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INMUNIDAD PARLAMENTARIA, ÁMBITO CIVIL DE LA. INMUNIDAD PARLAMENTARIA. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 61 CONSTITUCIONAL QUE LA ESTABLECE. INMUNIDAD PARLAMENTARIA, EJERCICIO DE LA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 659/2008. · Registro digital (IUS): 21283
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2708.

AMPARO DIRECTO 659/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Por razón de método se procede al examen del quinto concepto de violación en el que ********** aduce que el acto reclamado es violatorio de los artículos 17 constitucional y 398, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que la violación se produce porque en todo procedimiento las partes deben gozar de igualdad de circunstancias pues, de otra manera, se da una ventaja a una parte respecto de la otra y la violación se produjo porque la autoridad responsable, al absolver al tercero perjudicado deja al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre jurídica por la imputación al quejoso de la comisión de dos delitos, y ello implica una ventaja al demandado.

El anterior argumento es infundado porque cuando se declara la falta de legitimación pasiva, la consecuencia inmediata es que la autoridad judicial se encuentre constreñida para omitir el estudio de fondo del asunto, lo que no implica dar una ventaja a una de las partes como así lo afirma el quejoso y, por tanto, no se contraviene en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 398, fracción III, del código adjetivo civil ni, por ende, del artículo 17 constitucional.

Ahora bien, este órgano colegiado procede a examinar la aplicabilidad de los criterios de la actual Primera Sala y extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." e "IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES.", que la parte quejosa cita en apoyo de sus pretensiones, en acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, de septiembre de dos mil ocho, página doscientos sesenta y dos, registro IUS 168,754, que a la letra dice:

"TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO. El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha Ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados."

Los criterios señalados no benefician a los intereses del quejoso en tanto que en el caso, este órgano colegiado no advierte que el peticionario del amparo hubiera sido tratado con desventaja en relación con el tercero perjudicado.

Como se mencionó previamente, el hecho de que hubiera obtenido una resolución desfavorable, en principio, no implica trato desigual, sino que cuando se alega inobservancia a esta garantía, es menester la demostración de actitudes del titular o titulares del órgano jurisdiccional o del personal que labora en él, que evidencie que hubo concesiones a una de las partes sin que se hubiera hecho lo mismo con la otra y que lo hubieran dejado en desventaja para poder hacer valer sus derechos procesales o sustantivos.

En el caso, se reitera, que al haber sido declarada la falta de legitimación pasiva, ello no implica resolver en desventaja en relación al tercero perjudicado, sino que es el resultado del estudio oficioso de la acción -que no es otra cosa sino el examen de los elementos que la integran y que está obligado a realizar el Juez respectivo-, el que determina el resultado que ahora se combate.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo IV, página seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos noventa y cinco, Sexta Época, registro IUS 392,133, que a la letra dice:

"ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción."

En otro orden de ideas, en el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la sentencia reclamada viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que la violación se produce porque las autoridades jurisdiccionales están obligadas a fundar y motivar sus resoluciones en preceptos legales o principios jurídicos aplicables al caso concreto pero, en el caso, la autoridad responsable se apoyó en criterios inaplicables, así como en diversas obras literarias, respecto de las cuales sólo señaló sus datos bibliográficos sin transcribir la parte en la cual funda su dicho; que tal proceder es contrario a las garantías de audiencia, defensa, de legalidad, seguridad jurídica y de debida fundamentación y motivación.

En este momento, se contestará el argumento relativo a la violación al artículo 82 del código adjetivo civil por lo que hace a la cita que hizo la autoridad responsable de diversos autores; y más adelante la relativa a la inaplicabilidad de los criterios citados por la autoridad responsable.

El argumento en trato es fundado pero inoperante.

Lo anterior es fundado en la medida de que efectivamente la autoridad responsable emitió la consideración consistente en que el ejercicio del cargo de diputado federal a que hace referencia el artículo 61 de la Ley Fundamental, no debía entenderse en un sentido restringido, como la mera intervención del legislador en el proceso legislativo regulado por los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, puesto que en el moderno Estado democrático el legislador o parlamentario tiene funciones mucho más amplias que la apuntada que trascienden al espacio del recinto legislativo, y que se desempeñan en otros ámbitos como lo son, verbigracia, las discusiones en foros públicos como lo es, precisamente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral; que actualmente a los diputados y senadores se les reconocen funciones adicionales como las de investigación en comisiones ordinarias o especiales; las financieras; representativas y, sobre todo, las funciones de control administrativo, de orientación y discusión política, según las cuales, respectivamente, los actuales legisladores tienen el derecho y obligación de ejercer una vigilancia sobre los demás órganos estatales y sus funcionarios públicos, y pueden intervenir en el debate ideológico consustancial a la política y a los procesos electorales, haciendo las propuestas que corresponden a sus partidos y criticando las plataformas de los adversarios; que todo legislador, al menos en el sistema constitucional mexicano, es a la vez miembro de un partido político, con cierta ideología y con una plataforma electoral, y estas calidades, la de legislador y miembro partidista, son inseparables de su persona con independencia del lugar en que se encuentre o de las funciones adicionales (como la de representante ante el Instituto Federal Electoral) que su partido le haya encomendado.

Y de esa consideración manifestó que así lo sostienen los doctrinarios Francisco Berlín Valenzuela, en su obra "Derecho Parlamentario", Fondo de Cultura Económica, dos mil seis, páginas ciento cuarenta y siguientes; Pablo de Bufalá Ferrer-Vidal, en su libro "Derecho Parlamentario", Editorial Oxford, mil novecientos noventa y nueve; Miguel Ángel Moisés Flores, en su tesis profesional "Adopción del Sistema Parlamentario de Gobierno en México", Escuela Libre de Derecho, dos mil cuatro; y, Enrique Armando Salazar Abaroa, en su obra "Derecho Político Parlamentario: Principios, Valores y Fines", Editorial Porrúa, dos mil cinco.

Pero es inoperante porque tal forma de proceder sólo fue para reforzar o apoyar la consideración consistente en que el tercero perjudicado carece de legitimación pasiva para ser reconvenido por las manifestaciones que en su carácter de diputado hizo en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 61 constitucional.

Se trató de un argumento que pretendió reforzar lo que previamente había considerado pues lo mencionó iniciando con la expresión "a mayor abundamiento" (ver foja 22 de esta ejecutoria).

Los razonamientos formulados "a mayor abundamiento", no irrogan agravio alguno al quejoso cuando su función radica únicamente en robustecer el argumento toral en el que descansa el acto de autoridad, pues en tal evento la eficacia de aquél depende de la de este último; en cambio, cuando la consideración formulada en aquellos términos constituye, por sí sola, uno de los pilares en que se sustenta el acto de que se trata y, en forma autónoma e independiente, también determina el sentido del mismo, entonces debe estimarse que sí es susceptible de ocasionar agravios.

Y la fundamentación, la hizo consistir en la interpretación que hizo al artículo 61 constitucional, por una parte; así como en la cita de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los rubros "FUERO CONSTITUCIONAL.", "FUERO CONSTITUCIONAL." e "INMUNIDAD PARLAMENTARIA. PARA QUE OPERE NO ES NECESARIO QUE EL LEGISLADOR HAYA VERTIDO SU OPINIÓN EN EL RECINTO LEGISLATIVO.", por otra.

Es cierto que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo los criterios mencionados en la sentencia reclamada no son obligatorios para la autoridad responsable.

Pero pese a ello, pueden servir de apoyo a la resolución reclamada con tal de que se justifique la aplicabilidad de su contenido al caso concreto.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o. J/90, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, de febrero de mil novecientos noventa y siete, página seiscientos setenta y ocho, registro IUS 199,418, que a la letra dice:

"TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA, APLICADAS POR LOS TRIBUNALES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN. El que los tribunales de instancia invoquen una ejecutoria aislada de la Suprema Corte de Justicia para apoyar el sentido de su fallo, no implica contravención a lo preceptuado por el artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo que establece dicho dispositivo es que los tribunales del orden común de los Estados deben someterse a la jurisprudencia obligatoria del Alto Tribunal, pero no prohíben orientar o basar un criterio en los precedentes de la propia Corte."

Así las cosas, fue ajustada la conducta de la autoridad responsable a lo previsto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Ahora bien, este órgano colegiado procede a examinar la aplicabilidad de los criterios que la parte quejosa cita en apoyo de sus pretensiones, de los rubros: "SENTENCIAS, FUNDAMENTO DE LAS.", "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", "AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA." y "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR."

Como fue mencionado, el argumento en estudio fue fundado en tanto que la autoridad responsable, citó datos bibliográficos de los doctrinarios citados, que en el acto reclamado mencionó que apoyaban el criterio plasmado en él, pero no transcribió parte alguna de las obras para al menos corroborar tal afirmación y, en esa medida, los criterios citados por el quejoso pudieran haber cobrado aplicación.

Empero, como se mencionó previamente, la cita de los autores y sus obras no fue el argumento toral sino accesorio, es decir, fue un apoyo, puesto que el aspecto medular de la sentencia reclamada lo constituyó la interpretación realizada al artículo 61 constitucional, a su vez apoyada en las argumentaciones contenidas en la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 2214/98, y las tesis aisladas que de ella derivaron.

Por otra parte, debe señalarse que los razonamientos hechos valer en la parte considerativa son jurídicos como, en el caso, la omisión apuntada por quien pide amparo, no le causa agravio alguno; y, por otra parte, conceder la protección constitucional por esa situación constituiría una flagrante denegación de justicia, habida cuenta que el argumento toral está plasmado congruentemente en el acto reclamado, cuyo análisis se ha venido haciendo por este órgano de amparo.

En el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que la sentencia reclamada es violatoria del artículo 17 constitucional, en relación con el 83 del Código de Procedimientos Civiles; que la violación se produjo porque el juzgador debió resolver el procedimiento en forma completa, es decir, resolver todas y cada una de las cuestiones deducidas en el juicio; que la violación se produjo porque la autoridad responsable no entró al fondo del asunto en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que su resolución se apoyó en interpretaciones arbitrarias y unilaterales sin aplicar todos y cada uno de los artículos aplicables al caso concreto y, únicamente, se limitó a transcribirlos.

Los anteriores motivos de disenso son infundados.

En efecto, tal como se ha considerado previamente, cuando se determina la falta de legitimación pasiva, la autoridad judicial está constreñida para omitir el estudio de fondo del asunto.

Es decir, tal declaración constituye la justificación para examinar los restantes elementos de la acción por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, pues no se da una de las condiciones necesarias para el dictado de la sentencia.

Luego, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la responsabilidad derivada de las manifestaciones emitidas en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en que a juicio del quejoso, incurrió el tercero perjudicado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.

El examen que la autoridad responsable hizo de los diversos preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estuvo encaminado a demostrar la falta de legitimación pasiva del demandado y no así el fondo del asunto.

En este sentido, fue ajustada a derecho la omisión del estudio de fondo del asunto y fundada en la falta de legitimación pasiva del diputado tercero perjudicado, en razón de que consideró que sus manifestaciones se hicieron con base en el artículo 61 constitucional; y, por tanto, no pueden estimarse violados los artículos señalados.

Ahora bien, este órgano colegiado procede a examinar la aplicabilidad del criterio que la parte quejosa cita en apoyo de sus pretensiones del rubro: "JUSTICIA COMPLETA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 203, FRACCIÓN IV, Y 215, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL DIVERSO 36, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA INDIVIDUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

El anterior criterio, a pesar de que está orientado a la materia administrativa, se estima como no infringido, ya que aplicado a la materia civil, en el caso la autoridad responsable justificó la falta de estudio de fondo del asunto en atención a la que consideró que las manifestaciones emitidas por el tercero perjudicado en la sesión multialudida se encontraban amparadas por la inmunidad parlamentaria. Esto es, que la falta de legitimación pasiva de ********** implicaba la ausencia de una de las condiciones para pronunciar resolución de fondo del asunto.

En otro aspecto, en el primer y tercer conceptos de violación, el quejoso aduce que la autoridad responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales; que la infracción se produjo porque realizó una interpretación incorrecta del artículo 61 constitucional, ya que este precepto permite la reconvención a senadores y diputados cuando emiten manifestaciones fuera del ejercicio de la legislatura; que en el caso, el diputado reconvenido no se encontraba ejerciendo funciones legislativas, como así aduce el quejoso, fue considerado por este órgano colegiado en el juicio de amparo directo DC. 278/2008.

Por su parte, en el cuarto concepto de violación, el peticionario del amparo aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 41 constitucionales, por la indebida interpretación del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; que la violación se produjo porque toda sentencia en materia civil debe fundarse en ley conforme a la interpretación exacta de la ley, sin excepción alguna; que la autoridad responsable no realizó un verdadero estudio de los artículos aplicables al caso concreto.

Se señala que es incorrecta la resolución reclamada porque conforme al artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal y 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforman el Consejo General del Instituto Federal Electoral: el consejero presidente y ocho consejeros electorales con voz y con voto; que concurren con voz pero sin voto: los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; que quienes están sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el título IV constitucional sólo son el presidente del consejo general, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, y se excluyen así a los representantes de los partidos políticos como servidores públicos.

Que el Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales expresa y distingue claramente las categorías de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como que los representantes de los partidos políticos, en ningún momento señala la ley que necesiten una designación diferente que la que su propio partido político como representante del mismo.

Que en ese orden de ideas, el quejoso afirma que ********** no concurrió a la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral como consejero del Poder Legislativo ni como diputado federal, sino como representante del partido ********** que esa representación no puede considerarse como desempeño de la función legislativa, pues no se habló sobre facultades legislativas contenidas en los artículos 73, 74, 77 y 79 constitucionales.

Señala el quejoso que tal postura que refiere quedó evidenciada en el voto particular de la Magistrada Dora Isela Solís Sandoval, quien estimó que al contestar la demanda ********** afirmó haber acudido a la sesión referida en su carácter de representante del partido ********** y no en representación del Poder Legislativo, de ahí que no pudiera considerarse que al emitir sus opiniones hubieran quedado al amparo de la inmunidad parlamentaria, pues ésta sólo puede operar por las declaraciones que emita en el desempeño de sus funciones, y no así por las manifestaciones que realice en su vida política, privada o profesional.

Por la estrecha relación que guardan entre sí los argumentos señalados, se estudian conjuntamente de la siguiente manera:

En el considerando precedente fue mencionado que de la sentencia pronunciada en el amparo en revisión 2214/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la interpretación sistemática y teleológica de los diversos decretos y sus respectivas exposiciones de motivos del artículo 41 constitucional, puede afirmarse:

* Que el Poder Legislativo, en su carácter de creador de normas jurídicas que regulan la convivencia social, está estrechamente vinculado con los partidos políticos, en razón de que por conducto de éstos, se promueve la participación del pueblo y, en hacer posible, mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto, el acceso de los ciudadanos a la representación popular, de acuerdo con los programas y principios que postulan.

* Que la actividad de los partidos políticos fue reconocida y elevada a nivel constitucional.

* Que la integración del Poder Legislativo por medio de las elecciones, ha sido motivo de constante regulación a través de los diversos órganos que el Constituyente ha ido creando, entre los que se destaca el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

* Que al Instituto Federal Electoral se le han ampliado sus facultades, en aras de vigilar el correcto proceso electoral, en donde intervienen los partidos políticos.

* Que se propuso que en la integración del Instituto Federal Electoral, los consejeros del Poder Legislativo concurrieran con voz pero sin voto, a la vez que se ampliaba el número de los mismos para que estuvieran representados legisladores de todos los grupos parlamentarios con afiliación a un partido político en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

* Que la actividad legislativa en materia electoral no se limita a la sola creación de normas generales, sino que por mandato constitucional inferido de los artículos 41, 49, 61 y 73, puede desarrollarse en otras instancias bajo la vigilancia del Instituto Federal Electoral.

* Que en términos de los artículos 41 y 61 constitucionales, las manifestaciones que emita un diputado en materia electoral se encuentran protegidas por la inmunidad parlamentaria y, consecuentemente, cualquier reconvención derivada de ellas resulta improcedente.

A efecto de estar en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda, se estima conveniente examinar el contenido de la sesión ordinaria, el cual puede consultarse de la copia certificada de la versión estenográfica.

En dicha sesión, el diputado tercero perjudicado realizó las manifestaciones que dieron lugar a la demanda incoada en su contra, cuando se desahogó el apartado ********** del orden del día, relativo al dictamen de la Junta General Ejecutiva y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la denuncia presentada por ********** en contra del partido ********** por hechos que se consideraron constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales identificado con el número de expediente ********** y su acumulado ********** de cuya transcripción se enmarcan las manifestaciones, motivo de la contienda, en los siguientes términos (fojas 42 a 64):

(Se transcribe sesión).

De la lectura íntegra del punto de la orden del día de la sesión de la que derivaron las manifestaciones materia de la demanda incoada por ********** puede advertirse que el tema a discusión, derivado de la denuncia presentada por ********** en contra del partido ********** por hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales identificado con el número de expediente ********** y su acumulado ********** fue el de la constitucionalidad de la intervención de extranjeros al proceso electoral presidencial.

Previamente al análisis de la transcripción que motiva parte de este concepto de violación, debe señalarse lo siguiente:

La declaración que se cuestiona al diputado ********** a quien se demandó en el juicio natural, no corresponde analizarla conforme al concepto o definición de inmunidad parlamentaria, sino que debe ser categorizada como inviolabilidad parlamentaria.

La inmunidad debe entenderse como la prerrogativa de los parlamentarios para que sólo puedan ser detenidos en caso de flagrante delito y que no sean inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva, la cual se materializa en el artículo 111 de nuestra Norma Fundamental.

Por inviolabilidad se entiende la prerrogativa personal de senadores y diputados durante su encargo, respecto de las opiniones, palabras, votos o comentarios manifestados en ejercicio de sus funciones o relacionados con las obligaciones inherentes al cargo, por lo que de aquéllos no les puede derivar responsabilidad jurídica de ninguna especie.

Es decir, tales expresiones, manifestaciones u opiniones no pueden llegar a considerarse típicas o ilícitas por quien considere resentir un agravio, por lo que no existe la posibilidad de solicitar declaración de procedencia en contra del parlamentario, a efecto de ponerlo a disposición de autoridades del orden común, con el propósito de fincarle o no responsabilidad penal, ni tampoco la de ejercer acción civil de reparación de daño moral.

Ahora bien, ese término es definido o conceptualizado tanto en la Constitución Mexicana como en la Española, en nuestro caso, en el artículo 61 de dicho ordenamiento superior en los términos siguientes:

"Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

"El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar."

De lo anterior se advierte que, en la especie, no está en juego el tema de alguna declaración de procedencia establecida en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se pone de manifiesto que el calificativo correspondiente a la protección que otorga el numeral 61 de la Carta Fundamental es de inviolabilidad parlamentaria, sobre todo porque el problema jurídico concreto pretende ubicarse en el orden del derecho civil, en la medida que el actor, al demandar en esa vía, pretende el resarcimiento o reparación por el daño moral que afirma le fue causado por señalamientos infundados en su contra por el demandado.

Tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto debe mantener su análisis sobre tres premisas fundamentales para revisar si, en el caso, el legislador demandado queda comprendido dentro del ámbito del artículo 61 de la Constitución Federal:

- Que opera a favor de diputados federales y senadores;

- Que deriva de sus opiniones; y,

- Que las manifestaciones se realicen en el desempeño del cargo.

Respecto de los dos primeros rubros no existe problema en el caso a estudio, porque están claramente actualizados, empero, la disyuntiva se presenta en dilucidar si la manifestación que efectuó el legislador demandado fue en ejercicio de sus funciones.

Para resolver ese punto, el análisis podría desarrollarse de la siguiente manera:

La inviolabilidad parlamentaria, como se dijo, es definida como la prerrogativa por la que los congresistas quedan eximidos de responsabilidad jurídica por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

De ahí que la inviolabilidad por la manifestación de opiniones ha sido caracterizada por Tena Ramírez como una irresponsabilidad de los legisladores, en cuanto a que, las conductas ilícitas en las que pudieran incurrir, en la emisión de sus opiniones, están exentas de represión alguna, con tal de que hayan sido hechas durante el encargo y en el desempeño de las funciones.

Consecuentemente, los legisladores en la manifestación de ideas no pueden incurrir en ninguna causal de responsabilidad civil, penal, ni administrativa.

Las situaciones suscitadas por la inviolabilidad parlamentaria implican una colisión de bienes jurídicos, puesto que las eventuales afectaciones que pueda producir un parlamentario con sus opiniones, ceden en importancia frente a otro bien jurídico prevalente que es el de la libre formación de la voluntad parlamentaria, por lo que se opta por sacrificar el bien menor.

La inviolabilidad es caracterizada como perpetua, absoluta y exclusiva.

Es perpetua porque protege al parlamentario de persecuciones, incluso posteriores al mandato. Es absoluta porque no admite excepciones en cuanto a su ámbito de tutela, independientemente del sujeto afectado o de la materia sobre la que incide la expresión de ideas. Por último, es exclusiva porque se eliminan de su ámbito protector todos los actos extra o postparlamentarios.

El ámbito tutelado por la inviolabilidad incluye todos los actos de los parlamentarios tendientes a la libre formación de la voluntad cameral y se comprenden todas las opiniones o manifestaciones de los legisladores hechas en el pleno o en las comisiones, las preguntas, las interpelaciones, los dictámenes, las enmiendas, las publicaciones, las reseñas, las iniciativas, las mociones y las proposiciones con punto de acuerdo, incluyendo, naturalmente, las votaciones.

Por la realización de todos los actos antes mencionados los legisladores no pueden incurrir en responsabilidad y queda claro que la inv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21283-bf993ee2/inmunidad-parlamentaria-ambito-civil-de-la-inmunidad-parlamentaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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