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Modo: Corpus Pro

MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. NO DEBE IMPONERSE CUANDO LO INTERPONE UN PERITO EN DERECHO EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, CON LA FINALIDAD DE TUTELAR ESE BIEN JURÍDICO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 243/2005-PL. · Registro digital (IUS): 21441
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 183.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 243/2005-PL. **********

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, y único del diverso Acuerdo 8/2003, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el treinta y uno de marzo de dos mil tres, respectivamente; toda vez que fue interpuesto en contra de un acuerdo de trámite emitido por el presidente de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el autorizado recurrente es preciso analizar la oportunidad de la interposición de la reclamación relativa, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia ...

"... se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. ..."

En la especie, de las constancias que obran en autos se advierte que el proveído dictado por el presidente de este Supremo Tribunal de quince de agosto de dos mil cinco, por el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de revisión, se notificó personalmente al autorizado del quejoso el martes dieciséis de agosto de dos mil cinco, según consta a foja 20 del cuaderno de amparo directo en revisión, surtiendo sus efectos el miércoles diecisiete siguiente; por lo que el término de tres días inició el jueves dieciocho y feneció el lunes veintidós de agosto de dos mil cinco, habiéndose descontado los días veinte y veintiuno de ese mes por corresponder a sábado y domingo, respectivamente; declarados inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En ese orden de ideas, dado que el escrito de reclamación se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de agosto de este año, resulta en tiempo la presentación del recurso de cuenta.

TERCERO. El abogado promovente hizo valer, en síntesis, los siguientes agravios:

a) Que el presidente de este Supremo Tribunal, sin consideración y fundamento alguno, desechó el recurso de revisión, pues no analizó los agravios que se expresaron, limitándose a emitir un acuerdo "de machote", pues los artículos 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción IX, constitucional, no establecen que en la demanda de amparo se deba establecer como concepto de violación la interpretación directa de un precepto del Pacto Federal o que se tenga que plantear la inconstitucionalidad de una norma de carácter general para que como consecuencia se dé el establecimiento de una interpretación directa, sino que "... establecen que el recurso de revisión procederá contra las resoluciones que en materia de amparo dicten los Tribunales Colegiados de Circuito cuando para el caso concreto, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución ...", circunstancia que hace inoperante e infundada la consideración vertida en el acuerdo recurrido, pues no puede darse como consecuencia al no plantear en una demanda de amparo directo un concepto de violación sobre inconstitucionalidad, que se tenga por no establecida la interpretación directa de un precepto de nuestra Ley Suprema. En tal virtud, también causa agravio irreparable la jurisprudencia utilizada por analogía y en la que pretende sustentar el anterior criterio.

b) Le causa agravio que el auto se sustente en el acuerdo 5/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues establece lo mismo que los preceptos anteriores en cuanto a la procedencia del recurso de revisión. Por tanto, el acuerdo carece de los requisitos consagrados en el artículo 16 constitucional, relativos a la fundamentación y motivación.

c) La indebida aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación a la prueba y su valoración, como lo establecen los artículos 188 y 217, pues se tuvo a la vista la resolución recurrida mediante diskette, la cual puede estar sujeta a modificaciones, alteraciones, sustitución del texto, virus, etcétera. Sin embargo, no se hizo pronunciamiento al respecto a pesar de no ser una documental certificada.

CUARTO. Del análisis realizado a las constancias que obran en autos y del contenido del acuerdo recurrido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que los agravios que hizo valer el abogado impugnante son infundados en atención a las siguientes consideraciones:

De los agravios sintetizados en el considerando anterior, se advierte que el recurrente medularmente aduce que el acuerdo que por esta vía impugna carece de la debida fundamentación y motivación, en virtud de que los artículos 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción IX, constitucional, así como el Acuerdo General Plenario 5/1999 se encuentran indebidamente aplicados en el auto combatido, puesto que de ellos no se desprende la hipótesis de improcedencia que invoca el presidente de este Alto Tribunal para desechar el amparo directo en revisión que hizo valer, toda vez que no establecen como requisito de procedencia del recurso que deba formularse en la demanda de garantías como concepto de violación, la interpretación directa a un precepto constitucional o que se tenga que plantear la inconstitucionalidad de una norma general para que se realice dicha interpretación.

Por tanto, y en virtud de las manifestaciones anteriores, el reclamante concluye señalando que la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 64/2001 invocada en el auto recurrido, aplicada por analogía, también le causa agravio de manera irreparable.

En esas condiciones y a fin de que esta Primera Sala esté en posibilidad de dilucidar las cuestiones efectivamente planteadas por el recurrente, es menester conocer, en lo conducente, el contenido de los preceptos legales que invoca el promovente y en los que el presidente de este Alto Tribunal fundamentó la providencia impugnada; los cuales, según constancias que obran a fojas dieciséis a diecisiete vuelta del expediente de reclamación en que se actúa, son los siguientes:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reclamante invocó el artículo 107, fracción IX:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

De la Ley de Amparo, tanto el promovente como el presidente de este Alto Tribunal citan el artículo 83, fracción V:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ..."

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se indicaron los artículos 10, fracciones III y XI; 14, fracción II y 21, fracción III:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

"...

"XI. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas, y ..."

"Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:

"...

"II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución.

"En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un Ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder; ..."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; ..."

Del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio del propio año, se invocaron los puntos segundo, fracción I y primero transitorio:

"Segundo. Tramitación.

"I. En la revisión de amparos directos, el presidente de la Suprema Corte o los de Sala, según les corresponda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, verificarán si el recurso fue formulado en tiempo y forma legales, y si en la sentencia se hizo un pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de alguna ley, tratado internacional, reglamento federal o local, o la interpretación directa de algún precepto constitucional, o si en la demanda se hicieron planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cuestiones. Si no se reúnen tales requisitos desechará de plano el recurso.

"...

"Transitorios:

"Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, los recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo hasta el día de dicha publicación, seguirán rigiéndose por las reglas anteriores; y los interpuestos a partir del día siguiente de esa publicación, por este acuerdo. ..."

La tesis señalada en el acuerdo reclamado es la número 2a./J. 64/2001, sustentada por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 315, que a la letra indica:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

Ahora bien, contrario a las argumentaciones del abogado promovente y como se desprende de los numerales y del criterio transcritos, el recurso de revisión en contra de sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, por regla general, no procede, salvo que en la demanda de garantías se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional, reglamento o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y que en la sentencia de amparo se omita decidir sobre tales cuestiones, o bien, se contenga en dicha resolución alguno de esos pronunciamientos; siempre que el problema de constitucionalidad de que se trate entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia.

En otras palabras, el recurso de revisión en contra de sentencias dictadas en amparo directo, conforme a los preceptos señalados, procederá en los dos supuestos y cuando se reúnan los requisitos siguientes:

1. Cuando el quejoso habiendo hecho valer en su demanda de garantías la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional; el Tribunal Colegiado haya:

a) Omitido estudiar en la sentencia tales cuestiones, o

b) Habiéndolas estudiado, la parte quejosa considere que le depara perjuicio o fue equivocada la determinación alcanzada en la ejecutoria de amparo.

2. Cuando la parte quejosa no haya planteado en la demanda de amparo la inconstitucionalidad de un ordenamiento o la interpretación directa a un precepto de la Constitución; el Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, realice en la sentencia de amparo cualquiera de los mencionados pronunciamientos.

Así, además de ubicarse en cualquiera de los supuestos normativos supracitados, es necesario también que el recurso sea interpuesto oportunamente y que el problema de constitucionalidad de que se trate en la sentencia de amparo, entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia.

De las precisiones anteriores esta Primera Sala infiere que los agravios que hace valer el recurrente devienen infundados, pues realiza una errónea interpretación y entendimiento de las causas por las cuales el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión pues, contrario a lo que señala el recurrente, en ninguna parte del acuerdo recurrido se advierte que el Ministro presidente haya indicado que para que procediera el recurso de revisión, debía plantearse en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de una norma general para que se realizara la interpretación directa a un precepto constitucional, pues a tal respecto en el auto impugnado expresamente se estableció:

"... del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal ..."

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, el presidente de este Supremo Tribunal correctamente adujo los motivos y los fundamentos por los cuales no procedía el recurso de revisión, pues advirtió y puntualizó que en la resolución impugnada no se había hecho pronunciamiento alguno respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa a una disposición de la Constitución Federal, pero que dicha omisión no se debía a una actuación deliberada e ilegal por parte del Tribunal Colegiado, sino que se debió, precisamente, a que el quejoso no planteó tales cuestiones de inconstitucionalidad o de interpretación en su demanda de garantías.

En consecuencia, debe concluirse que el auto recurrido se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que en él se indicaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir la determinación en tal sentido y se precisaron los fundamentos legales aplicables al caso, adecuándose los hechos apreciados a las hipótesis normativas indicadas.

En esa guisa, como debidamente se indicó en el auto reclamado, en la especie no se cristaliza ninguna de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, toda vez que en los conceptos de violación el ahora recurrente no planteó ningún problema de constitucionalidad, sino únicamente cuestiones de mera legalidad, lo que evidencia la improcedencia del recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX, constitucional, reformado mediante decreto publicado el once de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, así como del punto primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Plenario 5/1999.

Para demostrar lo anterior, debe acudirse a la síntesis de los conceptos de violación, así como de las consideraciones vertidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en la resolución de siete de julio de dos mil cinco dictada en el amparo directo 88/2005.

En los conceptos de violación el quejoso manifestó sustancialmente lo siguiente:

a) Le causa agravio la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario por no considerar que el inicio de la averiguación previa nace de una violación al artículo 16 constitucional.

b) Se transgreden sus garantías individuales, toda vez que no se valoraron de forma correcta cada uno de los elementos de convicción que integraron el proceso, pues aunque se encuentra probada la materialidad del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, ello no demuestra de forma plena la responsabilidad de la comisión del delito. Por tanto, si la comisión del delito debe necesariamente ser intencional, y en el caso está ausente el elemento de culpabilidad, es de concluirse que la apreciación del Magistrado es ilegal, indebida e inexacta.

Asimismo, manifiesta que es requisito que en los actos relacionados con estupefacientes haya voluntad y el comportamiento consciente de que se está transgrediendo una ley, pero en la especie, el quejoso ignoraba que en el interior del cuarto habilitado como bodega, se encontraban los quince paquetes que contenían la droga; por tanto, no se incurre en conducta ilícita, pues tal negativa no está desvirtuada y, en ese caso, no puede alegarse la presunción de intencionalidad, pues corresponde al Ministerio Público acreditar que el inculpado actuó con dolo.

c) El Tribunal Unitario apoya su sentencia en lo que asientan los agentes aprehensores en el parte informativo número 87/2003, teniendo por acreditada de forma plena la responsabilidad penal del quejoso, porque estima que el parte informativo demuestra que el sentenciado tenía dentro de su radio de acción y disponibilidad el estupefaciente fedatado, al margen de la ley y fuera del control de las autoridades sanitarias y que por las circunstancias del caso, así como por la cantidad de la droga que se incautó, lo llevaron a considerar de manera ilegal y sin motivar su razonamiento que el suscrito iba a cometer con dicho estupefaciente una de las conductas previstas en el numeral 194 del Código Penal Federal.

Sin embargo, del parte informativo no se desprende que haya tenido posesión del narcótico con plena conciencia, dolo e intencionalidad, en virtud de que del mismo se desprende que quien detentaba la posesión de la marihuana, era ********** y no el quejoso, pues como se ha demostrado no tenía el dominio de la propiedad en donde se incautó la droga.

d) Que el parte informativo sólo debe considerarse como un mero indicio, ya que su valoración no se rige por un precepto específico, por ello, el mismo es insuficiente para atribuir la responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud, pues las manifestaciones contenidas en él no constituyen prueba testimonial ni pueden valorarse como tal, por ende, nunca se debió tomar en cuenta y menos aún apoyar el peso de una sentencia condenatoria en un parte informativo aun y cuando fue ratificado.

e) Que las pruebas existentes en la causa, en relación con el tema de la plena responsabilidad penal, lo constituyen únicamente el parte informativo número 87/2003; sin embargo, éste sólo tiene el alcance para determinar las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que se efectuó la detención, así como del hallazgo de la droga, pero de ninguna manera puede considerarse suficiente para atribuir responsabilidad en la comisión del delito, porque de acuerdo a la técnica jurídica que rige en materia de pruebas, se requiere de algún otro medio de convicción que establezca de manera fundada ese grado de responsabilidad, y que esté adminiculado con el referido parte informativo, lo que no acontece, pues el resto del material que corre agregado, sólo establece su existencia y calidad de narcótico, pero de ningún modo de ello puede desprenderse indicio alguno relacionado con la plena responsabilidad. Por tanto, esta prueba se encuentra aislada y no relacionada con los demás elementos probatorios, por lo que no debió producir ningún valor en términos de los artículos del 279 al 290 del código procesal invocado.

f) La sentencia que recurre es violatoria de sus garantías individuales, en virtud de que el parte informativo señalado nace de una irrupción a una propiedad privada, puesto que los agentes sin orden de cateo emitida por autoridad competente invadieron su propiedad, pretendiendo convertirla en pública, solamente con el dicho de que se percataron que en el lugar que se constituyeron se encontraba un taller de enderezado y pintura abierto al público, circunstancia que no está probada en autos y, por el contrario, sí se probó que la finca era una propiedad privada no abierta al público.

g) Es infundado el dicho del resolutor en el sentido de que la responsabilidad del quejoso está acreditada, ya que en el cuerpo de la sentencia sólo se limita a señalar y reseñar los elementos que integran el expediente, pero no precisa en qué forma los elementos probatorios acreditan la responsabilidad del quejoso, menos aún si al rendir su declaración ministerial, no hace ninguna admisión de responsabilidad que pudiera deducir su participación en el delito imputado, o bien, que tuviera conocimiento del narcótico incautado en la finca.

h) La autoridad de alzada indebidamente concluyó que se integraba en contra del quejoso la prueba circunstancial perfecta, pues tal probanza tiene la misma naturaleza de la prueba indiciaria, a que se contrae el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.

i) Las consideraciones que señaló la responsable en su sentencia infringen los principios fundamentales de la lógica y los principios reguladores de la valoración de la prueba, en virtud de que no existe una relación o premisa intermedia, entre la premisa mayor y la conclusión; toda vez que concluye que tenía conocimiento de la existencia de la droga y, por consiguiente, la posesión de la misma, y para llegar a ello requiere de datos que sostengan una premisa intermedia o premisa menor, cuyo contenido se componga de los indicios que el juzgador advierta de los hechos demostrados, y de su concatenación o plena convicción del actuar doloso del sujeto activo, porque conocía la existencia de la droga y quiso poseerla, lo que no se demostró en el presente caso. Lo anterior, encuentra sustento constitucional en el artículo 21 de la Carta Magna, de cuya interpretación debe concluirse que es el Ministerio Público quien debe aportar elementos de convicción suficientes para demostrar la existencia del hecho criminoso, pues es a quien incumbe la investigación y persecución de los delitos.

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito al estudiar los anteriores agravios estimó, específicamente en el considerando sexto de la resolución, medularmente lo siguiente:

Que de los elementos de prueba que obran en la causa penal 202/2003 se advierte que son suficientes para tener por acreditado el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, así como la plena responsabilidad del ahora quejoso ********** en su comisión, ya que tales elementos de prueba fueron debidamente valorados, tanto por el Juez instructor como por la autoridad responsable.

El parte informativo número 87/03 de fecha uno de octubre de dos mil tres, que fue debidamente ratificado ante el agente del Ministerio Público de la Federación y las declaraciones testimoniales rendidas ante el Juez el seis de octubre del citado año por los agentes aprehensores, sí constituyen, contrario a lo que se aduce, testimonio de cargo en cuanto a los hechos que les constan, pues sus dichos reúnen los requisitos que debe contener la prueba testimonial en términos de lo dispuesto por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que tuvieron conocimiento directo del hecho vinculado a la detención del sentenciado y el aseguramiento de la droga afecta a la causa que se encontraba en el interior del inmueble descrito, ello independientemente del valor del parte informativo, puesto que al declarar ante la autoridad de investigación y el Juez de la causa, su dicho debe ser considerado como prueba testimonial.

La valoración de las pruebas se encuentra ajustada a derecho, lo que se corrobora con la propia manifestación del inculpado y sus coacusados, en la cual concuerdan en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y motivos de su detención con los que se narran en el parte informativo, lo que constituye un indicio de responsabilidad que concatenado al resto del material probatorio acredita la plena participación de éste en forma voluntaria (dolosa) en la comisión del hecho imputado.

Lo anterior, en virtud de que se integró en contra de ********** la prueba circunstancial que prevé el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, mediante el enlace lógico y natural que existe entre la verdad conocida y la que se busca. En el caso se tuvieron como punto de partida el hecho probado e irrefutable de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Se revela la plena responsabilidad de ********** en la comisión del ilícito, ya que en ninguna etapa del proceso acreditó su aseveración defensiva fundamentada en que no conocía la existencia del estupefaciente, por lo que se hace intrascendente al caso la ausencia de confesión, puesto que el quejoso no prueba contra las presunciones que se alzan en su contra como lo son el ser propietario del inmueble en que se localizó el estupefaciente afecto a la causa y demás objetos, el encontrarse en el lugar en que se aseguró la droga, así como el tener las llaves de ingreso al local y del sitio donde se ocultaba el estupefaciente. Más aún, si ********** dio en arrendamiento el inmueble descrito, no tenía por qué introducir vehículos de su propiedad en ese lugar, ni existe razón fundada para que disponga del inmueble en la forma que lo hizo. Por tanto, de llegar a una conclusión contraria a la sostenida en la sentencia combatida y de considerar cierto el dicho defensivo del quejoso sin necesidad de corroboración, llevaría a destruir el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad volviendo ineficaz las presunciones que obran en su contra, lo que es jurídicamente inadmisible.

Por otra parte, la documental con la que pretende acreditar que celebró un contrato de arrendamiento con el señor ********** en manera alguna puede corroborar su dicho, toda vez que el mismo sólo acredita que se suscribió el dieciocho de julio de dos mil tres, pero no que el citado ********** sea el poseedor del inmueble y menos del citado estupefaciente. Igualmente, la circunstancia que el quejoso haya ofrecido en el sumario la testimonial a cargo de ********** y ********** quienes m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21441-179d29ed/multa-en-el-recurso-de-reclamacion-no-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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