECLARA AGOTADA Y CERRADA DICHA ETAPA PROCESAL Y EN EL MOMENTO EN QUE SE DICTA LAS PARTES TIENEN CONOCIMIENTO DE ÉL MANIFESTANDO QUE NO TIENEN PRUEBAS QUE OFRECER, ELLO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE DEJE SIN DEFENSA AL INCULPADO Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO QUE ORIGINE SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 123/2008. · Registro digital (IUS): 21159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 2187.

AMPARO DIRECTO 123/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. No obstante que el quejoso no expresó concepto de violación alguno tendente a combatir las consideraciones que la ad quem expresó para tener por acreditado el delito de robo calificado, en agravio de ********** así como la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión, pues en su demanda de amparo únicamente endereza argumento en el capítulo de la individualización judicial de la pena, por operar la suplencia de la queja a su favor, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito analizará dichas consideraciones.

En principio, debe decirse que del análisis de la causa penal se desprende que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en los medios necesarios para una adecuada defensa del quejoso, lo que ocurrió en el presente caso, pues desde la etapa de averiguación previa fue notificado del inicio del procedimiento que se le siguió por el delito que se le atribuye, toda vez que a las veintiún horas con veinticuatro minutos del veintitrés de julio de dos mil cuatro, el quejoso fue puesto a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público ********** del fuero común ********** turno, Fiscalía Desconcentrada en ********** de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por los elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal ********** y ********** (foja 14 de la causa penal); a las tres horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil cuatro se le hicieron saber los derechos que consagra a su favor el artículo 20, apartado A, constitucional, de conformidad con lo que dispone al efecto el artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y señaló que se reservaba su derecho a declarar (fojas 43 y 46 de la causa penal); a las siete horas con cuarenta minutos de la fecha antes citada, al hacerle nuevamente de su conocimiento los derechos que consagra a su favor el precepto constitucional invocado, adujo que se reservaba su derecho a declarar hasta en tanto se encontrara presente su abogado o persona de confianza (fojas 59 y 60 de la causa penal); a las dos horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil cinco, al hacerle nuevamente de su conocimiento los derechos que consagra a su favor el precepto constitucional invocado, nombró como abogado defensor al de oficio, quien aceptó y protestó el cargo y asistió al quejoso al rendir su declaración ministerial, suscribiendo la misma donde el quejoso se reservó su derecho a declarar (fojas 151, 152 y 159 de la causa penal); a las siete horas con diecisiete minutos de la fecha antes citada, el agente del Ministerio Público investigador ejerció acción penal en contra del quejoso y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo calificado en pandilla y robo calificado (mediante consignación con detenido por lo que hace al primer delito mencionado y consignación sin detenido respecto al segundo de los ilícitos), solicitando respecto del segundo delito orden de aprehensión en contra del quejoso (fojas 175 a 181 de la causa penal).

Ante el Juzgado Quincuagésimo Cuarto Penal en el Distrito Federal, previamente a rendir su declaración preparatoria -por lo que hace al delito de robo calificado en pandilla-, a las veinte horas del veinticinco de julio de dos mil cuatro, se le hicieron nuevamente de su conocimiento los derechos que consagra a su favor el artículo 20, apartado A, constitucional y designó como su abogado al defensor de oficio adscrito al juzgado del conocimiento, quien aceptó y protestó el cargo y asistió al quejoso al rendir su declaración ministerial, suscribiendo la misma donde el quejoso se reservó su derecho a declarar (foja 186 de la causa penal); al resolverse su situación jurídica dentro del término constitucional el veintiocho de julio de dos mil cuatro, se le decretó auto de formal prisión o preventiva por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado en pandilla (hipótesis de respecto de vehículo automotriz y violencia moral), en agravio de ********** ordenándose la apertura del procedimiento sumario -mismo que posteriormente se revocó a ordinario a solicitud del quejoso- (fojas 202 a 212 y 255 de la causa penal).

El treinta de julio siguiente, el Juez del conocimiento libró la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, en agravio de ********** misma que se cumplimentó el mismo día por personal de la Policía Judicial del Distrito Federal (fojas 218 a 230 y 234 de la causa penal).

Ante el citado órgano jurisdiccional, previamente a rendir su declaración preparatoria -por el delito de robo calificado-, a las dieciséis horas de la fecha antes citada, se le hicieron nuevamente de su conocimiento los derechos que consagra a su favor el artículo 20, apartado A, constitucional y designó como su abogado al defensor de oficio adscrito al juzgado del conocimiento, quien aceptó y protestó el cargo y asistió al quejoso al rendir su declaración ministerial, suscribiendo la misma donde el quejoso se reservó su derecho a declarar (foja 235 de la causa penal); al resolverse su situación jurídica dentro del término constitucional el dos de agosto de dos mil cuatro, se le decretó auto de formal prisión o preventiva por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado (hipótesis de respecto de vehículo automotriz y violencia física), cometido en agravio de ********** ordenándose la apertura del procedimiento ordinario (fojas 238 a 251 de la causa penal).

De los antecedentes reseñados se desprende que en dicha etapa, que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelve la situación jurídica del inculpado, el a quo observó las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14 y 20, apartado A, de la Constitución Federal, pues previamente a tomarle declaración preparatoria al quejoso, le hizo saber su derecho a nombrar defensor o persona de confianza para que lo asistiera en dicha diligencia, el nombre de quien presentó la denuncia en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyeron como delictuosos que motivaron la integración de la averiguación previa y cuáles eran los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que estuviera en aptitud de aportar pruebas a fin de desvirtuar la imputación existente en su contra.

En la fase de instrucción se admitieron y desahogaron las pruebas que su defensa ofreció, como lo son, entre otras: Ampliación de declaración del quejoso (foja 503 de la causa penal); de los Policías Judiciales **********, **********, **********, ********** y ********** (fojas 459, 460, 462, 463 vuelta y 465 de la causa penal); del denunciante ********** (foja 469 de la causa penal); de los coprocesados **********, **********, ********** y ********** (fojas 500, 501 y 502 de la causa penal), así como las testimoniales de **********, **********, **********, ********** y ********** (fojas 514 vuelta y 515 de la causa penal); la presuncional legal y humana (fojas 284 y 285 de la causa penal); a excepción del testimonio de **********, ********** y ********** que se dejaron de recibir por falta de interés jurídico (fojas 497 vuelta y 514 de la causa penal); posteriormente, por auto de veinticinco de febrero de dos mil cinco, se declaró agotada y cerrada la instrucción del proceso (foja 533 de la causa penal).

Al respecto, debe señalarse que si bien en el mismo proveído se declaró agotada y cerrada la instrucción, tal situación no es motivo para ordenar la reposición del procedimiento, pues de la propia constancia se desprende que dicho auto fue notificado tanto al quejoso como a su defensor el mismo día en que se emitió, esto es, tuvieron conocimiento de dicha determinación y firmaron de conformidad, sin que manifestaran su objeción con el sentido del mencionado auto, menos aún que externaran su interés de ofrecer más pruebas en el juicio, con lo que se considera que se da cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues la violación procesal de que se trata no violentó derechos del quejoso que trascendieran al resultado de la sentencia.

Es aplicable al respecto, la tesis I.6o.P.93 P, de este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2397, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"INSTRUCCIÓN. EL HECHO DE QUE EN UN MISMO AUTO SE DECLARE AGOTADA Y CERRADA DICHA ETAPA PROCESAL, PERO EN ESE MOMENTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES Y ÉSTAS MANIFIESTAN QUE NO TIENEN PRUEBAS QUE OFRECER, ELLO NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DEL INCULPADO NI TRASCIENDE AL RESULTADO DE LA SENTENCIA. Si bien es cierto que este Tribunal Colegiado ha sostenido que si el Juez de la causa en un mismo auto declara agotada la instrucción y, a la vez su cierre, ello implica una violación a las normas que rigen el procedimiento penal, toda vez que la declaratoria de agotamiento de la instrucción en el procedimiento ordinario tiene la finalidad de llamar la atención de las partes del próximo cierre de la instrucción, para que estén en aptitud de hacer el análisis del material probatorio que aportaron al procedimiento y se percaten de las diligencias que falten y, en su caso, solicitar su desahogo o bien, manifiesten lo que a su derecho corresponda; sin embargo, cuando las partes tienen conocimiento en el momento en que esto ocurre, y manifiestan que no tienen pruebas que ofrecer, con ello se da exacto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues se considera que la violación procesal de que se trata, no violentó derechos del quejoso, que trascendieran al resultado de la sentencia, por lo que no resulta procedente conceder el amparo para que se reponga el procedimiento."

Posteriormente, previa acusación de la representación social y conclusiones de la defensa, el tres de mayo de dos mil cinco se dictó sentencia de primera instancia en su contra por el delito referido.

En contra de la anterior determinación, el quejoso y su defensor particular, así como la defensa de sus cosentenciados y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación (este último en contra del punto resolutivo primero), mismo que por razón de turno le correspondió conocer a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que mediante resolución de dos de septiembre de dos mil cinco, dictada en el toca penal ********** modificó la sentencia condenatoria (fojas 2 a 113, tomo II de la causa penal) y, contra lo decidido en segunda instancia, promovió el presente juicio de amparo.

Al respecto es aplicable lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXXVI/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 299, que dice:

"PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial."

Por lo anterior, se considera que en el presente caso no se violaron en su perjuicio las garantías consagradas en el párrafo segundo del artículo 14 y 20, apartado A, de la Constitución Federal, por cuanto a que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento y se respetó su garantía de defensa; es decir, tuvo la oportunidad de aportar los medios probatorios que estimó pertinentes para su defensa y de alegar lo que a su derecho conviniere.

Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Así como la jurisprudencia número I.1o.P J/6, publicada en la página 388, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se trámite conforme a la ley y se resuelva, analizando los agravios expresados."

Por otra parte, de las constancias que conforman la causa penal no se desprende que durante la secuela procesal se hubiese actualizado alguna o algunas de las hipótesis contenidas en las fracciones III, VI y XV del artículo 160 de la Ley de Amparo, que ameritaran la reposición del procedimiento.

Lo anterior es así, en razón de que en audiencia de quince de noviembre de dos mil cuatro, se hizo del conocimiento al quejoso el contenido del artículo 20, fracción IV, constitucional, a lo que contestó que era su deseo carearse con los denunciantes ********** y ********** por lo que en posterior diligencia de diez de diciembre de dos mil cuatro se desahogó el careo constitucional respectivo con el denunciante citado en primer término, y por lo que hace al denunciante citado en segundo término, se desahogó careo supletorio, en razón de que no fue posible lograr su comparecencia ante el Juez de la causa.

De igual manera, como quedó expuesto en el análisis de las formalidades esenciales del procedimiento, del presente caso se desprende que el quejoso tuvo la oportunidad de ofrecer las pruebas que legalmente estimó pertinentes y sin que se advierta que el acto reclamado se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente.

Por otra parte, se considera que la autoridad responsable tampoco infringe en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, previsto en el artículo 14, tercer párrafo, constitucional, pues en el caso no hubo una aplicación por analogía ni por mayoría de razón, ya que los hechos que se atribuyeron al quejoso se encuadraron en la norma sustantiva prevista en los artículos 220, párrafo primero, 224, fracción VIII y 225, fracción I, todos del Código Penal vigente para el Distrito Federal y se expusieron las razones para realizar los juicios de tipicidad correspondientes.

Es aplicable al respecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXXXIX/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 299, que dice:

"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa."

Asimismo, la sentencia reclamada no viola en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar sus actos, pues del análisis del fallo que se reclama a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se advierte que satisface los requisitos que para el dictado de resoluciones jurisdiccionales exige el citado numeral constitucional, pues en la misma se invocan los preceptos constitucionales y legales aplicables y se elaboran los razonamientos lógico jurídicos mediante los cuales se adecuan los hechos de que se trata a las hipótesis normativas.

Resulta aplicable a lo anterior, lo decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXVI/2000, publicada en la página 143 del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."

De ahí que no se violan en perjuicio del quejoso las garantías de debido proceso y legalidad consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dándose cumplimiento a lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 139/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todo los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberían ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

En el mismo sentido, se observa que la Sala ad quem aplicó exactamente la ley penal y respetó los principios reguladores de la valoración de la prueba, pues apreció en conciencia el valor de todas las presunciones existentes en su contra hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, tomando en cuenta los hechos denunciados, los elementos de convicción aportados al proceso y el enlace natural más o menos necesario entre la verdad histórica y la buscada, evidenciándose que había suficientes elementos de prueba para dictar sentencia condenatoria en contra del quejoso; asimismo, una vez analizados los elementos de convicción se aprecia que se cumplieron las reglas fundamentales de la prueba circunstancial al haberse probado los hechos de los cuales derivan las presunciones y que existe un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 268, publicada en la página 150, Tomo II, Materia Penal, Parte SCJN, Primera Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probadas y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre su identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."

Y la tesis publicada en la página 222, Tomo VII, abril de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PRUEBAS CIRCUNSTANCIAL Y DIRECTA, DIFERENCIAS ENTRE LAS. La prueba circunstancial es diversa de la directa, pues en tanto que en ésta deben satisfacerse los diversos requisitos que fija la ley, para que merezca la eficacia demostrativa; en la prueba circunstancial el juzgador debe calificar hechos de distintas fuentes, que valorados sin infringir las leyes de la lógica y la razón, conduzcan a establecer la verdad que se busca conforme a un proceso ordinario y natural de las cosas, que no lleve a suponer que otra persona distinta del enjuiciado fue quien realizó el hecho criminoso. Por esas razones, la responsable no podía analizar y razonar las pruebas directas como indicios, sino únicamente estudiar si en ellas se reunieron los requisitos que la propia ley establece para su estimación."

En efecto, del análisis de la resolución reclamada y de las constancias de autos se desprende que la Sala responsable respetó los principios reguladores de la valoración de la prueba, establecidos en los artículos 246, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues teniendo en consideración las constancias procesales existentes en autos y realizando una justa valoración de las mismas, tuvo por comprobados los elementos del delito de robo calificado (hipótesis de respecto de vehículo automotriz y con violencia física), previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo primero, fracción III, 224, párrafo primero, fracción VIII y 225, párrafo primero, fracción I, todos del Código Penal vigente para el Distrito Federal, cometido en agravio de ********** con los medios de prueba que constan en la causa destacando, entre ellos, los siguientes:

Las declaraciones del denunciante ********** (fojas 63, 64, 72 y 469 de la causa penal); lo vertido ministerialmente y en ampliación de declaración por los policías judiciales **********, **********, **********, ********** y ********** (fojas 16 a 18, 19, 20, 171, 459, 460, 462, 463 vuelta y 465 de la causa penal); lo declarado ministerialmente y en ampliación de declaración por los coprocesados **********, **********, ********** y ********** (fojas 153, 185, 148, 188, 150, 187, 144, 145, 189, 500, 501 y 502 de la causa penal); la testimonial de ********** (foja 481 vuelta de la causa penal); probanzas las anteriores que se adminicularon con el certificado médico de ********** (foja 76 de la causa penal); la factura ********** que ampara la propiedad de un vehículo de la marca ********** tipo ********** modelo ********** (foja 65 de la causa penal); fe ministerial de pistola, respecto de una pistola de la marca Rven Industy Calif, calibre 25 milímetros (foja 42 de la causa penal); declaración ministerial del quejoso ********** (foja 154 de la causa penal), su declaración preparatoria (foja 235 de la causa penal) y su ampliación de declaración ante el Juez de la causa (foja 503 de la causa penal); informe de ingresos anteriores a prisión del quejoso (foja 337 de la causa penal), ficha signalética del quejoso (foja 389 de la causa penal) y estudio de personalidad del quejoso (fojas 330 a 332 de la causa penal).

Una vez analizados todos los elementos de convicción, se observa que la Sala ad quem correctamente tuvo por comprobados los elementos del delito de robo calificado (hipótesis de respecto de vehículo automotriz y con violencia física), previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo primero, fracción III, 224, párrafo primero, fracción VIII y 225, párrafo primero, fracción I, todos del Código Penal vigente para el Distrito Federal, cometido en agravio de ********** los cuales son, una conducta humana, una actividad con resultado relevante para el derecho penal y violación a una norma prohibitiva, en el caso mediante una conducta de acción, toda vez que el dieciséis de julio de dos mil cuatro, aproximadamente a las cinco horas, cuando el ofendido ********** llegó a su domicilio ubicado en las calles de ********** esquina

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21159-b54d3b7b/instruccion-si-el-juez-de-la-causa-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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