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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS Y LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PUENTES CONSTRUIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN CAMINOS DE ESA NATURALEZA, ESTÁ SUJETA A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE UN MUNICIPIO SE BENEFICIE CON SUS PRODUCTOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2007. · Registro digital (IUS): 21961
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 1655.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2007. MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de octubre de dos mil nueve.

VISTOS;

Y RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes y órganos demandados, así como actos impugnados. Por oficio depositado el dieciséis de mayo de dos mil siete en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano número 83401, con sede en el Municipio de San Luis Río Colorado, Karina Verónica Castillo Yanes y Héctor Rubén Espino Santana, quienes se ostentaron como síndico procurador y presidente municipal, respectivamente, del Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos:

1. Convenio de veinte de septiembre de dos mil seis, suscrito por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor del Gobierno del Estado de Sonora para la terminación anticipada por mutuo acuerdo de la concesión de treinta y uno de julio de dos mil, otorgada al gobierno de dicha entidad por un periodo de diez años para operar, explotar y mantener el Puente Colorado ubicado sobre el río del mismo nombre, entre los Estados de Baja California y Sonora, en la carretera federal número dos (2) "fronteriza del norte", del Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora.

2. Concesión de veinte de septiembre de dos mil seis, otorgada por el Gobierno Federal por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor del Gobierno del Estado de Sonora para operar, explotar, conservar y mantener el Puente Colorado, ubicado sobre el río del mismo nombre, entre los Estados de Baja California y Sonora, en la carretera federal número dos (2) "fronteriza del norte", del Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora por una duración de veinte años.

3. Como consecuencia de la invalidez de los actos anteriores, se solicita el cumplimiento forzoso de la concesión otorgada y suscrita el treinta y uno de julio de dos mil, que fenecía el treinta de julio del año dos mil diez. Concesión que otorga beneficios económicos al Municipio de San Luis Río Colorado para la realización de obras de infraestructura en beneficio de sus habitantes, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Como autoridades demandadas se señalaron a las siguientes:

a) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Secretario de Comunicaciones y Transportes.

c) Gobernador del Estado de Sonora.

d) Subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son:

1. El veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puso en operación el Puente Colorado que consta de 304 metros de longitud sobre el río Colorado, en los límites de los Estados de Baja California y Sonora, ubicado en la carretera federal número dos (2) "fronteriza del norte", mismo que era operado por conducto del organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

2. El treinta de agosto de mil novecientos noventa y tres, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó permiso de explotación al Gobierno del Estado de Sonora, para que éste pudiera operar temporalmente el Puente Colorado por un periodo de cinco años, con el objeto de canalizar los ingresos excedentes de la explotación del Puente Colorado para la realización de obras de infraestructura en los Municipios aledaños al mismo, que son San Luis Río Colorado, general Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, todos del Estado de Sonora.

3. Con la finalidad de transparentar el uso de los recursos derivados de la explotación del Puente Colorado, el gobernador del Estado de Sonora, mediante decreto publicado en el boletín oficial de dicho Estado el catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, creó el fideicomiso público para la operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Colorado.

Dicho fideicomiso público tuvo como finalidad, en primer término, la operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Colorado y, en segundo término, que los recursos obtenidos se emplearan en proporcionar un beneficio a los habitantes de los Municipios de San Luis Río Colorado, general Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, todos del Estado de Sonora, y satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la ley y el Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora, respetándose siempre la autonomía que el artículo 115 de la Constitución Federal otorga al Municipio como nivel de gobierno, esto es, que los presidentes municipales de conformidad con el artículo 5o., fracción IV, del decreto de creación del fideicomiso público, que integran el comité técnico del fideicomiso, decidieran previa aprobación de sus Ayuntamientos en sesión de Cabildo, el destino de los recursos para la realización de obras públicas tendientes al mejoramiento social de sus respectivos Municipios.

4. El treinta de agosto de mil novecientos noventa y ocho, fue celebrado y suscrito un convenio de colaboración entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y el gobernador del Estado de Sonora para otorgar y autorizar a favor de este último la operación, explotación y conservación del Puente Colorado, por un periodo de dos años. En éste se otorgaban beneficios económicos a los Municipios de San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco para la realización de obras de infraestructura para el beneficio de sus habitantes.

5. El treinta y uno de julio de dos mil, el Gobierno Federal por conducto del secretario de Comunicaciones y Transportes otorgó a favor del Gobierno del Estado de Sonora, una concesión para operar, explotar, conservar y mantener el Puente Colorado, por un periodo de duración de diez años, el cual fenecía su vigencia el día treinta de julio del año dos mil diez, concesión en la cual se dejó sin efecto el diverso convenio del treinta de agosto de mil novecientos noventa y ocho, pero confirmando el otorgamiento de los beneficios económicos a los Municipios mencionados para la realización de obras de infraestructura para el beneficio de sus habitantes.

6. El seis de febrero de dos mil uno, se suscribió una minuta de trabajo entre los presidentes municipales de los Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, mediante la cual se fijó que al Municipio de San Luis Río Colorado le correspondía recibir recursos equivalentes al cincuenta y cuatro por ciento del remanente resultante de lo recaudado por las casetas de peajes del Puente Colorado previo descuento de los propios gastos de operación, constituyendo dicha circunstancia derechos adquiridos a favor del Municipio.

7. El veintinueve de marzo de dos mil siete, el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el oficio 05.06-292/07 de esa fecha, hizo saber al presidente municipal de San Luis Río Colorado que a partir del veinte de septiembre de dos mil seis, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, había otorgado al Gobierno del Estado de Sonora una nueva concesión por veinte años para operar, explotar, conservar y mantener el Puente Colorado.

Con motivo de la celebración de esa nueva concesión se entiende que se daba por terminada de manera anticipada la concesión para operar el Puente Colorado que había sido suscrita el treinta y uno de julio de dos mil. Sin embargo, de esta nueva concesión no tuvo conocimiento previo el Municipio actor por conducto del síndico procurador que es su representante legal.

El oficio aludido se emitió en respuesta al diverso oficio 033/PM/2007 de ocho de marzo de dos mil siete, suscrito por el presidente municipal de San Luis Río Colorado, que tuvo por intención manifestar que en lo que va del ejercicio fiscal de dos mil siete, no había recibido los recursos económicos que mes con mes enviaba la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, provenientes de la explotación de la caseta de peaje del Puente Colorado.

Consecuentemente, el oficio de referencia identificado con el número 05.06-292/07 de veintinueve de marzo de dos mil siete, constituye el primer acto de aplicación del acto administrativo cuya invalidez se reclama, el que causa al Municipio actor un agravio directo, por ser beneficiario de los recursos generados por la explotación del Puente Colorado, en virtud de que con motivo de la nueva concesión de veinte de septiembre de dos mil seis, el destino de los gastos excedentes de la explotación del Puente Colorado cambia de manera drástica, porque se indica que una vez que se cubran los gastos de operación, explotación, conservación y mantenimiento de dicho puente, los ingresos restantes serán invertidos en primer lugar, para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar y mantener la nueva carretera estatal de cuota San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara, en el Estado de Sonora y, en segundo lugar, en la ejecución de proyectos de impacto regional prioritario que determinará discrecionalmente el Gobierno del Estado de Sonora, para los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, infringiendo con ello el artículo 115 de la Constitución Federal, pues el no intervenir el Ayuntamiento en la planeación y ejecución de las obras que llegaren a darse en el territorio de su Municipio, es una violación a su autonomía municipal.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:

Primer concepto. Falta de garantía de audiencia. Los actos impugnados consistentes en el convenio para dar por terminada de manera anticipada una concesión y la nueva concesión para operar el Puente Colorado, suscritos ambos el veinte de septiembre de dos mil seis, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobernador del Estado de Sonora, son contrarios al artículo 14 de la Constitución Federal, ya que con anterioridad o durante el procedimiento de celebración de dichos convenios, se le dejó de dar la requerida intervención por conducto de su síndico procurador quien tiene el carácter de su representante legal. Que tuvo conocimiento de estos actos el veintinueve de marzo de dos mil siete, mediante la emisión del oficio suscrito por el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

Tampoco se hizo de su conocimiento posterior, de manera pública y por escrito, que se daba por concluida anticipadamente la concesión de treinta y uno de julio de dos mil, la cual le otorgaba beneficios económicos derivados de la explotación del Puente Colorado y, por ende, no tuvo oportunidad de manifestar lo que a su interés conviniera respecto a los términos, condiciones, vigencia y clausulado de la nueva concesión signada el veinte de septiembre de dos mil seis, violentándose así su garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 constitucional, porque son irrenunciables los derechos adquiridos de índole económico consignados a su favor por virtud de la concesión de treinta y uno de julio de dos mil (dada la continuidad y reiteración en la recepción de dichos recursos al igual que por la existencia de acuerdos entre los presidentes municipales de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles), por tanto, no correspondía a las autoridades demandadas decidir de manera unilateral y sin consultarle previamente sobre la supresión de esos derechos o la terminación anticipada de dicha concesión.

Segundo concepto. Violación al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal. Los actos impugnados lesionan los derechos del Municipio actor por resultar contrarios al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que dicho precepto dispone que en los lugares donde existan puentes de peaje federales, se podrá convenir entre la Federación, los Estados y los Municipios para que los recursos obtenidos por las explotaciones de los mismos, se destinen a la realización de obras que beneficien precisamente a los Municipios en donde se localicen tales puentes, lo cual significa que los recursos provenientes de la explotación del Puente Colorado se debieron destinar preferentemente a la realización de obras públicas dentro del Municipio actor, por estar enclavada en su territorio la caseta de peaje del mencionado puente.

Sin embargo, la concesión suscrita el veinte de septiembre de dos mil seis y que vino a sustituir ilegalmente a la concesión de treinta y uno de julio de dos mil, infringe lo establecido por el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que los recursos económicos que se obtienen por la explotación de la caseta de peaje del Puente Colorado serán empleados, en primer término, en la construcción de una carretera de cuota entre la ciudad de San Luis Río Colorado y el Golfo de Santa Clara, que en nada beneficia al Municipio actor porque tiene fines turísticos y, además, no será de paso libre, sino de cuota, lo que en todo caso será un gasto más para los habitantes.

Asimismo, si bien en segundo lugar, los recursos económicos que se obtienen por la explotación de la caseta de peaje del Puente Colorado serán empleados en la realización de obras en beneficio de diversos Municipios, dentro de los cuales está el actor, la realidad de las cosas es que desde la fecha de suscripción de la nueva concesión no ha recibido cantidad alguna por el indicado concepto.

Finalmente, aun cuando el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal utiliza el vocablo "podrán" para referirse a que la Federación, los Estados y los Municipios pueden celebrar convenios en relación con los puentes de peaje, a fin de que el producto de su explotación se destine para obras en los Municipios en donde se ubiquen dichos puentes, el aludido vocablo no es potestativo, sino que es expresión de una facultad reglada que implica observancia obligatoria, exigencia que no se cumple en la nueva concesión de veinte de septiembre de dos mil seis, máxime que no contiene fundamentación, motivación o justificación alguna que soporte la decisión de revocar los beneficios económicos con los que anteriormente contaba el Municipio actor.

Tercer concepto. Ilegalidad de los actos impugnados. Los actos cuya invalidez se solicita resultan ilegales en su emisión y alcances legales, por no cumplir con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., párrafo segundo, 13, 69-A, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 3o., 4o. y 8o. del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia administrativa, porque las autoridades demandadas no efectuaron la publicación en el Diario Oficial de la Federación del título de concesión de veinte de septiembre de dos mil seis, tampoco se estableció un término para establecer el inicio de su vigencia, ni se envió para su consulta previa dicho convenio a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para dictaminar y publicar los anteproyectos respectivos.

CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señala de manera destacada que en el caso se transgredió en su contra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, del capítulo de antecedentes se desprende que igualmente señala que se transgrede en su contra el artículo 115 de la Constitución Federal, porque no se le permite intervenir en la planeación de las obras que lleguen a ejecutarse en su territorio, por tanto, como la demanda de controversia constitucional constituye un todo unitario que debe ser analizado de manera integral, de acuerdo con el principio de justicia completa previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, que consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, lo que conduce a apreciar aquélla en su conjunto, sin rigorismo en sus divisiones internas acerca de antecedentes, conceptos de invalidez o preceptos constitucionales que se estimen violados, aquel numeral también debe tenerse como precepto constitucional que se estima violado, por los motivos que se indican, que igualmente constituyen conceptos de invalidez sujetos de tomarse en cuenta al estudiar el fondo del asunto.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 42/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, reconociendo la personalidad de representante legal del Municipio actor únicamente a la síndico procurador; tuvo con el carácter de demandados solamente al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a los que ordenó emplazar, sin tener como demandadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por tratarse de órganos subordinados de los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, lo anterior en términos de la jurisprudencia P. /J. 84/2000.(1)

Asimismo, ordenó llamar como terceros interesados a esta controversia a los Municipios de General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, del Estado de Sonora.

SEXTO. Las partes que intervinieron en el juicio manifestaron, en esencia, lo siguiente:

1. El secretario de Comunicaciones y Transportes, en representación del Poder Ejecutivo Federal:

a) En relación con la procedencia de la controversia.

1.1. Procede se decrete el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte actora carece de interés legítimo para acudir a la presente controversia, toda vez que el Puente Colorado es una vía general de comunicación cuya competencia es exclusivamente de la Federación, por lo que el Municipio actor no tiene algún derecho subjetivo legalmente tutelado sobre los productos de aquél.

1.2. Debe decretarse el sobreseimiento en la presente controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, porque antes de acudir al presente juicio, se debió haber agotado el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

b) Acerca del fondo de la cuestión planteada.

1.3. El Puente Colorado es una vía general de comunicación, por tanto, es un bien de jurisdicción federal y de dominio público de la Federación no sujeto al orden estatal o municipal.

1.4. La emisión de los títulos de concesión de treinta y uno de julio de dos mil, y de veinte de septiembre de dos mil seis, se encuentran apegados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a la Ley General de Bienes Nacionales y al Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

1.5. La concesión para operar y administrar los recursos del Puente Colorado fue otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Gobierno del Estado de Sonora, por lo que éste es el único beneficiario directo de dicha concesión, sin perjuicio de que pueda aplicar los excedentes a los Municipios aledaños del indicado puente, caso en el cual no constituye un derecho adquirido para éstos, sino una atribución que el Estado realiza en uso de sus facultades discrecionales.

1.6. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, aplicable en materia del otorgamiento de concesiones para operar, explotar, mantener y conservar una vía general de comunicación, no regula la garantía de audiencia previa a favor de terceros para el otorgamiento de dichas concesiones, por lo que es inconducente el reclamo de la parte actora en el sentido de que en el caso esa garantía se transgredió en su perjuicio.

1.7. Es erróneo que la parte actora pretenda fundar su derecho en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, porque la naturaleza jurídica del acto que emana de dicho numeral es diferente a la que tienen los títulos de concesión del Puente Colorado, pues en el caso no se celebró un convenio para constituir fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de los Municipios en donde se encuentra el Puente Colorado, sino que lo que en el caso sucedió es que se emitieron sendos títulos de concesión a favor del Estado de Sonora que no se rigen por el numeral en comento.

1.8. Los actos impugnados se rigen por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que no prevé la formalidad de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los títulos de concesión otorgados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para operar, explotar, mantener y conservar una vía general de comunicación de jurisdicción y dominio público de la Federación, por lo que no son aplicables en ese sentido los dispositivos legales de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que la parte actora estima violados.

2. El secretario de Gobierno y el gobernador del Estado de Sonora, en representación del Poder Ejecutivo Local:

a) Acerca de la procedencia de la controversia.

2.1. Debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VII y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se consintieron los actos cuya invalidez se demanda, atento a que desde el veintiséis de enero de dos mil siete, fecha en la que tuvo verificativo la trigésima reunión ordinaria del comité técnico del fideicomiso Puente Colorado, el presidente municipal de la parte actora tuvo conocimiento de aquellos actos.

b) Acerca del fondo de la cuestión planteada.

2.2. No es cierto que se haya transgredido en contra de la parte actora la garantía de audiencia, porque siempre estuvo informada por conducto del fideicomiso Puente Colorado del que es integrante, de las gestiones que se realizaban con el fin de emitir los actos controvertidos.

2.3. Los convenios y concesiones celebrados por las partes demandadas cumplen cabalmente con lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Ley General de Bienes Nacionales.

2.4. Las prerrogativas económicas que alega la parte actora respecto de los excedentes de los ingresos del Puente Colorado son meras expectativas de derecho, porque en ningún título de concesión aquéllas se reconocen a su favor.

2.5. El artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal no es aplicable al presente asunto, porque se refiere a los puentes de cruce federal, operado por autoridades federales, y no como en el caso sucede: un puente operado por el Gobierno del Estado. Por tanto, si los ingresos que se reciben del Puente Colorado son de carácter estatal y no de índole federal (que son a los que se refiere el numeral en comento), no cabe aplicar al caso el numeral indicado.

2.6. La nueva concesión impugnada lejos de perjudicarle a la parte actora le beneficia, porque con los ingresos del Puente Colorado se construirá, en primer lugar, una carretera de cuota San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara que favorecerá al Municipio disconforme, puesto que habrá un despliegue económico, financiero y turístico en toda la región norte del Estado, con lo que se impulsará el desarrollo de varios Municipios dentro de los cuales está la parte actora. Además, los nuevos recursos provenientes de esa carretera serán utilizados para la ejecución de proyectos de impacto regional prioritario dentro de los cuales igualmente está el Municipio actor.

2.7. Es contradictorio que la parte actora pretenda, por una parte, que se declare la nulidad del título de concesión de veinte de septiembre de dos mil seis y, por otra, que solicite el cumplimiento forzoso del diverso título de concesión de treinta y uno de julio de dos mil, solamente porque aquél no le conviene y el segundo sí, cuando ambos se emitieron con las mismas formalidades y bajo los mismos lineamientos y leyes aplicables.

3. El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco del Estado de Sonora, en su calidad de tercero interesado:

a) En relación con la procedencia de la controversia.

3.1. Debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VII y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se interpuso fuera del término de treinta días que la ley establece para promover el presente juicio, en virtud de que los actos materia de la presente controversia fueron conocidos por el Municipio actor, a través de su presidente municipal, desde el veintiséis de enero de dos mil siete, fecha en la que tuvo lugar la trigésima reunión ordinaria del comité técnico del fideicomiso Puente Colorado, del cual es parte integrante como vocal.

b) En relación con el fondo de la cuestión planteada.

3.2. No se violó en perjuicio del Municipio actor la garantía de audiencia previa, en virtud de que tuvo conocimiento por medio de su presidente municipal, de todos los acuerdos, convenios, trámites y concesiones que en relación con el Puente Colorado realizó el Gobierno Federal con el del Estado, en virtud de que dicho presidente intervino en su calidad de vocal en el comité técnico del fideicomiso Puente Colorado en el que se le informaron de tales gestiones.

3.3. Los convenios y concesiones celebrados por las demandadas cumplen con lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberse emitido por autoridades competentes y cumpliendo con las formalidades que dicha ley establece, por tanto, son válidos en términos de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la propia ley. Además, se está dando cumplimiento a los objetivos que se señalaron en la concesión de veinte de septiembre de dos mil seis, consistente en aplicar los excedentes de la explotación del Puente Colorado, en primer lugar, a garantizar la inversión necesaria para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la nueva carretera estatal cuota San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara y, en segundo lugar, a la ejecución de proyectos de impacto regional prioritario que determine el Gobierno del Estado para los Municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, Sonora.

3.4. La hipótesis prevista en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal no aplica al caso concreto, porque se refiere específicamente a puentes de cruce federal operados por autoridades federales y no como en la especie sucede que se trata de uno operado por el Estado. Además, el objeto de la indicada ley es coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, Municipios y Distrito Federal, así como establecer las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales, lo que demuestra que esas participaciones son sobre los ingresos federales, situación distinta al caso concreto en el que los ingresos que se perciben del Puente Colorado son de carácter estatal, por ser éste el concesionario de su operación, administración y explotación.

3.5. Los actos impugnados cumplen con los requisitos que exigen los artículos 1, 2, fracción V, inciso a), 3, 5, fracción III, 6, 12, 15, 16 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por ser el ordenamiento jurídico aplicable que regula lo relacionado a las vías generales de comunicación.

4. El Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles del Estado de Sonora, en su calidad de tercero interesado:

a) Acerca de la procedencia de la controversia.

4.1. Procede el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VII y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio actor, por conducto de su presidente municipal, estuvo enterado de las gestiones en relación con el Puente Colorado al haber participado como vocal en las reuniones del comité técnico del fideicomiso Puente Colorado.

b) Acerca del fondo de la cuestión planteada.

4.2. Se adhiere a la contestación producida por el gobernador del Estado de Sonora.

5. Finalmente, el procurador general de la República al formular su opinión manifestó, en esencia, lo siguiente:

a) En relación con la procedencia de la controversia.

5.1. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Uni

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21961-7b6e9399/controversia-constitucional-el-sindico-tiene-la-representacion-original · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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