CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO LEGISLATIVO 372, DE 11 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECHAZÓ LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL AL DECRETO NÚMERO 33, RELATIVO A LA REFORMA AL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN VII, DE LA LEY QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y LO CONMINÓ PARA QUE A LA BREVEDAD ÉSTE SEA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, VIOLA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2009. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de febrero de dos mil diez.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de junio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Natividad González Parás, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Nuevo León por los actos que a continuación se indican:
1. Oficio número 819-LXXI-2009 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el contenido del acuerdo legislativo 372;
2. Acuerdo legislativo 372 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de tales observaciones;
3. El Decreto 74 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, mediante el cual se creó la Comisión Especial del Congreso del Estado de Nuevo León denominada: "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado, y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", aprobada en la sesión correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil siete.
4. El informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa en su sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil nueve.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales señalados como violados. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró lo siguiente:
"Primero. Como se acredita con las respectivas documentales anexas, soy Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y acorde con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, soy el titular del Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa.
"Segundo. En fecha 13 de diciembre del año 2006, dentro del expediente 4368 fue aprobado por el Congreso demandado el Decreto Número 33, en dicho decreto se plantea la reforma de diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León.
"En la fecha referida se comunicó al Ejecutivo dicho decreto por lo que en fecha 22 de diciembre del año 2006 se presentó ante dicho Congreso el escrito de observaciones (veto) hechas por el suscrito al referido decreto.
"Tercero. Pues bien, con motivo de las observaciones hechas al decreto en cuestión, el órgano demandado en lugar de continuar con el procedimiento legislativo previsto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, como sería el emitir un nuevo dictamen por la comisión que conoció inicialmente de dicha iniciativa, para que una vez emitido fuera sometido nuevamente a la votación del Pleno del Congreso del Estado y superar las observaciones hechas por el gobernador con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, decidió crear una comisión especial.
"En efecto, se creó la ‘Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León’, la cual se creó sin fundamento legal alguno y en franca violación a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
"Lo anterior es así ya que la referida comisión especial no se integró pluralmente tomando en consideración la pluralidad que cada grupo legislativo tiene en el Congreso del Estado tal como lo ordena el dispositivo de la ley invocada."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, en los que esencialmente adujo:
1. El demandado no establece en el acto cuya invalidez se reclama, el fundamento legal ni expresa el porqué no era necesario que se obtuviera la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes para emitir el acuerdo legislativo 372 que se impugna, pues el mismo se tomó solamente con el voto de la mayoría de los diputados presentes y ordenaron publicarlo al órgano actor.
Se emitió el acuerdo sin considerar que se estaba analizando un escrito de observaciones (veto) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil seis, las cuales se hicieron al Decreto 33, el cual además estaba firmado por el secretario general de gobierno y el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, de tal manera que debían sujetarse al procedimiento constitucional previsto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, pues el mismo fue emitido dentro del proceso legislativo consagrado en los artículos 70, 71, 73, 75 y 85 del referido ordenamiento estatal.
Se puede observar de lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 85, fracción XI, de la Constitución Política Estatal, que al Ejecutivo se le faculta para hacer observaciones (veto) a cualquier ley o disposición del Congreso dentro de los diez primeros días, recibidas las mismas, deberán ser aprobadas de nuevo por dos tercios de los diputados presentes y sólo así pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora.
El acuerdo mediante el cual el Congreso demandado, pretende ordenar al Ejecutivo publique el Decreto 33, por ser falsas las firmas del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, y que además solicita se le dé vista al procurador, debió ser aprobado por dos tercios de los diputados presentes.
Lo anterior es así, ya que el solo hecho de que se argumente que el escrito en el que se hace uso del derecho de veto carece de valor legal porque es presuntamente falsa una de las firmas del documento, de ninguna forma autoriza al Congreso del Estado para soslayar el procedimiento constitucional antes señalado y obviar el análisis del documento que contiene las observaciones del Poder Ejecutivo.
Si se llega a dictaminar de esta manera deberá ser aprobado por dos tercios de los diputados presentes en la sesión en que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de la comisión, lo anterior se insiste, porque se trata del procedimiento legislativo que prevé la Constitución Política Local.
Aunado a lo anterior, el demandado no cumple con el requisito de motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, pues en ninguna de sus partes se aprecia la motivación para estimar que no se requería la votación exigida por el artículo 71 de la Constitución Local invocado.
2. Que el órgano demandado al emitir el acuerdo legislativo 372 que se impugna, se hizo en franca violación a lo dispuesto por los artículos 70 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ya que este último dispositivo establece que cuando el Ejecutivo del Estado haga uso del derecho de veto, el documento que contenga observaciones será turnado a la comisión que conoció de la iniciativa.
En este caso, el documento de observaciones se turnó a una comisión especial, que no es la que inicialmente conoció de la iniciativa. Esta comisión especial, una vez que analizó las firmas, emitió una opinión que después hiciera suya la comisión dictaminadora en el dictamen que se sometió al Pleno del Congreso, sin que esta última entrara al análisis de los argumentos expresados por el Ejecutivo Estatal en su referido escrito de observaciones.
Lo anterior, no subsana la violación al procedimiento legislativo local, por el hecho de que el dictamen haya sido emitido por la comisión que inicialmente conoció de la iniciativa, ya que su dictamen está basado exclusivamente en lo considerado por la comisión especial, quien en realidad emitió el dictamen, dado que al hacer suyo el dictamen de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", se llega a conclusiones que en el dictamen sometido a la asamblea del Pleno y que originara los actos cuya invalidez se demanda no expresan fundamento ni motivo de la determinación a la que se llegó, infringiendo con ello los dispositivos legales mencionados.
Las consideraciones generales en que se apoyan para declarar falsa la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado aparecen en documento distinto, pues se insiste, lo hizo suyo el órgano demandado y, con ello no cumple con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente sus resoluciones.
Lo anterior se robustece con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, que no admite excepciones para conocer de los escritos de observaciones del Ejecutivo, pues solamente establece que cuando se trate de un acuerdo que no hubiere sido conocido previamente por comisión alguna, el presidente turnará el conocimiento de esas observaciones a la que estime competente.
Además, dentro de las funciones de una comisión no se encuentra la de emitir dictámenes de falsedad de firmas, de conformidad con el artículo 39 del reglamento, es decir, no se establece la posibilidad de crear comisiones especiales para analizar los vetos del Ejecutivo, menos para resolver sobre la falsedad o autenticidad de las firmas que contienen los documentos que se les presentan, por lo que es evidente la incompetencia de la precitada comisión.
3. Al emitirse el acuerdo legislativo 372 impugnado, se hizo en franca violación a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, dado que la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", no se integró pluralmente, tomando en consideración la proporcionalidad que cada grupo legislativo tiene en el Congreso del Estado y como lo ordena dicho dispositivo.
4. El acuerdo legislativo 372 se emitió violando lo dispuesto por los artículos 122 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, pues el Congreso Estatal, le dio la denominación de "acuerdo", debiéndose entender por éste como la resolución sobre cualquier asunto concreto y específico que sea sometido a su consideración y que no sea decreto o ley, denominación que le da el segundo de los dispositivos mencionados.
Esta violación se actualiza, en atención a que se emitió el acuerdo impugnado sin tomar en cuenta que la materia del dictamen de la comisión legislativa era analizar la procedencia o no de las observaciones que realizó el Poder Ejecutivo, figura que de acuerdo al artículo 122 del reglamento tiene una naturaleza jurídica distinta y que es el instrumento idóneo dentro del proceso legislativo que contempla nuestra Constitución Estatal.
El proceso legislativo debe culminar con un decreto o ley y nunca con un acuerdo como lo hizo en la especie el órgano demandado, ya que de lo contrario el Ejecutivo no hubiera podido hacer uso del veto, la cual se encuentra exclusivamente prevista en el procedimiento legislativo.
El derecho de vetar una ley es exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, sin que requiera ejercerse colegiadamente, con la participación de funcionarios de la administración pública, conforme al artículo 85, fracción XI, de la Constitución Política Estatal que lo faculta para hacer observaciones (veto) a cualquier ley del Congreso dentro de los diez primeros días.
Si la firma del Ejecutivo no ha sido cuestionada, no se requiere del refrendo ministerial, pues la facultad de veto no es una orden y no requiere la formalidad que establece el artículo 88 de la Constitución Política Local, lo cual resulta suficiente para que el documento que contiene el veto, sea válido y deba ser superado por la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, y hecho lo anterior, remitirse al Ejecutivo para su publicación, supuesto que no acontece en la especie.
QUINTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de junio de dos mil nueve, se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 58/2009 y por conexidad, se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso auto del mismo día, tuvo por presentado al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, como representante de la parte actora y admitió a trámite la controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad, a quien ordenó emplazar para que contestara la demanda.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. El presidente de la Diputación Permanente de la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León (fojas 40 a 50 del expediente) manifestó en esencia lo siguiente:
I. En lo relativo a la falta de cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación; se encuentra absolutamente desvirtuado dada la advertencia que con los dictámenes de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado", se ha encontrado que las firmas atribuidas al señor Rubén Eduardo Martínez Dondé, en su calidad de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, son falsas, por ello, con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que determina que ninguna orden del gobernador se tendrá como tal, si no va firmada por el secretario general de gobierno y por el secretario de despacho que corresponda, al no haber sido firmadas las observaciones que fueron presentadas por el tesorero general del Estado a este Congreso, carecerían de validez jurídica, lo cual provocaría la nulidad de estos documentos, y el Ejecutivo estaría obligado a publicar las reformas que fueron aprobadas por este órgano legislativo.
Las firmas supuestamente realizadas por el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado son falsas, de conformidad con el dictamen pericial grafoscópico realizado por el licenciado Marco Antonio Rangel Martín del Campo, perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, el cual concluye que las firmas proceden de diferentes manos, puños y letra (fojas 106 a 156 del cuaderno de pruebas).
II. El órgano legislativo demandado para la integración de dicha comisión especial tomó en cuenta a tres de los cinco grupos legislativos que existen en la legislatura, quienes se interesaron en participar, por lo que la citada comisión quedó integrada de la siguiente manera:
Ver integración de la comisión
Los diputados integrantes de la comisión especial fueron constituidos con base a su proporcionalidad, por lo que el Partido Acción Nacional es el que tiene mayor número de integrantes en dicha comisión, seguido del Partido Nueva Alianza y, por último, el Partido del Trabajo, por tanto, se cumple con la pluralidad legal requerida, tomándose en cuenta la proporcionalidad de los grupos legislativos.
Desde el inicio de la conformación de la comisión especial para analizar las firmas tanto del tesorero como del gobernador del Estado, los diputados del Partido Revolucionario Institucional se negaron a participar en la estructura de la misma.
Si bien es cierto que la comisión especial no fue la que inicialmente conoció de la iniciativa, sino la Comisión de Hacienda del Estado, también los es que esta última fue la que concluyó el dictamen definitivo de dicha iniciativa, con fundamento en lo considerado por la comisión especial.
Al resultar falsa la rúbrica del funcionario citado, no existe el refrendo necesario en el escrito de observaciones (veto), por consiguiente, es de desestimarse el mismo, ya que carece de valor.
Es de advertirse que existe la comisión de un delito al falsificarse la rúbrica del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, Rubén Eduardo Martínez Dondé, conforme al artículo 245, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León, y dicha comisión especial, consideró que no debe dejarse impune este delito, por lo que es necesario, se realice la debida investigación criminal.
Si las observaciones hechas por el gobernador del Estado no contienen la rúbrica autógrafa del citado secretario, por consecuencia, no tiene validez jurídica el documento enviado a la legislatura, pues el mismo carece de fundamentación y motivación, que debe satisfacerse por el Poder Ejecutivo al vetar un decreto legislativo.
La negativa del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional a participar en la integración de la comisión especial, se desprende del Diario de los Debates Número 328-LXXI-S. Ext. (fojas 158 a 147 del cuaderno de pruebas).
III. La parte actora aduce que la comisión especial sólo puede tener atribuciones relacionadas con la función legislativa, y de ninguna manera de orden jurisdiccional; esto resulta falso, dado la existencia de los artículos 27 y 30 de la Constitución Local, que en síntesis refieren que el ejercicio de la autoridad, debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes, lo cual no fue así, ya que la misma actora se duele del proceso legislativo, aun cuando en la esfera del Poder Ejecutivo Estatal no es el encargado de señalar cómo debe llevarse el mismo.
IV. El último concepto de invalidez de la actora, se hace consistir en que la legislatura, al emitir el acuerdo legislativo 372, violó los artículos 122 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, al darle denominación de "acuerdo" al acto impugnado; al respecto, no existe tal ilegalidad, pues independientemente de lo anterior, el Poder Legislativo no puede caer en el error de la complicidad y pasar por alto una ilegalidad cuando es tan palpable su comisión, si advierte como apócrifa la firma del tesorero del Estado, requisito sine qua non, para que surta efectos jurídicos la firma del Ejecutivo del Estado en términos del artículo 88 de la Constitución Local, por lo que resulta inevitable que actúe en consecuencia, después de contar con el peritaje que confirma la sospecha inicial de manera contundente, por lo que no pueden tenerse por presentadas en tiempo y forma las observaciones del gobernador, y lo legal es que se tengan como no presentadas dentro del plazo de diez días que marca el artículo 71 de la Constitución Estatal y, consecuentemente, se haga efectiva la diversa determinación del Congreso de mandar publicar el decreto primario y así concluir con el proceso legislativo.
Ante el principio de que la autoridad únicamente puede actuar con base en lo que la ley le permite expresamente, tomando en cuenta los artículos 27 y 30 de la Constitución Local, resulta indiscutible que no puede tenerse por efectivo el escrito del gobernador, relativo a sus observaciones, al faltar la firma del tesorero del Estado, en pleno desacato del artículo del citado mandamiento legal.
SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República (fojas 73 a 128 del expediente), solicitó lo siguiente:
"Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma, con la personalidad que ostento.
"Segundo. Declarar que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, que es procedente, que fue promovida oportunamente y por persona legitimada para hacerlo.
"Tercero. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente escrito, y toda vez que en el caso concreto se actualiza la violación al principio de división de poderes estatuido en el primer párrafo del numeral 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los actos tildados de inconstitucionales por el gobernador de Nuevo León."
Las razones que sustentaron la anterior opinión, en resumen, fueron las siguientes:
El Congreso demandado soslaya que el derecho de veto es exclusivo y personalísimo del titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, y dicha prerrogativa constitucional tiene por objeto salvaguardar el orden constitucional. Por tanto, no es viable condicionar tal atribución a la firma de un subordinado del titular del propio Poder Ejecutivo Estatal, ello haría nugatorio el derecho en comento.
De conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, si el gobernador de la entidad ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso Estatal insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley de que se trate y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, no por la decisión u orden unilateral proveniente de la Legislatura Local.
Si con motivo de la investigación que realizó la comisión especial del Congreso Local, ésta arribó a la conclusión de que la firma estampada por el secretario de Finanzas del Estado es apócrifa, el Congreso Local debió acudir a la autoridad competente a efecto de hacer de su conocimiento, la práctica de una conducta ilícita y, en segundo lugar, analizar en términos del numeral 71 de la Constitución de la entidad, las observaciones realizadas por el gobernador, para así dejar incólume el derecho de veto que le corresponde.
Lo anterior, encuentra sustento en la facultad constitucional del Ejecutivo Estatal de verificar que lo que se asienta en la ley sea acorde al texto de la Ley Fundamental de la entidad, de manera que impedirle realizar la verificación aludida, significaría dejar sin efectos una forma de control constitucional no jurisdiccional, y ello permitiría que entraran en vigor normas que no cumplen los requisitos constitucionales correspondientes.
El derecho de veto si bien es vinculante para el Congreso Local, no es, en estricto sentido, una orden del Ejecutivo, sino que constituye un medio de colaboración de poderes, en el proceso para la formación de leyes.
El Congreso Estatal se alejó del imperativo constitucional que debe prevalecer en el Estado de Nuevo León, y suspendió el proceso legislativo estatal, imponiendo al Ejecutivo, una orden que se entiende como una intromisión a la esfera de sus facultades, cuestión que invariablemente implica una afectación al principio de división de poderes, establecido en el numeral 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ordenó al gobernador la inmediata publicación del decreto materia de las observaciones y se le impuso el mandato para que a la brevedad ordenara al procurador general de Justicia Estatal, iniciara la averiguación previa respectiva, por la comisión del delito de falsificación de documentos en contra del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado.
A través de una decisión unilateral, el Poder Legislativo Estatal no puede ordenar al Poder Ejecutivo Local que publique el decreto materia de las observaciones, toda vez que incumplió con el mandato contenido en el artículo 71 de la Constitución Local, así como tampoco puede dicho poder mandar al gobernador a efecto de que a su vez ordene a un subordinado -procurador general de Justicia de la entidad- sobre algo que no es de su competencia, toda vez que ello se traduce en una limitación a las facultades exclusivas del Ejecutivo, o bien, se establece cierta obligación que implica una forma de control por el órgano colegiado legislativo.
En la especie se actualiza la violación al principio de división de poderes, y procede se declare en lo general la invalidez constitucional de los actos que se tildan de inconstitucionales por el gobernador de Nuevo León.
OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el primero de octubre de dos mil nueve se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del país, por tratarse de un conflicto suscitado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León con motivo de un acuerdo emitido por este último, el cual no reúne las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de una norma general.
SEGUNDO. Certeza de los actos cuya invalidez se demanda. En autos quedó demostrada la existencia de los siguientes actos reclamados:
1. Oficio número 819-LXXI-2009 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el contenido del acuerdo legislativo 372;
2. Acuerdo legislativo 372 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de tales observaciones;
3. El Decreto 74 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, mediante el cual se creó la comisión especial del Congreso del Estado de Nuevo León denominada: "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado, y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", aprobada en la sesión correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil siete.
4. El informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa en su sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil nueve.
Para acreditar lo anterior, a continuación se transcriben, en el orden indicado, el texto esencial de los actos citados.
1. Oficio número 819-LXXI-2009, de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el contenido del acuerdo legislativo 372 (foja 293 del cuaderno de principal):
"Asunto: Se remite Acuerdo No. 372
"Oficio Núm. 819-LXXI-2009
"Lic. José Natividad González Parás
"Gobernador Constitucional del Estado
"Presente.
"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del Estado, el Acuerdo Núm. 372 expedido por el Congreso del Estado en esta fecha cuyo documento se acompaña.
"Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"Atentamente.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’
"Monterrey, N.L. a 11 de junio de 2009
"Congreso del Estado
"Dip. Secretario
"Ricardo Parás Welsh
"Dip. Secretario
"Ranulfo Martínez Valdez"
2. Acuerdo legislativo 372 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de las mismas (se acompañó como anexo de la demanda):
"El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXI Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política Local, expide el siguiente:
"Acuerdo
"Núm. 372
"Artículo primero. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, conmina a José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que a la brevedad, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 33 expedido por esta legislatura, referente a la reforma al artículo 9, fracción VII, de la Ley que Crea al Organismo Público Descentralizado denominado Instituto del Agua del Estado de Nuevo León.
"Artículo segundo. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, conmina a José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que a la brevedad ordene a la Procuraduría General de Justicia del Estado inicie la averiguación previa respectiva y realice la investigación ministerial correspondiente por la comisión del delito de falsificación de documentos establecido en el artículo 245, fracción I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León por la falsificación de la rúbrica de Rubén Eduardo Martínez Dondé
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22127-d7499a7b/controversia-constitucional-el-acuerdo-legislativo-372-de-11 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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