VIOLACIONES PROCESALES. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO.
AMPARO DIRECTO 503/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Por cuestión de orden lógico, este tribunal federal, en primer lugar, advierte que el peticionario de garantías hace valer una violación procesal la que, por cuestión de orden lógico, se examina en los siguientes términos:
Señala en el quinto motivo de inconformidad, que la actora ********** no compareció a la audiencia de ley a absolver posiciones y que, sin embargo, la persona que sí se presentó y que, incluso, absolvió posiciones, fue una persona de nombre ********** personas ambas que dice el quejoso, son distintas; y que ello se acredita del pliego de posiciones que dice, se encuentra dirigido a ********** no así a la señora **********.
De lo que se desprende que el peticionario de garantías está exponiendo que la prueba confesional que ofreció a cargo de la actora en el juicio de origen, se desahogó de manera indebida, dado que la persona que compareció a la audiencia respectiva, es una persona distinta a la parte actora en el procedimiento natural.
Al respecto, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, vía concepto de violación, a través del amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva del juicio respectivo, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y, 158 y 159 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, aunque las violaciones procesales pueden ser reclamadas, vía concepto de violación, mediante el juicio de amparo directo, para que proceda el análisis de fondo de las mismas es menester que hayan sido combatidas durante el procedimiento a través del recurso ordinario o medio de defensa idóneo previsto en la ley y si las violaciones no han sido reparadas al dictarse la sentencia de primer grado, deben hacerse valer nuevamente como agravio al combatir ésta, de conformidad con lo establecido en el precepto constitucional citado y lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo.
Así lo sustentó la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis número 186, visible a fojas 139 del Informe de Labores rendido al más Alto Tribunal al terminar el año de 1987, que a la letra dice:
"VIOLACIONES PROCESALES. PARA QUE PUEDAN ESTUDIARSE EN AMPARO DIRECTO DEBE PREPARARSE SU IMPUGNACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Federal, cuando se trata de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso y que trascienden al resultado del fallo, es requisito indispensable para que sean estudiadas dichas violaciones procesales en el amparo directo, el que se agote el recurso ordinario correspondiente, ya sea la revocación o la apelación, si se cometió en primera instancia y si no ha sido reparada mediante el recurso ordinario, es necesario que tal violación sea reiterada nuevamente ante el tribunal de apelación, en los agravios que sean formulados contra la sentencia de fondo de primera instancia, reiteración que es necesaria por así establecerlo la Constitución Federal."
En la especie, la violación procesal descrita no reúne los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158 de la Ley de Amparo, pues no afecta las defensas del hoy quejoso ni trasciende al resultado del fallo definitivo.
Ello es así, porque si bien de la sentencia que constituye el acto reclamado se advierte que la Sala responsable declaró infundados los agravios expresados por el ahí apelante, ahora quejoso, y ello trajo como consecuencia que se declarara la rescisión del contrato de arrendamiento base de la acción, así como que se condenara al demandado quejoso a las siguientes prestaciones: A la desocupación y entrega a favor de la actora del inmueble materia de la litis, al pago de las rentas reclamadas y las que se siguieran venciendo hasta la desocupación y entrega del inmueble en cuestión y al pago del interés correspondiente; debe señalarse que dicha autoridad, en ningún momento tomó en cuenta la prueba confesional que ofreció el quejoso a cargo de su contraparte y que señala, se desahogó a cargo de una persona distinta a la demandante (que es lo que alega como violación procesal en esta instancia constitucional), pues aun cuando la Sala responsable condena al quejoso a las prestaciones que han quedado precisadas con antelación, la condena no se basó en ningún momento en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por el quejoso a cargo de su contraria, tal como se aprecia de las constancias del juicio de origen que tienen pleno valor probatorio por tratarse de actuaciones judiciales, que constituyen prueba documental pública, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2o. de esta última ley.
En este orden de ideas, si en la sentencia no fue tomada en cuenta ni valorada por la Sala responsable la prueba confesional ofrecida por el quejoso a cargo de su contraria, resulta incuestionable que su desahogo no afectó las defensas del hoy quejoso ni trascendió al resultado de la sentencia definitiva.
Luego, si la violación procesal de que se trata no originó una afectación a las defensas del quejoso ni trascendió al resultado del fallo definitivo, emitido en la controversia natural, debe concluirse que no es susceptible de ser reclamada en el juicio de amparo en que se actúa, vía concepto de violación, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 158 de la Ley de Amparo, antes invocados.
Es aplicable, la jurisprudencia número I.4o.C. J/5, que este tribunal hace suya, visible en la página 961 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece:
"VIOLACIONES PROCESALES. REQUISITOS PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que la violación emane directamente del procedimiento en que se dictó la resolución reclamada; b) que afecte las defensas del quejoso; y c) que trascienda al resultado del fallo. Por tanto, ante la falta de alguno de estos requisitos, la impugnación relativa resulta inatendible."
También resulta aplicable, en lo conducente, la tesis I.11o.C.5 K que sustentó este Tribunal Federal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1411, que dice:
" Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que afecte las defensas del quejoso; y, b) que trascienda al resultado del fallo; por tanto, si la violación procesal impugnada se hace consistir en la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, y el sentido de la sentencia de primer grado no se apoyó en esas probanzas, es evidente que tal violación no afectó las defensas del quejoso ni trascendió al resultado de dicho fallo y, por consiguiente, es de concluirse que no procede su análisis en el amparo directo respectivo."
Por otra parte, se procede al examen de los conceptos de violación encaminados a combatir la sentencia emitida por la Sala responsable lo que, por cuestión de método, se hace en distinto orden a su exposición.
En el primero, octavo y noveno conceptos de violación, se advierte que el quejoso, en una parte de sus argumentos, hace valer, en esencia, que la Sala responsable omitió el estudio de todos y cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación que interpuso en contra del fallo de primera instancia, ya que señala que en el considerando segundo de la sentencia reclamada, la Sala responsable estudió los agravios primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, pero que no examinó los agravios cuarto, octavo y noveno; que, asimismo, el tribunal de alzada únicamente hizo un estudio ilegal de los demás agravios expresados por el quejoso, sin que dicha autoridad hubiera precisado de manera clara el examen que hizo de todos los agravios que fueron expresados por el peticionario de garantías, no obstante que dice era su obligación, pues debía exponer los argumentos en que apoya sus determinaciones y, al respecto, cita la jurisprudencia de rubro: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."; y, por otra parte, señala el quejoso que la Sala responsable desestimó los agravios octavo y noveno expresados en el escrito de agravios sin que hubiera señalado por qué razón los desestimó.
También indica que el considerando segundo de la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundado ni motivado, pues dice que en dicho considerando no se expresan las razones ni se señalan los preceptos aplicables al caso concreto, para que los agravios que hizo valer fueran desestimados por el tribunal de alzada, no obstante que solicitó que en obvio de repeticiones, dichos agravios se tuvieran por reproducidos como si estuvieran plasmados a la letra los argumentos expresados en los demás agravios que hizo valer y que, por ello, al no entrar al estudio de los agravios octavo y noveno, se transgredieron las normas esenciales del procedimiento, lo que dice, se traduce en falta de motivación y fundamentación.
De lo anterior, se advierte que lo que en realidad expone el quejoso, es que la Sala responsable omitió el estudio de algunos argumentos que se contienen en el escrito de agravios y, por ello, considera que se realizó un estudio deficiente de tales agravios; sin embargo, debe decirse que tales argumentos resultan inoperantes por deficientes, dado que los mismos únicamente se encuentran encaminados a sostener que el tribunal de alzada no examinó algunos de los agravios que expresó al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, empero, el ahora quejoso no señala cuáles fueron los agravios que el tribunal de alzada omitió examinar, ni tampoco indica los motivos por los cuales considera que aquellos agravios que se dejaron de examinar, resultaban idóneos para que el tribunal de alzada revocara la sentencia de primer grado.
Es decir, que no es suficiente señalar que la Sala responsable no estudió los agravios cuarto, octavo y noveno contenidos en el recurso de apelación y que ello es así, pues el tribunal de apelación únicamente examinó los demás agravios y no precisó de manera clara el examen que hizo de todos los agravios que fueron expresados en el recurso de apelación, no obstante que tenía la obligación de hacerlo, sino era menester especificar cuáles agravios son los que no examinó el ad quem y, asimismo, qué es lo que el quejoso trataba de demostrar con los mismos; por tanto, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sean argumentos generalizados y abstractos que no pueden ser susceptibles de examinar, pues siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no basta que el quejoso formule sus conceptos de violación en forma abstracta y genérica para que este órgano jurisdiccional emprenda el examen correspondiente ya que, en el caso concreto, no existe causa legal que obligue a suplir la deficiencia de la queja a favor del hoy peticionario de garantías.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que comparte este órgano jurisdiccional sustentado en la jurisprudencia número 694, publicada en la página 467 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que a la letra establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS EN FORMA GENERALIZADA. En el juicio de garantías no se puede realizar por parte del órgano de control constitucional, un estudio general de la controversia de origen, sino que éste debe efectuarse a la luz de los argumentos que se esgriman como conceptos de violación, en los cuales se debe señalar, no sólo las disposiciones, doctrinas o criterios jurisprudenciales que se omitieron analizar, sino que también debe formularse una exposición razonada del por qué, alguna disposición legal, doctrina o criterios jurisprudenciales pueden beneficiarle a la amparista, demostrando a través de tales razonamientos el ataque a sus garantías constitucionales."
Asimismo, sirve de apoyo, por analogía, el criterio que comparte este órgano jurisdiccional sustentado en la tesis número I.6o.C. J/29, visible en la página 1147 del Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado."
En otro orden de ideas, aduce el quejoso en el séptimo concepto de violación, que la Sala responsable desestimó, de manera ilegal, el agravio en el cual el apelante, aquí quejoso, se inconformó de que el poder con el que compareció el representante de la actora, hacía alusión a un inmueble diverso al reclamado en el escrito de demanda y que, por ello, el juzgador de origen, al señalar que se trataba del mismo inmueble reclamado, había modificado, de manera unilateral, un documento público.
Señala que la Sala responsable no advirtió que la Juez de primera instancia sí modificó en forma unilateral un documento público y, por ello, contravino normas de derecho, permitiendo a toda persona, que en caso de convenir a sus intereses, corrija de motu proprio y con una sola aclaración, un documento público, como lo es el instrumento exhibido en el juicio de origen.
Que lo anterior es así, pues en el poder otorgado por la actora a favor de ********** se señala un inmueble distinto al reclamado en el juicio de origen, entonces dicho apoderado únicamente puede ejercitar dicho mandato en relación al inmueble que ahí se menciona, y no sobre otro diferente, como es el que fue objeto de la litis en el juicio de origen.
Menciona que, por ello, el tribunal de alzada realizó un estudio ilegal, sin que observara las normas jurídicas aplicables al caso concreto, lo que contraviene en su perjuicio las garantías individuales del peticionario de amparo.
Este motivo de inconformidad resulta infundado, por lo siguiente:
En principio, debe señalarse que es correcto el señalamiento de la Sala responsable, relativo a que el instrumento público con el que compareció ********** en representación de la actora para acreditar su personalidad en el juicio de origen, y en el que se mencionan los datos del inmueble respecto del cual se le otorgó un poder general en los términos precisados en dicho documento, contiene un error mecanográfico en relación al fraccionamiento en que se encuentra el inmueble materia del juicio de arrendamiento; pues en dicho instrumento, en la cláusula segunda, se asentó lo siguiente:
"Segunda. El poder que se confiere es general en cuanto a facultades y especial, en cuanto a su objeto, por lo que deberá ejercerse única y exclusivamente en relación con el inmueble localizado en **********."
No obstante que, como se verá más adelante, el domicilio correcto donde se encuentra el inmueble es en ********** y no como se asentó en el citado documento.
Sin embargo, tal error mecanográfico no implica, de manera alguna, que se trate de un inmueble distinto al que constituye materia de la litis en el juicio de origen (como lo pretende el quejoso) pues, en el caso, el error mecanográfico o equivocación no constituye un dato suficiente o sustancial para considerar que el inmueble sea otro, ya que de dicho instrumento se desprende que todos los demás elementos, como son la calle, número, manzana, lote, Municipio y Estado, coinciden plenamente con los datos contenidos en el escrito de demanda, en el contrato de arrendamiento y en la diligencia de emplazamiento que se practicó en dicho domicilio al quejoso; máxime que el peticionario de garantías no aportó, durante la secuela procesal, elemento de convicción alguno tendente a justificar que, en su calidad de arrendatario, posee un predio distinto de aquel cuya desocupación le fue reclamada.
Se cita en apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis III.2o.C.28 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 957, que señala:
"ARRENDAMIENTO, RESCISIÓN DEL. ERROR EN LA DEMANDA AL SEÑALAR EL NOMBRE DEL PREDIO ARRENDADO. La demanda inicial de un juicio y los documentos fundatorios de la acción constituyen un todo y, por ende, si el contrato de arrendamiento exhibido como fundatorio de la acción contiene el nombre correcto del predio arrendado, resultará irrelevante que en la demanda se hubiese cometido un simple error mecanográfico, al precisar su denominación, si del análisis sistemático de ambos, fácilmente puede llegarse a la conclusión de que el bien arrendado lo constituye aquel al que se refiere el contrato de mérito. En consecuencia, si al fundar la rescisión de un contrato de arrendamiento, celebrado respecto de un predio cuya denominación conste de varios nombres, el actor yerra al señalar el primero de ellos pues, verbigracia, en lugar de denominarlo: ‘La Cuesta’, lo denomina: ‘La Puesta’, debe considerarse que lo anterior constituye sólo un error mecanográfico y no un dato suficiente para considerar legalmente que el predio arrendado sea otro; máxime si, por otra parte, el quejoso no aportó al juicio natural, elemento de convicción alguno tendiente a justificar que, en su calidad reconocida de arrendatario, posee un predio distinto de aquel cuya desocupación le fue reclamada."
También se cita en apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 68, Tercera Parte, página 51, que señala:
"DOCUMENTOS. ERROR DE ESCRITURA EN ELLOS. DE ESTIMARSE QUE EXISTE DEBE ATENDERSE A LO QUE REALMENTE SE TRATÓ DE EXPRESAR, Y DESESTIMARSE LO QUE APARECE ESCRITO EQUIVOCADAMENTE. Si el quejoso dice que por un error mecanográfico en un escrito, se omitió una palabra que cambia el sentido del mismo, y del texto del párrafo relativo se desprende claramente lo que se quiso decir, tal aclaración es atendible; luego, el mero error mecanográfico consistente en la omisión de una palabra no constituye ni puede interpretarse como una manifestación de voluntad con efectos jurídicos en el juicio de amparo."
En este sentido, tampoco es acertado que, en el caso, se hubiera corregido motu proprio, el instrumento público exhibido en el juicio de origen, ya que lo que en realidad aconteció es que, por virtud del error advertido, la Juez de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señala: "Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los requisitos de los artículos 95 y 255, el Juez dentro del término de tres días señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte ...", previno a la demandante para que aclarara su escrito de demanda, en los siguientes términos:
"México, Distrito Federal, a cuatro de septiembre de dos mil siete. Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de expediente que le fue asignado por la oficialía de partes común de este tribunal; guárdese en el seguro del juzgado la documentación exhibida de su parte consistente en un contrato de arrendamiento, con fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civiles, que previene al promovente para que dentro del término de cinco días: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio del bien inmueble arrendado, toda vez que del contrato de arrendamiento base de su acción no se advierte lote ni manzana. 2. Aclare el nombre del fraccionamiento donde se ubica el bien inmueble arrendado que se advierte de la cláusula cuarta del instrumento notarial que exhibe, toda vez que es diversa a la que manifiesta en su escrito de cuenta como del contrato base. 3. Exhiba un juego de copias simples (de su escrito inicial y anexos), para el efecto de correr traslado completo a la parte demandada, ya que con las presentadas se integró el duplicado del expediente, lo anterior con fundamento en los artículos 95, fracción IV y 103 del Código de Procedimiento Civiles. 4. Se le solicita que del escrito donde el ocursante desahoga la presente prevención deberá acompañar una (s) copia (s) del mismo (s), para el (los) traslados (s) correspondiente (s), y para el duplicado del expediente, tal como se fundamenta en el artículo 95, fracción IV, del Código de Procedimiento Civiles, en relación al artículo 103 de dicho ordenamiento. Con el apercibimiento de no desahogar lo antes señalado, y en su totalidad, no se dará entrada a su asunto y se pondrán a disposición del ocursante los documentos exhibidos de su parte. Notifíquese."
Por ello, la demandante, por escrito presentado el día once del mismo mes y año, desahogó la prevención formulada, señalando al efecto lo siguiente:
"********** en mi carácter de apoderado de la parte actora, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en los autos del expediente judicial que al rubro se cita, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: Que encontrándome dentro del término concedido mediante proveído de fecha 4 de septiembre del presente año, por el cual se me señalan diversas prevenciones, me permito desahogar las mismas de la manera siguiente: 1. En cuanto a la primera prevención, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el domicilio completo donde se encuentra ubicado el bien inmueble materia del presente juicio, lo es el ubicado en: ********** 2. El desahogo de la segunda prevención que me mandara dar su señoría, hago la aclaración de que el nombre del fraccionamiento donde se encuentra ubicado el bien inmueble arrendado materia del presente juicio, lo es el denominado ********** manifestando bajo protesta de decir verdad, que por un mero error de dedo se señala en la cláusula segunda del instrumento notarial que exhibí con mi escrito inicial de demanda como fraccionamiento donde se encuentra ubicado dicho inmueble ********** 3. Por otro lado, y dando cumplimiento al punto tercero del acuerdo de fecha 4 de septiembre del presente año, vengo a exhibir un juego de copias simples del escrito inicial de demanda y anexos que acompañan al mismo, para efecto de correr traslado completo a la parte demandada. 4. Asimismo, y en cumplimiento a lo previsto por los artículos 95, fracción IV y 103 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, acompaño copia del presente ocurso para que forme parte del duplicado del expediente en que se actúa."
Así, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil siete, la Juez de origen tuvo a la actora desahogando la prevención formulada en los términos que se contienen en su escrito de desahogo y, en el que se observa, la actora precisó que el fraccionamiento correcto en que se encontraba el inmueble arrendado era **********.
Además, el nombre del fraccionamiento y, por ello, la identidad del bien, también quedó demostrado con el acta de la diligencia de emplazamiento al quejoso, que fue levantada por la ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Coacalco Berriozábal, Estado de México, en la que se aprecia, dicha fedataria se constituyó en la calle ********** asentando en la diligencia respectiva, lo siguiente:
"En Coacalco de Berriozábal, Estado de México, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día catorce del mes de febrero del año dos mil ocho, la suscrita ejecutora adscrito al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Coacalco Berriozábal, Estado de México, en compañía de la parte actora se dice al apoderado legal de la actora, ********** quienes se identifican con credencial de votar folio número: ********** me constituí plena y legalmente con las formalidades de ley en el domicilio señalado en autos como el de la parte demandada ********** ubicado en calle ********** y previo cercioramiento de que en verdad se trata del referido domicilio por la nomenclatura de la calle número y colonia buscados, así como por voz del apoderado del actor, inmueble que tiene como características un enrejado de maya, jardín, un pequeño patio y fachada amarilla, con cemento de dos plantas, se dice fachada verde, por lo que procedo a tocar en el mismo, acudiendo a mi llamado una persona del sexo masculino quien dijo llamarse ********** y quien se identifica con credencial de votar con número de folio: ********** persona que tiene como media filiación la siguiente: ********** y a quien previa identificación de la suscrita del cargo que ostento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2312 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de México, procedo a dar cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 4 y 11 de septiembre del 2007 y 9 de enero del año en curso, dictado por el Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, dentro del expediente número ********** haciéndole saber que es demandado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario por ********** apoderado legal de **********. Acto seguido, con las copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas, le corrí traslado y emplacé al demandado (a) C. ********** para que dentro del término de cinco días ocurra al Juzgado Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra y oponga las excepciones y defensas que tuviere que hacer valer y ofrezca pruebas; asimismo, le prevengo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ubicación del juzgado, ya que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se harán en términos de las no personales. Haciéndole saber que la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, tendrá verificativo en día veintinueve del mes de febrero del año en curso, a las nueve horas treinta minutos. Asimismo, en términos del auto de fecha 11-septiembre-2007, lo requiero formalmente, para que en este caso, justifique con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de las rentas del inmueble ubicado en: ********** y que es materia del presente asunto, a lo que manifestó: Que sí debe rentas, pero no todas las que se le reclaman, pues incluso tiene ficha de depósito para comprobarlo. Enseguida, le hago saber que como no acredita encontrarse al corriente en el pago de las rentas reclamadas ni hace el pago de las mismas, deberá de señalar bienes de su propiedad suficientes y bastantes a garantizar el pago de las pensiones rentísticas reclamadas sobre los cuales ha de trabarse embargo, apercibido que en caso de negarse a hacer el señalamiento, tal derecho pasará a la parte actora, a lo cual manifiesta: Que no va a señalar bienes porque no desea hacerlo, tampoco nos permite el acceso al domicilio oponiéndose al embargo. Acto continuo, el actor manifiesta que dadas las circunstancias, se reserva su derecho para embargar bienes y solicita que únicamente el demandado quede emplazado a juicio. En consecuencia, se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo, y es con lo que doy cuenta para los fines legales conducentes. Doy fe. Apoderado legal de la actora: (firma). Demandado: (firma). Ejecutor: (firma)."
Todo lo anterior acredita que el error o equivocación que se contiene en el instrumento público exhibido en el juicio de origen, no constituye un elemento sustancial para que se considerara que en el caso, el inmueble que se describe en el mismo, es distinto al reclamado en la controversia de origen, pues ello sólo significa una mera equivocación o error mecanográfico, tomando en consideración que, a excepción de esta circunstancia, todos los demás elementos son coincidentes en los datos de identificación del referido bien; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio.
Por otra parte, en el sexto de sus argumentos, señala el quejoso que la Sala responsable se equivocó al declarar infundado el agravio relativo a que en el contrato de arrendamiento, se omitió señalar el domicilio en que debieron pagarse las rentas y que, por ello, la arrendadora debió acudir al domicilio del arrendatario, para solicitar el pago correspondiente, pues señala el quejoso que en la cláusula tercera del contrato base, se estableció que las mensualidades debían pagarse mediante depósito a la cuenta número ********** del banco ********** a nombre de la arrendadora y que, por ello, el asentar como domicilio una cuenta bancaria va en contra del espíri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21215-9a1c059f/violaciones-procesales-no-procede-su-analisis-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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