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Modo: Corpus Pro

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN CONFORME AL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 433/2008. · Registro digital (IUS): 21798
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 1221.

AMPARO DIRECTO 433/2008. **********

CONSIDERANDO:

SEXTO. En consecuencia, resulta necesario establecer que, conforme a la técnica del juicio de amparo, es preciso analizar, en primer lugar, si durante el procedimiento se actualizaron violaciones que hayan dejado sin defensa al quejoso que ameriten su reposición.

Acude en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XXI.3o. J/5 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, visible en la página 1309, la que al efecto reza:

"VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ORDEN QUE PUEDE EMPLEARSE PARA SU ESTUDIO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías uniinstancial pueden plantearse fundamentalmente dos tipos de violaciones, a saber: las de índole procesal, cometidas durante la sustanciación del juicio o referidas a transgresiones cometidas en la resolución reclamada, vinculadas con el examen de uno o varios presupuestos procesales, y las perpetradas en el acto reclamado por defectos en el contenido de éste, por falta de fundamentación o motivación, o porque sea incompleto o incongruente. Por ello, lo primero que conviene destacar de la demanda a fin de determinar el orden de estudio a seguir respecto de los conceptos de violación hechos valer por el promovente de la acción constitucional, es si las cuestiones planteadas son violaciones procesales que se cometieron durante la sustanciación del juicio y que trascendieron al resultado del fallo, o si giran en torno a violaciones cometidas en el propio acto reclamado como cuestión de fondo. En ese tenor, hay casos en que sin mayor problema es dable establecer que si el concepto de violación de carácter procesal es el único planteado en la demanda de garantías, debe analizarse negando o concediendo al quejoso el amparo solicitado para que se subsane la infracción procesal, por ser la única cuestión controvertida en el juicio constitucional. En cambio, si se plantean varios aspectos conceptuales de naturaleza procesal, es conveniente que se examinen de la infracción más antigua a la más reciente en fecha y en ese orden sean desestimadas, o bien, si alguna resulta fundada se ordene subsanarla y se determine si es el caso o no de examinar las restantes, incluso, se pondere si es viable que si otra violación diversa es fundada se ordene a la autoridad responsable subsanarlas a la vez, pues de esta manera se acatan los principios de economía procesal y de exhaustividad, así como la garantía constitucional que consagra el derecho a una justicia pronta y expedita. A su vez, si se expresan conceptos de violación de naturaleza adjetiva y otros de fondo, es conveniente que sea el mismo orden cronológico el que impere en el estudio de unos y otros, de acuerdo a las reglas anteriormente determinadas, para que en el caso de que sean desestimados en su totalidad los primeros, se analicen posteriormente los segundos y se resuelva lo que en derecho corresponda, dado el orden y la sucesión de los actos que se realizan para la composición del litigio y que se van agotando de uno en uno; en la inteligencia de que estos lineamientos sólo deben considerarse como orientadores para una correcta y eficaz forma de abordar el estudio de las violaciones indicadas, que de ningún modo deben considerarse invariables o inalterables, porque de acuerdo a la naturaleza y causas específicas del problema planteado, habrá casos de excepción, como por ejemplo, el relativo al de la prescripción opuesta en un juicio natural que se considera fundada, en que conforme al sentido común, este motivo de inconformidad de carácter sustancial debe examinarse antes que las violaciones de naturaleza adjetiva, ya que lo contrario propiciaría el retardo en la resolución del asunto y la promoción innecesaria de ulteriores juicios de amparo."

En esa tesitura, debe considerarse que del análisis de las constancias allegadas al presente juicio de garantías, se advierten diversas violaciones al procedimiento, entre las que se encuentra, la omisión del juzgador de instancia en llevar a cabo el desahogo de la ampliación de declaración del propio sentenciado, ahora quejoso **********

En efecto, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, la Juez natural admitió como medio probatorio la ampliación de declaración a cargo del ahora quejoso, para lo cual señaló las doce horas del doce de abril de ese mismo año, lo cual fue debidamente notificado a las partes (fojas 483 a 484 vuelta del juicio natural).

El doce de abril de referencia, el secretario de Acuerdos del aludido juzgado, asentó la incomparecencia del licenciado ********** defensor particular del procesado, situación por la cual no fue posible llevar a cabo el desahogo de esa probanza (foja 485 ídem).

No obstante esa situación, la juzgadora fue omisa en llevar a cabo los actos necesarios para el desahogo de la probanza, situación que se traduce en una inobservancia a la reglas esenciales del procedimiento contra el ahora quejoso.

Además, del análisis de las constancias, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil cinco (foja 556), la Juez de instancia ordenó el cierre de la instrucción en el procedimiento natural, para lo cual puso los autos a la vista del fiscal adscrito a dicho órgano jurisdiccional, a efecto de que dentro del plazo de cinco días, formulara sus conclusiones, lo cual fue notificado el día siete del aludido mes y año (foja 556 vuelta).

Plazo que, según el cómputo correspondiente, vencía el catorce del mes y año de referencia; no obstante lo anterior, las conclusiones acusatorias del fiscal adscrito fueron exhibidas hasta el día veinticinco de esa fecha; situación que evidentemente vulneró la garantía de debido proceso a que se refiere el artículo 14 de la Carta Magna.

No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que, aun cuando se haya vulnerado tal garantía, no en todos los casos debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino únicamente cuando dicha violación trascienda al resultado del fallo, lo que en el caso no aconteció, pues por lo que respecta a la primera de las violaciones, si bien no fue recibida la ampliación de declaración, ante la inminencia de las constancias que obran en su contra, es evidente que lo que pudiera referir el ahora quejoso, no cambiaría en nada su responsabilidad que se determinó, ya que la sola declaración, incluso de inocencia, se advierte insuficiente para contrarrestar la carga probatoria existente por tanto a nada práctico conduciría ordenar la reposición para recabar dicha probanza y que fuera valorada al momento del dictado de la sentencia.

Acude en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1080 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Tomo VI, Parte TCC, página 746 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al efecto sostiene:

"VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. REQUISITO PARA QUE PROCEDA EL AMPARO EN SU CONTRA. Para que proceda conceder el amparo es necesario que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento trasciendan al resultado del fallo, ya que de otra forma sería ocioso otorgar la protección de la justicia federal, para el efecto de que se repare la violación cometida, cuando por virtud de ésta la responsable no esté en posibilidad de cambiar el sentido de la resolución."

De igual forma, en lo atingente a la omisión de la juzgadora de instancia para proceder conforme a las reglas previstas en el segundo párrafo del artículo 286 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, que establece, en esencia, que transcurrido el plazo concedido por el juzgador, sin que el Ministerio Público haya presentado conclusiones, el Juez deberá notificar personalmente al procurador, requiriéndole para que en el mismo plazo formule u ordene la presentación de conclusiones.

Cuando el inculpado esté sujeto a prisión preventiva, la notificación al procurador incluirá el apercibimiento de que, si al vencerse el término éstas no han sido presentadas, se tendrán por formuladas las de no acusación, se ordenará el sobreseimiento de la causa y la libertad inmediata del procesado.

Sin embargo, dada la naturaleza de este dispositivo, que en sentido formal constituye un derecho o ventaja de carácter procesal en favor del inculpado frente a la abstención del titular de la acción penal de perfeccionar la acusación, debe ejercitarse oportunamente por el encausado o su defensor, pues si el fiscal adscrito o el procurador presentan las conclusiones acusatorias aun en forma extemporánea y el Juez, en vez de proveer conforme al dispositivo en cita, las toma en consideración y, con base en ellas, pronuncia sentencia condenando al acusado, es incuestionable que el derecho de la defensa precluyó y que tal sentencia no es violatoria de esa ley normativa del procedimiento.

Acuden en apoyo de lo anterior, las tesis aisladas emitidas en la Séptima Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, respectivamente, en las páginas 43 y 37 de los Volúmenes 83, Segunda Parte y 10, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor refiere:

"MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES EXTEMPORÁNEAS. VALIMIENTO DE LAS. Aunque el Ministerio Público formule conclusiones acusatorias fuera del término legal, tal situación no puede traer como consecuencia que dichas conclusiones dejen de tener valor, pues no existe disposición alguna que así lo determine. Cuando más, el representante social ameritará, previos los trámites del caso, una sanción por parte de su superior, pero el contenido de las conclusiones tendrá que tomarse en cuenta."; y "MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES EXTEMPORÁNEAS DEL. Cuando el Ministerio Público es omiso en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21 constitucional y sin conclusiones el Juez dicta sentencia condenatoria, evidentemente agravia al quejoso, porque lo coloca en plano de indefensión. Más si las conclusiones acusatorias se presentan, aunque extemporáneamente, esto no autoriza al acusado para solicitar su libertad, porque ello equivaldría a una absolución que el juzgador no puede otorgar, por no existir en la ley aplicable disposición alguna que así lo determine."

En esas condiciones, se insiste, al no trascender dichas violaciones procesales en el sentido del fallo condenatorio, procede en consecuencia, el estudio de legalidad de la sentencia que nos ocupa.

Son infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, como ya quedó establecido en el considerando que antecede, sin embargo, este órgano colegiado debe suplir la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en las condiciones que más adelante se verán.

Se precisa que, por razones de orden y método, el estudio y la consecuente respuesta a los conceptos de violación, se realizará conforme a las cuestiones con que se vean relacionadas.

Además, se establece que en la especie, el sentenciado y aquí quejoso ********** se duele de la sentencia dictada por los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California de dieciocho de agosto de dos mil seis, dictada dentro del toca penal número ********** formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio impetrante contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de lo Penal en Ensenada, en la aludida entidad federativa, dentro de la causa penal número ********** y su acumulada ********** que se les instruyó por el delito de fraude específico previsto por la fracción II del artículo 219, y que es sancionado por la fracción II del numeral 218, ambos del Código Penal del Estado, en la que fue condenado a compurgar una pena de prisión de cuatro años y dos meses, y multa por la cantidad de cuatro mil treinta y cinco pesos, equivalentes a cien días, al haberse demostrado su plena responsabilidad en la comisión del delito en comento.

Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se hacen consistir en que, del análisis de los contratos de compraventa que firmaron los supuestos ofendidos, en su carácter de compradores de unos predios, se advierte que fueron revisados y enterados de su alcance y contenido, por lo cual, sostiene, nunca se les ocultó nada, por lo que no hubo dolo, mala fe ni engaño en perjuicio de la parte ofendida; situación por la cual, sostiene, incluso la empresa "Inmobiliaria Dos Estrellas, Sociedad Anónima de Capital Variable", por conducto de su representante legal, acudió ante notario público a efecto de firmar escrituras de compraventa, por lo que es dable que dicha empresa reconocía o, por lo menos consentía, todos los actos que el quejoso realizaba en los predios de su propiedad, aun sin que el quejoso tuviera representación o autorización legal de su parte para tal efecto, por lo que se demuestra que no existió el dolo o engaño de su parte, lo cual llevó a la Juez de primer grado a sentenciarlo por el delito que se le imputa y que fuera confirmada la pena, y modificada la sanción pecuniaria, dejando firmes los restantes puntos resolutivos, lo cual argumenta, le ocasiona perjuicio, pues el ahora quejoso, nunca actúo al margen de la ley.

Son infundados los anteriores conceptos de violación.

Previo a establecer las razones que sustentan dicha determinación, es preciso establecer que la única persona que se considera ofendida en el presente asunto lo es ********** atendiendo a que, como ya se dijo con antelación, las otras dos personas que tenían esa calidad ********** y ********** la Juez del proceso natural decretó la prescripción de la causa penal (foja 536).

Efectuada esa precisión, debe decirse, en primer lugar, que la Sala responsable al emitir el fallo impugnado se ajustó a las reglas de valoración de las pruebas a que se refiere la norma procesal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 a 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, pues llevó a cabo el análisis de los medios probatorios que la condujeron a considerar que sí existían elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito, así como la plena responsabilidad del quejoso ********** en su comisión.

En efecto, los Magistrados responsables valoraron correctamente los medios probatorios que obran en autos, entre los que se encuentran, los siguientes:

a) Querella presentada por escrito, por la ofendida ********** ratificada ante el representante social el veintisiete de noviembre de dos mil tres, así como la ampliación de declaración ante la juzgadora natural, el treinta y uno de agosto de dos mil cinco, lo cual ya fue transcrito con antelación (fojas 344 a 347 y 533 del cuaderno natural).

Probanzas a las que la Sala responsable, en forma correcta, otorgó valor probatorio de indicio, ya que revisten las características de un testimonio, además se encuentra adminiculada con otros indicios que obran en autos y alcanzan credibilidad, por estimar, además que satisfacen las exigencias del artículo 221 del Código Adjetivo Penal, pues se advierte que son claras y precisas, sin dudas ni reticencias; conoció los hechos que denuncia de modo personal, al ser la pasivo del delito, sin inducciones ni referencias de tercero; además fueron recibidas por servidor público competente en ejercicio de las funciones que le otorga la ley, y señaló al ahora sentenciado como el sujeto activo que le hizo creer que tenía facultades para comprometer legalmente la venta del bien objeto de la operación.

Acude en apoyo de lo anterior, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69 del Volumen XXXIII, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, con el texto siguiente:

"OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. Si las disposiciones procesales no limitan ni condicionan los medios de investigación, salvo los reprobables, es evidente que todos los datos obtenidos pueden ser eficaces como prueba y de ahí se deduce que las declaraciones de los ofendidos tienen eficacia probatoria pues de otro modo no se justificaría que se les examinara sobre los hechos en los que, en cualquier forma, han participado."

Corroborado con la jurisprudencia número VI.1o. J/46 emitida en la Octava Época por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 105 del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, con el texto siguiente:

"OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante."

b) Fe ministerial de los documentos que la querellante agregó a su escrito, en la que el representante social dio fe de tener a la vista el original de solicitud de contrato de fecha dieciséis de enero de dos mil dos, con firmas ilegibles sobre los nombres de ********** y ********** en relación con el lote ********** de la manzana ********** del fraccionamiento ********** original del recibo provisional de fecha tres de mayo de dos mil dos con una firma ilegible sobre el nombre ********** original de los recibos con membrete de San Mateo Bienes Raíces, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fechas trece de febrero, tres de mayo, tres de junio y tres de septiembre, todos del año antes aludido, por diversas cantidades (foja 348).

c) Asimismo, obran las diversas inspecciones oculares en las que el fiscal investigador dio fe de haber tenido a la vista, en la primera de ellas, la copia simple de la partida número ********** de fecha diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, marcada con el número ********** documento que obra en la foja ********** copia simple de la hoja marcada con el número ********** de lista de predios de la colonia ********** con sello de "SAHOPE" (foja 367); en tanto que, en la segunda, un legajo de copias simples constantes de doce fojas útiles, que contienen un contrato de mediación y un poder para pleitos y cobranzas (foja 377).

Diligencias de inspecciones que, en forma correcta, ponderó la Sala responsable con valor probatorio pleno, conforme lo dispone el numeral 218 de la Ley Adjetiva Penal, al haber sido practicadas con los requisitos legales previstos en los artículos 161 y 162 del citado ordenamiento legal, toda vez que se hizo constar que el fiscal tuvo a la vista diversas constancias relativas al inmueble ya citado; aunado a que tales diligencias fueron practicadas por el agente del Ministerio Público, en ejercicio de las facultades que posee en la investigación de los delitos, además de que actuó en debida forma, asociado del secretario, quien dio fe del acto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito emitida en la Octava Época, visible en la página 280 del Tomo XI, febrero de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el periodo de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el periodo de instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere ‘que sea confirmada o practicada durante el periodo de instrucción’."

d) Documental pública consistente en oficio número ********** que remite el sub-registrador público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, Baja California, en el cual hace mención a que en sus archivos, se encontró que bajo partida ********** del tomo ********** sección ********** de fecha diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, se registró la relación de lotes de la colonia ********** propiedad de "Inmobiliaria Dos Estrellas Sociedad Anónima de Capital Variable", entre otros el lote ********** manzana ********** de dicha colonia, con superficie de ciento sesenta metros cuadrados (foja 362).

Probanza que fue valorada correctamente como prueba plena, de conformidad con lo ordenado por el artículo 215 del Código Penal, al ser un documento expedido por servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere.

e) Declaración de ********** ante el representante social, donde expuso:

"... que sí conozco a ********** con la que vivo en unión libre, desde hace ocho años, a ********** lo conozco, ya que en el año 2002 me enteré, por medio del periódico, que vendían lotes de terreno en el fraccionamiento ********** en la colonia ********** en el mes de enero del 2002, en compañía de ********** y ********** de trece años de edad, acudimos a las oficinas de San Mateo, Bienes y Raíces, ubicada en la calle ********** entre ********** y ********** en donde conocimos al señor ********** quien nos enseñó varias opciones para la compra de algún lote, terreno o propiedades, por lo cual optamos por comprar un lote, acordando que el inmueble costaría la cantidad de dieciséis mil dólares, y teníamos que entregarle, en ese momento, mil seiscientos dólares para amarrar el trato; a finales del mes de enero teníamos que entregar cuatro mil dólares y, sumadas estas cantidades, sería el enganche para la compra del terreno; el contrato sería firmado ante notario al momento del enganche, entregándole mil seiscientos dólares en ese momento en efectivo; posteriormente a finales del mes de enero, le entregamos los cuatro mil dólares en efectivo y, a partir de ese mes, estuvimos pagando las mensualidades por la compra del terreno, siendo las mensualidades de seiscientos treinta y cuatro dólares aproximadamente; dinero que recibía el señor ********** y otras veces lo recibía su secretaria de nombre ********** pagamos aproximadamente cuatro mensualidades, requiriendo al señor ********** que fuéramos ante el notario para firmar el contrato, y siempre nos fijaba una cita, y al momento de buscarlo nos ponía pretextos y decía que al otro día o a la otra semana; optamos por decirle que ya no pagaríamos las mensualidades si no acudíamos a firmar el contrato, a lo que dijo que estaba bien, que ya no entregáramos las mensualidades, ya que tenía problemas con la Inmobiliaria Dos Estrellas, y si no podía rescatar el lote de terreno que nos vendió, nos conseguiría otro lote de terreno, y que también nos podía conseguir crédito hipotecario para una casa, no estando de acuerdo, ya que queríamos el lote número ********** de la manzana ********** o que nos regresara el dinero; que eran nueve mil seiscientos dólares, diciendo que el dinero que le habíamos entregado ya no lo tenía, ya que había tenido problemas; a partir de esa fecha lo requerimos para la devolución del dinero y hasta la fecha no nos ha devuelto un peso; la última cita que nos hizo el señor ********** para devolvernos el dinero, al presentarnos en su oficina, ya estaba cerrada, sin muebles y pintada de otro color, y desde entonces ya no lo volvimos a ver; se que tiene varias denuncias por fraude; y me enteré por el periódico que el señor ********** fue detenido ..." (foja 393).

f) Testimonio de ********** ante el agente del Ministerio Público, donde expuso:

"... que mi mamá es ********** y en el mes de enero del año dos mil dos, en compañía de mi mamá ********** mis hermanas de tres y seis años, y ********** a unos bienes y raíces San Mateo, en la oficina hablaron con el señor ********** mi mamá y ********** y para cerrar el contrato le dieron mil seiscientos dólares al señor ********** no recuerdo el número de lote ni terreno, pero sí sé en donde se encuentra; fuimos varias veces a las oficinas del señor ********** en donde le dieron el enganche del terreno; el terreno tenía un valor total de dieciséis mil dólares; no se me olvida esto que fue en enero de 2002, porque yo me gané un carro Astra en una rifa de Banco BBV Bancomer y mi mamá vendió mi carro para completar la compra del terreno, y mi mamá también pagaba mensualidades en las oficinas del señor ********** a él o a su secretaria ********* después supimos que el lote no era del señor, y una vez que fuimos a la oficina del señor ********** mi mamá me dijo que ya no íbamos a poder tener el terreno, porque los terrenos no le pertenecían al señor ********** y que ya había habido problemas; después tratamos de localizar al señor ********** para que nos devolviera el dinero, pero nunca lo encontramos, y un tiempo después fuimos a buscarlo a su oficina y nos dimos cuenta de que ya estaba cerrada; no tenía muebles y estaba pintada de otro color ..." (foja 395).

g) Declaración de ********** ante el órgano investigador de delitos, quien manifestó:

"... que soy apoderado legal de la Inmobiliaria Dos Estrellas S.A. de C.V., (exhibió copia certificada de escritura pública que contiene poder general para pleitos y cobranzas que obra en las fojas 417 a la 424 vuelta) y no me encontraba enterado que seudo representantes de la empresa denominada San Mateo Bienes Raíces, S.A. de C.V., de la cual desconozco totalmente su actividad, así como que personas que la integran se encontraban vendiendo terrenos, propiedad de mi representada en esta ciudad de Ensenada y, específicamente el lote número ********** manzana ********** del fraccionamiento ********** también conocido como fraccionamiento ********** ubicado en la colonia ********** en la ciudad de Ensenada, el cual fue creado totalmente y es propiedad de Inmobiliaria Dos Estrellas S.A. de C.V., la cual cuenta con los permisos correspondientes; no conozco a la denunciante ********** ni a los inculpados ********** e ********** quienes no laboran para la Inmobiliaria Dos Estrellas S.A. de C.V., o el fraccionamiento ********** también conocido como ********** desconocía totalmente que otra inmobiliaria se encontraba vendiendo terrenos de mi representada; las únicas personas autorizadas para vender terrenos del precitado fraccionamiento son los agentes de ventas de Inmobiliaria Dos Estrellas, quienes utilizan papelería de esta empresa; desconozco totalmente el contenido del contrato de mediación que se me exhibe y que obra en autos a fojas 37 a 44, y carece de todo efecto legal, ya que el C. ********** nunca ha tenido la representación legal de la Inmobiliaria Dos Estrellas, S.A. de C.V.; únicamente se desempeñó como trabajador del departamento técnico y ni siquiera en el departamento de ventas, por lo que nunca estuvo autorizado para hacer ventas o convenios relacionados con los terrenos de mi poderdante y, actualmente, ya no labora para mi representada ..." (foja 412).

h) Declaración de ********** ante el agente del Ministerio Público, donde dijo:

"... que mi función en la empresa San Mateo Bienes Raíces, S.A. de C.V., era la de secretaria, y trabajé por un lapso de tres años y medio; actualmente, desde el día 24 de septiembre del dos mil tres, no trabajo en dicha empresa; a la señora ********** sí la conozco, ya que compró un terreno en el fraccionamiento ********** lote ********** manzana ********** y el trato lo realizó con el señor ********** el costo del terreno es de $16,000.00 dólares (dieciséis mil dólares moneda americana), mas los intereses sobre saldos insolutos; el enganche por dicho terreno fue de $4,000.00 (cuatro mil dólares); y como apartado de terreno $1,600.00 (mil seiscientos dólares), haciendo la cantidad de $5,600.00 (cinco mil seiscientos dólares); esas cantidades posiblemente yo las haya recibido, pero cualquier cantidad que yo recibía por concepto de pago de terrenos de la inmobiliaria no eran para fines propios, sino que inmediatamente como se recibían las cantidades de dinero se las entregaba al señor ********** y yo nunca le prometí la venta de dicho terreno a la señora ********** el señor ********** se ostentaba como vendedor de Inmobiliaria Dos Estrellas; a los clientes siempre se les decía que los terrenos eran de la Inmobiliaria Dos Estrellas; mientras yo estuve trabajando en la inmobiliaria, no recuerdo que se haya realizado trámite ante ninguna notaría pública para la escrituración del terreno en mención y a nombre de la señora ********** ..." (foja 357).

Testimoniales a las cuales los Magistrados de la Sala responsable concedieron, en forma correcta, valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 221 del Código de Procedimientos Penales para la entidad federativa, al estimar que satisfacen los requisitos previstos por dicho numeral, al tratarse de la d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21798-effea57c/individualizacion-de-las-penas-metodo-para-su-fijacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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