INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE. PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE SUS APODERADOS LEGALES, DESPUÉS DE HABER SIDO INTERVENIDAS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO O POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EL ACTA NOTARIAL RESPECTIVA DEBE MENCIONAR EXPRESAMENTE QUE SE HA LEVANTADO LA INTERVENCIÓN RELATIVA Y, POR TANTO, QUE HAN CESADO LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR CAUTELAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza civil, en lo que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. Los denunciantes se encuentran legitimados para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que uno de los criterios en contienda lo sustentaron al resolver la revisión principal 158/2008 del índice del tribunal que integran.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión número 158/2008, analizó un asunto en el que, dentro de un juicio civil sumario hipotecario, la parte demandada opuso la excepción de falta de personalidad en contra del apoderado de la institución bancaria, parte actora. Dicha institución bancaria fue intervenida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en virtud de un apoyo financiero que dicho instituto le otorgó con la finalidad de sanear sus finanzas y su liquidez. Con base en la Ley de Instituciones de Crédito, se nombró a un administrador cautelar por la mencionada intervención, el cual substituyó a la asamblea general y al consejo de administración.
Con posterioridad a estos hechos, se celebró una asamblea especial de accionistas y general ordinaria de accionistas, en donde, entre otras cuestiones, se nombró a un nuevo consejo de administración. Con fundamento en estos hechos, debidamente tramitados conforme a sus requisitos notariales y legales, el representante del consejo de administración se dispuso a otorgar diversos poderes de representación de la institución bancaria, uno de ellos, el objeto base de la presente ejecutoria. En la escritura notarial de referencia se otorgaron los poderes respectivos a una persona para que representara en juicio a la institución bancaria. Sin embargo, no se hizo mención alguna o se señaló algún documento que acreditara el cese del administrador cautelar en sus funciones.
Debido a lo anterior, la parte demandada, dentro del juicio natural, estimó que no bastaba la presunción de que el administrador cautelar señalado hubiera cesado efectivamente en sus funciones, por lo que tanto la celebración de la asamblea de accionistas como los actos derivados de ella, en este caso, el otorgamiento de poderes por parte del representante del consejo de administración, nombrado en dicha asamblea, no eran procedentes, razón por la cual, el apoderado legal, representante de la institución bancaria, carecía de personalidad jurídica para acudir al juicio de referencia.
El Juez de primera instancia resolvió como improcedente dicha excepción; inconforme, la parte demandada, promovió el juicio de amparo correspondiente del cual tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco. El Juez Federal admitió la demanda de amparo y la registró bajo el número 1112/2007-I. Seguidos los trámites legales, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.
Finalmente, la parte demandada interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Dicho Tribunal Colegiado dictó la sentencia respectiva, en el sentido de establecer que bastaba la presunción de que, al celebrarse la asamblea de accionistas con una fecha posterior a la designación del administrador cautelar, éste había cesado en sus funciones, por lo que no es necesario hacer mención alguna de tal eventualidad en la escritura pública donde se otorgaron los poderes de representación legal por parte del representante del consejo de administración de la institución bancaria aludida; además de que esta mención no es un requisito legal establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en la Ley de Instituciones de Crédito ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Las consideraciones que tomó en cuenta el Tribunal Colegiado para emitir su resolución fueron las siguientes:
"SEXTO. De los agravios hechos valer por la quejosa recurrente, **********, unos devienen inoperantes, otro fundado pero a la postre inoperante y, los restantes infundados.
"Primeramente, conviene realizar una breve reseña histórica de los antecedentes que informan la resolución recurrida, la que se obtiene del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1112/2007-I y su acumulado 1127/2007-VIII, ambos, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, que merece pleno valor probatorio, por tratarse de documental pública, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 2, de esta última legislación.
"Así, se llega al conocimiento de que en escrito de veinte de noviembre de dos mil siete, **********, por conducto de su abogado patrono, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclamó del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la resolución de treinta de octubre de dos mil siete, por la que declaró improcedente una excepción de falta de personalidad hecha valer en el juicio civil sumario hipotecario 391/2006, de su índice.
"En diverso escrito de veintiséis de noviembre de dos mil siete, **********, por su propio derecho, también solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el mismo acto reclamado por **********.
"De ambas demandas de amparo, correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, correspondiéndoles respectivamente, los expedientes 1112/2007-I y 1127/2007-VIII, habiéndolas admitido, en su orden, en sendos proveídos de veintiocho (folio 104) y veintisiete (foja 172) de noviembre de dos mil siete.
"En resolución de veintiséis de diciembre de dos mil siete, dictada en los autos del juicio de amparo 1112/2007-I, el Juez de Distrito declaró procedente la acumulación a éste, del diverso 1127/2007-VIII y; sustanciados los procedimientos constitucionales acumulados, en sentencia autorizada el veinticuatro de marzo de dos mil ocho, el a quo federal negó a ambos quejosos, la protección de la Justicia Federal impetrada.
"La negativa de la protección constitucional obedeció a que al parecer del Juez Federal, los conceptos de violación esgrimidos por ambos quejosos, resultaron infundados por un lado e inoperantes por otro, con base en las siguientes torales consideraciones:
"...
"Lo anterior, en razón de que, precisó el Juez de Distrito, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la escritura pública respectiva, se debe asentar lo relativo al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado el otorgamiento del poder, así como las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes y reglamentos orgánicos se concedan al consejo y, la comprobación del nombramiento de los consejeros y, que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se deben asentar los datos relativos a la constitución de la sociedad, su denominación o razón social, su domicilio, duración, importe del capital y el objeto de la misma, requisitos que, desde la óptica del a quo federal, se insertaron en la escritura pública 38,384, en la que constan, además, las fusiones y diversos cambios de denominación de la sociedad, hasta la actualidad, que se denomina **********.
"Ante ello, al parecer del Juez de amparo, se cumplió con lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 88 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco y 90 de la Ley General de Instituciones de Crédito, preceptos de los que no se advierte, dijo, que se deba realizar la inserción respecto a cuándo concluyó la intervención del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y, en consecuencia, las funciones del administrador cautelar, sino que en todo caso, a su parecer, tales exigencias son requisitos de comprobación interna de la sociedad, sin que los notarios públicos estén obligados a exigir requisitos diversos a los que contempla el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de protocolizar un acta del consejo de administración.
"Del mismo modo, el Juez de Distrito declaró infundados los conceptos de violación esgrimidos en torno a que la responsable no dio respuesta a lo que alegaron en su excepción de falta de personalidad, en el sentido de que de la escritura impugnada no se advierte el cese de funciones del administrador cautelar **********, designado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y, con ello, la existencia legal de un nuevo consejo de administración de **********, resultando ilegal el poder cuestionado, dado que el único facultado para ello es el administrador cautelar, quien sustituye a la asamblea general y al consejo de administración de la sociedad financiera, conforme al artículo 49 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
"...
"Luego, el Juez Federal consideró que eran infundados los conceptos de violación esgrimidos por ambos quejosos en sus respectivas demandas de amparo, en cuanto a que el Juez responsable no dio respuesta ‘al agravio hecho valer en el segundo punto de la excepción de falta de personalidad que promovieron’, atinente a que la escritura pública cuestionada no reúne los requisitos de ley, dado que el notario público no especificó en qué instrumento constaban los estatutos que rigen actualmente a la sociedad, ni la fecha de los mismos, para estar en posibilidad de conocer si el acuerdo del consejo tenía facultades para el otorgamiento al momento de la fecha de la asamblea en la que se acordó su concesión.
"Ello, debido a que según el a quo federal, la responsable señaló al respecto que no resultaba necesario que se establecieran en el instrumento público, los estatutos que rigen la institución bancaria actora, dado que de las transcripciones que realizó el notario, al remitirse al contenido de la diversa escritura pública 34,085, se estableció la protocolización de las asambleas especiales de accionistas de la serie ‘O’, representadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y, la general ordinaria de accionistas, en las que acordaron la designación de los miembros del consejo de administración, circunstancia que superó y dejó sin efecto la designación del administrador cautelar, para dar paso a que la institución se rigiese por un consejo de administración y con ello, a la destitución del cargo del que venía fungiendo como administrador cautelar.
"...
"Bien, del análisis de la escritura pública ********** pasada ante la fe del notario suplente del titular de la Notaría Pública número setenta y dos de Monterrey, Nuevo León, el cuatro de junio de dos mil cuatro, que obra en copias certificadas en el cuaderno de pruebas formado en el juicio de amparo indirecto 1112/2007-I (no se encuentra foliado en su totalidad), se conoce que en ese instrumento se hace constar la protocolización del acta levantada con motivo de la sesión del consejo de administración de **********, de veintinueve de abril de dos mil cuatro, en la que, entre otras cuestiones, se otorgaron diversos poderes generales para pleitos y cobranzas, además de a otros, a **********, quien acudió al juicio de donde proviene el acto reclamado, ostentándose como apoderado de dicha institución accionante, poder que es precisamente el impugnado por la demandada, ahora quejosa recurrente.
"El fedatario público ante cuya fe se protocolizó esa acta de sesión, indicó que la secretaria del consejo de administración de ********** acreditó su carácter, así como la existencia y subsistencia de la institución ‘y demás pormenores relativos’, con diversos documentos que reseñó e identificó cronológicamente bajo los incisos del ‘a)’, al ‘z)’, destacándose, en lo que ahora incumbe, los incisos ‘r)’ y ‘t)’, descritos en el tenor siguiente:
"‘r) Con la escritura número **********, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante el licenciado Alfredo Ayala Herrera, titular de la notaría doscientos treinta y siete, del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el folio mercantil número sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno, el día 18 dieciocho de noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, en la que se hizo constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **********, de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de reformar totalmente los estatutos sociales, la aceptación, suscripción y pago de **********. Acciones ordinarias nominativas de la serie «O» por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la designación como administrador cautelar de don **********, para quedar con la actual denominación, duración indefinida, domicilio en México, Distrito Federal, con capital de ********** pesos moneda nacional con cláusula de admisión de extranjeros.’
"‘t) Con la escritura pública número ********** de fecha 24 veinticuatro de abril de 2002 dos mil dos, pasada ante la fe del suscrito notario, con ejercicio en este distrito registral, cuyo primer testimonio quedó inscrito bajo el folio mercantil número 64,441 sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno, de fecha 22 veintidós de julio del año 2002 dos mil dos, en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, y el primer testimonio segundo en su orden, bajo el número 7020 siete mil veinte, volumen 3 tres, libro primero, con fecha 22 veintidós de julio de 2002 dos mil dos, en el Registro Público de Comercio, Primer Distrito en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual contiene la protocolización de (I) Las actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas de ********** y **********, celebradas el día 11 once de marzo de 2002, (II) así como convenio de fusión celebrado en esa misma fecha. En dichos documentos constan los siguientes actos jurídicos: 1. La fusión de ambas instituciones de crédito, la primera como sociedad fusionada o que se extingue, y la segunda, como sociedad fusionante o que subsiste. 2. La modificación de la (sic) capital social de **********, para quedar en la suma de ********** y se reforma en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. 3. El cambio de denominación de **********, para quedar como ********** y reforma en consecuencia el artículo primero de sus estatutos sociales. 4. El cambio de domicilio social de **********, de la Ciudad de México, Distrito Federal, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y reforma en consecuencia del artículo quinto de sus estatutos sociales.’ (lo destacado es por parte de este tribunal).
"De tales antecedentes, se llega al conocimiento de que en efecto, **********, el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, tomó, entre otros acuerdos, el de reformar sus estatutos sociales, la aceptación, suscripción y pago de ********** acciones ordinarias nominativas de la serie ‘O’ por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la designación como administrador cautelar de **********.
"Esto es, del testimonio de la escritura pública **********, pasada ante la fe del notario suplente del titular de la Notaría Pública número setenta y dos de Monterrey, Nuevo León, el cuatro de junio de dos mil cuatro, que contiene el poder con el que **********, acudió al juicio natural, en representación de la parte actora, se advierte que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario otorgó apoyo financiero a ********** y designó a **********, como su interventor cautelar, substituyendo así a la asamblea general y al consejo de administración de dicha entidad financiera; lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por los ordinales 49 y 50 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, vigente al tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que **********, tomó el acuerdo de reformar sus estatutos sociales y aceptar, suscribir y pagar ********** acciones ordinarias nominativas de la serie ‘O’ por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la designación como administrador cautelar de ********** y, que disponen:
"‘Artículo 49. En virtud de la administración cautelar el instituto se constituirá como administrador único de la institución, substituyendo a la asamblea general y al consejo de administración, designándose para tal efecto por la Junta de Gobierno, a la persona que ejercerá dicha administración cautelar, contando para ello con las facultades siguientes:
"‘I. La representación y administración de la institución;
"‘II. Las que correspondan al consejo de administración de la institución y a su director general, gozando de plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, así como para suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, presentar denuncias y querellas, desistirse de estas últimas, y comprometerse en procedimientos arbitrales;
"‘III. Formular y presentar, para su previa aprobación, al secretario ejecutivo, el presupuesto necesario para la consecución de su objeto;
"‘IV. Presentar al secretario ejecutivo informe sobre la situación financiera en que se encuentra la institución, así como de la operación administrativa de la misma y de su posible resolución;
"‘V. Autorizar la contratación de pasivos, inversiones, gastos, adquisiciones, enajenaciones y, en general, cualquier erogación que realice la institución;
"‘VI. Suspender las operaciones que pongan en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de la institución;
"‘VII. Contratar y remover al personal de la institución que sea necesario para el desarrollo de su objeto, e informar de las mismas al secretario ejecutivo;
"‘VIII. Otorgar los poderes que crea convenientes, revocar los otorgados y, en atención a lo dispuesto por las leyes aplicables, delegar sus facultades en los apoderados que designe al efecto, para que las ejerzan en los términos y condiciones que el instituto determine, y
"‘IX. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno u otros ordenamientos.’
"‘Artículo 50. Sólo tendrá lugar la administración cautelar cuando el instituto hubiere otorgado apoyo financiero a alguna institución, en los términos del capítulo IV de este título, formulando la declaración correspondiente.’
"Sin embargo, no obstante que efectivamente, en términos del ordinal 50 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, sólo tendrá lugar la administración cautelar cuando el instituto hubiere otorgado apoyo financiero a alguna institución y que en la escritura pública **********, de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Notario Público 237 del Distrito Federal, **********, el tres de noviembre de ese mismo año, se haya hecho constar que se determinó reformar sus estatutos sociales, aceptar, suscribir y pagar ********** acciones ordinarias nominativas de la serie ‘O’, por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y designar como administrador cautelar a **********; también es verdad que en la propia escritura pública cuestionada **********, pasada el cuatro de junio de dos mil cuatro, ante la fe del notario suplente del titular de la Notaría Pública setenta y dos, de Monterrey, Nuevo León, se insertó lo relativo a la diversa escritura **********, de veinticuatro de abril de dos mil dos, pasada ante la fe del mismo notario, que contiene la protocolización de las actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas, tanto de **********, como de **********, celebradas el once de marzo de dos mil dos; inserción que, contrario a lo considerado por la quejosa recurrente, sí pone de manifiesto, para los efectos de demostrar la personalidad del apoderado, que al menos, al once de marzo de dos mil dos, ya no se encontraba en funciones el administrador cautelar que había sido designado a partir del tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y que efectivamente había sustituido en sus funciones a la asamblea general y al consejo de administración de **********.
"En efecto, disponen los artículos 1, 2, 3, 28, parágrafos primero y segundo, 31 y 52 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en su texto aplicable al tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, lo que sigue:
"‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los términos y con las limitantes que la misma determina; regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la entidad pública encargada de estas funciones. Esta ley es de orden público e interés social y reglamenta las disposiciones constitucionales conducentes. Se aplicarán supletoriamente a esta ley, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Código de Comercio y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.’
"‘Artículo 2o. El sistema de protección al ahorro bancario será administrado por un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal, denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.’
"‘Artículo 3o. La constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se regirán por lo dispuesto en esta ley.’
"‘Artículo 28. Excepcionalmente, el instituto, por sí o a solicitud de la comisión, podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de una institución. Los apoyos podrán otorgarse mediante la suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo y con las facultades del instituto en términos del artículo 68. ...’
"‘Artículo 31. Para el otorgamiento de los apoyos financieros, el instituto podrá considerar la situación financiera y operativa de la institución y, consecuentemente, le podrá imponer los términos, modalidades, limitaciones y condiciones que estime necesarios y oportunos, en congruencia con su situación financiera; entre tales medidas, el instituto podrá imponer restricciones operativas, constreñir a la institución a la realización de operaciones determinadas y exigir la remoción y contratación de administradores, funcionarios y empleados.’
"‘Artículo 52. El instituto no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración de la institución de que se trate.’
"En términos de esos preceptos y de los ordinales 49 y 50, ibídem, antes transcritos, el sistema de protección al ahorro bancario será administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el que podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de una institución, mediante la suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes.
"De modo que cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario otorgue apoyo financiero a alguna institución, como ya se ha dejado visto, se constituirá como administrador único de la misma, substituyendo a la asamblea general y al consejo de administración, designándose a un administrador cautelar y no queda supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración de la institución de que se trate.
"Pues bien, no obstante que efectivamente al menos desde el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, **********, se encontraba intervenida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, habiéndose sustituido a la asamblea general y al consejo de administración, lo cierto es que del propio instrumento público que contiene el poder controvertido por la quejosa recurrente, se conoce que con posterioridad a esa fecha, es decir, el once de marzo de dos mil dos, se llevó a cabo la asamblea general extraordinaria de accionistas de **********, protocolizada ante el notario suplente del titular de la Notaría Pública setenta y dos, de Monterrey, Nuevo León, bajo escritura **********, de veinticuatro de abril de posterior, lo que implica, per se, que evidentemente dicha asamblea general, cuando menos a esa fecha, ya había recobrado el ejercicio de sus atribuciones y, por ende, cesado la intervención cautelar que en algún momento las mantuvo en suspenso.
"Ello es evidente, cuando menos, para los efectos de la personalidad de **********, como apoderado de la parte actora, pues lo cierto es que en el poder cuestionado, se insertó, bajo el apartado ‘t’, de los documentos que el fedatario público dio fe de haber tenido a la vista, ese dato que evidencia el cese de la intervención cautelar que alguna vez suspendió las facultades del consejo de administración de **********, pues sólo una vez que se hubieren reasumido por virtud del cese de la administración cautelar, era posible que dicha entidad, a través de su asamblea general extraordinaria de accionistas, acordara, como lo hizo, su fusión, con **********, ésta, como fusionada o que se extingue y, aquélla, como fusionante o que subsiste, así como la modificación de su capital social, con la consecuente reforma del artículo séptimo de sus estatutos sociales; el cambio de denominación, para quedar como **********, reformándose el artículo primero de sus estatutos sociales; así como el cambio de domicilio social y la consecuente reforma del artículo quinto de sus estatutos sociales.
"Por ende, el hecho de que en la escritura pública **********, de cuatro de junio de dos mil cuatro, pasada ante la fe del notario suplente del titular de la Notaría Pública setenta y dos, de Monterrey, Nuevo León, se haya insertado lo relativo a la diversa escritura **********, de veinticuatro de abril de dos mil dos, pasada ante la fe del mismo fedatario, es suficiente, adverso a lo que asevera la quejosa y como lo consideró el Juez de Distrito en la resolución que se revisa, para tener por satisfecho el ordinal 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, que sí es aplicable al poder cuestionado, pues se reitera, ello pone en evidencia, para los efectos del poder mismo, que la asamblea general de accionistas reasumió el ejercicio de sus funciones, lo que necesariamente implica una presunción humana, que genera plena convicción, pues al tenor de lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se puede afirmar, al menos para los efectos del poder cuestionado, que al estar demostrado que se celebró aquella asamblea general extraordinaria de accionistas de **********, el once de marzo de dos mil dos, ya no se encontraba intervenida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a través del administrador cautelar designado el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y que, por ende, concluyó la suspensión de las funciones de esa asamblea.
"Lo anterior es así, sin que implique reconocimiento de la validez o no de esa acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de **********, de once de marzo de dos mil dos, como lo pretende la quejosa recurrente al afirmar que no es posible la existencia de nuevos acuerdos de consejo de administración y que no es posible asegurar válidamente que esos acuerdos tengan validez; ello, en atención a que en todo caso, tal tópico involucra aspectos de otra índole, mas no de personalidad, la que, se reitera, sí se justifica con la escritura pública cuestionada, en la que consta, válida o no, esa acta que pone de manifiesto, al menos para los efectos inherentes a la personalidad, que cesó la intervención cautelar.
"De ahí lo infundado de los agravios de los que se trata."
2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 40/2006, estudió un asunto en el que, dentro de un juicio ordinario mercantil, la parte demanda opuso la excepción de falta de personalidad en contra del apoderado legal de una institución bancaria, parte actora en el asunto, debido a que en la escritura pública en la cual se le otorgaron los poderes respectivos no se hacía mención alguna acerca del cese de funciones del administrador cautelar nombrado con motivo de la intervención del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario sobre dicha institución bancaria, por lo que no bastaba la presunción de que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21497-29ec4fe7/instituciones-de-banca-multiple-para-acreditar-la-personalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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