CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió una de las ejecutorias que participan en la posible contradicción de tesis, por tanto, se cumple con el requisito de legitimación previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que dice:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió los amparos directos números 95/2008 y 217/2008, en sesiones de veinticuatro de abril de dos mil ocho y tres de julio de dos mil ocho, respectivamente. En el caso, únicamente se transcribe, en la parte que interesa, la ejecutoria relativa al amparo directo 217/2008, toda vez que en ésta se reitera el criterio del primero de los asuntos, que dice:
"OCTAVO. ... Los resumidos conceptos de violación, como se estableció, son ineficaces. En principio, cabe decir que el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa antes de cerrar la instrucción del juicio y sin someter la decisión al Pleno, sobreseyó dicho expediente, lo que impidió el análisis de los argumentos de impugnación vertidos por la actora en su demanda de nulidad, porque la autoridad demandada revocó las resoluciones impugnadas, sobreseimiento decretado en términos de lo establecido en los artículos 9o., fracción IV y 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Los artículos 9o., fracción IV y 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen: (se transcriben). Del contenido de los citados preceptos se aprecia la procedencia del sobreseimiento en el juicio de nulidad, en el supuesto de que la autoridad demandada deje sin efectos el o los actos impugnados, por alguna de las causas previstas en el citado artículo 9o. del ordenamiento legal invocado, sin necesidad de cerrar la instrucción ni esperar la emisión de la sentencia. Igualmente, es pertinente señalar que, conforme a su naturaleza jurídica, el acto administrativo es considerado como una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública, la cual puede crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones, es generalmente ejecutiva y se propone satisfacer el interés general. A su vez, el acto administrativo puede extinguirse por diferentes medios, el normal es su cumplimiento voluntario, pero puede también extinguirse por medios que no culminan con su cumplimiento, sino que lo modifican e impiden su realización o lo hacen ineficaz, estos medios son, entre otros: la revocación administrativa, prescripción, término y condición, irregularidades e ineficacia del acto administrativo y extinción por decisión dictadas en recursos administrativos o en procesos ante tribunales administrativos y federales en materia de amparo. Tratándose de la revocación administrativa, viene a ser el retiro unilateral de un acto válido y eficaz por un motivo superveniente, mediante un nuevo acto de esa naturaleza. La naturaleza revocable del acto administrativo está contenida en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los artículos 9o., fracción IV y 22, último párrafo de la ley en comento, en donde se prevé la facultad de la autoridad demandada de revocar la o las resoluciones impugnadas, hasta antes del cierre de la instrucción, generando la consecuencia jurídica consistente en el sobreseimiento del juicio de nulidad. Por otra parte, el referido artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece limitante alguna a las partes, respecto a la oportunidad para plantear la hipótesis de sobreseimiento, en tanto que éstas se rigen por disposiciones de orden público y oficioso; esto es, con independencia de que las hagan valer o no las partes, deben atenderse en cualquier estado del juicio, en lo atinente a la procedencia del mismo. Por tanto, se considera indebido desatender el contenido de cualquier escrito y oficio a través del cual se advierta la actualización del sobreseimiento del juicio fiscal, puesto que si no existe en la ley impedimento alguno para que las partes las puedan hacer valer, la Sala Fiscal, de oficio, debe atender tal hipótesis y realizar el examen de la que se actualice, pues aun cuando en estricto derecho se pudiera considerar que debe dar a conocer los documentos presentados para justificar dicho sobreseimiento; sin embargo, el que esos documentos pudieran ser tomados en consideración en la sentencia definitiva, no tendría mayor trascendencia que la de cumplir, tanto con la parte final del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se establece el imperativo de examinar la procedencia del juicio, como ya se dijo; lo que a su vez está apoyado, en el numeral 9o., fracción II, del mismo ordenamiento legal, el cual dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna causa de improcedencia. Así las cosas, para sobreseer en el juicio de nulidad no es necesario cerrar la instrucción, posibilidad que está contemplada en el artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención de que el sobreseimiento es la no resolución del litigio fiscal y, por ende, no se hace menester valoración de prueba alguna en relación con la litis, ni de alegatos, en virtud de que lo único que debe analizarse es aquella resolución que consigna la revocación de la diversa que es la impugnada. En este orden, si según el numeral citado con antelación no es preciso cerrar la instrucción para sobreseer en el juicio de nulidad, ello significa que el Magistrado instructor de la Sala Fiscal no necesita desahogar prueba alguna ni tampoco respetar el plazo concedido a las partes. Por tanto, resulta claro que la aludida facultad, no transgrede los artículos de la Carta Magna ni los de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que hace mención la quejosa, sin haber analizado la totalidad de los argumentos de anulación, como sucedió en la especie, porque con esa omisión no produce agravio alguno a la actora. En tal virtud, si se sobresee en el juicio, significa que no se realiza el estudio de fondo propuesto en la demanda de nulidad, tampoco habrá valoración de pruebas ajenas a la litis del sobreseimiento, solamente de la revocación de las resoluciones impugnadas consistente en las emitidas por titular de la Subdelegación Tehuacán, de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, con números de oficio REV/008/2008 y REV/009/2008, ambas de catorce de enero de dos mil ocho, en las que se revocaron los créditos fiscales números ********** y ********** que impugnó la quejosa en su demanda de nulidad. En tales condiciones, la determinación del Magistrado instructor de la Tercera Sala Fiscal al decretar el sobreseimiento en el juicio fiscal, sin tomar en consideración los argumentos de anulación, sin haber cerrado la instrucción y sin esperar al dictado de la sentencia, no contraviene las garantías del debido proceso legal, fundamentación y motivación, seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, así como de impartición de justicia, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política Federal, como erróneamente lo alega la impetrante del amparo. Ello, tomando en consideración que el Magistrado instructor de la Tercera Sala Fiscal estableció que los actos impugnados quedaron sin efectos por revocación de la autoridad demandada conforme a lo establecido en los artículos 9o., fracción IV y 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo tanto, resultan inoperantes los argumentos de la quejosa en los que afirma que fue incorrecta la valoración o el alcance que se otorgó al documento en el que consta la revocación de las resoluciones impugnadas porque dicho documento no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues esas cuestiones no son objeto de litis en el juicio de nulidad al no haberse impugnado. De tal suerte, fue acertado el sobreseimiento decretado en el juicio de nulidad al haber sido revocados los créditos impugnados y con ello quedaron sin efectos, sin poder afectar la esfera jurídica de la aquí agraviada y, por ende, estuvo en lo correcto la Sala Fiscal al confirmar en todos sus términos el acuerdo de veintidós de enero de dos mil ocho, en el que se decretó el referido sobreseimiento materia de impugnación del recurso de reclamación analizado, por las razones antes apuntadas. Al respecto tiene aplicación la tesis XXI.2o.P.A.31 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2033, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este órgano colegiado comparte, que dice: ‘JUSTICIA COMPLETA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 203, FRACCIÓN IV, Y 215, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL DIVERSO 36, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA INDIVIDUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)-Resta señalar, que el artículo 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el juicio de nulidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicha instancia el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión, ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, además que implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. En congruencia con lo anterior, es intrascendente también, que la Sala Fiscal se haya referido indistintamente a los términos cancelación y revocación, toda vez que si bien son conceptos diferentes, en el caso lo que importa es que se hayan dejado sin efectos los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo para que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues dicha disposición sólo exige que se satisfaga la pretensión del demandante, lo que, como más adelante se ve, sucede en el caso. De tal suerte, no se puede estimar que la Sala Fiscal haya desatendido las tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 99/2007, dado lo antes expresado. En otra parte, cabe decir, respecto a los disensos de la quejosa, en los que refiere. a) Que con la simple revocación de las resoluciones impugnadas no se revocan totalmente éstas, porque se dejan a salvo las facultades de la autoridad demandada para emitir un nuevo acto, lo que no constituía una revocación lisa y llana lo cual afectaba su interés jurídico. b) Que se le está otorgando a la autoridad fiscal una oportunidad para que pueda emitir nuevos créditos. En primer lugar se debe precisar que la Sala Fiscal sí se pronunció sobre la condicionante a que se refiere el artículo 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en la satisfacción de la pretensión del demandante, pues expresamente dijo: ‘la pretensión de la actora es precisamente que se dejen sin efectos los actos combatidos, es decir que se anulen los mismos, fin que se alcanza mediante la propia revocación administrativa ... es claro que debe sobreseerse el presente juicio al quedar satisfechos los intereses jurídicos del particular, en tanto que ya no existe acto alguno que afecte su esfera jurídica, en tal circunstancia, lo procedente es confirmar el acto reclamado de 22 de enero de 2008, por el que se sobreseyó el presente juicio.’ (foja 120 frente y vuelta del expediente del juicio fiscal), pronunciamiento que se ajusta a derecho, pues basta la revocación de los créditos para estimar que procede el sobreseimiento. De manera obvia tal pretensión no era que se revocaran administrativamente los créditos fiscales fincados en contra de la contribuyente disconforme, pues la acción jurisdiccional perseguía su nulidad; sin embargo, al revocarse éstos, equivale a dejarlos sin efectos, pues desaparece de su esfera jurídica la carga tributaria que la llevó a la instancia contenciosa en demanda de su nulidad. Luego, si el legislador previó como causal de improcedencia del juicio fiscal el supuesto de que se dejara sin efectos la resolución impugnada, con ello implícitamente se reconoce que queda satisfecha la pretensión de la actora, precisamente porque se elimina la carga tributaria en beneficio y suma de prerrogativas de los gobernados. De no estimarlo de esa manera se tornaría nugatoria la causal de improcedencia en comento, toda vez que la expresión en el sentido de que quede ‘satisfecha la pretensión del actor’ quedaría al mero convencimiento del contribuyente y no de la facultad jurídica de la autoridad de llevar a cabo la revocación de sus actos, lo cual está previsto en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada hasta antes del cierre de instrucción ..."
De la anterior transcripción se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que es suficiente la revocación integral del acto impugnado para que se satisfaga la pretensión de la actora del juicio de nulidad.
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió los amparos directos números 465/2006, 551/2006, 165/2007, 301/2007 y 129/2008, en sesiones de treinta de noviembre de dos mil seis, veinticuatro de enero de dos mil siete, diecisiete de mayo de dos mil siete, dieciséis de agosto de dos mil siete y treinta de abril de dos mil ocho, respectivamente. En el caso, únicamente se transcribe, en la parte que interesa, la ejecutoria relativa al amparo directo 465/2006, toda vez que en los demás se reiteró dicho criterio, que dice:
"SEXTO. El séptimo y octavo conceptos de violación, así como una parte del noveno, resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La demandante de amparo esencialmente aduce, que al decretar el sobreseimiento, la responsable transgredió los artículos 8o., 9o. y 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues si bien la demandada dejó sin efecto las resoluciones impugnadas, en el caso no fue satisfecha la pretensión de la actora consistente en que se declarara su nulidad lisa y llana, no obstante que ello se prevé como condición para decretar el sobreseimiento, en la fracción IV del antedicho artículo 9o., de tal manera que se le sigue afectando en su interés jurídico, pues con motivo de la revocación administrativa, aparentemente ya no existen las resoluciones impugnadas, debido a que esa revocación no impide a la autoridad el volverlas a emitir, máxime que el acto administrativo carece de la característica de cosa juzgada, y la responsable no condena a las demandadas a no emitir de nueva cuenta los créditos impugnados, por lo que contrario a lo resuelto, el juicio de nulidad no quedó sin materia, pues no se satisfizo la pretensión de la demandante como lo exige ese numeral, amén de que esa condición ni siquiera fue analizada por la responsable. Como se adelantó, los referidos argumentos resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones. Previamente, en términos generales, puede anotarse que la revocación constituye una forma de extinción del acto administrativo, que se da cuando dicho acto contiene una falla legal, ya sea de fondo o de procedimiento, la cual ocasiona el retirar del campo jurídico ese acto administrativo, destruyendo los efectos que hubiera podido producir durante su existencia, siendo que la revocación puede presentarse por voluntad unilateral de la autoridad o a consecuencia del medio de defensa ejercido por el propio gobernado, como es el recurso de revocación. La revocación administrativa cuyo estudio nos ocupa, es aquella emitida unilateralmente por la autoridad, después de iniciado el juicio contencioso administrativo que el contribuyente promueve en su contra, y que de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe reunir ciertas características especiales para poder constituir una causa suficiente de sobreseimiento en el juicio de nulidad. Al respecto debe precisarse, que el artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en lo que interesa, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento legal, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: ‘la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado’. Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cinco, mismo que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil seis, fue creada la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual en sus artículos 9o., fracción IV, y 22, penúltimo párrafo establece lo siguiente: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). ‘Artículo 22.’ (se transcribe). Así, en todos aquellos asuntos que iniciaron con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -siguiendo lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de dicho ordenamiento-, la Sala Fiscal se encuentra facultada a decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad por cesación de efecto de la resolución impugnada, cuando simplemente se acredite que la autoridad demandada revocó el acto; condición contraria acontece, respecto de los asuntos como el que nos ocupa, que se tramitan conforme a la nueva ley vigente a partir del primero de enero de dos mil seis, en los que la referida causal de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su texto, pues si bien su artículo 22, tercer párrafo, refiere que la autoridad demandada puede revocar la resolución impugnada al contestar la demanda o hasta antes del cierre de instrucción, destaca de sobremanera que su artículo 9o., fracción IV, supedita el pronunciamiento del sobreseimiento por cesación de efecto del acto, solo al caso de que quede satisfecha la pretensión del demandante, por lo que en este supuesto, la revocación administrativa debe ser tal, que a través de ella se satisfaga la pretensión de la parte actora en el juicio de nulidad, amén de que este último numeral dispone expresamente que procederá el sobreseimiento si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados ‘siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante’. Por tanto, si de relacionar armónicamente el artículo 9o., fracción IV, con el artículo 22, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, se conoce que el sobreseimiento en el juicio de nulidad, por razón de que el acto impugnado quedó sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, sólo podrá decretarse válidamente cuando a través de esa revocación, hubiese quedado satisfecha la pretensión buscada por el demandante de nulidad a través de sus agravios, lo que implicaba necesariamente, que la revocación administrativa suficiente para haber decretado dicho sobreseimiento, debía ser aquella en la cual, los fundamentos y motivos en los que la autoridad se sustentó para revocar la resolución impugnada, evidenciaran claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional, sin quedar en aptitud de reiterarlo, dado que el actor perseguía destruir las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a la autoridad a considerar la existencia de créditos a su favor, en el caso en particular de cuotas obrero-patronales y como consecuencia de ello una multa, relativa al periodo de cotización 09/2005, al sostener en sus agravios que las cédulas de liquidación de cuotas fueron emitidas por un funcionario carente de competencia legal; el que en ellas no se indicó el salario base cotización de cada trabajador; de que dichas cédulas se sustentan en avisos de modificación de salario, de alta y de reingreso inexistentes; que como sustento legal de las cédulas de liquidación se citaron disposiciones legales inexistentes, y por lo tanto, dichas cédulas se emitieron dejando de aplicar las disposiciones debidas; así como que la cédula de liquidación de multa fue emitida con sustento en hechos que no se realizaron; pues precisamente tales argumentos fueron los que la actora estimaba ameritaban decretar su nulidad lisa y llana; de lo que se colige, que para revocar la resolución impugnada, la autoridad demandada debió apoyarse en un motivo de tal naturaleza, que en la hipótesis de haberse demostrado en el juicio contencioso administrativo, ello de manera indefectible hubiese determinado a la Sala Fiscal a pronunciar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas. En consecuencia, le asiste razón a la demandante de amparo, cuando asevera que en el caso no se actualizó la referida condición a que alude la fracción IV del artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como lo indica, la misma ni siquiera fue analizada por la responsable al dictar la sentencia reclamada, sino por el contrario, para decretar el sobreseimiento en el juicio administrativo, la responsable se apoyó en la revocación administrativa contenida en el acuerdo de dos de marzo de dos mil seis, pronunciado por la subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, Coahuila, visible a foja 132 del expediente de nulidad, del que se obtiene que para revocar las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, dicha autoridad únicamente se sustentó en el hecho de que la ahora quejosa combatía los citados créditos, pero sin que su determinación la hubiese apoyado expresamente en algún motivo de ilegalidad de las resoluciones impugnadas, o indicación de encontrarse satisfecho el periodo de cotización cuya liquidación pretendía, o en su caso, en un pronunciamiento de no volver a efectuar liquidación alguna respecto al periodo por el cual se emitieron las indicadas cédulas, o expresión similar; ya que en el referido acuerdo de revocación administrativa, la mencionada subdelegada en lo conducente resolvió: ‘Por este conducto en virtud de que el patrón al rubro indicado mediante el juicio fiscal de referencia impugna los créditos números ********** y ********** ambos correspondientes al periodo 09/2005, por importe total de $********* con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251, fracciones XII y XXXVII, y 271 de la Ley del Seguro Social, en relación con el artículo 22, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que en la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la autoridad demandada podrá revocar la resolución impugnada, se REVOCAN los actos impugnados antes referidos. Así se acuerda en uso de las facultades otorgadas por los artículos ...’. Por tanto, si bien quedó evidenciado que la autoridad demandada dejó sin efecto las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad al haberlas revocado administrativamente, de manera alguna se justifica que mediante tal revocación quedó satisfecha la pretensión de la demandante de nulidad, ahora quejosa, que como ya se indicó, consistía en obtener la declaratoria de nulidad lisa y llana de las mismas, pues la autoridad demandada ni siquiera expresó alguna causa de ilegalidad que le hubiese motivado a revocar las cédulas de liquidación de cuotas y de multa combatidas en el juicio de origen, o declaración de tener por plenamente satisfecho el periodo de cotización que pretendía liquidar, o compromiso alguno de no volver a efectuar liquidación respecto a ese periodo, o expresión equivalente a ello; que tuvieran el efecto de una nulidad lisa y llana; y por lo tanto, su determinación no evidenció el extinguir el acto administrativo de manera plena e incondicional, sin quedar en condiciones de volver a emitirlo. En este sentido, se reitera que le asiste razón a la quejosa, cuando expresa que la responsable transgredió lo dispuesto en el artículo 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al declarar el sobreseimiento del juicio con sustento en la causal a que se refiere dicho numeral, pues no se satisfizo la pretensión del demandante de nulidad y, por tanto, las circunstancias de hecho y de derecho que dieran origen a los créditos impugnados siguen existiendo, sin que tampoco se hubiese acreditado el diverso motivo de sobreseimiento que la responsable declaró en vía de consecuencia, previsto en la fracción V de ese precepto legal, relativo a que el juicio de nulidad quede sin materia, así como los motivos de improcedencia del juicio de nulidad, previstos en las fracciones I y XI del artículo 8o. de ese ordenamiento legal, consistentes en la falta de interés jurídico del demandante y la inexistencia de la resolución o acto impugnado, respectivamente. No resulta óbice, que la Sala Fiscal hubiese resuelto que la autoridad demandada debía abstenerse de cobrar las cédulas de liquidación de cuotas y multa impugnadas, cuando señaló: ‘... por lo cual, la autoridad demandada deberá abstenerse de pretender efectuar el cobro de la cédula de liquidación de cuotas, referente al crédito No. **********; así como de la cédula de liquidación de multa, referente al crédito No. **********, correspondiente al periodo **********.’; pues si bien, la responsable precisó que al haberse decretado el sobreseimiento la autoridad demandada no podía cobrar los créditos impugnados, su pronunciamiento no implicó una destrucción total e incondicional de tales resoluciones como si se hubiese decretado su nulidad lisa y llana, en la medida en que la responsable únicamente vinculó a la autoridad a no cobrar específicamente las cédulas de liquidación identificadas particularmente, mediante determinados números, relativos a créditos, uno por liquidación de cuotas obrero-patronales, y otro a la liquidación de multa, correspondientes al periodo 09/2005; pero no precisó que la autoridad demandada quedaba imposibilitada para emitir nuevos créditos por las mismas causas y motivos señalados en las cédulas de liquidación originalmente impugnadas, esto es, la determinación de la responsable, no impedía a la autoridad demanda, el emitir las resoluciones determinantes por las mismas razones, pero sólo diferenciadas de las primeras por sus números de identificación de crédito. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Sala Fiscal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y pronuncie otra en la que siguiendo los razonamientos precisados en el cuerpo de la presente ejecutoria, considere que la revocación administrativa de los créditos impugnados, que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil seis pronunciara la subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social residente en Saltillo, Coahuila, resulta insuficiente para acreditar los motivos de improcedencia del juicio de nulidad, previstos en las fracciones I y XI del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las causales de sobresei
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21401-36337819/contencioso-administrativo-la-causa-de-sobreseimiento-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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