INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS QUE EL JUZGADOR VALORE NUEVAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTERIORES DE EJECUCIÓN DEL DELITO Y LAS PECULIARES DEL SENTENCIADO AL MOMENTO DE IMPONER LAS SANCIONES.
AMPARO DIRECTO 184/2009. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. En relación con la individualización de las penas alegan los quejosos que la Sala responsable violó en su perjuicio los numerales 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal al momento de determinar su grado de culpabilidad, pues el mismo resultó elevado porque la naturaleza de la acción, los medios empleados, la magnitud del daño causado, así como las circunstancias de los delitos y su posibilidad de ajustarse a la norma son de poca consideración y relevancia, así como su grado de intervención mínimo, pues no tenían en todos los casos ningún vínculo con la víctima, así como que son sujetos de fácil regeneración dadas sus circunstancias personales, máxime que la responsable no tuvo conocimiento de sus personas, por lo que debió fijarles un grado de culpabilidad mínimo, porque era básico saber su grado de peligrosidad, máxime que no tienen antecedentes penales y sus estudios de personalidad les resultaron favorables.
Lo anterior se estima infundado, en virtud de que de la sentencia reclamada se advierte que para individualizar la pena el ad quem atendió a lo dispuesto por los artículos 70 y 72 del citado ordenamiento legal, pues luego de tomar en consideración las condiciones exteriores de ejecución del delito, como el hecho de que la naturaleza de las acciones que se les imputaron fueron dolosas y que utilizaron como medio de comisión sus propias facultades físicas al ejercer violencia moral para lograr los respectivos desapoderamientos; que la magnitud del daño causado fue considerable en atención al momento de lo robado en cada caso específico y que sólo se recuperó en el robo en contra de la empresa ********** $5,020.00 cinco mil veinte pesos de los $42,150.00 cuarenta y dos mil ciento cincuenta pesos de que fue desapoderado ********** empleado de esa persona moral, que al momento de los hechos el peticionario de amparo se encontraba en condiciones fisiológicas y psíquicas normales; que lo que lo motivó a perpetrar la conducta ilícita fue obtener un lucro fácil; que tenían la capacidad de comprender los elementos objetivos del delito, por lo que les era exigible otra conducta, así como las características personales de los quejosos, ya que ********** dijo tener ********** en tanto que ********** señaló contar con ********** lo cual condujo a la Sala responsable a considerar que el grado de culpabilidad de los peticionarios de amparo era superior al mínimo (1/16 un dieciseisavo de la gráfica de puniciones), por lo que adecuadamente consideró contrario a su dicho, que con tal grado se cumplía con los fines de justicia, prevención general y prevención especial y, por tanto, es infundada también su pretensión en el sentido de que debió fijársele un menor grado de culpabilidad, pues en términos del artículo 72 del Código Penal del Distrito Federal, el juzgador al dictar sentencia condenatoria determinará la pena o medida de seguridad establecida en la ley para cada delito, individualizándolas dentro de los límites (mínimo y máximo) señalados en la misma, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, por lo que si estableció que la gravedad del daño fue considerable y determinó un grado de culpabilidad apenas superior al mínimo, imponiendo la pena acorde al grado de culpabilidad por los delito y agravantes acreditadas en cada caso específico, en nada se causó violación a los artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito Federal, referentes a la individualización de las penas a quien comete un delito.
Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.P. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable a página 1326 del Tomo XIX, junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. CUANDO NO SE IMPONE LA MÍNIMA DEBEN RAZONARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES AL REO QUE INFLUYERON EN EL JUZGADOR PARA AUMENTARLA. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que estime justo dentro de los mínimos y máximos señalados en la ley; por tanto, no está obligado a imponer la pena mínima conforme a las tesis de jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, páginas 178 y 182, respectivamente, de rubros: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.’ y ‘PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA.’; sin embargo, esa discrecionalidad debe basarse en las reglas normativas de la individualización de la pena, y cuando no se fija la peligrosidad del acusado como mínima, la autoridad está obligada a señalar y fundar las razones por las cuales aumentó -poco o mucho- la sanción, mediante el análisis de las circunstancias favorables y desfavorables al reo, lo que no ocurre cuando sólo se mencionan sus características tales como la edad, ocupación, si es delincuente primario, la forma en que realizó el delito, grado de intervención, etcétera, pues si no se analizan dichas circunstancias ello implica que el juzgador realice esa cuantificación con base en apreciaciones subjetivas, atendiendo a la conciencia o ánimo en que se encuentre al momento de resolver el asunto, lo que jurídicamente es inadmisible, en virtud de que conforme al artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario se basa en la readaptación y no en el castigo; por tanto, resulta ilegal que no se consideren las circunstancias favorables al sentenciado, cuando no hay en su contra aspectos que le perjudiquen como sería la reincidencia o proclividad a las conductas delictivas."
De igual forma es aplicable al caso la jurisprudencia 246, consultable en la página 182 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, que a la letra dice: "PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA. El juzgador no está obligado a imponer la pena mínima, pues de lo contrario desaparecería el arbitrio judicial y la individualización de la pena no sería discrecional como lo establece la ley, sino un acto reglado u obligatorio."
Así, tomando en consideración lo señalado en apego a lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, la Sala responsable determinó el grado de culpabilidad destacado, lo cual no viola sus garantías individuales, puesto que atendiendo a las características personales de los quejosos, mismas de las que emitió un juicio de valor la responsable, arribó a esa conclusión, tras considerar que, dada su edad e instrucción poseía plena capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de conducirse de acuerdo con esa comprensión.
Se afirma lo anterior, puesto que el hecho de que los peticionarios de amparo resultaran en sus respectivos estudios de personalidad que les fueran practicados, con una adaptabilidad social media y capacidad criminal baja, son circunstancias personales del quejoso que la Sala correctamente consideró para determinar su grado de culpabilidad, por lo que realizó una correcta aplicación de lo dispuesto por los artículos 70 y 72, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que el párrafo 2o. del artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal preveía hasta el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, lo siguiente:
"Artículo 52. En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:
"... 2o. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas."
Empero, dicho numeral fue reformado por el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, entrando en vigor el primero de febrero de ese mismo año, para quedar como sigue:
"Artículo 52. El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:
"I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;
"II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;
(Reformada por el artículo segundo del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecisiete de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, en vigor el primero de octubre del mismo año para quedar como sigue):
"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
"IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
(Reformada por el artículo segundo del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecisiete de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, en vigor el primero de octubre del mismo año para quedar como sigue):
"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o pueblo indígenas, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
"VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
"VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma."
Ahora bien, el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal es del tenor siguiente:
"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:
"I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
"II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;
"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
"IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir.
"Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
"VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;
"VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
"VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
"Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes."
Del análisis comparativo de lo transcrito en el artículo 52 del Código Penal local antes de su reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, así como el que entró en vigor el primero de febrero de ese mismo año, y del numeral 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se desprende que en la actualidad los antecedentes penales no deben tomarse en cuenta para individualizar la sanción condigna a éste al momento de sancionarlo por la comisión de un delito, por las siguientes razones:
I) El párrafo 2o. del artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal, antes de su reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, preveía que para la imposición de las sanciones debía tomarse en consideración, entre otras, la conducta precedente de un acusado.
II) Al ser reformado el artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, entrando en vigor su reforma el primero de febrero del mismo año, el legislador ya no contempló para la individualización de las penas la conducta precedente de un acusado, es decir, se propuso fijar nuevos criterios al abordar el análisis de dicho extremo a fin de que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantifique justamente la pena a imponer, de lo que se sigue que se abandona en esos aspectos el criterio de peligrosidad, toda vez que para la imposición de la pena sólo se ha de castigar al delincuente por lo que ha hecho y no por lo que fue.
En efecto, a partir de esta fecha por culpabilidad ha de entenderse el conjunto de circunstancias relevantes que sirven para determinar la posibilidad que tuvo el agente del delito de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; de tal manera que la cantidad de culpa está en relación directa con la cantidad de pena a imponer.
La peligrosidad es un término acuñado por la escuela positiva y denota la probabilidad de que el activo del delito vuelva a cometer otra conducta penalmente relevante. Es, en suma, una circunstancia personal del delincuente que lo hace socialmente temible por su malignidad, esto es, la perversidad constante y activa que se debe esperar de parte del mismo autor del delito.
Es por ello que se reformó el artículo 52 del Código Penal y que a partir del primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro establecía: "El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente ...", con lo cual se logró pasar de un Código Penal de conducta de vida a uno de culpabilidad por el hecho cometido; esto es, ya no se castiga por los antecedentes penales del autor sino solamente por el hecho que se está juzgando.
Misma situación prevalece en la actual redacción del artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente:
"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta: ..."
Con la salvedad de que este Nuevo Código Penal ya no toma en cuenta la conducta precedente del activo del delito.
De lo antes reseñado se puede apreciar que el espíritu del legislador al sustituir la concepción de la peligrosidad por el de culpabilidad, consistió en ordenar al juzgador que al momento de individualizar la pena tome en cuenta, por un lado, los aspectos objetivos del hecho ilícito para obtener de ello la gravedad del delito y los ponga en uno de los platillos de su balanza de justicia; después, en otro platillo coloque las circunstancias subjetivas del acusado sin tomar en consideración los antecedentes penales anteriores, para determinar el grado de culpabilidad que revela el justiciable y con base en ello una vez balanceadas imponer las sanciones correspondientes; en síntesis, lo que se pretende con esa reforma es que se sancione al sujeto activo por el hecho antijurídico que cometió no por lo que hizo anteriormente.
En tal tesitura, desde el primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro la punición se impondrá con base en la determinación del grado de culpabilidad del justiciable; esto es, se abandona el criterio de peligrosidad, por tanto, ya no debe tomarse en consideración la conducta precedente para que se sancione ahora al sujeto activo del delito sólo por el hecho antijurídico que cometió, no por lo que hizo anteriormente, toda vez que se hace hincapié en que estamos desde mil novecientos noventa y cuatro frente a un código de culpabilidad por el hecho cometido y no de peligrosidad que castiga la conducta de vida o el pasado de un delincuente.
Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 166/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 111 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, que establece: "CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 70 a 77 del Código Penal para el Distrito Federal, que regulan las reglas de aplicación de las penas, se desprenden dos reglas distintas, una general, aplicable a todos los delitos y otra específica, que resulta aplicable sólo a los delitos culposos, la primera de ellas se encuentra comprendida en los artículos 70 y 72, mientras que la segunda se integra con lo dispuesto en la regla general así como en el artículo 77 del ordenamiento legal en cuestión. Debe advertirse que en la regla general de referencia no se encuentra expresamente establecido que el juzgador al fijar el grado de culpabilidad del inculpado e individualizar las penas a imponer deba tomar en consideración sus antecedentes penales, lo cual no ocurre en la regla específica, aplicable sólo a los delitos culposos, ya que expresamente se establece que en la hipótesis apuntada deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, si el inculpado ha delinquido en circunstancias semejantes. Ahora bien, como en nuestro sistema jurídico impera la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, debe concluirse que al fijar el grado de culpabilidad de un inculpado e individualizar las penas a imponérsele, conforme a la regla general en cuestión, no deben tomarse en cuenta sus antecedentes penales, pero cuando se trate de delito culposo, al cual le resulta aplicable la indicada regla específica, sí debe tomarse en consideración ese dato, por así disponerlo expresamente la ley; dicha conclusión se corrobora con los antecedentes legislativos de las normas en cuestión, puesto que antes de la expedición del actual Código Penal para el Distrito Federal, en esta capital era aplicable el Código Penal Federal, en cuyos artículos 50 y 52 se establecen las circunstancias que deben ser tomadas en consideración al individualizar las penas, legislación que antes del diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, esencialmente atendía al grado de peligrosidad o temibilidad del inculpado, abandonándose esa corriente doctrinaria a partir de la fecha indicada, para adoptarse la figura del reproche de culpabilidad, según se señaló en la exposición de motivos del decreto de referencia, con la finalidad de que con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantificara justamente la pena a imponer, exponiéndose expresamente que se abandonaba en esos aspectos el criterio de temibilidad o peligrosidad porque si bien era un principio orientador de las medidas cautelares, no debía serlo para la pena, ya que sólo se debía castigar al delincuente por el hecho cometido y no por lo que era o por lo que fuera a hacer."
De todo lo anterior se evidencia lo infundado de los conceptos de violación que esgrime el quejoso en torno a la individualización de la pena, pues la Sala no consideró si el impetrante tenía antecedentes penales o no, y sí analizó los resultados arrojados por sus estudios de personalidad, la gravedad de los hechos y el daño causado, así como las peculiaridades de los hoy impetrantes de garantías, destacándose que efectivamente la magnitud del daño causado fue considerable en atención al momento de lo robado en cada caso particular en el que participaron cada amparista por su cuenta con algún otro sujeto, o bien, en el que lo hicieron conjuntamente con dos sujetos más, aunado a que efectivamente la naturaleza de la acción (dolosa) y los medios empleados para su consecución (violencia moral y violencia moral equiparada) son circunstancias que no favorecen a los quejosos; por tanto, aun cuando en su estudio de personalidad resultaron con una peligrosidad baja y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que sí se pueden considerar los estudios de personalidad al individualizar las sanciones, existieron otras circunstancias exteriores del delito que llevaron a la responsable a estimar ese grado de culpabilidad superior al mínimo, ya que al momento de imponer las sanciones el juzgador puede valorar las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares del sentenciado, esto es, la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión, los medios empleados para cometerla, las circunstancias de lugar, modo y tiempo de comisión, la lesión o daño ocasionado al bien jurídico protegido, y la forma y grado de intervención del agente, toda vez que no está prohibido por alguna ley que el juzgador analice estos aspectos tanto al realizar la declaratoria de existencia del delito y la atribuibilidad de su comisión al autor del mismo, como al momento de individualizar las sanciones, pues en un primer momento las valora a fin de realizar la respectiva declaratoria de la existencia del delito y la conformación de sus elementos y, en la segunda, para imponer penas, ya que así lo ordena el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, que se reitera refiere que para imponer una pena el Juez debe atender a la gravedad del ilícito y grado de culpabilidad del agente, lo cual sin duda sólo es determinable atendiendo, entre otras cosas, a las circunstancias exteriores que rodearon la conducta delictiva, así como a las peculiares del procesado sin incluir sus antecedentes.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 175/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2007-PS, visible en la página 100 del Tomo XXVII, marzo de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que es del tenor literal siguiente:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).-Del análisis de los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal se advierte una regla general aplicable para la individualización de las penas, que establece que los Jueces y los tribunales impondrán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del delincuente; asimismo, el último párrafo del citado artículo 72 expresamente establece que para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador debe tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerir los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes. Ahora bien, de este precepto destaca la expresión ‘en su caso’, la cual indica que el legislador otorga libertad al juzgador para requerir dichos dictámenes y tomarlos en cuenta; de ahí que no sea obligatorio. Por ello y atento a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, se concluye que conforme a lo expresamente previsto en el último párrafo del indicado artículo 72, al individualizar las penas a imponer, el juzgador puede tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado, lo que se corrobora con el primer párrafo del artículo 70 y las fracciones VI, VII y VIII del artículo 72 de dicho código, según los cuales el legislador previó que al individualizar la pena deben considerarse las peculiaridades del delincuente, entre las que se encuentran aspectos reveladores de su personalidad como un dato indicativo del ámbito de autodeterminación del autor necesario para apreciar por qué adoptó una resolución de voluntad antijurídica."
De igual forma, es de anotarse que este tribunal ha sostenido el mismo criterio al resolver los juicios de amparo D.P. 1990/2004, D.P. 3080/2004, D.P. 117/2009 y D.P. 163/2009, contenido en la tesis I.10o.P.13 P, que se formó con motivo de la resolución del primero de dichos controvertidos constitucionales, publicada en la página 1363 del Tomo XX, diciembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de esta Novena Época, que literalmente establece:
"-No es violatorio de garantías el hecho de que el Juez valore nuevamente, al momento de imponer las sanciones, las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares del sentenciado, esto es, la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión, los medios empleados para cometerla, las circunstancias de lugar, modo y tiempo de comisión, la lesión o daño ocasionado al bien jurídico protegido, y la forma y grado de intervención del agente, toda vez que no está prohibido por alguna ley que el juzgador analice estos aspectos tanto al realizar la declaratoria de existencia del delito y la atribuibilidad de su comisión al autor del mismo, como al momento de individualizar las sanciones, pues en las primeras hipótesis las valora a fin de realizar la respectiva declaratoria y, en la segunda, para imponer penas, ya que así lo ordena el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal."
En esas condiciones, se estima que la Sala responsable determinó correctamente imponerles por cuanto hace al ilícito cometido en agravio de ********** la pena por el tipo básico de robo de cuatro años cuatro meses quince días de pena de prisión, por lo que hace a la calificativa de pandilla les impuso dos años dos meses siete días más de prisión, en cuanto a la diversa circunstancia agravante de transeúnte les impuso dos años tres meses de pena privativa de la libertad y por la diversa circunstancia agravante de violencia moral equiparada les aumentó la pena en dos años tres meses, resultando un total por lo que hace a tal injusto penal de once años veintidós días de pena de prisión para cada uno de los quejosos; imponiéndoles a su vez, de manera independiente a cada uno de ellos, por los diversos delitos de robo agravado cometidos respectivamente en agravio de ********** y de ********** y ********** de los que resultaron responsables, las penas de cuatro años cuatro meses quince días de pena privativa de libertad, por el tipo básico dos años tres meses más por la calificativa de encontrándose la víctima en un vehículo particular y, finalmente, dos años tres meses por la de violencia moral, que sumadas hacen un total por esos delitos individualmente atribuidos de ocho años diez meses quince días de prisión, que sumados a la impuesta por el robo cometido en común por los solicitantes de la protección constitucional hacen un total final de diecinueve años once meses siete días de prisión.
Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano colegiado el hecho de que al momento de fijar las sanciones al quejoso ********** la Sala responsable omitió referir la que le correspondía por la calificativa acreditada en autos de violencia moral; sin embargo, en los considerandos de la resolución aquí combatida sí tuvo por acreditada la misma, e incluso en el propio capítulo de individualización la sumó al total de la pena a imponer por los delitos de los que resultó penalmente responsable e, incluso, en los puntos resolutivos refirió que se acreditaba esa circunstancia agravante del delito perpetrado en contra de **********, ********** y ********** siendo la pena que le correspondía por dicha calificativa la misma que se le impuso al diverso quejoso por el mismo delito y calificativa perpetrado en contra de ********** es decir, dos años tres meses de prisión, en atención a que también se les fijó el mismo grado de culpabilidad.
De igual forma, la responsable acertadamente estimó no imponerles multa alguna, en virtud de que respecto de los tres ilícitos acreditados el monto de lo robado se ubicó en la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, citando para sustentar tal determinación la jurisprudencia 1a./J. 14/2008, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 197 del Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 220, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER UNA SANCIÓN PECUNIARIA DE CUATROCIENTOS ‘O’ SEISCIENTOS DÍAS MULTA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".
Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la responsable hizo una correcta individualización de la pena al tomar en consideración las circunstancias externas del delito, las peculiaridades del quejoso y le impuso una sanción congruente con el grado de culpabilidad estimado.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia consultable en la página 392, Tomo II, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "PENA. INDIVIDUALIZACIÓN CORRECTA DE LA.-La pena impuesta es la adecuada cuando la respon
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21740-d19351e0/individualizacion-de-la-pena-no-es-violatorio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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