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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA JUSTICIA. EL ESTADO DEBE PROCURAR EN TODO TIEMPO, GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE HAGAN POSIBLE ESE DERECHO, A FIN DE PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PARA PRESERVAR EL ORDEN, LA PAZ Y DE EVITAR ACTOS ARBITRARIOS QUE ATENTEN CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA QUE SALVAGUARDA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DERECHO A LA EDUCACIÓN. CUANDO LAS AUTORIDADES ADVIERTEN QUE EXISTEN HECHOS QUE AFECTAN O MENOSCABAN EL GOCE DE ESA GARANTÍA, DEBEN HACER LO NECESARIO A EFECTO DE IMPEDIR O ANULAR TAL AFECTACIÓN. DERECHO A LA INTEGRIDAD HUMANA. PROHÍBE CUALQUIER ATENTADO QUE PRETENDA EL MENOSCABO DE LA PERSONA A TRAVÉS DE TRATOS CRUELES E INHUMANOS. DERECHO A LA PAZ. SU EJERCICIO PRESUPONE EL PLENO DISFRUTE DEL RESTO DE LAS PRERROGATIVAS RECONOCIDAS AL SER HUMANO. DERECHO A LA VIDA. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A VELAR PORQUE EN LA SOCIEDAD PREVALEZCAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE AQUÉLLA SE DESARROLLE EN CIRCUNSTANCIAS QUE AL MENOS GARANTICEN EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. DERECHOS DE PROPIEDAD Y POSESIÓN. EL DEBER DE GARANTÍA DEL ESTADO EN CONTRA DE PERTURBACIONES INJUSTIFICADAS A AQUÉLLOS, SE EJERCE A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PREVISIÓN DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS QUE LAS SANCIONEN, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE CARÁCTER CIVIL QUE REGULAN ESA CLASE DE ACTOS ILEGÍTIMOS. EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AL CARECER DE UNA LEY QUE LA REGULE, CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECER, ENTRE OTROS, LOS CRITERIOS JURÍDICOS TANTO SUSTANTIVOS COMO PROCESALES QUE DELIMITEN SU NATURALEZA JURÍDICA Y SUS ALCANCES. FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ES UN MEDIO FORMALMENTE JUDICIAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUYO OBJETO ES DETERMINAR SI EN UN SUPUESTO CONCRETO HUBO O NO VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, EN SU CASO, PRECISAR LAS AUTORIDADES QUE TUVIERON INTERVENCIÓN. LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. ES UNA PRERROGATIVA INDISPENSABLE CORRELATIVA AL DESENVOLVIMIENTO DE TODA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, EN DONDE LAS PERSONAS ASPIREN A TENER PLENA LIBERTAD EN LA EXPRESIÓN DE SUS IDEAS Y EN LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN, ASPECTOS QUE ENALTECEN LA NATURALEZA RACIONAL DEL SER HUMANO. LIBERTAD DE TRABAJO. CONSTITUYE UN DERECHO QUE VINCULA AL ESTADO A GENERAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS PROPICIAS A EFECTO DE QUE LOS INDIVIDUOS PUEDAN DESEMPEÑAR UN TRABAJO. LIBRE TRÁNSITO. CONSTITUYE UN DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO A NO IMPEDIR U OBSTACULIZAR DICHO TRÁNSITO Y A NO SUJETARLO A ALGUNA CONDICIÓN O REQUISITO. SEGURIDAD PÚBLICA. EL EJERCICIO DE ESTA FUNCIÓN SE ENCUENTRA REGULADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A EFECTO DE ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUJETO AL RESPETO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL HOMBRE, CUYA ACTUACIÓN DEBERÁ REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. VIOLACIÓN GRAVE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES. SE ACTUALIZA CUANDO ANTE UNA SITUACIÓN DEFICITARIA DEL GOCE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LAS AUTORIDADES SE ABSTIENEN DE ACTUAR PARA EVITAR TAL SITUACIÓN, Y CUANDO ES CONSECUENCIA DEL PROCEDER ACTIVO O PASIVO DE AQUÉLLAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, PERO DECISIVA. VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SE ACTUALIZAN CUANDO LAS AUTORIDADES DE MANERA ILEGÍTIMA Y DELIBERADA VIOLAN LAS GARANTÍAS DE UNA COLECTIVIDAD, PROPICIANDO INSEGURIDAD MATERIAL, SOCIAL, POLÍTICA O JURÍDICA, IMPIDIÉNDOSE CON ELLO A LOS GOBERNADOS SU DERECHO AL MÍNIMO VITAL.

Tipo de asunto: FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). · Registro digital (IUS): 21995
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 149.

FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN Y FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día catorce de octubre de dos mil nueve.

Vistos, para dictaminar, los autos del expediente 1/2007 relativo a la facultad de investigación prevista en el artículo 97, párrafo segundo, constitucional, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio número D.G.P.L.60-II-6-902, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintinueve de marzo de dos mil siete, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitó a este Alto Tribunal que ejerciera la facultad establecida en el artículo 97 constitucional para investigar los hechos acaecidos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada durante el periodo comprendido del mes de mayo de dos mil seis a enero de dos mil siete.

SEGUNDO. El treinta de marzo de dos mil siete el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la solicitud de que se trata y turnó el expediente relativo al Ministro Juan N. Silva Meza.

TERCERO. El Pleno de este Alto Tribunal, en sesiones de diecinueve y veintiuno de junio de dos mil siete, determinó ejercer la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar los hechos acaecidos en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada por el periodo antes mencionado.

CUARTO. En sesión de veintisiete de agosto de dos mil siete, el Tribunal Pleno designó a los Magistrados de Circuito Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández como integrantes de la Comisión Investigadora y les concedió el plazo de seis meses para integrar la investigación correspondiente.

QUINTO. Por oficio D.G.P.L.60-II-6-1526, recibido en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de noviembre de dos mil siete, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitó a este Alto Tribunal que se ampliara el periodo sujeto a investigación a efecto de que se incluyeran en él los hechos sucedidos en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada hasta octubre de dos mil siete. El nueve de noviembre del citado año se turnó el expediente al Ministro Juan N. Silva Meza para que diera cuenta al Tribunal Pleno con el acuerdo que debía recaer a dicha petición.

SEXTO. En sesión de veintiséis de noviembre de dos mil siete, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ampliar el objeto de la investigación a efecto de indagar los hechos acaecidos el dieciséis de julio de dos mil siete en el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca. En la misma resolución otorgó a la Comisión Investigadora otro plazo de seis meses para integrar la investigación correspondiente.

SÉPTIMO. El veintiséis de agosto de dos mil ocho, los Magistrados comisionados solicitaron al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ampliación del plazo fijado para llevar a cabo la investigación. El ocho de septiembre siguiente se determinó que la investigación debía concluir el diez de marzo de dos mil nueve.

OCTAVO. El tres de marzo de dos mil nueve los Magistrados comisionados, en cumplimiento a lo dispuesto en la regla 19 del Acuerdo General 16/2007, presentaron a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe preliminar, integrado por treinta y nueve tomos con más de seis mil seiscientas páginas.

NOVENO. En sesión pública de veintiséis de marzo de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al Pleno que tuvo por recibido el informe preliminar rendido por los Magistrados comisionados y, con base en la regla 22 del Acuerdo General Plenario 16/2007, designó ponente al Ministro Mariano Azuela Güitrón. En diverso proveído se ordenó notificar el informe a las partes involucradas en los hechos materia de la investigación a efecto de que en el plazo de quince días naturales consultaran el expediente y manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Para lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil nueve se entregó a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal el expediente respectivo.

DÉCIMO. Algunas de las autoridades involucradas, en desahogo de la vista que se les confirió, presentaron diversos escritos en los que expusieron los argumentos legales que estimaron pertinentes. Finalmente, por oficio de veintinueve de septiembre de dos mil nueve el Ministro ponente remitió el proyecto de dictamen a la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a efecto de que con él se diera cuenta al Tribunal Pleno.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para pronunciarse acerca de los hechos objeto de la investigación realizada por la comisión designada para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las reglas 24 y 25 del Acuerdo General 16/2007, emitido por este Alto Tribunal el veinte de agosto de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós siguiente.

SEGUNDO. Cuestiones preliminares. Previamente al análisis de los hechos investigados, para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente precisar los objetivos de la investigación, así como su delimitación, establecer si ésta es o no suficiente y la forma en la que el presente dictamen se estructurará.

Este Tribunal Pleno, en sesiones de diecinueve y veintiuno de junio y veintiséis de noviembre de dos mil siete, ordenó que la comisión conformada por los Magistrados designados llevara a cabo una investigación sobre los hechos acaecidos en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada durante el periodo comprendido de mayo de dos mil seis a enero de dos mil siete y el dieciséis de julio siguiente, con motivo de que aquéllos podrían constituir una violación grave de garantías. Así, se determinó que la investigación debía tener como objetivo recabar la información que fuera necesaria para estar en aptitud de determinar si existió:

a) Violación de garantías a personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal; inviolabilidad del domicilio; libertad personal y respeto a la propiedad, entre otras.

b) Violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito y de trabajo y derecho a la información, entre otras.

c) Exceso en el uso de la fuerza pública por parte de autoridades policíacas municipales, estatales y federales.

d) Omisiones o pasividad de autoridades de los tres niveles de gobierno para restaurar y mantener el orden y la seguridad pública.

Para el efecto de la investigación este Alto Tribunal dispuso diversos límites, a saber:

a) Ámbito territorial. La investigación debía circunscribirse esencialmente a la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada, sin perjuicio de que pudiera extenderse a otros lugares en caso de que existieran hechos directamente vinculados con los que tuvieron verificativo en dicha ciudad.

b) Ámbito material. Investigar la probable violación grave de garantías ya sea por acción u omisión de autoridades involucradas en los hechos.

c) Ámbito personal. Autoridades de los tres ámbitos de gobierno y, en su caso, los sujetos pasivos determinados que hayan sufrido violación grave de garantías.

d) Ámbito temporal. Periodo comprendido de mayo de dos mil seis a enero de dos mil siete y el dieciséis de julio de este último año.

Ahora bien, la regla 24 del mencionado Acuerdo General 16/2007 dispone:

"Regla 24. El dictamen deberá: pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como los demás elementos que el Ministro o Ministros dictaminadores consideren necesarios."

De la disposición transcrita se aprecia que el dictamen de que se trata debe contener un pronunciamiento destacado en relación con la suficiencia de la investigación. Al respecto, conviene mencionar que la Comisión Investigadora, con la información que recabó, integró más de mil treinta y ocho expedientes, doscientas sesenta y cinco carpetas conformadas con diversos anexos y un número importante de legajos. El estudio del material recabado revela que existen datos suficientes que permiten conocer los hechos que acaecieron en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada de mayo de dos mil seis a enero de dos mil siete y el dieciséis de julio siguiente, así como las autoridades que estuvieron involucradas en tales hechos. Asimismo, dados los elementos de convicción que fueron recabados por la mencionada comisión, es claro que este cuerpo colegiado está en aptitud de calificar tales hechos y determinar si son o no constitutivos de violación grave de garantías.

Aunado a lo anterior, el examen del expediente permite identificar con precisión las garantías que fueron violadas en forma grave, así como, en su caso, las personas que sufrieron tal afectación y los ámbitos territorial y temporal en que las violaciones tuvieron lugar. En este orden de ideas, es dable afirmar que la investigación que llevó a cabo la comisión designada es suficiente para que este cuerpo colegiado emita los pronunciamientos correspondientes.

Cabe destacar que el presente dictamen está dirigido a la sociedad en general; al pueblo de Oaxaca, tanto marginados como no marginados que sufrieron las consecuencias de los hechos investigados; a los grupos organizadores del movimiento; a las autoridades federales, locales y municipales que intervinieron en tales hechos, y aquellas que deban conocer de los criterios emitidos por este Alto Tribunal para normar su actuación.

Sentado lo anterior, dada la complejidad y extensión del asunto, con el objeto de facilitar su comprensión conviene anunciar su estructura que se conforma de la siguiente manera:

a. Un considerando en el que se expone un "marco teórico" que permite establecer, entre otras cuestiones, los alcances e implicaciones de la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, así como los parámetros jurídicos para determinar cuándo se está ante una violación grave de garantías.

b. Un apartado en el que después de apuntar datos de tipo económico, social y educativo, entre otros, relacionados con el Estado de Oaxaca, muestra una cronología en la que se enuncian los hechos más destacados que acaecieron durante el periodo investigado. Además, se desarrolla la forma en la que se dieron las negociaciones entre los inconformes y las autoridades tanto estatales como federales. Este apartado tiene, entre otras, la finalidad de brindar información que resulta necesaria para hacer una valoración objetiva de los hechos investigados.

c. Un considerando en el que se establece el marco regulatorio de la seguridad pública en los tres niveles de gobierno y se exponen los principios conforme a los cuales debe llevarse a cabo el uso de la fuerza pública.

d. Bajo los parámetros delimitados en el considerando previo, se desarrollan los diversos operativos que se implementaron en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada para finalmente hacer la valoración correspondiente.

e. Un capítulo en el que se desarrollan las garantías establecidas en la Constitución General que se estima se afectaron, exponiéndose los hechos y las razones conducentes para demostrar su violación.

f. Un apartado en el que se asientan los razonamientos jurídicos tendentes a demostrar que en el caso se está ante la violación grave de garantías prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

g. Un considerando en el que se detallan las autoridades que están involucradas en la violación grave.

h. Finalmente, se indica la publicidad que debe darse al presente dictamen y a las autoridades a quien se debe notificar.

TERCERO. Marco teórico. La facultad de investigación prevista en el artículo 97 de la Constitución General carece de una ley que la regule, de manera que corresponde a este Alto Tribunal establecer, entre otros, los criterios jurídicos tanto sustantivos como procesales que delimiten su naturaleza jurídica y sus alcances. Es por ello que, antes de analizar los hechos investigados, resulta necesario exponer diversos razonamientos que den contexto a la facultad de que se trata. Para tal fin es necesario establecer, previamente, cuáles son los orígenes y alcances de los derechos y deberes del hombre, circunscribiéndose a su regulación jurídica; determinar cuál es el ideal de la sociedad que busca la Ley Fundamental y fijar la responsabilidad que tanto la sociedad como el Estado tienen en lograrlo. Asimismo, es imprescindible hacer un estudio respecto de la naturaleza de las garantías que establece la Constitución y los límites que el Estado puede imponer a éstas de manera legítima. Al respecto, es importante para los fines de este asunto hacer referencia al tema del pluralismo ideológico y a la posibilidad de luchar por el predominio de la postura que se sustenta en el derecho vigente a través del mismo derecho y la prohibición de alcanzarlo en contra de éste. El presente considerando tiene por objeto dilucidar los aspectos mencionados.

I. Origen y alcance de los derechos y deberes del hombre.

La consagración de derechos o prerrogativas en el Texto Constitucional ha sido preocupación constante del Constituyente, cuya previsión ha ido evolucionando conforme a la problemática social latente de época en época. En diversas Leyes Fundamentales que forman parte de la vida de la nación se hace referencia a los derechos del hombre y garantías, en ocasiones dando importancia a los primeros, o bien, a las segundas.

Como un primer atisbo de la preocupación anunciada, a pesar de que careció de eficacia, cabe tener presente la Constitución de Apatzingán "para la libertad de la América Mexicana", la cual reconocía algunos derechos fundamentales. En su capítulo V, dedicado a los principios de igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, establecía:

"Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas."

El siguiente documento que cobra importancia para el presente estudio, es el Acta Constitutiva de Reformas, expedida en mayo de mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo artículo 5o. dispuso:

"Artículo 5o. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan los habitantes de la República, y establecerá los medios para hacerlas efectivas."

Nótese que aquí se realiza la separación de los derechos del hombre de las garantías; además, implícitamente se acepta que esos derechos son preexistentes al orden normativo, inherentes al hombre y la Constitución únicamente los reconoce mas no los crea.

La Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete tuvo como una de sus principales preocupaciones consagrar las garantías que debían ser respetadas y dotar al gobernado de los medios para hacerlas efectivas, lo que originó el surgimiento del juicio de amparo. Inicia su articulado por reconocer los derechos del hombre y establecerlos como el objeto de las instituciones sociales; dispone que las leyes y las autoridades deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución; afirmaciones que corroboran el contenido del artículo 1o., que dispone:

"Artículo 1o. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."

Lo expuesto revela que en diversos momentos históricos las Leyes Fundamentales de México han ubicado a la persona como objeto y base de las instituciones del Estado, consecuentemente, se ha privilegiado el íntegro disfrute de los derechos del hombre garantizados por la Constitución, con lo que han reconocido un origen inherente al ser humano.

La intención anotada también permea en la actual Constitución que data de mil novecientos diecisiete. En el mensaje de Carranza ante el Constituyente se expresó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

"... los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales, han sido conculcados de una manera casi constante por los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquélla se han sucedido en la República ...

"Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compone el agregado social, es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre.

"La Constitución de un pueblo no debe procurar, si es que ha de tener vitalidad que le asegure larga duración, poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción de uno y restringir la del otro, de modo que lo que se da a uno sea la condición de la protección de lo que se reserva el otro; sino que debe buscar que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes, dado que a él no le es posible ejercerla directamente, no pueda convertirse en contra de la sociedad que la establece, cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un momento hay que perder de vista que el gobierno tiene que ser forzosa y necesariamente el medio de realizar todas las condiciones sin las cuales el derecho no puede existir y desarrollarse.

"...

"Ya antes dije que el deber primordial del gobierno es facilitar las condiciones necesarias para la organización del derecho, o lo que es lo mismo, cuidar de que se mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica de todas las actividades, realizarse la unidad de esfuerzos y tendencias en orden a la prosecución del fin común: la felicidad de todos los asociados.

"Por esta razón, lo primero que debe hacer la Constitución Política de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que el gobierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente.

"...

"La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuido poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y obedecer.

"A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el gobierno de mi cargo propone, respecto a la sección primera del título primero de la Constitución de 1857, y abrigo la esperanza de que con ellas y con los castigos severos que el Código Penal imponga a la conculcación de las garantías individuales, se conseguirá que los agentes del poder público sean lo que deben ser: instrumentos de seguridad social, en vez de ser lo que han sido, los opresores de los pueblos que han tenido la desgracia de caer en sus manos."

Carranza destacó que el gobierno es el medio en el que existe el derecho y, siendo que el objeto de todo gobierno es el amparo y protección del individuo, lo primero que debe hacer la Constitución es garantizar de la manera más amplia y completa posible los derechos del hombre.

El Constituyente advirtió que era estéril un derecho reconocido sin eficacia, por lo que prefirió referirse a garantías y, entonces, se preocupó por dotarlas de herramientas para su protección.

Derivado de lo anterior, la Constitución inicia por proclamar el respeto a las garantías que otorga, cuya redacción original ha conservado su primer párrafo, que dice:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece."

En este contexto, la Constitución reconoce que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e inviolable que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden desconocer. El concepto "garantía" identifica a los derechos que son reconocidos por el Estado y, por ende, conllevan su respeto imperativo, oponible a cualquier autoridad.

Los beneficiarios de los derechos reconocidos en la Constitución son todos los individuos que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado mexicano, en igualdad de trato y con independencia de sus circunstancias particulares.

El principio fundamental de igualdad permea en todo el ordenamiento jurídico, ya que no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de persona alguna, ya sea por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Concordante con las inquietudes imperantes de cada momento histórico, la evolución de las garantías en México ha sido progresiva y extensiva, pues se ha dado paso a nuevos derechos y se les ha dotado de mayor protección.

La Constitución otorga protección a los derechos humanos que reconoce, los cuales sólo admiten restricción y suspensión cuando así lo autoriza. En este sentido, de acuerdo con el artículo 15, permite la celebración de tratados en la materia, sin embargo, prevé que en éstos no se podrán limitar los derechos reconocidos por la Constitución, circunstancia que constituye una salvaguarda del mínimo de derechos y libertades que ha garantizado. El precepto en mención dice:

"Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano."

México ha compartido el interés de la comunidad internacional, en cuanto a la necesaria previsión y respeto de los derechos humanos, partiendo del principio de universalidad que los rige. En este sentido, ha jugado un papel activo en este campo dada la gran cantidad de instrumentos internacionales que ha suscrito, los cuales han permeado al Texto Constitucional generando la adecuación del derecho interno con ánimo de compatibilidad con los compromisos contraídos.

Los tratados en derechos humanos suscritos por México se entienden como ampliación de los derechos que reconoce la Constitución Federal, circunstancia que se explica si se considera el principio de universalidad que rige en la materia y, además, que la Carta Magna, en su artículo 15, sujeta la autorización de éstos, en materia de derechos humanos, a respetar como mínimo los derechos y garantías en ella consagrados. Así, se cumple cabalmente la complementariedad de los tratados internacionales en derechos humanos, pues los derechos y garantías otorgados en la Constitución se amplían en atención a lo dispuesto en esos instrumentos.

En este orden de ideas, hablar de derechos humanos y de las consecuentes garantías que de ellos derivan, necesariamente implica un ejercicio referencial entre la Ley Fundamental y los instrumentos internacionales en la materia suscritos por México.

En este contexto, derivan derechos y libertades básicos vinculados directamente con la integridad y dignidad humana, que inciden en la satisfacción de ciertas necesidades fundamentales inherentes a la naturaleza que los distingue: la humana. En tal rubro se comprenden: el derecho a la vida, a la integridad de la persona, prohibición de tortura, igualdad y no discriminación, libertad de procreación, libertad de pensamiento, libertad de expresión y religiosa, por mencionar algunos.

Sin embargo, considerando la naturaleza del ser humano, también se ha estimado necesario el reconocimiento de ciertas prerrogativas que le permitan acceder a bienes fundamentales para su desarrollo económico, social y cultural, verbigracia: vivienda digna y decorosa, salud, seguridad social, educación, cultura, trabajo y derechos políticos; y otros más, dada su naturaleza de ente colectivo, por ejemplo: el derecho al medio ambiente y a la paz.

En suma, el marco normativo en materia de derechos humanos, aspira a la plenitud del ser humano, reconociendo los derechos indispensables para una vida digna, atendiendo a su condición humana, disponiendo para ello las condiciones suficientes y necesarias para su pleno desarrollo, en donde se cuentan los mencionados derechos individuales, sociales, económicos, culturales y colectivos.

Ahora bien, con independencia de la doctrina que se quiera sustentar para justificar el origen de los derechos humanos, lo cierto es que al ser reconocidos por la Constitución se han elevado a rango de garantía para quien se encuentre dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos.

El reconocimiento de los derechos conlleva la obligación de las autoridades de respetar y garantizar su plena efectividad, lo que implica tanto acciones positivas como negativas, esto es, debe asegurarse el ejercicio de los derechos y abstenerse de violarlos.

Cabe puntualizar que tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales se ha aceptado su inclusión progresiva en cada Estado dependiendo de los recursos disponibles para ello. Con todo, la dignidad y el valor de la persona objeto de protección exige la eficacia de un mínimo de esos derechos que hagan posible el desarrollo de todas las funciones del ser humano.

Cada derecho tiene una dimensión específica. Así, existen derechos humanos vinculados directamente a la dignidad intrínseca de la persona, por lo que tienen carácter irrestricto, al no admitir limitación, verbigracia la prohibición de tratos denigrantes, inhumanos y de tortura o la esclavitud; empero, otros más permiten su afectación mediante restricciones legítimas del Estado, sin implicar con ello violación alguna, las cuales se justifican al ser condicionamientos necesarios a la libertad para el pleno disfrute de los derechos y libertades dentro de una comunidad.

La libertad es una cualidad inseparable de la persona humana que le otorga la posibilidad de concebir sus fines y seleccionar los medios que estime adecuados para llegar a la felicidad y satisfacción que busca. Esa cualidad, consustancial al hombre, no es absoluta, pues no está exenta de restricciones y limitaciones. Tan es así, que la propia Constitución General que reconoce la libertad de todos los seres humanos dispone límites a la misma, al establecer en su artículo 1o. que las garantías "... no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".

El hecho de que la libertad del ser humano se limite no resulta novedoso, ya la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve, en su artículo 4, dispuso:

"La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley."

Como se ve, en la citada declaración se reconoció que la libertad de las personas encuentra su límite natural en donde comienzan los derechos de otros sujetos. Esto se entiende pues para que sea posible el desarrollo de la vida en común y puedan establecerse relaciones sociales es indispensable que la actividad de cada quien esté limitada en tal forma que su ejercicio no ocasione caos y desorden. Las limitaciones a la conducta particular de cada miembro de la comunidad en relación con los demás individuos que la conforman implican exigencias y obligaciones mutuas cuya imposición además de ser natural es necesaria. El instrumento para limitar las conductas humanas es el derecho, pues éste constituye el medio para satisfacer la necesidad de regulación.

Por consiguiente, los límites o restricciones permisibles se relacionan con el respeto de los derechos de las otras personas, lo que implica que el ejercicio de los derechos no puede tener por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De ahí que los derechos implican un deber correlativo fraterno que se traduce en su ejercicio dentro del marco permisible y en pleno respeto al derecho de los demás.

Los deberes que corresponden a los derechos fundamentales, también han sido reconocidos por la comunidad internacional; como muestra de ello, se advierte que la Declaración Universal d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21995-12fed267/acceso-a-la-justicia-el-estado-debe-procurar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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