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CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21248
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 361.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, correspondiente a la especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula **********, autorizado en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de **********, parte quejosa en uno de los asuntos que originaron los criterios en posible contraposición (amparo en revisión 114/2008), conforme lo ha sustentado esta Sala en la tesis 2a. LXV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 585, cuya sinopsis dice:

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 114/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, sostuvo en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia, lo siguiente:

"SEXTO. Por cuestión de técnica jurídica, en primer término se analizarán los agravios que hace valer la autoridad recurrente en su ocurso respectivo, en los cuales, sustancialmente, aduce lo siguiente: Que la sentencia dictada por el Juez de Distrito es contraria a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 y 149 de la Ley de Amparo, pues omitió tomar en consideración las manifestaciones que se hicieron valer en su informe justificado, en el sentido de que no existe precepto legal alguno que permita a la autoridad otorgar el permiso de retorno seguro a los contribuyentes. Que el a quo tenía la obligación de valorar correctamente, y de manera conjunta, todos los documentos y argumentos vertidos por las partes, como lo eran la solicitud de retorno seguro de vehículo y el oficio de tres de octubre de dos mil siete, que constituye el acto reclamado. Que el a quo desestimó la facultad discrecional que la ley le otorga a la autoridad, facultad que da un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, por lo que al tratarse de una facultad discrecional, el permiso de retorno seguro se puede otorgar o negar, según la libre apreciación de los hechos por parte de la autoridad. Que aun cuando el a quo pudiese considerar que la resolución reclamada era inconstitucional por transgredir la garantía de legalidad, tenía la obligación de demostrar la razón de su dicho, señalando en qué forma la autoridad actuó arbitraria o caprichosamente, porque no se invocaron las circunstancias que concretamente se referían al caso discutido, o bien, si de alguna manera se alteró, o señaló de manera inexacta los hechos en que se apoyó la resolución. Que al concederse el amparo se causa un grave perjuicio a la sociedad, y al fisco federal, al no permitir aplicar las disposiciones generales y legalmente establecidas, toda vez que la facultad discrecional ejercida por la autoridad, de ninguna manera violó la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, dado que la resolución reclamada se emitió conforme a los requisitos de fundamentación, motivación y congruencia exigidos por el citado precepto constitucional. Que la sentencia recurrida se emitió sin realizar una completa apreciación y análisis de las pruebas que demuestran la legalidad del acto reclamado, consistentes en el oficio de tres de octubre de dos mil siete, el oficio de once de agosto de dos mil cuatro, por el cual se giró la orden de revisión número CGA8300006/04, el oficio de observaciones de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, el oficio de veinticinco de mayo de dos mil cinco, por el que se comunicó al quejoso la conclusión de la revisión por pago espontáneo, y el oficio de siete de septiembre de dos mil siete, por el que se returnó la solicitud del quejoso, documentales con las que la autoridad verificó la indebida actuación por parte del promovente del juicio. Que el Juez únicamente analizó la solicitud de retorno presentada por el quejoso, y el oficio que constituye el acto reclamado, ‘desechando’ las demás pruebas ofrecidas y exhibidas por la autoridad, aun cuando los datos contenidos en las mismas, eran coincidentes con la información proporcionada ‘por esta autoridad’ y, más aún, con los datos señalados en la resolución reclamada, lo que fue desestimado por el a quo sin miramiento alguno. Que de las pruebas que no fueron valoradas por el Juez de Distrito, se desprende que el quejoso, a través del pedimento de cinco de noviembre de dos mil dos, introdujo el vehículo de procedencia extranjera, marca Ferrari, modelo 640 F1, año mil novecientos ochenta y nueve, destinándolo al régimen aduanero de importación temporal, vehículo que omitió retornar al extranjero vencido el plazo máximo de un año improrrogable para permanecer en territorio nacional, por lo que el juzgador pasó por alto que desde ese momento ‘se dio un cambio de situación jurídica respecto del vehículo referido’, pues el mismo se encuentra de manera ilegal en el país desde esa fecha. Que el Juez dejó de valorar que, con independencia de que la autoridad tenga o no la facultad discrecional para otorgar el permiso solicitado, la resolución reclamada se encontraba ajustada a derecho, en razón de que la autoridad no podía otorgar el permiso de retorno porque no existió un cumplimiento espontáneo por parte del quejoso de retornar el vehículo internado temporalmente al extranjero, en términos de lo establecido en el artículo 183, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Aduanera, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 73, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, es decir, para que hubiese procedido la solicitud respectiva tenía que haber existido el ánimo, por parte del quejoso, de retornar al extranjero de manera voluntaria el vehículo de su propiedad, no como consecuencia de una revisión fiscal a la que estuvo sujeto, sino como consecuencia de un acto propio de libre albedrío. De la sentencia que se recurre se advierte, que el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, al considerar lo siguiente: Que de las documentales consistentes en copias certificadas de la solicitud de retorno seguro de vehículo, y del oficio de tres de octubre de dos mil siete, que constituía el acto reclamado, se apreciaba que el quejoso solicitó a la autoridad responsable permiso para efectuar el retorno al extranjero del vehículo marca Ferrari, modelo 640 F1, año mil novecientos ochenta y nueve. Que la autoridad responsable le negó el permiso solicitado, aduciendo que no se cumplía con el requisito de espontaneidad establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 183 de la Ley Aduanera, en atención a que la conducta omisiva del contribuyente de no retornar al extranjero el vehículo de procedencia extranjera en el plazo máximo de un año, fue descubierta previamente por la Administración Central de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, al ejercer sus facultades de comprobación a través de la revisión de gabinete de once de agosto de dos mil cuatro. Que del párrafo segundo de la fracción II del artículo 183 de la Ley Aduanera, se apreciaba que éste contempla una excepción a lo establecido en el párrafo primero de la fracción en cita, es decir, señala que no se aplicará la multa establecida por exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, a las personas que retornen de forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente. Que la autoridad responsable no señaló los fundamentos y motivos en que se basó para negar la petición formulada por el quejoso, dado que no precisó el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes, a fin de que el quejoso conociera las disposiciones legales en que la autoridad responsable realizó su actuación, así como tampoco razonó debidamente las causas que la llevaron a tal conclusión. Que lo anterior era así, toda vez que el párrafo, fracción y precepto en que se basó la autoridad responsable para negar el permiso solicitado, hace referencia a una excepción para la aplicación de una multa a quienes incurran en la infracción que establece el propio artículo, y no a la situación concreta que planteó el quejoso, lo que resultaba violatorio de las garantías consagradas en el artículo 16 constitucional, razón por la cual debía concederse la protección federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efecto el oficio de tres de octubre de dos mil siete y, en su lugar, dictara otro en el que, con plenitud de jurisdicción, se ajustara a lo expuesto en esa sentencia. Resultan en parte inoperantes, y en parte infundados, los agravios sintetizados. En principio, debe decirse que es inoperante el argumento expresado por la autoridad recurrente, relativo a que el Juez de Distrito, al emitir la sentencia recurrida, no tomó en consideración los argumentos expresados en defensa de la constitucionalidad del acto reclamado, es decir, de lo que en su momento se hizo valer en el informe justificado. Tal decisión se expone en ese sentido, porque el juzgador no estaba obligado a tomar en consideración lo expuesto en el informe justificado debido a que la litis en el juicio de garantías, se integra con el acto o los actos reclamados en el juicio de garantías y la demanda de amparo, tal y como lo expresa la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 123/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento noventa del Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: ‘INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (resulta innecesaria su transcripción). Por otra parte, resultan infundados los argumentos relativos a que la facultad discrecional ejercida por la autoridad no viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, pues según lo que afirma la autoridad recurrente, atendiendo a esa facultad discrecional, el permiso de retorno seguro se puede otorgar o negar, según la libre apreciación de los hechos por parte de la autoridad. El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es, las autoridades están obligadas a fundar sus actos, es decir, a expresar con precisión el precepto aplicable al caso, a fin de justificarlo legalmente, para hacer ver que no es arbitrario; forma de justificación tanto más necesaria, cuando que, dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente la ley les atribuye. Así pues, el precepto en comento exige de todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, esto es, independientemente del sentido en que se emita un acto, se le deben otorgar al gobernado los elementos para aceptar o impugnar la respuesta recaída con pleno y cabal conocimiento de causa, toda vez que las autoridades se encuentran obligadas a señalar, no sólo los preceptos legales sustantivos que funden su determinación, sino también deben demostrar que en el caso se realizaron los supuestos de hecho que condicionan la aplicación de aquellos preceptos. La resolución reclamada contenida en el oficio número 325-SAT-09-II-IV-12482 de tres de octubre de dos mil siete, se emitió en base con las siguientes consideraciones: ‘... Al respecto, el artículo 183-A, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, señala lo siguiente: «Artículo 183-A. ... II. ... No se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior a las personas que retornen en forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente.». Esta autoridad para promover lo conducente respecto de la solicitud del contribuyente, estima conveniente verificar si se cumplen con los requisitos del artículo antes transcrito, para lo cual se manifiestan los siguientes hechos: ... Derivado de lo antes transcrito, se observa que no existe la espontaneidad requerida por el artículo 183, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, en la solicitud de retorno seguro del vehículo marca Ferrari, modelo 640 F1, año 1989, con número de identificación 112, sin placas de circulación. Ello es así, en virtud de que la conducta omisiva del contribuyente, de no retornar al extranjero el vehículo de procedencia extranjera en el plazo máximo de un año, de conformidad con el artículo 106, fracción III, inciso b), de la Ley Aduanera, vigente en 2002, fue descubierta previamente por la Administración Central de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, al ejercer sus facultades de comprobación a través de revisión de gabinete con la orden número CGA8300006/04, contenida en el oficio 324-SAT-VIII-13326 de 11 de agosto de 2004, por lo que es evidente que no existe un cumplimiento espontáneo de retornar el vehículo internado temporalmente al extranjero, de acuerdo a lo previsto por el artículo 73, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la Ley Aduanera, en términos de su artículo 1o. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el solicitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el vehículo objeto de la presente petición, no se encuentra sujeto a ningún procedimiento administrativo en materia aduanera, pues de los hechos narrados, y pruebas valoradas, se concluye que, previo a la presentación de su escrito, la autoridad ejerció sus facultades de comprobación con la orden número CGA8300006/04 ya mencionada, por lo que es claro, que la conducta del particular no es espontánea al haber sido descubierta por la autoridad fecha (sic) anterior a la solicitud de retorno seguro. Autorización. PRIMERO. Se niega a **********, el permiso para efectuar el retorno seguro al extranjero del vehículo de procedencia extranjera, marca Ferrari, modelo 640 F1, año 1989, con número de identificación 112, sin placas de circulación, por las razones y fundamentos precisados en la presente resolución. SEGUNDO. El presente documento no tiene efecto alguno para acreditar la legal importación, tenencia y/o estancia en el país, del vehículo de procedencia extranjera marca Ferrari, modelo 640 F1, año 1989, con número de identificación 112, sin placas de circulación. TERCERO. Notifíquese personalmente.’. En tales condiciones, tal y como lo resolvió el Juez Federal, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la quejosa la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que, se basó en una disposición que hace referencia a una excepción para la aplicación de una multa a quienes incurran en la infracción que establece el propio artículo, y no a la situación concreta que planteó el quejoso, lo que resultaba violatorio de la mencionada garantía. Así las cosas, si bien pudiera considerarse, como lo señala la autoridad recurrente, que al tratarse de una facultad discrecional el permiso de retorno seguro se puede otorgar o negar, según su libre apreciación de los hechos, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, la norma constitucional de que se trata, exige de todas las autoridades, que apeguen sus actos a la ley no sólo señalando los motivos que la llevan a emitir su determinación, sino también expresando de qué ley se trata, y los preceptos de ella, que sirven de apoyo a su determinación, debiéndose demostrar que, en el caso, se realizaron los supuestos de hecho que condicionan la aplicación de aquellos preceptos, lo que en el caso no acontece. También resulta infundado el argumento relativo a que en la sentencia recurrida, no se expresaron los motivos por los cuales se resolvió que, con las documentales exhibidas, no se acreditaba que el acto reclamado se encontraba debidamente fundado y motivado, máxime cuando las constancias que exhibió en el juicio, no fueron analizadas por el Juez Federal. En efecto, es infundado el argumento referido, porque de la sentencia que se recurre se advierte que el Juez de Distrito, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, analizó las documentales exhibidas por la autoridad responsable, en particular, la solicitud de retorno seguro de vehículo, en la que el quejoso solicitó a la autoridad responsable permiso por cinco días hábiles para efectuar el retorno al extranjero del vehículo marca Ferrari, modelo 640 F1, año mil novecientos ochenta y nueve, con número de identificación ciento doce, sin placas de circulación, y el oficio 325-SAT-09-II-IV-12482 de tres de octubre de dos mil siete, que constituye el acto reclamado, precisando que de esas documentales se advertía que la autoridad no señaló los fundamentos y motivos en que se basó para negar la petición formulada por el quejoso, dado que no precisó el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes, ni razonó las causas que la llevaron a tal conclusión. Luego, resulta que la a quo sí analizó las pruebas exhibidas en el juicio, pues, fue precisamente atendiendo a las constancias de autos y a las pruebas ofrecidas, como resolvió el asunto sometido a su consideración, fundando su determinación en diversos preceptos de la Constitución Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y señaló como circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para conceder el amparo, todas aquellas que quedaron precisadas en los párrafos que anteceden, actuando así en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que obliga a la autoridad judicial federal a fundar y motivar las sentencias y resoluciones que se dicten en los juicios de amparo, lo que lleva a desestimar por infundado el agravio que se analiza. SÉPTIMO. En el único agravio que hace valer el quejoso, aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 77, 78, 79 y 192 de la Ley de Amparo, toda vez que no se resolvió la cuestión efectivamente planteada, ya que si la autoridad responsable negó el permiso ‘retorno seguro’ que le fue solicitado, en base exclusivamente en el hecho de que no se cumplía con lo dispuesto por el artículo 183, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Aduanera, referente a la ‘espontaneidad’ de la solicitud, y dicho requisito fue estimado por el a quo como ‘inoperante’ para resolver la solicitud, entonces el efecto del amparo debió ser para que se le otorgue el permiso de ‘retorno seguro’ solicitado. Agrega que en el oficio reclamado se le negó el permiso de retorno seguro que solicitó en atención, única y exclusivamente a que no se cumplía con el requisito de espontaneidad previsto en el artículo 183, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Aduanera, por lo que si en la sentencia recurrida, el a quo estimó que tal requisito de espontaneidad a que hace referencia la autoridad responsable no le es exigible, ‘ya que dicho requisito es inoperante sobre la procedencia o no de la solicitud de retorno seguro planteada’ entonces, el amparo concedido debió ser para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos el oficio de tres de octubre de dos mil siete y, en su lugar, dicte otro en el que le otorgue el permiso de retorno seguro solicitado. Resultan infundados los argumentos que se analizan, pues aun cuando, por regla general, los efectos de una sentencia de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado, dejándola en aptitud de emitir otro acto, siempre que subsane el vicio advertido, sin embargo, cuando el acto reclamado consiste en una resolución que se emite en respuesta al ejercicio del derecho de petición, o que resuelva una instancia, recurso o juicio, la autoridad se verá necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando el vicio formal descrito, pues, de lo contrario, se dejarían sin resolver aquéllos. En la especie, tomando en consideración que la resolución reclamada recayó a una solicitud presentada por el quejoso, la autoridad responsable, para cumplir la sentencia de amparo, tiene que dejar sin efecto esa resolución y, subsanando los vicios formales de falta de fundamentación y motivación, con libertad, dictar una nueva resolución en la que exprese los preceptos legales aplicables al caso, y las circunstancias y razones que determinen su sentido, sin que pueda obligársele, como lo manifiesta el quejoso recurrente, a que le otorgue el permiso de retorno seguro que solicitó. Resulta aplicable, en lo relativo a los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, la jurisprudencia 34 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en el Apéndice de dos mil uno, Tomo VI, Materia Común, página cuarenta y seis, con rubro y texto siguientes: ‘INCONFORMIDAD. LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN, A MENOS QUE SE TRATE DEL DERECHO DE PETICIÓN O DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO O JUICIO.’ (resulta innecesaria su transcripción). En las relatadas condiciones, al haber resultado infundados e inoperantes los argumentos propuestos por las recurrentes, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado."

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 92/2008, en sesión de dos de abril de dos mil ocho, sostuvo en el considerando séptimo de la sentencia lo siguiente:

"SÉPTIMO. El agravio que enseguida se analiza es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida. En el segundo de sus agravios, el presidente de la República aduce que el Juez de Distrito del conocimiento, indebidamente pasó por alto, que a partir de las reformas que sufrió el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que establece las consultas fiscales, la respuesta que a éstas recaiga, no constituye una resolución obligatoria para la quejosa, de ahí que la determinación plasmada en el acto reclamado no afecta a su interés jurídico; por lo cual, no puede ser apto para demostrar la aplicación, en su perjuicio, del artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como se dijo, el anterior argumento resulta esencialmente fundado, pero, para arribar a la anterior conclusión, es menester señalar que las consultas fiscales se encuentran reguladas por lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, el cual fue reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil seis, vigente a partir del uno de enero siguiente, para quedar redactado de la forma siguiente: ‘Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código.’. Previo a las reformas aludidas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral para definir criterio, en el sentido de que la consulta fiscal sí era un acto de autoridad que podía hacer procedente el juicio de amparo, reuniéndose los requisitos establecidos en el propio ordenamiento legal; la tesis en comento fue publicada con el número P./J. 82/2003, en la página 5 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘CONSULTA FISCAL. SU RESPUESTA ES APTA PARA ACREDITAR LA OPORTUNIDAD Y EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES, SI SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDA Y QUE SE REFIERA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA.’ (resulta innecesaria su transcripción). De la ejecutoria que informa dicho criterio conviene destacar las consideraciones siguientes: ‘Precisado lo anterior, es necesario hacer las siguientes reflexiones acerca de las consultas fiscales: Una de las modalidades y contenidos que frecuentemente reviste una petición en materia fiscal es el planteamiento de consultas que los particulares hacen a las autoridades, en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, con los más variados propósitos, siendo los más comunes, el conocer el criterio de la autoridad hacendaria en relación con un determinado caso, o bien, solicitar información sobre el criterio sustentado por el consultante, cuya confirmación o ratificación de parte de las autoridades se pretende. En principio, es importante destacar que en el derecho positivo mexicano las consultas fiscales encuentran su origen en el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, que en su artículo 10 dispone: (se transcribe). De acuerdo al artículo transcrito, desde esa fecha se estableció la obligación de las autoridades hacendarias de interpretar normas fiscales a solicitud de los particulares, siempre que se tratara de situaciones reales y concretas. La reforma a ese precepto legal se publicó en el Código Fiscal de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, en el cual, de manera específica, ha aludido a las consultas fiscales en su artículo 10, estableciendo al respecto lo siguiente: (se transcribe). En esa reforma se dispuso, además de lo que ya se establecía respecto a la interpretación de leyes fiscales a petición del particular, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolvería las consultas relacionadas con los impuestos que administrara, si los particulares o sus representantes planteaban si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21248-75d7074c/contradiccion-de-tesis-el-autorizado-en-terminos-amplios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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