CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE OMITEN PRECISAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN NO ANALIZADOS POR LA SALA RESPONSABLE Y LA FORMA EN QUE SU FALTA DE ESTUDIO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.
AMPARO DIRECTO 231/2006.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En forma previa, se estima necesario destacar que en materia judicial no es menester formular el concepto de violación o agravio con el rigorismo del silogismo jurídico, exigido por ejemplo, en tratándose de conceptos de violación en los que se cuestione la constitucionalidad de un precepto ordinario, porque en materia de legalidad basta con que la parte agraviada exprese en sus argumentos la causa de pedir, origen de su reclamo, para de esa manera proceder al estudio de su cuestionamiento; por ello, resulta pertinente definir cuál es el requerimiento suficiente para atender los argumentos de la parte agraviada, lo que se logra clarificando lo que se debe entender y en qué consiste la causa de pedir (causa petendi).
La jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para considerar suficiente y analizar un concepto de violación, no es necesario que se formule bajo la formalidad del silogismo, sino que es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio; de ahí que conforme con la última parte de la jurisprudencia relativa, la causa de pedir se integra al señalar con claridad cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio.
En la doctrina, la causa petendi a que se refiere la jurisprudencia en comento, es lo que Carnelutti llama motivo o título de demanda, que si bien es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que reclaman los quejosos; de ahí que la jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: El agravio o lesión que se reclame del acto que se combate, consistente en el razonamiento u omisión en que incurre la responsable, que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado; y los motivos que lo originen, es decir, la necesaria concurrencia del argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión.
Al establecer que para la procedencia del estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a éstos corresponde exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; en ese sentido, es conveniente aclarar que, la determinación de la causa de pedir o causa petendi en comento, se refiere únicamente a aquellos juicios de amparo en donde se aplica el principio de estricto derecho, pues donde existe suplencia de la queja el tribunal de amparo debe proceder al estudio íntegro del negocio jurídico.
Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
Igualmente, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XVII.5o. J/2, sustentada por el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 446, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, que establece:
"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama ‘motivo o título de la demanda’, lo que si bien es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos términos ante la responsable."
Hechas las anteriores precisiones, enfocados de nuevo en el punto de estudio que les dieron origen, se tiene que, en atención a la técnica que rige al juicio de amparo, y al sentido de la presente ejecutoria, será estudiado de manera preferente al examen de la constitucionalidad del artículo 76, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los conceptos de violación primero, segundo y décimo sexto de la demanda de amparo, en los que la quejosa propone una violación de carácter formal consistente en que la omisión de estudio de los conceptos de impugnación de la demanda de nulidad del juicio contencioso administrativo de origen; toda vez que, de ser procedente, en virtud de la concesión del amparo tendría como consecuencia dejar insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, la Sala del conocimiento, al reasumir jurisdicción, dicte otra en la que se ocupe de las cuestiones omitidas, lo que no impediría que la impetrante pudiera impugnar la aplicación de ley, en la demanda de amparo que, en su caso, se promueva en contra de esa segunda sentencia.
En los conceptos de violación primero, segundo y décimo sexto de la demanda de amparo, aduce la quejosa **********, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, así como la garantía de audiencia que consagra la Carta Magna, al dejar de aplicar el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, argumentando en síntesis:
1. Que la juzgadora no estudió, ni analizó a fondo los agravios contenidos en la demanda de nulidad, pues sólo analizó los numerales primero y tercero, dejando de analizar los demás agravios de los numerales segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, dejándola en completo estado de indefensión y negándole el derecho de audiencia que establece el artículo 14 de la Carta Magna.
2. Que por no estudiar a fondo los agravios vertidos en la demanda de nulidad y sólo analizar el primero y segundo de ellos, la juzgadora deja a salvo las facultades de la autoridad demandada para enderezar, componer y arreglar, lo que a su placer considere, vulnerando su seguridad jurídica, por dejarla en estado de indefensión, sin considerar sus argumentos de peso legal.
3. Que como lo sostiene en su argumento contenido en su agravio quinto, la resolución impugnada en el juicio natural, viola en su perjuicio el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual establece que las autoridades hacendarias para verificar el cumplimiento de este tributo, la revisión sólo será por ejercicio fiscal y, por consiguiente, la autoridad demandada aplica de manera indebida dicho precepto cometiendo una violación de fondo, por lo que al no estudiar este argumento la Sala responsable la deja en estado de indefensión.
Son inoperantes los anteriores motivos de desacuerdo, en atención a las consideraciones siguientes:
En la sentencia reclamada de seis de abril de dos mil seis, dictada en el juicio de nulidad 1071/04-14-01-5, la Sala del conocimiento para determinar fundado el cuarto concepto de impugnación del escrito de ampliación de demanda y con base en ello declarar la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 325-SAT-12-I-541, de cuatro de febrero de dos mil tres, emitido por la Administración Local Jurídica de Iguala, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación 892/02, en el sentido de confirmar la resolución contenida en el oficio 8433, de veintiocho de agosto de dos mil, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, a través del cual se determina un crédito fiscal a su cargo en cantidad de $125,138.82, por concepto de multa; se apoyó en las consideraciones esenciales siguientes:
1a. De lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se infiere que las notificaciones personales deben observar las formalidades que contempla el invocado precepto, esto es, el notificador debe constituirse en el domicilio de la persona buscada para la práctica de la notificación personal ordenada; y, en caso de no encontrarla, le dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente; es cierto que el invocado precepto no alude expresamente al levantamiento de un acta circunstanciada en la cual se asienten los hechos relativos a esa diligencia, sin embargo, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando deba notificarse personalmente un acto administrativo al destinatario en su domicilio, la constancia de notificación señalará quién es la persona que se busca y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicar la diligencia encomendada; con quién la entendió y a quién se le dejó citatorio; criterio que la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, estableció en la jurisprudencia número 2a./J. 15/2001, visible en la página 494, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)."
2a. Las constancias de notificación demuestran que la orden de visita oficio 02641, de siete de agosto de dos mil dos (foja 398), que es antecedente de la resolución impugnada, fue notificada de la manera siguiente:
- El siete de agosto de dos mil dos, el notificador se constituyó en el domicilio ubicado en **********; al efecto requirió la presencia de la interesada, sin cerciorarse si estaba en el domicilio correcto ni requerir a su representante legal, con el objeto de notificarle la orden de visita contenida en el oficio 02641, de siete de agosto de dos mil dos, pero al no encontrarlo le dejó un citatorio para que lo esperara a las 10:30 horas del ocho de agosto de dos mil dos, apercibido que de no hacerlo, procedería en los términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; además entregó tal citatorio a ***********, en su calidad de tercero quién estampó su nombre y firma para constancia.
- Asimismo, el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de ocho de agosto de dos mil dos (fojas 50-51), demuestra que a las 10:30 horas del ocho de agosto de dos mil dos, el visitador adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, se presentó nuevamente en el domicilio de la actora, con el objeto de notificarle el oficio número 02641; al efecto, requirió la presencia del contribuyente, sin que hubiese atendido el citatorio; por lo que procedió a entender la diligencia con **********, en su calidad de tercero de la contribuyente, quien estampó su firma para constancia.
3a. Los anteriores hechos al constar en documentos públicos con pleno valor probatorio en los términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, acreditan que las diligencias relacionadas con la entrega de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 02641, no cumplieron el requisito de la debida circunstanciación en cuanto a la entrega del citatorio y de la orden de visita domiciliaria porque los visitadores al entregar el citatorio omitieron requerir la presencia del representante legal de la actora y tanto en el citatorio como en el acta parcial de inicio, omitieron circunstanciar que se hubieran cerciorado que la diligencia se practicaba en el domicilio de la actora y la manera en que lo hicieron.
4a. La visita implica una intromisión al domicilio del particular que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional -al encontrarse consignada la inviolabilidad domiciliaria, como derecho subjetivo elevado al rango de garantía individual-; por tanto, no puede considerarse suficiente que se hubieran citado otros datos respecto al domicilio del actor, sin indicar específicamente que el visitador se cercioró que al momento de iniciar la visita se encontraba efectivamente en el domicilio del actor; dicho en otros términos, el citatorio y acta en cuestión constituyen actos inherentes a la orden de visita domiciliaria, pues a través de su notificación al particular, ésta surge a la vida jurídica y, es susceptible de producir efectos jurídicos.
5a. Si el citatorio previo y el acta parcial de inicio, donde se practicó la notificación de la orden de visita que implica el inicio de las facultades de comprobación se realizaron sin cumplir la formalidad establecida en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; cabe concluir que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala incurrió en un vicio formal, que afectó las defensas de la actora y transcendió al sentido de la resolución impugnada; tal violación encuadra en la causal de ilegalidad establecida en el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; de ahí, que con apoyo en el artículo 239, fracción III, última parte, del ordenamiento en consulta, proceda declarar la nulidad de la resolución impugnada y recurrida sin perjuicio de que la propia autoridad actúe de nueva cuenta, dentro del límite de sus facultades discrecionales si lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo.
6a. Se estima innecesario examinar los demás conceptos de impugnación, porque ante la declaratoria de nulidad, la autoridad demandada en su caso y en ejercicio de sus facultades discrecionales, habrá de emitir un nuevo acto impugnable por sus propios motivos y fundamentos; es aplicable la jurisprudencia número 19, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 962 del Tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS, ESTUDIO DE LOS. EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." (transcribe).
Como puede advertirse, las sintetizadas consideraciones constituyen parte medular en la que se sustentó la Sala del conocimiento para determinar, por un lado, que las diligencias consistentes en el citatorio de siete de agosto de dos mil dos y el acta parcial de inicio de ocho de agosto del mismo año, a través de las cuales se practicó a la quejosa la notificación de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número 324-SAT-12-II-1-02641, de siete de agosto de dos mil dos, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, implica el inicio de las facultades de comprobación y se realizaron sin cumplir la formalidad establecida en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; y, por otro, que era innecesario examinar los demás conceptos de impugnación, porque ante la declaratoria de nulidad la autoridad demandada, en su caso y en ejercicio de sus facultades discrecionales, habría de emitir un nuevo acto impugnable por sus propios motivos y fundamentos, citando como apoyo la tesis relativa al tema de excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 237 del código tributario, en el estudio de los conceptos de impugnación de la demanda de nulidad.
No obstante, en los conceptos de violación primero, segundo y décimo sexto que se analizan, lejos de combatir las consideraciones relativas a que la ilegalidad del citatorio de siete de agosto de dos mil dos y el acta parcial de inicio de ocho de agosto del mismo año, a través de las cuales se practicó a la quejosa la notificación de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número 324-SAT-12-II-1-02641, de siete de agosto de dos mil dos y que ante la declaratoria de nulidad era innecesario examinar los demás conceptos de impugnación; en las que se sustentó la Sala del conocimiento para pronunciarse en el sentido que lo hizo, la quejosa se limita a sostener que en ésta sólo se analizaron los numerales primero y tercero, dejando de analizar los demás agravios de los numerales segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, por lo que dice, al no estudiar a fondo los agravios vertidos en la demanda de nulidad, la juzgadora deja a salvo las facultades de la autoridad demandada para enderezar, componer y arreglar, lo que a su placer considere y la deja en estado de indefensión, violando su garantía de audiencia.
Absteniéndose de precisar en qué consisten los argumentos de impugnación no estudiados por la juzgadora y la forma en que su falta de examen trascendió al sentido del fallo, es decir, omitió explicar razonadamente las causas por las que los motivos de nulidad dejados de estudiar llevarían a una declaratoria de nulidad más benéfica para ella; además de que omitió combatir directa y eficazmente a través de razonamientos jurídicos concretos las consideraciones en las que se basó la responsable para estimar innecesario el estudio de los restantes conceptos de impugnación de la demanda de nulidad; de ahí que los conceptos de violación así expresados devienen inoperantes, por un lado, debido a su deficiencia para combatir las omisiones que se alegan, y por otro, por su insuficiencia para demostrar la ilegalidad de las consideraciones en las que se sustentó la Sala responsable para estimar la inutilidad del examen de los restantes motivos de impugnación de la demanda de nulidad, y que al no aparecer combatidas siguen vigentes para regir el sentido del fallo.
Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 70, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo."
Igualmente, tiene aplicación, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/29, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 1147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado."
Por otra parte, en el noveno concepto de violación de la demanda de garantías, la quejosa **********, impugna la inconstitucionalidad del artículo 76, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, argumentando en síntesis:
Que la autoridad emisora del crédito motivo del juicio, no motiva las cantidades en sus distintas modalidades de cálculo y no respeta los principios de legalidad, ya que el artículo 76, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, en que se pueden apoyar las autoridades fiscales para imponer una multa a cargo de una persona por el 50%, 70% y 100% de contribuciones omitidas actualizadas es inconstitucional al resultar contrarias al artículo 22 constitucional, ya que las multas antes referidas se determinan sobre el importe por la contribución omitida, pero actualizada por la inflación, lo que implica que se castigue a tales personas no en función de la contribución, sino considerando el elemento de la inflación, lo cual resulta ajeno a su conducta y después a su supuesta comisión.
Que el primer párrafo del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación prevé un principio general consistente en que las contribuciones se causan en el momento en que se realizan las situaciones previstas en las leyes fiscales vigentes, iniciándose la obligación del contribuyente en el instante de enterar las mismas en los plazos que la ley señala, esto quiere decir, que se trata del momento exacto en que se consuma el hecho generador del tributo y, en consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria, además, a pesar de que el referido artículo 6o., está referido a las contribuciones, ante la inexistencia de una normatividad especial para las multas tratándose de la precisión de la comisión de la infracción, es evidente que hay que utilizar el principio establecido, siendo que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
Que en su agravio octavo sostiene que como lo demuestra las actualizaciones que se plasman en la foja 73 de la resolución 324-SAT-12-II-3-03269, en el apartado de resumen se le finca la cantidad por actualización el importe de $26,179.16, en consecuencia, dicha cantidad es ilegal como lo razonan e interpretan las tesis que invocó en ese apartado en el sentido de que conforme al referido artículo 76, fracción II, la autoridad fiscal le da el valor real a las contribuciones no enteradas oportunamente, mediante la actualización de las multas, las cuales son sanciones pecuniarias aplicables al sujeto activo de una infracción fiscal, cuyo propósito es el de castigar las violaciones cometidas por el infractor de la ley, esto es, no tienen un propósito satisfaciente sino uno predominante aflictivo o represivo que se aplican porque la violación se ha producido y se le pone como infractor, de ahí que al imponerla sobre la contribución omitida actualizada, se viola lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución, por tratarse de una multa excesiva.
Que la autoridad demandada en las hojas 66 a la 73 de la citada resolución, detalla los procedimientos de cálculo y actualización, recargos y las multas que conducen a su ilegalidad, razón de más para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución en comento, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció respecto de la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el dos mil tres, es decir, de las multas al 70% sobre las contribuciones omitidas, por lo que dicho artículo fue reformado el uno de enero de dos mil cuatro, con el ánimo de evitar esa ilegalidad.
Son inatendibles los anteriores motivos de desacuerdo, toda vez que el precepto legal que se tilda de inconstitucional, fue aplicado en perjuicio de la quejosa en la resolución contenida en el oficio 8433, de veintiocho de agosto de dos mil, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, a través del cual se determina un crédito fiscal a su cargo en cantidad de $125,138.82, por concepto de multa; resolución que fue confirmada mediante resolución contenida en el oficio 325-SAT-12-I-541, de cuatro de febrero de dos mil tres, emitido por la Administración Local Jurídica de Iguala, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación 892/02, misma que constituye el acto impugnado en el juicio de nulidad 1071/04-14-01-5, del que deriva la sentencia reclamada en la presente instancia constitucional.
Al respecto, en la sentencia reclamada de seis de abril de dos mil seis, dictada en el juicio contencioso administrativo 1071/04-14-01-5, se declaró la nulidad de la mencionada resolución impugnada, por considerar que el citatorio previo y el acta parcial de inicio, donde se practicó la notificación de la orden de visita domiciliaria que implica el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, se realizaron sin cumplir la formalidad establecida en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, incurrió en un vicio formal que afectó las defensas de la actora y transcendió al sentido de la resolución impugnada; nulidad que se decretó, sin perjuicio de que la propia autoridad actúe de nueva cuenta, dentro del límite de sus facultades discrecionales si lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo.
De modo que, en atención al sentido de la sentencia reclamada en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 325-SAT-12-I-541, de cuatro de febrero de dos mil tres, emitido por la Administración Local Jurídica de Iguala, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación 892/02 y, consecuentemente, de la resolución recurrida en revisión, contenida en el oficio 8433, de veintiocho de agosto de dos mil, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, a través del cual se determina un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21270-a8a51653/conceptos-de-violacion-inoperantes-son-aquellos-que-omiten · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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