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INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO), DEBE RECLAMARSE COMO PRESTACIÓN ACCESORIA EN LA DEMANDA DE DIVORCIO Y NO COMO ACCIÓN AUTÓNOMA POSTERIOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 149/2009. · Registro digital (IUS): 21547
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 1064.

AMPARO DIRECTO 149/2009. **********

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Argumentación y derecho. Que conforme al planteamiento de los problemas, los conceptos de violación son ineficaces e infundados, por tanto, debe negarse el amparo a la quejosa.

Los argumentos sintetizados en el primer problema propuesto devienen ineficaces, porque están dirigidos a controvertir la actuación de la Juez de primer grado, la cual quedó sustituida procesalmente por la resolución de segunda instancia que constituye el acto reclamado.

Luego, los conceptos de violación deben encaminarse a combatir esta última resolución y si ello no es así, entonces devienen ineficaces. En este sentido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SI LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD GIRAN EN TORNO AL JUEZ A QUO, SON." (registro Ius 204,441).

Por otro lado, los razonamientos en que se apoya el segundo problema, son infundados.

Lo anterior es así porque, contrario a lo que señala la peticionaria de garantías, la responsable hizo una correcta interpretación y aplicación del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, en atención a lo siguiente:

El artículo en cuestión, vigente hasta antes de su decreto derogatorio publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de tres de octubre de dos mil ocho, establece que:

"Artículo 289 Bis. En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que:

"I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes;

"II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y

"III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

"El Juez de lo familiar en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso."

Del contenido del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal que se encuentra incluido en el capítulo X del título quinto del libro primero "Del divorcio", se advierte que la frase "los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización" se refiere a la facultad que tiene el reclamante del divorcio de pedir o no la indemnización ahí prevista, esto es, se trata de un derecho subjetivo, en tanto que puede o no ejercitarse, esto es, es una permisión otorgada al divorciante para hacer u omitir la conducta ahí prevista, con la garantía de la protección judicial, pero no implica que dicha indemnización pueda pretenderse como acción principal en un juicio posterior, ya que la lectura integral del precepto aludido no lleva a ese sentido.

En efecto, al establecer que "en la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio", se colige que el precepto en estudio permite una sola interpretación, la acción indemnizatoria procede si y sólo si se intenta en la demanda de divorcio pues, de otro modo, ningún caso habría tenido que el legislador introdujera el precepto en el capítulo respectivo del Código Civil ni que se ocupara de precisar el acto procesal con el que puede demandarse tal pretensión.

Lo anterior se ve robustecido con el hecho de que en el mismo primer párrafo señala que son los cónyuges los que podrán demandar la indemnización, habida cuenta de que el carácter de cónyuge sólo se tiene mientras subsiste el matrimonio y una vez disuelto éste, el varón y la mujer dejan de tener esa calidad, para ser entonces divorciados o excónyuges.

Luego, si son los cónyuges los que pueden intentar la acción indemnizatoria, es obvio que el legislador quiso referirse a quienes todavía están casados, o sea, a quienes no han sido declarados judicialmente divorciados, ya sea porque no han intentado un juicio de divorcio previo o porque habiéndolo intentado éste no prosperó, lo que guarda toda lógica y congruencia con la primera parte de la premisa en el sentido de que sea a través de la demanda en que apenas se va a solicitar el divorcio en que se reclame tal prestación.

A lo anterior debe agregarse lo dispuesto en la parte final del precepto en estudio, en cuanto a que en la sentencia de divorcio se resolverá lo concerniente a tal indemnización, pues esta premisa termina de redondear la idea de que esa pretensión sólo puede demandarse de manera conjunta y en su carácter de accesoria con la acción de divorcio, pues será en la sentencia que con motivo de la acción principal se dicte en la que se determine o no su procedencia y se fije el porcentaje de indemnización a que tiene derecho el demandante dependiendo de las circunstancias particulares del caso.

Más aún, cabe destacar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro: "DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA." (registro Ius 179,922), también ha considerado tácitamente que la indemnización en estudio sólo puede reclamarse como una prestación accesoria en la demanda de divorcio, pues ha establecido que el artículo 289 Bis del Código Civil constituye una norma de liquidación de un régimen económico matrimonial, que tiene por objeto paliar la inequidad que en esos casos se da.

Luego, si la norma tiene por objeto liquidar un régimen matrimonial, de ello se deduce que el derecho ahí contenido sólo puede ejercitarse cuando se reclama su extinción, lo cual acontece a virtud del divorcio.

Máxime que si bien la tesis aludida no se pronuncia específicamente respecto del tema que aquí ocupa, dentro de la parte considerativa de la ejecutoria (considerando sexto) que dio lugar a tal criterio, la Corte sostuvo lo que a continuación se rescata:

"SEXTO.-En opinión de esta Primera Sala, debe prevalecer en lo esencial lo sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: no viola la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal el que el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal se aplique en juicios de divorcio vinculados con matrimonios contraídos antes de la entrada en vigor de dicho artículo legal. Las consideraciones que sustentan la posición de esta Primera Sala, sin embargo, son sólo parcialmente coincidentes con las desarrolladas por dicho tribunal en apoyo de su criterio. Por ello, el criterio que debe prevalecer será oportunamente sintetizado por esta Sala en la tesis que más adelante se expresa.

"El artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, cuyo posible ámbito de aplicación temporal constituye el objeto de la presente contradicción de tesis, dispone textualmente lo siguiente:

"‘Artículo 289 Bis. En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que:

"‘I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes;

"‘II. El demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y

"‘III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

"‘El Juez de lo Familiar en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.’

Este artículo establece la posibilidad de que los cónyuges -cualquiera de ellos, tanto el que interpone la demanda de divorcio como aquel contra el cual la demanda de divorcio es dirigida- soliciten ante el Juez de lo Familiar, en la demanda de divorcio y ante la perspectiva de disolver el régimen de separación de bienes que disciplinaba sus relaciones patrimoniales, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio.

"Como evidencia la lectura del artículo transcrito, se trata de una indemnización que se solicita y se declara procedente o improcedente por un Juez en el momento en que se presenta la demanda de divorcio y se celebra el consiguiente juicio. Éste es el momento al que la norma refiere su aplicación. Desde la perspectiva del primer párrafo del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, lo que podría plantearse es si la compensación prevista en el artículo citado puede o no aplicarse a las demandas de divorcio presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo (el día uno de junio del año dos mil), caso en el cual la respuesta debería ser posiblemente negativa -éste es un extremo respecto del cual no existe contradicción entre los Tribunales Colegiados en pugna-. Pero sentado esto, desde la perspectiva de la garantía constitucional de la irretroactividad perjudicial de la ley, la aplicación del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contraídos con anterioridad a su entrada en vigor no plantea, en puridad, problema alguno: se trata de una norma sobre liquidación de un régimen económico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones que se realizan después de la entrada en vigor del mismo. No hay, por tanto, aplicación retroactiva de norma alguna."

De las consideraciones apuntadas se desprende que el Máximo Tribunal al interpretar el precepto en cuestión también concluye que la indemnización ahí prevista se solicita y se declara procedente o improcedente por un Juez en el momento en que se presenta la demanda de divorcio y se celebra el consiguiente juicio pues, incluso dice, éste es el momento al que la norma refiere su aplicación.

Considerar lo contrario implicaría, incluso, llegar al absurdo de alterar, por virtud de juicios posteriores, convenios de divorcio en los que los divorciantes no hubieran hecho valer la indemnización, lo que resultaría contrario a la ley.

En esas condiciones, es correcta la decisión de la alzada de confirmar la improcedencia de la acción intentada en el juicio de origen, pues según se desprende tanto del escrito de demanda, como de las copias certificadas de la sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil seis y el auto de cuatro de septiembre siguiente, que la declaró ejecutoriada, derivadas del juicio ordinario civil número 816/2006 del índice del Juzgado Cuadragésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la hoy quejosa siguió contra el hoy tercero perjudicado juicio de divorcio necesario previamente al proceso que nos ocupa, en el que no reclamó la indemnización prevista el citado artículo 289 Bis del Código Civil y por virtud de tal juicio quedaron divorciados.

Luego, es claro que si en su oportunidad, esto es, al haber promovido la demanda de divorcio ante el Juez Cuadragésimo de lo Familiar de esta ciudad no se demandó la indemnización, entonces ya no era dable que lo hiciera de manera autónoma en un juicio posterior pues, como bien dijo la Sala, de conformidad con el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el ejercicio de una acción, en este caso la de divorcio, extinguió el de la indemnización, al no haberse intentado en una misma demanda cuando se trataba de dos acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provenientes de una misma causa; de ahí que carezca de razón la peticionaria del amparo.

Así, resulta también infundado que la Sala no haya precisado las pruebas que sustentaran su determinación pues, como dicha autoridad lo precisó, la improcedencia de la acción se desprende de las constancias procesales, concretamente de los hechos ocho y nueve de la demanda de origen, en los que la inconforme narra la instauración y resolución del juicio de divorcio, así como de las copias certificadas del juicio ordinario civil 816/2006, del índice del Juzgado Cuadragésimo de lo Familiar del Distrito Federal, que corroboran su dicho, pues de ello se advierte que la acción indemnizatoria se pretendió de manera autónoma y posterior a la de divorcio, lo que actualizó su improcedencia.

En ese orden de ideas, es también infundado el argumento que da lugar al tercer problema pues, según se advierte, la sentencia reclamada está debidamente fundada y motivada.

Conforme a la jurisprudencia del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." (registro Ius 910,973), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fundamentación implica la cita del precepto legal aplicable al caso, en tanto que la motivación son las razones, motivos o circunstancias especiales que llevan a la autoridad a concluir que el negocio encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En la especie, la fundamentación del acto reclamado se sustenta en los artículos 289 Bis del Código Civil, 140, 327, fracción VIII, 379, 380, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, así como en las tesis de los rubros: "AGRAVIOS. EXAMEN DE LOS.", "INDEMNIZACIÓN ENTRE CÓNYUGES SUJETOS AL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LAS BASES PARA SU LIQUIDACIÓN Y EL MONTO DEBEN DETERMINARSE EN LA SENTENCIA DE DIVORCIO." y "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.", en tanto que la motivación se acredita con las consideraciones emitidas para confirmar la sentencia primaria, pues a través de esos razonamientos se demostró la aplicación de los preceptos y tesis que han servido de fundamento; de ahí que la resolución esté debidamente fundada y motivada.

Dado lo expuesto a lo largo de esta ejecutoria, es también infundado el argumento que da lugar al cuarto problema porque, en la especie, sí se cumplieron las formalidades del procedimiento a favor de la quejosa.

Ello es así, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dichas formalidades están encaminadas a salvaguardar la garantía de audiencia a través de la observancia ineludible en todo procedimiento de los siguientes requisitos:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.

3) La oportunidad de alegar.

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En la especie, la quejosa es parte actora en el proceso de origen, por lo que en su favor no debía cumplirse la formalidad de emplazarla a juicio.

Por escrito presentado el quince de abril de dos mil ocho, ofreció pruebas y en audiencia de cinco de septiembre de dos mil ocho, se desahogó el periodo de alegatos, el que no fue aprovechado por la actora, porque no compareció a la misma.

La sentencia dictada resolvió la controversia de origen, decretando improcedente la acción, misma que fue confirmada por la autoridad responsable, de donde se colige que no hubo violación a las formalidades del procedimiento.

Máxime que como puede advertirse de las consideraciones que sustentan esta ejecutoria, el acto reclamado es correcto, por tanto, se estiman observadas las formalidades a que se refiere la peticionaria de garantías. En este sentido: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." (registro Ius 900,218).

Por último, con base en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO." (registro Ius 168,754) y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado considera que la tesis que sobre fundamentación y motivación cita la quejosa es aplicable pero en su perjuicio pues, como se apuntó al resolver el tercer problema, la sentencia sí cumple con tal garantía.

Y en cuanto a la tesis del rubro: "DIVORCIO. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE EL DEMANDANTE SE DEDICÓ EN EL LAPSO EN QUE DURÓ EL MATRIMONIO, PREPONDERANTEMENTE AL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL HOGAR Y, EN SU CASO, AL CUIDADO DE LOS HIJOS (ARTÍCULO 289 BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).", resultan inaplicables al caso, en provecho de la quejosa porque, en primer lugar, se trata de una tesis aislada que no obliga a este tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo y con independencia de que se comparta o no el criterio en ella sustentado, lo cierto es que de la misma no se desprende que la acción indemnizatoria intentada proceda de manera autónoma a la principal de divorcio, que es el aspecto a dilucidar.

En conclusión, como la acción indemnizatoria prevista en el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal tiene el carácter de accesoria y, por ende, para su procedencia debe intentarse junto con la principal de divorcio, lo que no sucedió en la especie, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y con apoyo, además en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** por su propio derecho, contra el acto de la autoridad que quedó precisado en el proemio de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los envió y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos de los señores Magistrados, Sara Judith Montalvo Trejo y Julio César Vázquez-Mellado García, en contra del voto particular del Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, presidente, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos y de conformidad con lo previsto por los artículos 37, 38, 39, 79, fracciones I, II, V; 80, 82 y 85 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21547-5b14309f/indemnizacion-prevista-en-el-articulo-289-bis-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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