TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO.
EXPEDIENTE VARIOS 73/92. RELATIVO A LA QUEJA ADMINISTRATIVA FORMULADA POR MARIA DEL CARMEN CARREON ROJAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por conducto del secretario de Acuerdos, rindió el informe de ley en los siguientes términos:
"Por recibido el oficio número 1091 y anexos, del subsecretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; como lo solicita, infórmese a la superioridad que con fecha treinta de enero del año en curso, fue aplazado para mejor estudio el proyecto del amparo directo número D.C. 7266/91, promovido por JUAN SARQUIS RODRIGUEZ en contra de actos de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por acuerdo de los Magistrados que integran este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"NOTIFIQUESE. Así lo acordó el Magistrado ENRIQUE R. GARCIA VASCO, presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el secretario de Acuerdos. Doy fe."
En ampliación de informe se expresó lo siguiente:
"VISTO el estado que guardan los presentes autos y apareciendo de los mismos que mediante oficio número 1091 del subsecretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud del cual se comunica acuerdo del presidente de nuestro Máximo Tribunal, solicitando de este Tribunal Colegiado se informara el estado procesal que guardaba el juicio de amparo directo D.C. 7266/91, promovido por JUAN SARQUIS RODRIGUEZ; al efecto gírese atento oficio informando que con fecha once de junio de mil novecientos noventa y dos, se pronunció la ejecutoria que en derecho corresponde dentro de los autos del juicio de amparo de que se trata, debiéndose acompañar copia autorizada de la ejecutoria mencionada, para todos los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Así lo acordó el Magistrado ENRIQUE R. GARCIA VASCO, presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el secretario de Acuerdos. Doy fe."
CUARTO.-Ante todo debe señalarse que de la ampliación del informe rendido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por conducto de su secretario de Acuerdos, se desprende que el juicio de amparo a que se refiere la presente queja administrativa, ya fue resuelto el once de junio de mil novecientos noventa y dos. Sin embargo, tal situación no puede dar lugar a que se declare sin materia la instancia. En efecto, cuando se formula una queja administrativa en contra de un funcionario judicial federal, con base en lo previsto por el artículo 13, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, denunciándose que en un asunto determinado ha transcurrido en exceso el término que legalmente se tenía para proyectar una sentencia, como sucede en el caso respecto de un juicio de amparo, y el funcionario admite la certeza de la imputación, aunque hace la aclaración de que el negocio fue resuelto, no debe declararse sin materia la instancia pues el fin de la misma no es simplemente que se subsane la irregularidad que, se pretende, ha sido cometida, sino poner en conocimiento del más Alto Tribunal una conducta de un funcionario judicial que podría dar lugar a la imposición de una corrección disciplinaria o a la adopción de alguna otra medida.
Al respecto resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 58, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 39, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, que dispone lo siguiente:
"QUEJA ADMINISTRATIVA POR NO FORMULAR EL PROYECTO DE SENTENCIA EN UN ASUNTO DENTRO DEL TERMINO LEGAL. NO QUEDA SIN MATERIA PORQUE EL FUNCIONARIO INFORME QUE YA SE RESOLVIO.-Cuando se formula una queja administrativa en contra de un funcionario judicial federal, con base en lo previsto por el artículo 13, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, denunciándose que en un asunto determinado ha transcurrido en exceso el término que legalmente se tenía para proyectar la sentencia y resolverlo, y el funcionario, al rendir su informe, comunica que el negocio ya ha sido resuelto, no debe declararse sin materia la instancia, pues el fin de la misma no es simplemente que se subsane la irregularidad que, se pretende, ha sido cometida, sino poner en conocimiento del más Alto Tribunal una conducta que podría revelar una actuación indebida del funcionario que ameritara la imposición de una corrección disciplinaria o la adopción de alguna otra medida.". Tesis número VI/91, aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada celebrada el miércoles seis de febrero de mil novecientos noventa y uno, por unanimidad de quince votos.
QUINTO.-Del estudio de las constancias que obran en el expediente de queja administrativa que se dictamina, de los planteamientos de quien la hizo valer, así como de los razonamientos expresados por el Magistrado ponente, todo ello en relación con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución y las diversas disposiciones de la Ley de Amparo, que fijan los términos en los que deben dictarse los acuerdos y resoluciones en el juicio de amparo y en los recursos que regulan, se llega a la conclusión de que la queja administrativa de que se trata resulta infundada, toda vez que si bien considerado en abstracto un asunto, al margen de las situaciones de hecho y de derecho, podría reconocerse que fue excesivo el tiempo que se tardó el ponente para formular el proyecto de resolución en el juicio de amparo a que se refiere el asunto; sin embargo, tal conclusión varía al apreciar, por una parte, los presupuestos que consideró el legislador al fijar en las normas procesales los términos que deben cumplirse al dictarse los acuerdos y resoluciones y, por otra, las características del asunto, respecto del cual se formula la queja administrativa, así como la capacidad de despacho que tenía el órgano colegiado al que pertenece el Magistrado José Refugio Raya Arredondo. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previene, en el párrafo segundo, que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". El aludido precepto constitucional consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten.
El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes. De esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira a la celeridad, cuando las resoluciones judiciales, en general, se dictan dentro de los plazos y términos legales, que son elementos, que se introducen en la secuela procedimental, para determinar con precisión el avance de una etapa a otra, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley al juzgador, para que pronuncie su resolución dentro del espacio temporal respectivo.
En este sentido, la Ley de Amparo establece una serie de plazos y términos en el título tercero relativo a los juicios de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que es aplicable al caso. Así, el artículo 179 preceptúa: "Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia o defecto en el escrito de demanda ... admitirá aquélla y mandará notificar a las partes el acuerdo respectivo"; continuando la secuela, el numeral 181 dispone que: "Cuando el Ministerio Público solicite los autos para formular pedimento, deberá devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido. Si no devolviere los autos al expirar el término mencionado, el Tribunal Colegiado de Circuito mandará recogerlos". Por su parte, el artículo 184 manifiesta que: "Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito observarán las siguientes reglas: I. El presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia, y II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos". Finalmente, el numeral 188 consigna: "Si el proyecto del Magistrado relator fue aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes. Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración al dictarla, debiendo quedar firmada dentro del término de quince días".
Como puede observarse, la Ley de Amparo establece con exactitud, los plazos y términos dentro de los cuales deben de pronunciarse las resoluciones judiciales correspondientes respecto a la sustanciación y resolución de los amparos directos ante los Tribunales Colegiados de Circuito.
Los plazos y términos arriba referidos, son aplicables al caso, por tratarse de la tramitación y resolución de un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, si el auto de turno al Magistrado ponente tiene efectos de citación para sentencia, la cual debe estar dictada en el término de quince días, es obvio que la formulación del proyecto debe realizarse en un plazo menor, a fin de que todos los miembros del órgano colegiado cuenten con tiempo para hacer el estudio correspondiente y aun para consultar el expediente. Resulta notorio que el término transcurrido entre la fecha en que se turnaron los asuntos al Magistrado ponente en el caso que se estudia, y aquella en que se formuló la queja administrativa e incluso en la que el asunto se listó y se resolvió, excedió en mucho a los quince días previstos por la ley, lo que significa formalmente y en una apreciación preliminar, que se violó el artículo 17 de la Constitución, vulnerándose la garantía de celeridad en la administración de justicia en detrimento de las partes en el juicio de amparo directo al que se hace referencia. Sin embargo, esta conclusión preliminar que llevaría a declarar fundada la queja de haberse tratado de un asunto normal, debe modificarse al tomarse en cuenta que se está en presencia de una situación excepcional.
En cuanto a los términos y plazos establecidos en las leyes procesales, no puede admitirse la interpretación de que cuando establecen obligaciones a los juzgadores sean intrascendentes, pues ello implicaría la también inaceptable postura de hacer irrelevante la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional. Tales conclusiones resultarían más absurdas a la luz de la exposición de motivos de las reformas a diversas disposiciones constitucionales y a la Ley de Amparo, así como a la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y en las que no sólo se afirmó que el problema del rezago en la Justicia Federal quedaba resuelto, sino que en las normas referidas se estableció como una de sus principales innovaciones, un sistema ágil y oportuno para atacar el ingreso de asuntos en juzgados, tribunales y en la Suprema Corte, misma. Si el legislador ordinario señala plazos y términos y el constituyente originario y permanente consagran a las personas la garantía de que se las imparta justicia respetándolos, debe concluirse necesariamente que Ministros, Magistrados y Jueces deben adoptar las medidas generales y especiales para que se acaten en todos los casos.
No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, no puede desconocerse que la eficacia plena de reformas como la aludida, implica un proceso que gradualmente puede aproximar y llegar finalmente al ideal propuesto en la Constitución y en las leyes citadas. Además, no puede perderse de vista que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, no pudo atender a la variada e imprevisible gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten, como por la complejidad de los hechos a los que se refieren y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza compleja del problema, resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que ese número sea proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal de que se trate.
En la especie, si bien no existe dato que indique que el juicio de amparo directo de referencia resultaba complejo, sea por los hechos que se controvirtieron o por la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas, es el caso que concurre una circunstancia que corrobora que se dio una situación excepcional y, por consiguiente, debe concluirse que se presentó una atenuante o excluyente de responsabilidad en relación al Magistrado José Refugio Raya Arredondo, que lleva a estimar también infundada, respecto a él, la queja administrativa que se dictamina. En efecto, es para el Pleno de la Suprema Corte, un hecho notorio que el volumen de asuntos existentes en los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, así como el ingreso mensual era desproporcionado a su capacidad de trabajo, como lo demuestra de modo evidente el que se haya dictado un acuerdo de creación de dos nuevos Tribunales Colegiados de la misma especialidad en el propio circuito, a fin de atacar el problema. Como el hecho alrededor del cual gira la queja administrativa, sucedió con anterioridad a la adopción de la medida, debe estimarse que estuvo influido por la circunstancia excepcional descrita.
Tiene aplicación al caso la tesis número VIII/91 sustentada por este Tribunal Pleno, consultable a fojas 59 a 61 de la Gaceta en cita, que expresa:
"TERMINOS PROCESALES, PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS, SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO.-El artículo 17 de la Constitución, consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que 'toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial', lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que corresponda o adoptar las medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten, como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa, y resolverla en consecuencia."
En mérito de lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.-Resulta infundada la queja administrativa que se dictamina.
Notifíquese esta resolución a los Magistrados Enrique R. García Vasco, José Refugio Raya Arredondo y Víctor Hugo Díaz Arellano, así como a la formulante de la queja, María del Carmen Carreón Rojas, y archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Montes García, López Contreras, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez. Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón. Estuvieron ausentes los señores Ministros Victoria Adato Green y Noé Castañón León, por estar disfrutando de vacaciones; y los señores Ministros José Antonio Llanos Duarte y Clementina Gil de Lester, salieron del salón de sesiones. Firman los CC. Presidente y Ministro ponente, con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/219-68ebb9b3/terminos-procesales-para-determinar-si-un-funcionario-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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