TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. SE FUNDA EN EL DERECHO DE PROPIEDAD Y NO ES UN CRÉDITO.
AMPARO DIRECTO 763/2007.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Para efecto de lograr una mejor comprensión del asunto, este Tribunal Colegiado considera pertinente destacar los antecedentes que derivan de las constancias de autos, que tienen pleno valor probatorio acorde a lo previsto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., los cuales, por su importancia, resultan ser los siguientes:
La propiedad del inmueble materia del presente juicio de amparo identificado como ********** México, Distrito Federal, con una superficie aproximada de ochocientos ochenta y cinco metros noventa y nueve centímetros cuadrados, conforme a la escritura pública ********** se transmitió por decreto expropiatorio otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a ********** (fojas 6 a 11 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
Obra en autos contrato de cesión de derechos de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho celebrado entre ********** y ********** respecto del predio ubicado en la calle ********** (foja 5 del cuaderno de tercería).
********** falleció el uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, lo que se acredita con la copia certificada del acta de defunción (foja 185 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
********** mediante escrito presentado ante el Juez Familiar en turno el doce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, denunció la sucesión legítima a bienes de su hermano ********** (fojas 180 a 187 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
Dicha denuncia fue radicada ante el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar, quien al respecto formó el expediente 1136/99; seguido en sus etapas y trámites legales el trece de noviembre del año dos mil, se resolvió declarar procedente la vía de sucesión legítima a bienes de ********** se declaró como único y universal heredero a ********** en su carácter de hermano del autor de la sucesión (foja 256 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
********** en su carácter de heredero universal y albacea de la sucesión a bienes de ********** en la vía ordinaria civil demandó de ********** y ********** la acción plenaria de posesión sobre la vivienda número ********** en México, Distrito Federal (fojas 1 a 12 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
De tal juicio conoció el Juez Quincuagésimo Segundo Civil del Distrito Federal, quien al efecto formó el expediente 156/2004.
La parte demandada ********** y ********** en su contestación manifestaron en lo que interesa lo siguiente:
"... 3. El hecho que se contesta es parcialmente cierto, pero es falso que dicha vivienda sea propiedad del actor manifestando que el inmueble donde se localiza la localidad que absurdamente reclama el actor es propiedad del señor ********** como se acredita con la copia simple del contrato de cesión de derechos de fecha 14 de noviembre de 1998, manifestando bajo protesta de decir verdad que los suscritos no cuentan con el original de dicho documento pero de considerarlo pertinente su Señoría, girar atento oficio al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil expediente 651/2000 ********** vs. ********** juicio ordinario civil, acción plenaria de posesión, a efecto de que se sirva remitir copia certificada del referido documento, atento a lo dispuesto por los numerales 95, 96 y 97 del Código de Procedimientos Civiles, mediante el cual el C. ********** cede lo derechos de la propiedad objeto de controversia, ubicada en calle Insurgentes, número 2, también identificado como calle ********** en esta ciudad, en los términos del mencionado contrato y ante la presencia del C. ********** ..." (foja 25 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
Dicho juicio de acción plenaria de posesión, el siete de junio de dos mil cuatro se resolvió a favor de la parte actora -sucesión a bienes de **********- (foja 63 a 75 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
Por auto de dieciocho de octubre de dos mil cuatro, se decretó que dicha sentencia había causado ejecutoria por ministerio de ley al ser confirmada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca 1004/2004/1 (foja 94 de la copia certificada del juicio ordinario civil 156/2004).
Estando en la etapa de ejecución de sentencia, el hoy quejoso ********** compareció en el citado expediente 156/2004 del índice del Juzgado Quincuagésimo Segundo Civil, a oponer tercería excluyente de dominio respecto de la vivienda número ********** también identificado como calle ********** en México, Distrito Federal, mismo bien inmueble materia del juicio de acción plenaria de posesión.
Dicha tercería excluyente de dominio se tuvo por interpuesta mediante auto de siete de junio de dos mil cinco, se dio vista a las partes y se ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta en tanto se resuelva en definitiva la citada tercería excluyente de dominio (foja 31 del expediente de tercería).
En los hechos de la tercería excluyente de dominio el aquí quejoso, en lo que interesa, señaló lo siguiente:
"... I. Con fecha 14 de noviembre de 1998 el suscrito, en carácter de cesionario, celebró contrato de cesión de derechos, con el señor ********** éste en carácter de cesionista, respecto del bien inmueble ubicado en calle ********** también identificado como calle ********** en esta ciudad, en los términos del mencionado ante la presencia del C. ********** documento que se acompaña a la presente en copia certificada ..."
"II. Mediante escrito presentado el 29 de septiembre del año dos mil, el suscrito demandó en la vía ordinaria civil de ********** a) La declaratoria de que el tercerista tiene mejor derecho a poseer que la demandada respecto del inmueble ubicado en calle ********** también identificado como calle ********** en esta ciudad; b) Como consecuencia de lo anterior, la desocupación y entrega de dicho inmueble con sus frutos y accesiones, apercibida de lanzamiento en caso de no hacerlo; c) El pago de daños y perjuicios, juicio sustanciado en el Juzgado Décimo Segundo Civil, bajo el expediente 651/2000.
"III. Con fecha seis de agosto de dos mil uno, el titular del Juzgado Décimo Segundo Civil, emitió resolución mediante la cual declara, en el segundo punto resolutivo, que el suscrito tiene mejor derecho a poseer la casa y terreno ubicado en la calle de ********** identificado también como calle ********** en esta ciudad, debiendo la parte demandada restituir el inmueble con sus frutos y accesiones dentro del plazo de cinco días contados a partir de que sea ejecutable el fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo será lanzada a su costa ..." (fojas 2 y 15 a 21 del cuaderno de tercería).
De lo narrado con antelación se advierte que previo al juicio ordinario civil de plenaria de posesión 156/2004 del índice del Juzgado Quincuagésimo Segundo Civil, iniciado por la sucesión de ********** en contra de ********** y ********** existió el diverso juicio 651/2000, del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil del Distrito Federal, promovido por ********** (quejoso y tercerista), en contra de **********, ********** y ********** en el que también se demandó por parte del actor el mejor derecho a poseer un bien inmueble.
En el primero, el objeto de la acción plenaria fue la vivienda número siete de la casa o inmueble ubicado en el número: ********** en México, Distrito Federal, con los frutos y accesiones que por hecho y por derecho le correspondan, en términos de ley.
En el segundo, la actora fundó su mejor derecho a poseer el inmueble ubicado en ********** también identificado como calle ********** en esta ciudad.
Seguida en sus trámites la tercería, el catorce de agosto de dos mil siete se dictó sentencia definitiva en el sentido de declarar improcedente la tercería excluyente de dominio promovida por ********** determinación que fue confirmada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y que ahora constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional.
Estudio previo. En una tercería excluyente de dominio, como en el caso, el dominio es el objeto central de prueba, por así preverlo el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los términos siguientes:
"Artículo 659. Las tercerías excluyentes de dominio deben de fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero.
"No es lícito interponer tercería excluyente de dominio a aquel que consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación del demandado."
En esa clase de procedimientos debe acreditarse plenamente la propiedad sobre el bien que se busca excluir de la ejecución en el juicio principal. De esa manera, lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales y aisladas, como las que se transcriben, con indicación de sus datos de localización, rubro y texto:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Página: 181
"Tesis: 1a./J. 108/2001
"Jurisprudencia
"Materia(s): Civil
"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL USUFRUCTUARIO CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 1367 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 612 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SINALOA). Dentro de nuestro derecho positivo, la tercería excluyente de dominio es un medio de defensa que tiene la persona a quien se le ha embargado indebidamente un bien de su propiedad en un juicio al que es ajena y que se hace valer con el propósito de acreditar que se tiene mejor derecho sobre dicho bien, a fin de sustraerlo de la ejecución que lo afecta; esto es, que al probarse plenamente que el tercero es el propietario de ese bien, el tribunal deberá levantar el embargo que exista sobre el mismo y ordenar que le sea devuelto a dicho tercero. En esa medida, como el requisito de procedibilidad de la tercería excluyente de dominio, previsto en el artículo 1367 del Código de Comercio, de similar redacción del diverso 612 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, radica en que la acción relativa debe fundarse justamente en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que ejercita alegue el tercero, resulta incuestionable que la persona que promueva ese medio de defensa deberá ostentar la propiedad de los bienes objeto de la afectación. Ante esa premisa, resulta lógico establecer que el usufructuario de un bien carece de legitimación activa para promover la acción de tercería excluyente de dominio, ya que al través del derecho real de usufructo no adquiere la propiedad o dominio del mismo (ius abutendi), sino sólo los derechos de usar el bien usufructuado (ius utendi), y el de aprovecharse de los frutos (ius fruendi), los cuales no resultan idóneos para legitimar su pretensión."
"Quinta Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXIX
"Página: 1082
"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Para que prospere una tercería excluyente de dominio, es indispensable que el tercerista acredite plenamente ser propietario del objeto sobre el que versa el litigio, de suerte que serán absueltos los demandados si no se rinde tal prueba de la propiedad, aunque tampoco se demuestre que el ejecutado es el dueño del bien que se disputa en el juicio principal."
"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: CXXVII, Cuarta Parte
"Página: 43
"TERCERÍA MERCANTIL EXCLUYENTE DE DOMINIO. PRUEBA DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. Conforme al artículo 1194 en relación con el 1397, ambos del código mercantil, corresponde al tercero opositor demostrar estos dos elementos de su acción: a) que él es el propietario de la cosa; y b) que ésta fue embargada por el ejecutante en un litigio al que es ajeno aquél."
Debe aclararse que las disposiciones que rigen las tercerías en materia mercantil, a que se refieren algunas de las tesis invocadas, contienen la misma exigencia de apoyar la promoción de aquéllas en el dominio de los bienes, que la prevista en el código adjetivo civil para el Distrito Federal, de lo cual resulta su aplicación analógica.
También este Tribunal Colegiado ha considerado necesaria la existencia de la propiedad en las tercerías excluyentes de dominio, según se advierte de la tesis I.3o.C.201 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de dos mil, página 817, que establece:
" En el juicio de tercería excluyente de dominio no es aplicable la regla sobre el ámbito personal de validez del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en razón de que esa tercería no tiene como fundamento un crédito o derecho personal, esto es, el tercerista no hace valer un derecho derivado de un crédito, sino el derecho real de propiedad sobre determinado bien que fue embargado en otro juicio, donde él es tercero ajeno, y su finalidad es la de que dicho bien sea excluido de ese secuestro. Los elementos de la acción de tercería excluyente de dominio consisten en acreditar la propiedad sobre el bien que está gravado en el juicio principal, y por la naturaleza real del derecho de propiedad, queda excluida la naturaleza personal del derecho derivado de un crédito. Por ende, no podría estimarse que exista algún crédito del tercerista al cual atender para determinar si le es o no aplicable el decreto de reformas al Código de Comercio, conforme a las hipótesis previstas en el artículo primero transitorio del decreto de referencia. No obsta que la tercería excluyente de dominio se haya promovido en relación a un juicio preexistente, donde se debate un derecho personal que se contrajo con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas al Código de Comercio y que, por tanto, dicho juicio está regido por dicha normatividad; porque la naturaleza del crédito y del interés jurídico que es objeto de controversia en tal juicio es independiente del que se litiga en la tercería, porque el objeto de esta última es el de excluir el bien embargado en aquel juicio, en virtud del derecho real de propiedad sobre el bien objeto de gravamen, al margen del derecho de crédito que se discute en el juicio principal."
Para que se declare procedente la tercería excluyente de dominio es necesario que se acredite la titularidad del derecho de propiedad, y que ésta se adquirió con anterioridad a la que derive la ejecución sobre ese bien y, por ende, debe demostrarse fehacientemente que el inmueble no pertenecía al ejecutado desde antes de la constitución del gravamen.
En las tercerías excluyentes de dominio que atañen a bienes inmuebles de manera regular pretende demostrarse que el tercerista es propietario del inmueble y que, por ello, éste no pertenece al patrimonio del demandado en el juicio principal, por lo que aquel debe ser excluido al haberse demostrado que se ha producido un error en la atribución de la titularidad de los bienes.
La legitimación activa en la tercería exige, además, la concurrencia de ciertos requisitos:
A) El tercerista debe ser ajeno al juicio litigioso.
B) Debe ser titular de los bienes materia del litigio.
Empero, existe un caso especial en el que el tercerista acredita que adquirió el bien inmueble objeto de la tercería antes que el ejecutado, pero únicamente se encuentra inscrito el título con el que se demuestra el dominio a favor del ejecutado; en esos casos, no basta para que proceda la tercería, que el promovente de la misma sea ajeno a la controversial deuda y la responsabilidad derivada de ella que es la fuente del gravamen o embargo, y que es titular de los bienes desde antes de la constitución de aquél sino que exige demostrar que esa titularidad que alega sobre el bien excluye la de cualquier otra persona, como la que se atribuye al ejecutado.
Esto es así, porque el propósito de la tercería excluyente, como ha quedado precisado, es excluir los bienes sujetos en litigio fundándose en el dominio que se tiene sobre aquellos o sobre la acción que se ejercita alega el tercero, y sin que pueda fundarse en un derecho disputado, habida cuenta que no puede ser materia de la pretensión del tercerista, dirimir una cuestión sobre la titularidad del dominio de dichos bienes, ya que es un presupuesto de la tercería y no su resultado, esto es, con la tercería el promovente pretende eliminar los efectos cautelares o ejecutivos decretados sobre la cosa cuya propiedad aduce y acredita, de modo que se declare que el tercerista es el verdadero propietario y el bien quede liberado, por lo que no constituye su materia, ni se discute ni resuelve sobre cuál título debe prevalecer, si el del tercerista o el del ejecutado, porque implicaría determinar a quién corresponde el dominio exclusivo sobre la cosa o la atribución del derecho de propiedad.
Esto se justifica porque el dominio constituye el presupuesto de la tercería de mérito que tiene como efecto establecer la existencia de un derecho real que tiene, per se, efectos erga omnes, que proviene de la legitimidad de la transmisión de ese dominio a favor del tercerista, antes de que se constituya el gravamen, y que permite excluir el bien controvertido.
No obstante lo anterior y que no es un requisito que esa transmisión de dominio esté inscrita para que sea válida, cuando el tercerista alega su derecho para excluir el bien con un título que no está inscrito y el del ejecutado sí, el juzgador debe ponderar que la tercería no puede versar sobre a quién corresponde la titularidad del dominio sobre el bien sino, en su caso, aplicar las reglas atinentes a la atribución de ese dominio que deriva de la ley a fin de no afectar a otras personas, como el ejecutante, y resolver el tema medular de la tercería, que puede provenir precisamente de que uno de esos títulos esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad respectivo, por ser un instrumento de seguridad jurídica que el Estado debe proporcionar a los particulares a quienes resulta oponible ese derecho de propiedad por haber sido, en principio, transmitido o constituido antes que el propio y, aunque es cierto que el derecho real no inscrito es igualmente oponible a terceros, y el registro tiene un carácter informativo, según lo previenen los artículos 3007 y 3008 del Código Civil para el Distrito Federal, sólo terceros con derecho real respecto del mismo bien podrán alegar la inoponibilidad del derecho no inscrito, porque un principio de certeza jurídica exige se respete el derecho inscrito sobre el no inscrito; dados los efectos publicitarios de la inscripción, que fundan la buena fe de quien hace derivar su derecho de la titularidad registral.
El artículo 3009 del Código Civil para el Distrito Federal reconoce ese valor de la seguridad jurídica y confiere a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio su carácter de garante, pues quien no hace uso de la inscripción se verá afectado por el derecho del tercero que le será oponible, caso en el cual deberá ponderarse, además, si el documento en que se sustenta el dominio alegado no inscrito es de fecha cierta.
De modo que no basta acreditar la propiedad con cualquier documento en que conste una operación traslativa de dominio, sino que se requiere que sea de fecha cierta.
La fecha cierta oponible a terceros puede producirse por diversas causas: a partir de su inscripción en el Registro Público; por su presentación ante funcionario o fedatario público o por la muerte de cualquiera de los firmantes.
Esto es así, porque frente a terceros deben existir datos que den seguridad en relación con la fecha y la certeza de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado, para evitar la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha que solamente puede surtir efectos entre quienes son partes del acto, pero que no puede causar perjuicio a terceros, dados los principios de buena fe y seguridad jurídica que deben imperar en los actos jurídicos de transmisión de la propiedad.
En el primer caso, la certeza de la fecha deriva del carácter público de la inscripción registral, respecto de la que las partes pueden imponerse y se garantiza la custodia de lo inscrito en él a una dependencia del Estado.
En el segundo caso, se trata de que el documento haya pasado ante la fe de una autoridad con fe pública, en ejercicio de sus funciones o ante la fe de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado, que entre otras cosas, tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden así como conferir autenticidad y certeza a los actos y hechos pasados ante su fe, según lo previene el artículo 42 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.
En el tercer caso, la fecha cierta se haya determinada a partir de la muerte de uno de los intervinientes en el acto, porque constituye un dato objetivo que impide que pueda ser confeccionado con una fecha posterior a un acontecimiento en el que ya no podría participar o ejecutar un acto contrario a la buena fe o al derecho y da la certeza de que, por lo menos, hasta antes de la fecha del fallecimiento, el documento fue elaborado.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, página 77, que señala:
"DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades."
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, y reitera, de manera expresa y categórica, que de no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica.
Entonces, se concluye que la fecha cierta a que se refiere el criterio jurisprudencial de mérito, tiene como propósito determinar si puede o no otorgarse valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros; es decir, ese criterio no desconoce los efectos vinculantes que pueda tener entre las partes que lo celebran, y la validez que tiene conforme a las normas que rigen el acto jurídico al momento de su creación, sino que determina claramente en qué casos el documento por sí mismo puede dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, de modo que si no se actualiza alguna de las hipótesis que enuncia, no pueda considerarse de fecha cierta y surtir efectos contra terceros.
En el caso de que se trata, se desprende que el tercerista ofreció como prueba de su parte para acreditar la propiedad del bien objeto de la tercería excluyente de dominio, el contrato privado de cesión de derechos de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, celebrado entre ********** en su carácter de cesionista y ********** en su calidad de cesionario, dicho contrato es del tenor siguiente:
"PRIMERA: El señor ********** cede los derechos del predio ubicado en la calle ********** al señor **********. SEGUNDA: El señor ********** recibe todos los derechos de dicho predio. TERCERA: Antes de mi fallecimiento no puede tomar posesión de dicho predio el va a ayudarme moralmente en caso de tener una enfermedad. CUARTA: El día 14 de noviembre de 1998 decidí hacer esta cesión de derechos por la simple razón de conocer a la señora con la que estoy viviendo nose (sic) que intenciones tenga ella y sus familiares para conmigo en esta fecha, tuvo un cumpleaños y yo no estuve por haber tenido problemas conyugales, siendo yo el dueño de la casa me haigan (sic) ignorado. Firman de común acuerdo ambas partes, en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho." (sic)
Con dicho documento privado, el tercerista quejoso pudiera acreditar ser propietario del inmueble que describe el contrato de cesión de derechos; sin embargo, dada la naturaleza de la acción principal derivada del juicio ordinario civil 156/2004 en que se interpuso dicha tercería ésta resulta improcedente.
En efecto, conforme a lo narrado con antelación y por disposición expresa del artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la tercería excluyente de dominio se apoya en la supuesta propiedad en el caso de un bien inmueble.
En tanto que, de acuerdo a la naturaleza del juicio de origen -acción plenaria de posesión-, es una controversia suscitada respecto de un mejor derecho a poseer un bien inmueble, que requiere para su ejercicio la justificación de que quien la promueva sea poseedor originario de la cosa que reclama; que acredite por medio de justo título su derecho a poseer por haber adquirido la cosa de buena fe; que contra quien se enderece no tenga derecho a retener la cosa, o bien, que su derecho sea inferior al del actor; por lo que al ejercitarse dicha acción no existirá pronunciamiento sobre la propiedad del bien inmueble materia del mismo, dado que únicamente se ventiló el mejor derecho a poseer que pueda asistirles a las partes, puesto que en la acción plenaria de posesión no pueden discutirse los derechos de propiedad.
Ahora bien, respecto al tema de la tercería excluyente de dominio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 61/2006-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al interpretar el artículo 664 del Código Civil para el Distrito Federal, sostuvo que la tercería excluyente de dominio puede interponerse sobre cualquier tipo de bien que pueda ser objeto de embargo que lo haya sido y, su finalidad es, precisamente, levantar el indebidamente trabado en un procedimiento sobre bienes cuya titularidad corresponde al tercerista, en la inteligencia de que para su procedencia se requiere como primera condición, la existencia de un embargo, cualesquiera que fueran las circunstancias y oportunidad en que se hubiese decretado.
En apoyo a lo anterior es de citarse la jurisprudencia 1a./J. 110/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 591, que reza:
"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. ES PROCEDENTE PROMOVERLA EN UN JUICIO ORDINARIO REIVINDICATORIO, SIEMPRE QUE HAYA UN EMBARGO TRABADO CON MOTIVO DE ESE JUICIO. De acuerdo a lo previsto en el artículo 664 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, las tercerías excluyentes se pueden oponer en todo negocio, siempre y cuando no se hubiera dado la posesión al rematante o al actor, o bien, se hubieran adjudicado los bienes de que se tratan; sin embargo dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que debe tomarse en cuenta si en el negocio de que se trate, existe como medida precautoria un embargo o secuestro del bien en litigio, lo anterior porque el objeto de la tercería excluyente de dominio es precisamente que se levante el embargo o secuestro de que se trate. Es decir, si por la naturaleza del juicio principal no puede existir, o bien, no existe un embargo que afecte el bien cuestionado, la tercería excluyente de dominio resulta improcedente, pues no existe embargo que levantar; por el contrario si derivado del procedimiento del juicio principal, existe un embargo decretado como medida precautoria para asegurar el bien objeto del litigio de cualquier acción que pudiera afectar los derechos de las partes, entonces la tercería excluyente de dominio será procedente, siempre y cuando se cumpla con las formalidades que la propia ley adjetiva aplicable establezca. En ese orden de ideas, si en el juicio ordinario reivindicatorio el actor solicita el aseguramiento del bien, vía embargo, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21299-12c66b9b/terceria-excluyente-de-dominio-se-funda-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JORNADAS DE TRABAJO NO REMUNERADAS A FAVOR DE LA COMUNIDAD. LA SUSTITUCIÓN DE LA MULTA POR ÉSTAS, NO CONSTITUYE UN BENEFICIO SINO OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA EN CASO DE INSOLVENCIA TOTA (AMPARO DIRECTO)
- MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN HACERSE EFECTIVAS LAS DECRETADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO NO OBSTANTE QUE HUBIERE CONCLUIDO A VIRTUD DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓ (AMPARO DIRECTO)
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. COMPORTAMIENTO POSTERIOR DEL ACUSADO, NO LO CONSTITUYE EL SENTIDO EN QUE HAYA VERTIDO SUS DECLARACIONES. (AMPARO DIRECTO)
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO EN SU CARÁCTER DE OFENDIDO COMBATE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMÓ LA DE PRIMER GRADO, SI (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis