PRUEBA PERICIAL. APRECIACION DE LA. POR LAS JUNTAS.
AMPARO DIRECTO 294/94. MEXICANA DE CANANEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
CONSIDERANDO:
VI.-El segundo concepto de violación igualmente resulta infundado.
Esencialmente aduce la empresa quejosa que la valoración que hizo la Junta de la pericial médica del actor es incorrecta, porque no es exacto que sea el más apegado a las constancias de autos, puesto que ni siquiera se emitió en términos del interrogatorio que se exhibió al momento de su ofrecimiento; que no obran en el sumario constancias de los resultados de los estudios practicados al actor, ni qué tipo de opacidades radiológicas presentan los pulmones del actor; que únicamente se basó en la manifestación que el tercero perjudicado le refirió de trabajar en un ambiente contaminado.
Le asiste la razón a la quejosa, cuando aduce que el dictamen pericial del actor se emitió sin sujetarse al interrogatorio que se exhibió al momento de su ofrecimiento, sin embargo, ello no le ocasiona perjuicios, habida cuenta que contiene todas las cuestiones relativas a la litis planteada, como es que el perito tiene los estudios médicos, la experiencia y el conocimiento suficientes para emitirlo, que realizó los exámenes necesarios al trabajador para detectar las enfermedades que padece, así como los grados de incapacidad relativas, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y por otra parte, sí es acorde con las constancias de autos, ya que el actor refiere en su demanda una vida laboral desde mil novecientos ochenta y cuatro, expuesto durante el desarrollo de su trabajo a un ambiente contaminado por polvos de sílice, humos, gases venenosos y ruidos intensivos que no permiten la comunicación normal, lo cual aunque fue negado por la demandada, en cuanto a los riesgos señalados, no fue probado, y además aceptó la antigüedad del trabajador, que data desde el nueve de julio de mil novecientos ochenta y cuatro; no siendo obstáculo para la anterior conclusión, que no se hayan anexado al dictamen del actor los estudios radiológicos y de gabinete practicados a éste, en virtud de que del peritaje mismo se desprende que sí fueron tenidos a la vista por el profesional, quien manifestó haber efectuado estudios radiológicos y de gabinete y que fueron éstos los que arrojaron los resultados de su peritaje; igualmente, resulta intrascendente que no se haya asentado en el mismo, qué tipo de opacidades presentaron los pulmones del actor, porque las Juntas para la valoración de las pruebas no deben analizar cuestiones técnicas, ya que no son peritos y para eso se auxilian en la prueba pericial y para concederle valor a la prueba pericial del actor la responsable lo hizo en conciencia, considerando que era la más apegada a las constancias de autos, como se ha analizado, y además fundándose en el criterio jurisprudencial citado que sostiene una presunción a favor del trabajador, la cual no fue destruida. Se cita por ser aplicable en lo conducente la tesis número 6/94, sostenida por este Tribunal Colegiado, que dice: "PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a expresar las razones de carácter legal y humano que las motivaron para negar valor probatorio a los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, y otorgárselo al del perito tercero en discordia, pero ello de ninguna manera implica que deban establecer razones técnicas que soporten esa determinación, pues sus integrantes no son peritos y necesitan apoyarse en la prueba pericial; que por ser colegiada, debe ser analizada y valorada como tal.".
En relación a la incapacidad por ruido, no es exacto que el perito del actor se haya basado para emitirlo solamente en el dicho de éste de que trabaja en un ambiente contaminado, puesto que esta circunstancia se desprende del sumario, como ya se ha analizado, de que el demandante labora desde mil novecientos ochenta y cuatro, para la hoy quejosa y la actividad de ésta es la explotación de minerales, de donde deriva el conocimiento que tiene el citado perito para determinar la enfermedad auditiva que le detectó al tercero perjudicado, así como el grado de incapacidad respectivo.
Igualmente, es infundado el argumento esgrimido por la quejosa, en el sentido de que en la audiencia de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y dos, al preguntar al perito de la parte actora, contestó con evasivas, y no en los términos en que según ella debió responder, puesto que del estudio del citado dictamen no se advierte evasiva alguna, ni tampoco demostración de falta de conocimiento por parte del profesional de la materia sobre la cual versó su peritaje, pues las respuestas a que alude la agraviada no quitan validez al dictamen porque éste no debe referirse, de ninguna manera a normas legales relativas a la relación de causalidad entre ambiente de trabajo y enfermedad profesional, ni a la medición o evaluación del ruido dentro de dicho ambiente, así como tampoco a las medidas aplicadas para controlar la exposición del trabajador al citado ambiente, ni al reposo que el trabajador haya tenido antes del examen, aspectos todos estos que son los manejados por las aludidas interrogantes, sino que el peritaje debe centrarse, tal como se indica en el rendido por el perito de la parte actora, en el grado de afectación determinado por los peritos que han sufrido los órganos vitales del trabajador, así como también a la causa que los ha originado, siendo oportuno mencionar en respuesta a las consideraciones del quejoso, que cuando el trabajador labora en explotaciones mineras y su incapacidad está en sus vías respiratorias, se presume que tales incapacidades fueron causadas precisamente por el ambiente de trabajo, presunción que no admite prueba en contrario según se establece en la Tesis jurisprudencial 73, de este Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, y citada por la responsable, que a la letra dice: "ENFERMEDADES PROFESIONALES. RELACION CAUSA A EFECTO ENTRE LA ENFERMEDAD SUFRIDA Y EL TRABAJO DESARROLLADO.-Resultando ser que la enfermedad profesional denominada silicosis, prevista por el artículo 513, fracción XIX, de la Ley Federal del Trabajo, se produce en trabajadores y obreros que prestan sus servicios en empresas o compañías que los exponen constantemente a la inhalación de polvos de sílice al desarrollar actividades propias de las industrias y minas entre otras, tal como sucede en la especie que la empresa quejosa se dedica a la actividad minera; es incuestionable por lo tanto que dicha enfermedad es resultado del desempeño del trabajo dentro de la empresa quejosa, sin que resulte necesario que el trabajador tenga la obligación de probar la relación causa a efecto entre la referida enfermedad y su trabajo. Lo anterior teniendo en consideración que el artículo 478 del ordenamiento legal en cita, establece una presunción que no admite prueba en contrario; ya que si un trabajador sufre una de las enfermedades enunciadas en la tabla que prevé el artículo 513 y su trabajo se relaciona con las actividades o industrias que señala, no será necesario acreditar la relación causa a efecto; sin que sea óbice a lo anterior, que los trabajadores presten sus servicios en el interior o exterior de la mina, toda vez que la fracción XIX del citado artículo 513, no hace distinción alguna, respecto a que los obreros presten sus servicios en el interior de la mina, o trabajen a cielo abierto.", y las interrogantes planteadas por la quejosa versaron sobre esas cuestiones, mas no sobre la cuestión médica del trabajador.
Del contenido de la anterior tesis de jurisprudencia se obtiene por analogía que en la especie también la incapacidad auditiva debe presumirse causada por el ambiente de trabajo ya que dentro de la explotación minera, también son una constante los altos ruidos y las fuertes vibraciones.
VII.-El tercer concepto de violación es fundado pero inoperante.
En efecto, aduce la empresa agraviada falta de valoración por parte de la responsable de la prueba pericial de ingenieros ofrecida y desahogada por ella, ya que omite determinar si le otorga valor o no.
Es correcta la argumentación anterior, empero la misma no puede dar lugar al otorgamiento del amparo, habida cuenta que el peritaje en cuestión, rendido por el ingeniero Jesús Gómez González, fue para el objeto de determinar las condiciones ambientales prevalecientes en las áreas de trabajo del actor, y del mismo se aprecia que esos lugares están en la mina, esto es, dentro de ella o bien en su exterior; y es el caso, que conforme al artículo 513, fracción 19 y 514, fracción 351, de la Ley Federal del Trabajo, son enfermedades profesionales las que resultó tener el actor, esto es, fibrosis por silicosis e hipoacusia, la primera de las cuales se da en los mineros y la segunda en trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones; asimismo, de acuerdo al precepto 476 de la misma ley, serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo, las consignadas en el aludido artículo 513. De lo anterior debe concluirse que las mencionadas enfermedades del quejoso son resultado del trabajo dentro de la empresa, porque el artículo 476 aludido establece una presunción que no admite prueba en contrario.
Por lo anterior, la violación en que incurrió la Junta al omitir valorar la citada pericial, no puede dar lugar al otorgamiento del amparo, habida cuenta de que la presunción derivada del referido precepto 476 sólo pudo destruirse, en la especie, si tal peritaje cuyo estudio se omitió afirmara que el ambiente en que laboró el actor no fue el de la mina sino en un lugar diferente, por lo que otorgarse el amparo para que se analizara en mejor forma tal probanza, la resolución del conflicto laboral volvería a ser la misma en definitiva.
VIII.-El cuarto concepto de violación es infundado.
Argumenta la agraviada que el tribunal laboral viola el principio de congruencia establecido en el artículo 842, de la Ley Federal del Trabajo; porque el artículo 484 de la ley laboral en que se apoyó para ordenar la apertura del incidente de liquidación es aplicable cuando las indemnizaciones sean cubiertas conforme a las disposiciones contenidas en el propio ordenamiento legal, pero que en la especie, al solicitar el actor el cálculo de la citada indemnización en base a mil cuatrocientos treinta días de salario obviamente es una prestación mayor a la regulada por la ley, por lo que debe aplicarse lo establecido en el contrato colectivo de trabajo; que quedó debidamente acreditado por su parte con los recibos de pago al actor, el monto del salario promedio, por lo que en tales condiciones no hay necesidad de abrir incidente de liquidación, porque en el mismo no se pueden allegar más pruebas de las que obran en autos.
Es infundada la manifestación anterior, toda vez que no es exacto como aduce la quejosa, que haya quedado acreditado en autos el monto del salario para efectos de la indemnización del trabajador, ya que si bien es cierto, exhibió los recibos correspondientes a las últimas cuatro semanas laboradas por el actor antes de la presentación de la demanda, dicho salario no corresponde al que actualmente percibe dicho trabajador, ya que se encuentra activo y en ese caso, conforme lo establece el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, la base para determinar las indemnizaciones por riesgo de trabajo será el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta que se determine el grado de la incapacidad, y fue precisamente cuando se dictó el laudo en donde se determinaron los grados de las incapacidades que padece el accionante, y además, como correctamente lo estimó la Junta responsable, el actor se encuentra activo, luego entonces, el salario diario base para efectos de la indemnización correspondiente debe ser el percibido en las últimas cuatro semanas laboradas anteriores a la emisión del laudo y no las anteriores a la presentación de la demanda, que fueron las que acreditó la quejosa, y ante este supuesto se da el caso de excepción a que se refiere el diverso 843 de la ley en consulta, porque no obra en autos el salario que servirá de base para cuantificar el importe de las prestaciones a que fue condenada la empresa agraviada, por lo que la apertura del citado incidente es procedente.
Por otra parte, resulta igualmente infundada la argumentación que hace valer la empresa quejosa, en el sentido de que el artículo 484 de la ley laboral sea aplicable a los casos en que las indemnizaciones sean cubiertas conforme a lo establecido en la propia ley, y no como en la especie, en que dicha indemnización va a ser en términos del contrato colectivo de trabajo, en cuanto al número de días sobre el cual se va a calcular la indemnización, porque de la lectura del citado numeral no se desprende que esa haya sido la intención del legislador, sino por el contrario, tratándose de cualquier indemnización, debe aplicarse esta disposición y además, el contrato de referencia no puede ir más allá de la ley, y solamente se aplica cuando contemple prestaciones mayores a las señaladas en ésta, mas no para la regulación de situaciones jurídicas, que impliquen la afectación de derechos.
A mayor abundamiento, en la especie se da la excepción a lo ordenado en el artículo 843 anteriormente citado y por otro lado, la misma tiende a impedir el retardo en el cumplimiento de los laudos, de ahí que cuando un laudo ordena la apertura de incidente de liquidación, el posible perjuicio que derive de esa circunstancia, recae sobre la parte que obtuvo, que en este caso fue el trabajador. En tal virtud, no debe considerarse violatoria de garantías la determinación de que se trata, si la Junta razonó cuál era la excepción que ameritaba la apertura del incidente aludido y la reclamación no proviene de la parte afectada, como sucede en la especie. Se aplica al caso la tesis jurisprudencial 82, sostenida por este propio tribunal, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACION DEL LAUDO. LA LEY PERMITE, POR EXCEPCION, LA APERTURA DEL.-Es cierto que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que en los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena pero, añade que, sólo por excepción, podría ordenarse que se abra incidente de liquidación. Como se ve, tal disposición no es absoluta, pues admite excepción y, por otra parte, la misma tiende a impedir el retardo en el incumplimiento de los laudos, de ahí que cuando un laudo ordena la apertura de incidente de liquidación, el posible perjuicio que derive de esa circunstancia, recae sobre la parte que obtuvo. En tal virtud, no debe considerarse violatoria de garantías la determinación de que se trata, si la Junta razonó cuál era la causa de excepción que ameritaba la apertura del incidente aludido y la reclamación no proviene de la parte afectada.".
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Federal, 76, 158, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MEXICANA DE CANANEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra del acto y la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Genaro Rivera, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2121-b8b29a05/prueba-pericial-apreciacion-de-la-por-las-juntas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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