SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que dictó una de las resoluciones que se denuncian como opositoras.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el amparo directo 09/2009, en sesión de dos de abril de dos mil nueve, en lo que interesa a la presente contradicción, sostuvo:
"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación de la demanda de garantías, en atención a las siguientes consideraciones:
"...
"Precisado lo anterior, debe señalarse que en el concepto de violación marcado erróneamente como único, se argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional, debido a que la Sala responsable reconoce la validez del crédito fiscal impugnado, sustentado en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, el cual la quejosa considera transgresor de la garantía de legalidad de los tributos prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, y de la garantía del principio de reserva de la ley contenida en el artículo 133 (sic) constitucional, ya que el citado dispositivo permite al Instituto Mexicano del Seguro Social determinar las cuotas obrero patronales, considerando ‘... los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere más probables ...’, lo que en opinión de la amparista, introduce elementos de valoración que inciden de forma directa en la base gravable del tributo, es decir, de uno de los elementos esenciales de los impuestos, que constitucionalmente sólo pueden ser regulados por una norma que formalmente tenga el carácter de ley emitida por el Poder Legislativo Federal, y no por un ordenamiento secundario emitido por el titular del Ejecutivo Federal.
"En este orden de ideas, la inconforme afirma que considerando que el numeral 18 tildado de inconstitucional, es reglamentario de la facultad conferida en el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, el cual regula la determinación de contribuciones al amparo de las bases establecidas en este último precepto, y tomando en cuenta también, que en materia tributaria el principio de reserva de la ley se aplica en forma relativa; no obstante lo anterior, la determinación de las cuotas obrero patronales a que alude la norma cuestionada, no debe sustentarse en los datos que el Instituto Mexicano del Seguro Social considere más probables de acuerdo con sus experiencias, porque tal fuente de información no se considera en la ley que pretende reglamentar, sino sólo aquella que resulte del ejercicio de sus facultades de comprobación, o bien a través de los expedientes proporcionados por otras autoridades, pues de lo contrario se legitimaría al instituto demandado, hoy tercero perjudicado, a fijar el cuantum del tributo con alcances ilimitados, tal como lo ha considerado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis: ‘SEGURO SOCIAL. REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. SU ARTÍCULO 18 ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).’, cuyos datos de localización se citaron en el libelo de garantías.
"Este Tribunal Colegiado encuentra infundado el concepto de violación bajo análisis, pues del análisis a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, se desprende que dicho ordenamiento secundario no transgrede el principio constitucional de legalidad tributaria, al permitir que el Instituto Mexicano del Seguro Social determine la base gravable de las cuotas obrero patronales, con base en los datos que considere más probables de acuerdo con sus experiencias; y asimismo, tampoco se observa que dicha regulación vulnere el diverso principio constitucional de reserva de la ley, en razón de que la mencionada facultad conferida a esa institución de seguridad social, no rebasa de manera alguna la previsión contenida en el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, tal como se advierte de la interpretación armónica de ambos numerales, que para su mejor comprensión en lo conducente se transcriben a continuación:
"‘Ley del Seguro Social.
"‘Artículo 251.’ (lo transcribe).
"‘Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado.
"‘Artículo 18.’ (lo transcribe).
"De lo antes transcrito, se colige que si bien es cierto que el artículo 18 tildado de inconstitucional, otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social la facultad para determinar de forma estimativa la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados, en los casos que no pueda obtener la información necesaria para fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido al no habérsela proporcionado el patrón, aplicando, en su caso, los datos que de acuerdo con sus experiencias considere como probables; y siendo también cierto que el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, no contempla el ejercicio de esa facultad, con igual redacción a la contenida en el numeral 18 reglamentario.
"Sin embargo, no menos cierto resulta que al disponer el indicado artículo 251 que el referido instituto tiene, entre otras facultades, la de determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas ‘... aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal’, esa diferencia en la redacción del precepto, no trae consigo diferencia conceptual con la potestad contenida en el reglamento combatido, en razón de que la Ley del Seguro Social de donde emana, en la fracción XV del numeral en cita prevé la misma facultad de determinación siguiendo el procedimiento estimativo, pero el legislador utilizó para establecerlo una redacción distinta, que atiende a que los datos y hechos con los que cuenta el citado instituto, derivados del ejercicio de sus facultades de fiscalización, constituyen el acervo de experiencia que tiene como autoridad fiscal y que derivan precisamente del ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, a través de las cuales adquiere el conocimiento de los elementos necesarios a considerar para, de forma estimativa, aplicarlos a contribuyentes respecto de quienes no tiene información, ante el incumplimiento de sus obligaciones.
"En este contexto normativo y reglamentario, el artículo 18 combatido ninguna violación infringe a los principios de legalidad y de reserva de la ley, contenidos en los artículos 31, fracción IV y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, como incluso se desprende del análisis realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar en sesión de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisión número 1262/99, y que para su pronto conocimiento, en lo conducente se transcribe a continuación:
"‘En efecto, le asiste la razón al recurrente, pues como lo sostiene, el establecimiento de la facultad en el citado artículo 18 del reglamento impugnado, de aplicar el procedimiento estimativo para fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se hayan omitido, mediante la utilización de los datos con los que cuente el instituto, y aun de aquellos que, de acuerdo con su experiencia, considere como probables, no viola el principio de legalidad, toda vez que tal procedimiento estimativo, en lo que se refiere a la facultad de fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido y a los datos que deban tomarse en cuenta para hacer tal liquidación, se encuentra contemplado en el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, similar en contenido al artículo 240, fracción XV, de la Ley del Seguro Social anterior.
"‘Así es, pues el artículo 251, fracción V, de la Ley del Seguro Social actualmente en vigor, en la parte conducente establece:
"‘«Artículo 251.» (lo transcribe).
"‘A su vez, el artículo 240, fracción XV, de la anterior Ley del Seguro Social, previene:
"‘«Artículo 240.» (lo transcribe).
"‘Por su parte, el artículo 18 del reglamento, en la parte que interesa dispone: (lo transcribe).’
"Como se advierte, de los tres preceptos legales y reglamentario reproducidos, se establecen facultades a favor del instituto para determinar las cantidades derivadas del incumplimiento de obligaciones por parte de las personas obligadas, e igualmente se señala, en similares términos, la forma como ha de hacerse dicha determinación, coincidiendo en precisar que, para tal efecto, se tomarán en cuenta los datos con los que cuente el instituto y los que, de acuerdo con sus experiencias, considere como probables.
"En tal virtud, la atribución prevista expresamente en la fracción XV del artículo 248 (sic) de la Ley del Seguro Social anterior, consistente en implementar un procedimiento estimativo para determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas, aplicando en su caso los datos con los que cuente o los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, reproducida en el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social en vigor, constituye una facultad genérica; en tanto que, la inclusión en el reglamento de la atribución de fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido aplicando en su caso los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probable, constituye una facultad específica; en tal virtud, al encontrarse prevista la primera en la ley y la segunda en el reglamento, este último no transgrede el principio de legalidad, toda vez que el precepto que la contiene, no hace más que reiterar, en la medida que lo indica, la disposición original prevista en el texto legal reglamentado.
"No es obstáculo a la anterior conclusión el hecho de que el artículo 15, fracción VI, de la Ley del Seguro Social no contemple la facultad de la autoridad exactora para aplicar un procedimiento estimativo para fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, mediante la utilización de datos con los que cuenta el instituto y los que de acuerdo con su experiencia, considere como probables, porque no sólo en ese precepto legal, se contienen facultades a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para fijar en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, pues como ya se vio en el artículo 240, fracción XV, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete, y artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se establece la hipótesis legal genérica que señala que el instituto tiene la facultad de determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas, aplicando, en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus expedientes considere como probables. Esta determinación constituye, en términos generales, la forma que establece la ley, de cómo deben obtenerse las cantidades importe de las obligaciones incumplidas, y revela que el procedimiento concreto que se contempla en el artículo 18 del reglamento, no hace más que fijar con precisión el alcance y contenido de la indicación que al respecto se da en la ley, puesto que provee al instituto, del procedimiento necesario para que ejerza la facultad que le otorga la ley, de utilizar los datos con los que cuente y los que considere probables, a efecto de obtener el salario base de cotización ...
"Es aplicable sobre el particular la tesis de jurisprudencia 4/93, sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y que esta Sala comparte, visible en la página 11 del Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘SEGURO SOCIAL. REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. SU ARTÍCULO 18 NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.’ (la transcribe).
"Luego entonces, conforme a las consideraciones antes transcritas, que este Tribunal Colegiado hace suyas para resolver la presente controversia, es que se concluye que el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, no viola la garantía de legalidad tributaria, al establecer que para el propósito de liquidar las cuotas obrero patronales, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá aplicar los datos con los que cuente, y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, pues como se vio, dicha determinación constituye, en términos generales, la forma que establece la ley de cómo deben obtenerse las cantidades importe de las obligaciones incumplidas, a efecto de obtener el salario base de cotización; y por lo mismo, acorde con lo razonado en párrafos anteriores, es que se conoce que el numeral reglamentario tildado de inconstitucional, tampoco viola el principio de reserva de la ley, porque no excede la regulación contenida en el artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, ya que el procedimiento de determinación estimativa, no hace más que fijar con precisión el alcance y contenido de la indicación que al respecto se da en la ley, puesto que provee al instituto del procedimiento necesario para que ejerza esa facultad legal, siendo por todas estas razones, que resultan infundadas las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la amparista en el concepto de violación bajo análisis.
"En mérito de lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis clave VI.1o.A.219 A visible bajo el rubro: ‘SEGURO SOCIAL. REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. SU ARTÍCULO 18 ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).’; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1793, y que conforme a lo publicado, se originó al fallar ese cuerpo colegiado, el juicio de amparo directo número 397/2006.
"Razón por la cual, conforme al procedimiento previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, con testimonio autorizado de esta resolución y del diskette que contenga el archivo informático correlativo, remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el precedente judicial antes señalado, y por este Tribunal Colegiado, acorde a lo expuesto en párrafos anteriores."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 397/2006, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil siete, en la parte que interesa, consideró:
"... QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer, por razón de técnica jurídica, se estudiarán en un orden distinto a aquel en el que fueron planteados, atendiendo al principio de mayor beneficio en el examen de los planteamientos de la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (la transcribe).
"...
"Ahora bien, en el segundo concepto de violación (fojas 6 y 7), el quejoso sostiene que la sentencia reclamada es ilegal, en razón de que no obstante conforme a lo dispuesto por la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de tener la facultad de determinar créditos fiscales aplicando las experiencias que considerara como probables; respecto del tema, la responsable sostiene que dicha atribución deriva del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, con lo que le está concediendo mayor jerarquía al reglamento que a la ley de la materia.
"En mérito de ello, el quejoso sostiene que la Sala violentó los principios constitucionales de división de poderes y de primacía de ley, al sostener que el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, le concede a las autoridades del instituto mayores facultades que las consignadas en la propia ley, cuya única función es desarrollarla y complementarla, por lo que si en el caso a estudio la Ley del Seguro Social no confiere a las ahora tercero perjudicadas facultades para determinar créditos fiscales, aplicando los datos que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, tampoco puede hacerlo el presidente de la República al expedir el citado reglamento, como ilegalmente lo estimó la Sala.
"Aunado a lo anterior, sostiene el quejoso que el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, es violatorio del principio constitucional de reserva de ley, puesto que va más allá del contenido del artículo 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, al establecer que el instituto podrá determinar créditos fiscales aplicando los datos que de acuerdo a sus experiencias considere como probables, con lo que introduce como otro elemento de las cuotas obrero patronales la estimación presuntiva de su base, lo que a su vez transgrede el principio de legalidad tributaria del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Asiste razón al quejoso.
"En efecto, del resumen antes realizado al segundo concepto de violación hecho valer en la demanda de garantías, se constata que el tema de litis consiste en determinar si el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, es inconstitucional porque su contenido rebasa las atribuciones conferidas al instituto en la Ley del Seguro Social, en contravención al principio de reserva de ley, y porque en consecuencia, al establecer que el instituto podrá determinar créditos fiscales aplicando los datos que de acuerdo a sus experiencias considere como probables, violenta el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al establecer presuntivamente y en una disposición reglamentaria la forma en que se integra la base de las cuotas obrero patronales.
"En relación con lo anterior, como consideración previa al estudio que se realice sobre el tema de inconstitucionalidad planteado, conviene señalar que en tratándose de la nueva Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y en vigor desde el primero de julio de mil novecientos noventa y siete (inicialmente se previó en el artículo primero transitorio de la citada ley, que ésta entraría en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y siete; sin embargo, mediante reforma al citado artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se estableció que la legislación entraría en vigor hasta el primero de julio siguiente), en el artículo segundo transitorio del ordenamiento legal en cita, se sostuvo que en tanto se expidieran las disposiciones reglamentarias correspondientes, continuarían aplicándose las disposiciones reglamentarias de la anterior Ley del Seguro Social, en tanto no se opusieran a lo señalado en el nuevo texto normativo.
"El citado artículo segundo de las disposiciones transitorias de la nueva Ley del Seguro Social, establece lo que sigue:
"‘Transitorios. ... Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se opongan al presente ordenamiento.’
"Al respecto, el tema relativo a los alcances jurídicos de los artículos transitorios, así como a las facultades de que goza el legislador para hacer uso de la facultad normativa mediante disposiciones legales de ese carácter, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que cuando el órgano legislativo recupera mediante artículos transitorios de la nueva ley, la preceptiva reglamentaria de la ley anterior, hasta en tanto se expida el reglamento de la primera, no invade con ello la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo, ni implica, por ese solo acto jurídico, que ejerza la facultad reglamentaria ajena a sus atribuciones. Inclusive, en cuanto al carácter de las disposiciones transitorias, es criterio del Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, que si bien tales preceptos legales en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionan, ya sea mediante la fijación del periodo de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, lo cierto es que la disposición transitoria forma parte integrante del ordenamiento legal.
"Los criterios antes aludidos, se identifican con la tesis P. XX/96, así como con la jurisprudencia 234, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera, publicada en la página 465, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la segunda, visible en la página 282, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, cuyos respectivos contenidos son los siguientes:
"‘REGLAMENTOS. EL LEGISLADOR ESTÁ FACULTADO PARA MANTENER TRANSITORIAMENTE SU VIGENCIA, AUN CUANDO LA LEY QUE DETALLABAN HUBIESE SIDO DEROGADA O ABROGADA.’ (la transcribe).
"‘IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO TRANSITORIO DE UNA LEY. NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD.’ (la transcribe).
"Con base en lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los alcances de las disposiciones transitorias de un ordenamiento legal, se concluye que tales preceptos tienen como fin primordial regular un tema de legalidad relativo a la aplicación correcta de la norma jurídica, pudiendo prever inclusive que la preceptiva reglamentaria de una ley anterior, continúe vigente hasta en tanto se expida el reglamento de la nueva legislación, con el fin de evitar problemas de aplicación temporal y material de la norma ante la ausencia de disposiciones reglamentarias; sin embargo, dado el carácter de los artículos transitorios, no es dable estimar que a virtud de éstos se regulen o eviten problemas de constitucionalidad, puesto que tales aspectos están reservados, en términos del control concentrado de la constitucionalidad que rige en nuestro orden jurídico, a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo expuesto, se tiene que cuando en un artículo transitorio se establece la aplicación de los reglamentos vigentes de una legislación anterior, en tanto no se opongan con el contenido de la nueva ley, se regula el ámbito temporal y material de validez de la norma, traducido en un tema de legalidad que busca evitar la contradicción o antagonismo entre las instituciones jurídicas reguladas en la norma primaria y la secundaria; empero, si se está en presencia de un problema de regulación excesiva o de rebase de las disposiciones reglamentarias frente a la ley de la que emanan, no es dable establecer en una disposición transitoria que se deberá continuar la aplicación de los reglamentos en tanto no excedan el contenido de la ley, puesto que ello significaría dejar al arbitrio de las autoridades administrativas la determinación de los casos en que la norma secundaria rebasa a la primera, fomentando con ello el control difuso de la constitucionalidad, su examen está reservado a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
"Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, cuyo artículo 18 es tildado de inconstitucional por el quejoso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, en vigor a partir del cuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis, según su artículo primero transitorio; de lo que se advierte que dicho reglamento fue expedido con motivo de la anterior Ley del Seguro Social y, por ende, su vigencia se prorrogó de conformidad con lo señalado en el artículo segundo transitorio de la nueva Ley del Seguro Social, que como se vio anteriormente entró en vigor con fecha primero de julio de mil novecientos noventa y siete.
"En mérito de ello, como se ha señalado con antelación, se tiene que si bien con motivo del artículo segundo transitorio de la nueva Ley del Seguro Social, al establecer que las disposiciones reglamentarias correspondientes a la anterior legislación continuarían aplicándose en tanto no se opusieran a lo señalado en el nuevo texto normativo, dicha disposición regula un problema relativo al ámbito de aplicación temporal y material de las disposiciones reglamentarias, que se traduce en un tema de legalidad; empero, en sentido diverso en el caso a estudio el quejoso plantea un problema de inconstitucionalidad, consistente en que el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado regula en forma excesiva -que no opuesta- un procedimiento de determinación de créditos fiscales omitidos, previsto en la ley.
"Por tanto, este Tribunal Colegiado estima que en la especie se está en presencia de un problema de inconstitucionalidad, puesto que como más adelante se verá, y de conformidad con el planteamiento del quejoso, los artículos 251, fracción XV, de la nueva Ley del Seguro Social y el 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, regulan en ambos casos la facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones, aplicando los datos con los que cuente, pero introduciéndose en la disposición reglamentaria que el instituto también podrá determinar tales cuestiones aplicando los datos que de acuerdo a sus experiencias considere como probables, radicando en ese aspecto el tema de inconstitucionalidad planteado, y que por ello, no se estima opuesto al contenido de la norma primaria, por no regular en sentido antagónico o contrario a la misma institución jurídica, o figuras jurídicas diversas, sino que el tema consiste en dilucidar si el reglamento contiene un elemento normativo que rebasa -no que se opone- al contenido de la norma primaria; por todo lo cual, a continuación se procederá al examen del concepto de violación planteado.
"A mayor abundamiento, importa señalar también que el aludido artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, en su segundo párrafo tildado de inconstitucional, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, en cuya parte inicial sostuvo lo que sigue:
"‘Decreto que reforma el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. ... Artículo primero. Se reforman los artículo 5o., fracción III
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21721-e0f71cef/seguro-social-el-articulo-18-del-reglamento-obligatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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