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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EN SEGUNDA INSTANCIA SE DESECHA ESTE RECURSO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 446/2006. · Registro digital (IUS): 22165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1773.

AMPARO DIRECTO 446/2006. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previo al examen de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, este órgano colegiado, en términos del artículo 49 de la ley de la materia, estima procedente confirmar la resolución del Juez de Distrito a quo que declaró su incompetencia para conocer del asunto y ordenar la remisión de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno.

En el auto de diecisiete de octubre de dos mil seis, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, desechó de plano la demanda de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114 del mismo ordenamiento legal, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia de primera instancia de fecha once de mayo de dos mil seis, dictada por el Juez Segundo de lo Civil de esta capital, en el expediente **********, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de contrato de compraventa en escritura pública, promovido por ********** en contra de la quejosa y otro; lo anterior, por considerar que dicho acto no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, por ser susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, y agregó que ello "con independencia de que la promovente haya recurrido en la apelación la citada sentencia de primer grado, y que dicho recurso haya sido desechado, pues tal circunstancia de manera alguna constituye una excepción que haga procedente el juicio de amparo indirecto" pues, de lo contrario, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la promoción de recursos ordinarios a que está obligado con base en el principio de definitividad.

Asimismo, y por cuanto al diverso acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de septiembre de dos mil seis, dictado por la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación **********, por el que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la citada sentencia de primera instancia, el Juez de amparo estimó ser incompetente para conocer del asunto por ser una resolución que puso fin al juicio pues, aun sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y que, por ello, procede en su contra el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 44 y 46 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, del cual debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito.

El artículo 49 de la Ley de Amparo establece que cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el numeral 44, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, que "El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la resolución del Juez.", en este último caso mandará devolver los autos al juzgado de su origen.

Conforme a lo antes mencionado, este Tribunal Colegiado estima que debe confirmarse la resolución del Juez a quo que declaró su legal incompetencia para conocer del amparo respecto del acto reclamado, consistente en el auto que desechó la apelación interpuesta contra el fallo de primer grado, por las razones que enseguida se expresan:

********** reclamó el auto de dieciocho de septiembre del año en cita, emitido por la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación ***********, interpuesto por la propia quejosa en contra de la sentencia definitiva de once de mayo de dos mil seis, pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el expediente número **********, relativo al juicio de otorgamiento de contrato de compraventa promovido por **********, en contra de aquélla y otro; proveído reclamado que desechó dicho recurso por no haberse expresado los agravios en el orden a que refiere el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.

Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las controversias a que alude el artículo 103 de esa Máxima Ley se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las siguientes bases: "Artículo 107. ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso la Federación, en defensa de los intereses patrimoniales ..."

Por su parte los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.", "Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto a las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." y "Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio."

Del análisis de los preceptos antes mencionados, se advierte que por sentencias definitivas o resoluciones que, sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, deben entenderse aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

Bajo ese tenor, el citado acto reclamado por **********, efectivamente debe considerarse definitivo para su impugnación a través del juicio de amparo directo y, por ende, para el conocimiento del asunto por parte de este Tribunal Colegiado, pues aun cuando el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, establezca la procedencia de la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, aplicando las reglas que para su trámite establece el capítulo de dicho recurso, como quiera que sea el diverso 408 de la misma legislación, limita su interposición a aquellos actos que no pongan fin al procedimiento y, además, porque el medio de impugnación de mérito debe resolverse en la sentencia correspondiente, que obviamente no puede ser materia del proveído que desecha la apelación.

En efecto, si bien es cierto que de acuerdo con los artículos 409 y 411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en cita, los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el tribunal que los dictó, y que la reclamación cabe contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, el diverso 408 de la propia legislación, expresamente señala que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Asimismo, el numeral 410 del código procesal en comento previene el trámite de dicho recurso en la forma siguiente: I. Se puede interponer al momento de la audiencia o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en que surta efectos la notificación del auto impugnado; II. Se formulará por escrito o de manera verbal, expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III. No suspende el curso del juicio (con excepción de lo establecido por el artículo 412, que deja al arbitrio judicial del tribunal la suspensión de la ejecución de la resolución reclamada, previo otorgamiento de garantía), se tramita por cuerda separada y para su sustanciación se da vista a la contraria por el término de cuarenta y ocho horas; IV. La resolución que se dicte no admite recurso.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 354 de la propia legislación procesal civil en estudio, al resolver la sentencia, una vez analizadas las violaciones procesales y subsanadas en su caso las mismas, se procederá al estudio de las reclamaciones conforme a sus fracciones I y II. Y aunque dicho precepto no es categórico por cuanto a que ese tipo de recursos necesariamente deban resolverse hasta el fallo definitivo pues, incluso, el diverso 410 del Código de Procedimientos Civiles en cita tampoco lo dispone de esa manera, de la exposición de motivos del citado ordenamiento legal se concluye que así debe ser, ya que sobre el particular textualmente se establece lo siguiente: "La reclamación tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Se presenta ante la autoridad que dicta los autos y puede interponerse en la audiencia, cuarenta y ocho horas después de notificado el auto y se formulará verbalmente o por escrito. Dicho recurso no suspende el procedimiento y deberá resolverse en la sentencia."

Así las cosas, tomando en consideración tales disposiciones por cuanto a que la reclamación procede contra autos que no pongan fin al procedimiento y que deben resolverse en la sentencia, se colige que el auto que desechó la apelación interpuesta por **********, en contra de la sentencia de primer grado, pone fin al procedimiento y no es recurrible a través de medio ordinario de impugnación, por lo cual en su contra procede el juicio de amparo directo.

No está por demás señalar, en relación con el acto reclamado consistente en la sentencia de primera instancia de once de mayo de dos mil seis, dictada por el Juez del conocimiento, que aun cuando este Tribunal Colegiado también resultaba competente para conocer del mismo, por el principio de indivisión de la continencia de la causa al constituir la demanda de amparo un todo; sin embargo, por cuestión de economía procesal y a fin de evitar mayores trámites que a nada práctico conducirían pues, como quiera que sea, surge su improcedencia en términos del artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, por haber cesado sus efectos con motivo del dictado del diverso auto combatido que desechó el recurso de apelación promovido en contra de aquel fallo de primer grado; motivo por el cual también debe confirmarse y, por ende, quedar firme el desechamiento de plano de la demanda de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia declarada por el Juez de Distrito a quo, en relación con la sentencia de primera instancia reclamada.

SEXTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación.

La quejosa refiere que se violó en su contra el artículo 16 constitucional, toda vez que la Sala responsable determinó desechar el recurso de apelación que hizo valer sin que su resolución se encuentre debidamente fundada y motivada, impidiendo con ello el examen de los agravios expresados, pasando por alto que desde el inicio no se cumplieron las formalidades de ley.

Es de explorado derecho que toda actuación judicial debe encontrarse debidamente fundada y motivada conforme a dicho precepto constitucional, entendiéndose por una correcta fundamentación la expresión o cita del precepto legal aplicable al caso, en tanto que la motivación es la expresión de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en las hipótesis previstas por la norma legal invocada como fundamento; siendo que, además, debe existir una interrelación entre el fundamento aplicado y las razones o motivos que se tomaron en consideración. Al caso, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil ahora resuelve, publicada con el número VI.2o. J/43, en la página setecientos sesenta y nueve, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

Tiene razón, en esencia, la quejosa pues ciertamente la resolución combatida no se encuentra debidamente motivada, habida cuenta que la Sala responsable omitió expresar las razones, motivos o circunstancias especiales que tuvo en consideración para desechar el recurso de apelación hecho valer por la ahora quejosa, lo que en última instancia se traduce en una violación al artículo 16 constitucional, según el cual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En efecto, según se aprecia de la resolución reclamada de dieciocho de septiembre de dos mil seis, la Sala responsable con fundamento en los artículos 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla y 392, fracciones I y III, del Código de Procedimientos Civiles de esta misma entidad, estimó ser competente para desechar el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso en contra de la sentencia de primera instancia "en virtud de que aun cuando en el escrito en el que interponen la apelación, los recurrentes expresaron los agravios que, en su concepto, dicen les causa la resolución impugnada, no los expresaron guardando el orden a que se refiere el artículo 382 del ordenamiento legal ya citado, es decir, I. Bajo el rubro ‘Violaciones procesales’; ... II. Bajo el rubro ‘Violaciones sustanciales en el procedimiento’, ... y III. Bajo el rubro ‘Violaciones de fondo.’"

De lo antes señalado, se advierte que en el acuerdo combatido la Sala responsable determinó desechar el recurso de apelación porque -según dijo- si bien es cierto que los recurrentes expresaron agravios, también lo es que no lo hicieron en el orden que establece el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir de enero de dos mil cinco, cuyo texto parcialmente transcribió.

Sin embargo, no precisó las razones o circunstancias concretas por las cuales consideró que los agravios expresados en el recurso de apelación propuestos por la hoy quejosa, no guardaban el orden establecido por dicho artículo; esto es, omitió precisar y demostrar razonadamente en el auto combatido la razón por la cual la recurrente no se ajustó a lo que previene el precepto en comento; es decir, si los agravios que admite fueron expresados siguieron un orden diferente a lo dispuesto por el mismo, o bien, si la apelante faltó por completo a los requisitos que establece ese precepto, porque no siguió orden alguno como lo marca la ley o, por último, si los argumentos expresados como agravios no fueron rubricados con las palabras que emplea el mencionado numeral del código procesal civil de esta entidad.

En tal virtud, al no haberse expresado con detalle las razones, motivos o circunstancias especiales que la Sala responsable tuvo en cuenta para determinar que los agravios que expresó la recurrente, hoy quejosa, no cumplieron con el orden y requisitos que dispone el artículo 382, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, acarreó como consecuencia que la quejosa quedara en estado de indefensión, al no estar en legal posibilidad de conocer los motivos exactos por los que fue desechado su recurso de apelación y, de esa forma, estar en posibilidad de desvirtuar en vía de conceptos de violación en esta instancia constitucional las razones fundatorias de la resolución reclamada.

No es obstáculo para lo antes considerado, la circunstancia de que el tribunal de apelación hubiera citado como fundamento de su determinación los artículos 381, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 392, fracciones I y III, y 382, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, todos del Estado de Puebla e, incluso, hubiera transcrito este último precepto como base de su acuerdo, pues como quiera que sea para concluir con una correcta fundamentación y motivación en términos del artículo 16 constitucional, era menester que además señalara las razones, motivos o circunstancias especiales que tuvo en cuenta para concluir expresamente que los agravios de apelación no cumplieron con las exigencias establecidas por el artículo 382, fracción I, del código procesal civil citado. Al caso, tiene aplicación por analogía la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página quinientos treinta y nueve, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA SOLA CITA DE UN PRECEPTO LEGAL NO LAS SATISFACE. Si la autoridad responsable, sólo se concretó a fundar el acto autoritario en un artículo de un ordenamiento legal, pero omite expresar los motivos por los que desecha y declara improcedente el medio de impugnación, obviamente dicha fundamentación es insuficiente para estimar que cumplió con lo preceptuado por el artículo 16 constitucional, pues no basta señalar el precepto, sino que es necesario que se indiquen las circunstancias especiales y los razonamientos particulares que lo llevan a la conclusión de que el acto concreto encuadra en la hipótesis del precepto que le sirvió de apoyo, y al no haberlo hecho así, es evidente que viola los principios de legalidad y certeza jurídica."

Por las anteriores consideraciones, ante la omisión de la Sala responsable de citar los motivos, razones o circunstancias especiales que tuvo en consideración para determinar que los agravios de apelación vertidos por la hoy quejosa no cumplieron con los requisitos de ley, procede conceder el amparo solicitado a fin de que el tribunal ad quem deje insubsistente el acuerdo combatido y dicte otro, con plenitud de jurisdicción, pero debidamente fundado y motivado; razón por la cual es innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación. Esto de conformidad con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos setenta y nueve, Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, así como con las jurisprudencias de este Tribunal Colegiado, la primera consultable en la página doscientos cuarenta, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, de la misma época y Semanario y, la segunda publicada con el número 683, en la página cuatrocientos cincuenta y nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que respectivamente dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE.-La omisión de la autoridad de revelar los motivos y fundamentos que le sirven de apoyo para dictar un determinado acto, impide calificar la constitucionalidad de su contenido dado que se ignoran cuáles fueron las razones y los preceptos legales que se tuvieron en cuenta para dictarlo; por ello el efecto del amparo que se otorga contra un acto carente de motivación y fundamentación obliga a la autoridad responsable a dejarlo insubsistente, pero no restringe sus atribuciones para dictar otro siempre que cumpla con la exigencia de fundarlo y motivarlo.", "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO. (MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO).-Cuando se aleguen en la demanda de amparo violaciones formales, como son la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resulten fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan porque las mismas serán objeto del nuevo acto que emita la autoridad purgando los vicios formales del anterior." y "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.-Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción."

Debiéndose hacer extensiva tal concesión a los actos de ejecución reclamados del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada con el número 652, en la página cuatrocientos treinta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución."

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 107, fracciones III y IX, de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos que reclama de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, de esta entidad federativa, consistente en el auto dictado por dicha Sala el dieciocho de septiembre de dos mil seis, en el toca de apelación **********, que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el mencionado Juez, el once de mayo del mismo año, en el expediente **********, relativo al juicio de otorgamiento y firma de contrato de compraventa en escritura pública, promovido por **********, en contra de la hoy quejosa y otro; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del referido Juez.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22165-3565679f/apelacion-el-auto-por-el-que-en-segunda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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