COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA YA HIZO EL ESTUDIO OFICIOSO, EXPRESA O TÁCITAMENTE, EN RESOLUCIÓN ANTERIOR, NO PUEDE VOLVER A REALIZARLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió en términos semejantes las revisiones fiscales 70/2008 y 122/2008, falladas el catorce de agosto de dos mil ocho y cuatro de diciembre de dos mil ocho, respectivamente, razón por la que sólo se hará referencia al mencionado en primer lugar, en el cual sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. En el agravio único que se expresa, señalado como primero, aduce la autoridad recurrente que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 50, 51 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por su inobservancia, falta de aplicación indebida interpretación, argumentando en síntesis:
"1. Que no era procedente que la a quo entrara al estudio de la insuficiente fundamentación de la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, para emitir la orden de visita domiciliaria número VVE2700180/05, contenida en el oficio 324-SAT-12-I-1-5240, de treinta de agosto de dos mil cinco, origen de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, en virtud de que la competencia de dicha autoridad fiscalizadora, ya había sido objeto de estudio por parte de la Sala Fiscal en las sentencias de cuatro de agosto de dos mil seis y veintiuno de junio de dos mil siete, esta última, en la que expresamente señaló al efecto que la resolución impugnada se dictó por autoridad competente.
"1.1. Que la sentenciadora infundadamente considera que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que en la referida orden de visita domiciliaria no se citó la fracción II del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, es decir, no obstante que la a quo ya había analizado de oficio la competencia de la autoridad demandada, al dictar la sentencia de veintiuno de junio de dos mil siete, la cual a su vez se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil siete, pronunciada dentro del toca de revisión fiscal número 103/2007, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, señalando que la resolución impugnada cumplía con el requisito de legalidad de ser emitida por una autoridad competente, en la sentencia ahora recurrida, determina que se incumple con dicho requisito, cuando el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre la competencia de la autoridad demandada se extinguió desde el momento de dictar la primera sentencia de cuatro de agosto de dos mil seis, dentro del juicio natural.
"1.2. Que en las sentencias de cuatro de agosto de dos mil seis y veintiuno de junio de dos mil siete, la a quo reconoció tácita y expresamente que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco es competente para emitir la resolución impugnada en el juicio natural y que dicha resolución cuenta con la debida fundamentación y motivación en cuanto a la competencia material, de ahí que resulte ilegal que desconozca las consecuencias de sus consideraciones, en específico, del análisis que realizó de oficio, de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, del que concluyó que éste fue emitido por autoridad competente, tan es así que continuó con el análisis de procedencia del juicio y entró al estudio de fondo de la cuestión planteada.
"1.3. Que el estudio oficioso de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado fue realizado en el momento procesal oportuno por la Sala juzgadora al emitir las sentencias de cuatro de agosto de dos mil seis y veintiuno de junio de dos mil siete y, por ende, en la sentencia que se recurre, la a quo no puede hacer pronunciamiento en contra de cuestiones que quedaron intocadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y que además quedaron firmes en las referidas sentencias, donde la Sala juzgadora ya había analizado la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco.
"1.4. Que la actuación de la juzgadora no se ajustó a derecho, ya que al resolver modifica las consideraciones que había emitido en las sentencias de cuatro de agosto de dos mil seis y veintiuno de junio de dos mil siete, con relación al estudio oficioso de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, excediéndose al cumplimentar la ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil siete, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, dentro de la revisión fiscal número 103/2007, en la cual, únicamente le ordenó que se ocupara de los puntos litigiosos cuyo estudio omitió realizar, por haber considerado fundado el primer concepto de impugnación expuesto por la parte actora.
"2. Que la Sala Fiscal indebidamente analiza una cuestión que no fue puesta a su consideración, como es la insuficiente fundamentación de la competencia material de la orden de visita domiciliaria número VVE2700180/05, antecedente directo de la resolución impugnada en el juicio natural, variando la litis puesta a su consideración, siendo que debió resolver atendiendo a los argumentos hechos valer por la actora en la demanda de nulidad, así como a los argumentos de defensa vertidos por la representación fiscal en el oficio de contestación a la demanda, en los términos exactos en que los esgrime, por lo que al no haberlo hecho así, incurre en violación a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al resolver sobre cuestiones no sujetas a su consideración por las partes y además, al modificar consideraciones sobre las que ya se había pronunciado, en específico, respecto de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado.
"2.1. Que la determinación de la responsable es ilegal, en virtud de que consideró un argumento no propuesto para su análisis, como es que en la orden de visita domiciliaria número VVE2700180/05, antecedente directo de la resolución impugnada en el juicio natural, se debió precisar la fracción II del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, que le faculta para nombrar a las personas que efectuarían la visita domiciliaria conjunta o separadamente y que se indican en la orden de visita domiciliaria, argumento que de ninguna manera realizó la peticionaria de nulidad, por ende, impidió que la representación fiscal pudiese manifestar lo que en derecho conviniese, causándole un grave perjuicio, al haber declarado la nulidad de la resolución controvertida, fundando su fallo en una situación que nunca le fue planteada por la parte actora.
"Son infundados los anteriores motivos de agravio, en atención a las consideraciones siguientes:
"En forma previa, se estima conveniente precisar que en lo relativo al estudio de la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o contencioso administrativo, conforme al artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, coincidente con el mismo párrafo del numeral 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el considerando octavo de la ejecutoria emitida el diez de octubre de dos mil siete, al resolver la contradicción de tesis número 4/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, sustentó las consideraciones esenciales siguientes: (se transcribe).
"Del marco de interpretación legal de referencia, destacan los elementos relacionados con el estudio que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán realizar de la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o contencioso administrativo, de conformidad con los artículos 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, coincidente con el mismo párrafo del numeral 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, que a continuación se detallan:
"1) Las garantías de legalidad y seguridad jurídica que se contienen en el artículo 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.
"2) La garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios; por tanto, es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen.
"3) Para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que en el documento la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, invocando las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorga facultades para emitirlo y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación; porque la finalidad de la garantía en comento consiste en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado respecto a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica, de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permite dicha garantía, al no ser dable -por razones de seguridad jurídica- ninguna clase de ambigüedad.
"4) En caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden; considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.
"5) La competencia de las autoridades es una cuestión de orden público, por lo cual las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para analizar oficiosamente la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, pues en el supuesto de carecer de competencia legal el funcionario que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual derivó la resolución definitiva, ésta estaría afectada desde su origen y, por ende, sería ilegal, al incidir el vicio de incompetencia directamente en la resolución emanada de un procedimiento seguido por autoridad incompetente.
"6) El estudio de oficio de la incompetencia de la autoridad para emitir o dictar el acto o resolución impugnada, implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de ella, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas Fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior, con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia.
"7) Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al conocer del juicio contencioso administrativo al emitir su fallo, podrán analizar la competencia de la autoridad de dos formas:
"a) Cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado.
"b) Cuando advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente; la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados.
"8) Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, tan es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión planteada.
"9) La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana.
"10) En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto.
"Las premisas anteriores, derivadas de las consideraciones esenciales en las que se sustenta la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 4/2007-SS antes mencionada, transcritas en párrafos precedentes, dieron origen a la jurisprudencia número 2a./J. 219/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, de rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Hechas las anteriores precisiones enfocados de nuevo en el punto de estudio que les dieron origen, se tiene que lo infundado de los agravios sintetizados con los números 1o., 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 radica en que, contrario a lo manifestado por la autoridad recurrente, la Sala del conocimiento sí estaba facultada legalmente para estudiar oficiosamente en la sentencia sujeta a revisión, la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, para emitir la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales número VVE2700180/05, contenida en el oficio 324-SAT-12-I-1-5240, de treinta de agosto de dos mil cinco, antecedente directo de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo de origen, contenida en el oficio 324-SAT-12-I-2-2-6389, de doce de septiembre de dos mil cinco, a través de la cual la aludida administración determinó a cargo del actor **********, un crédito fiscal en cantidad de $********** (**********), por concepto de multa por actualización de la conducta infractora prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
"Así es, del análisis integral que este tribunal revisor hace de la primera sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil seis, por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el procedimiento contencioso administrativo expediente número 78/06-14-01-5, que obra en autos en las fojas de la 68 a la 74, se advierte con toda claridad que en ella la Sala del conocimiento no hizo pronunciamiento alguno sobre la competencia material o formal de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio natural, y ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva dicha resolución; razón por la cual, debe estimarse que en ese supuesto, la falta de pronunciamiento expreso indica que la juzgadora estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución impugnada en el juicio de nulidad, tan es así que, aunque no continuó con el análisis de procedencia del juicio, pues no hizo ningún pronunciamiento al respecto, entró al estudio del primer concepto de impugnación hecho valer por la parte actora en su demanda de nulidad.
"En ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil siete, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal número 181/2006, interpuesto por la autoridad demandada en el juicio natural Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, por conducto de su representante legal, cuyo testimonio obra en autos a fojas de la 79 a la 102, revocó la mencionada sentencia de cuatro de agosto de dos mil seis; motivo por el cual, en auto de presidencia de treinta de enero de dos mil siete, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dejó insubsistente la señalada sentencia de cuatro de agosto de dos mil seis, ordenando la emisión de una nueva que emitió el veintiuno de junio de dos mil siete, en la cual, en su considerado tercero la Sala Fiscal realizó pronunciamiento sobre la competencia, en los términos siguientes: (se transcribe).
"Como puede advertirse, si bien es cierto que la falta de pronunciamiento sobre la competencia de la autoridad demandada para emitir la resolución impugnada en el juicio natural, en la sentencia de cuatro de agosto de dos mil seis, es indicativo de que la Sala del conocimiento estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución impugnada; así como que en la sentencia de veintiuno de junio de dos mil siete, cuya parte conducente se transcribe con antelación, dicha juzgadora realizó pronunciamiento en el sentido que del análisis de la resolución impugnada contenida en el oficio número 324-SAT-12-I-2-2-6389, de doce de septiembre de dos mil cinco, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, a través de la cual se impone a la actora una multa en cantidad de $********** (**********), por concepto de multa, se advierte que de acuerdo con los fundamentos plasmados en ella, particularmente el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, tal acto se dictó por autoridad competente.
"Igualmente cierto resulta que, tanto el señalado indicativo como el referido pronunciamiento relacionados con la competencia de la autoridad demandada, no pueden considerarse como definitivos para que constituyan cosa juzgada y den lugar a la preclusión o extinción de la facultad expresa que la ley otorga a la Sala del conocimiento para estudiar oficiosamente la competencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva dicha resolución, como lo pretende la autoridad recurrente; toda vez que, por un lado, el estudio oficioso de la competencia de las autoridades demandadas, de ningún modo puede considerarse como un derecho procesal de las partes regido por el principio de la preclusión, conforme al cual extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente; sino que constituye una facultad que el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, otorga expresamente a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para analizar oficiosamente la competencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en el juicio natural, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva dicha resolución.
"Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad o contenciosos administrativos, por lo que constituye un medio de defensa conferido a las autoridades demandadas en dichos juicios, para ocurrir ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, en defensa de sus intereses.
"La similitud entre el amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, que constituyen medios extraordinarios de defensa conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, lleva a la conclusión de que las resoluciones que se dicten en el recurso de revisión fiscal -medio extraordinario de defensa-, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, de modo que si en dicha resolución se concluye que debe revocarse la sentencia recurrida, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que, al reasumir jurisdicción, se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable.
"De ahí que, si en el caso a estudio, en las ejecutorias dictadas el veinticinco de enero y trece de diciembre de dos mil siete, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Vigésimo Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal números 181/2006 y 103/2007, interpuestos por la propia autoridad demandada, en contra de las dos anteriores sentencias pronunciadas por la Sala del conocimiento el cuatro de agosto de dos mil seis y veintiuno de junio de dos mil siete, el tribunal revisor no analizó ni hizo pronunciamiento sobre cuestión de competencia alguna y revocó las mencionadas sentencias recurridas -de 4 de agosto de 2006 y 21 de junio de 2007-, hecho que generó que dicha juzgadora dejara insubsistentes esas sentencias y, al reasumir jurisdicción, al emitir una nueva se hiciera cargo de las cuestiones omitidas, como es la competencia de la autoridad que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva la resolución impugnada en el juicio natural.
"Entonces, contrario a lo manifestado por la autoridad recurrente, la Sala del conocimiento sí estaba facultada legalmente para estudiar oficiosamente en la sentencia sujeta a revisión, la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, para emitir la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales número VVE2700180/05, contenida en el oficio 324-SAT-12-I-1-5240, de treinta de agosto de dos mil cinco, antecedente directo de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo de origen; en virtud de estar facultada expresamente para ello, por el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, además de que, según se vio con antelación, en lo relativo al estudio oficioso de la competencia de la autoridad demandada, el indicativo que se deriva de la falta de pronunciamiento en la sentencia de cuatro de agosto de dos mil seis y el pronunciamiento que sobre esa misma cuestión se hizo en la sentencia de cuatro de junio de dos mil siete, no tiene carácter de definitivo; siendo, por tanto, infundados los agravios que se analizan.
"Apoya lo considerado, las tesis de jurisprudencias números 2a./J. 218/2007 y 2a./J. 201/2004, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 154 y 543 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI y XXI, correspondientes a los meses de diciembre de 2007 y enero de 2005, respectivamente, de rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"‘NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.’." (se omite la transcripción por innecesaria).
II. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió la revisión fiscal 133/2008, fallado el treinta de mayo de dos mil ocho, en el sentido siguiente:
"SEXTO. La autoridad recurrente en el agravio primero, manifiesta que la sentencia recurrida transgrede en su perjuicio, los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que la Sala Fiscal llevó a cabo el estudio de oficio de la competencia de la autoridad demandada, estudio con base en el cual, declaró la nulidad de la resolución impugnada, bajo la consideración de que la autoridad emisora del oficio que constituye el antecedente de la resolución impugnada, al invocar el artículo tercero, antepenúltimo y penúltimo párrafos, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de Servicio de Administración Tributaria, no transcribió el párrafo aplicable.
"Añade, que ese estudio oficioso de la competencia de la autoridad, no fue ordenado por este Tribunal Colegiado, en la resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil siete, dictada al dirimir el recurso de revisión fiscal 172/2007.
"Con afán de demostrar tal aserto, la autoridad recurrente transcribe la resolución aludida, de la que dice se advierte que este órgano jurisdiccional, no ordenó a la Sala Fiscal el estudio oficioso de la fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del oficio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21758-c2d2cc67/competencia-de-las-autoridades-administrativas-si-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO PUEDE RESTRINGIRSE POR EL HORARIO DE LABORES FIJADO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS O EN (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 197/2008-SS)
- PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. DEBE ORDENARSE SU DESAHOGO, AUN CUANDO MEDIANTE CONFESIÓN FICTA SE ADMITA LA AUTENTICIDAD DEL CONTENIDO Y FIRMA DE LOS DOCUMENTOS OBJETADOS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PROYECTO EN FORMA DE LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUXILIAR QUE LO FORMULÓ NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO. EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO DEBE REBASAR LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA REPRESENTACION SOCIAL. (XXI. 1o. 38 P)
- ACLARACION DE SENTENCIA DE LA RESPONSABLE IMPROCEDENTE. (s/clave)
- AGRAVIOS EN LA APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ESTUDIO DE LOS, QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis