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Modo: Corpus Pro

QUEJA, VIOLACIONES QUE NO SON MATERIA DEL RECURSO DE, Y SI DE UN NUEVO AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 489/93. · Registro digital (IUS): 2222
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUADALUPE JUAREZ ROMERO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, , Pág. 351.

AMPARO DIRECTO 489/93. GUADALUPE JUAREZ ROMERO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Previamente al estudio de los conceptos de violación expresados por el quejoso se debe precisar lo siguiente.

Como el examen de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público en el juicio de garantías, debe hacerse previamente, lo aleguen o no las partes, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia número 5 de este Tribunal Colegiado, que dice: "IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".

El apoderado del instituto demandado ahora tercero perjudicado, sostiene que debe sobreseerse el presente juicio de garantías, por surtirse en la especie las causales de improcedencia previstas en las fracciones II, V y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque, en relación a la primera de dichas causales, el laudo combatido se pronunció en ejecución de la ejecutoria de amparo dictada por este cuerpo colegiado en el juicio de garantías 265/91, en el que se resolvió que la responsable se limitara única y exclusivamente a determinar si el despido había sido injustificado o no, analizando si las causales de rescisión consideradas fueron correctas o incorrectas. Además de que el quejoso estima que no se dio cumplimiento a dicha ejecutoria; que por consiguiente, debió promover en contra de dicho laudo el recurso de queja y no juicio de garantías. En relación a la segunda de las causales hechas valer, que ésta se surte porque J. Carlos Hernández Hernández, quien se ostenta como apoderado de Guadalupe Juárez Romero, actor en el juicio laboral de origen, carece de personalidad para promover a nombre de dicho actor el juicio de amparo, pues sólo se le facultó para representarlo durante la secuela del juicio natural, por lo que al haber culminado éste, consecuentemente dejó de ser su apoderado; y respecto de la última de las causales que invoca, dice que ésta se configura, en razón de que la demanda de garantías fue presentada fuera del horario hábil de labores de la Junta responsable del último día hábil a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que debía tenerse por presentada en forma extemporánea.

En lo concerniente a la primera causal de improcedencia invocada por la tercero perjudicado, debe indicarse que carece de razón, y para así estimarlo es preciso distinguir entre dos diferentes tipos de actos que pueden darse en la ejecución de una sentencia de amparo; por una parte, actos vinculados, que son aquéllos a cuya realización se ve constreñida la autoridad responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlo, es decir, el órgano de control constitucional le impone a la responsable la base, términos, condiciones o lineamientos mediante los cuales tiene que dar cumplimiento a su ejecutoria; y, por la otra, actos libres. Entendidos éstos como los que son realizados por la autoridad responsable en uso de su arbitrio, como consecuencia de que el órgano de amparo le devolvió plenitud de jurisdicción respecto de ellos.

En la especie, la Junta responsable pronunció el laudo combatido en el presente juicio de garantías, analizando las pruebas ofrecidas por las partes contendientes; pero dicho estudio lo hizo con plenitud de jurisdicción, ya que en la referida ejecutoria de amparo se concluyó que la responsable debía analizar todas y cada una de las pruebas desahogadas para determinar si el despido fue justificado o injustificado, y por ende, pudiera condenar o absolver al instituto demandado; así que, si para emitir su fallo la responsable no quedó vinculada, por la ejecutoria de amparo de mérito, debe concluirse que el juicio de garantías sí es procedente. Siendo pertinente subrayar, que no todo cumplimiento o ejecución de una sentencia de amparo es motivo del recurso de queja contemplado en el artículo 95 de la Ley de Amparo, como lo pretende la tercero perjudicado, pues no siempre puede atribuirse a la responsable defecto o exceso en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, tal como ocurre cuando se ocupe de cuestiones que decide con plenitud de jurisdicción, como sucedió en el presente asunto, haciendo uso del arbitrio que le es propio, y que la referida ejecutoria de amparo le hubiere reservado; consecuentemente en el particular la responsable no podía incurrir en exceso o defecto en la ejecución, al emitir el laudo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino en todo caso en violación de garantías; y de no estar conforme con las consideraciones que rigieron esta resolución, lo procedente era impugnarlo mediante el juicio de garantías y no del recurso de queja.

Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 169, visible a fojas 299 y 300, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO PROCEDENCIA DEL, Y NO DEL RECURSO DE QUEJA.-La segunda sentencia que la autoridad responsable pronuncia al cumplir con la ejecutoria de amparo, puede tener vinculación total, parcial, o ninguna vinculación. En este último caso, la autoridad responsable, al dictar la sentencia reenvió, reasume plenamente su jurisdicción y cualesquiera violaciones que cometiere, no serán en defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino tendrán carácter autónomo de lo juzgado por dicha ejecutoria, y por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo y no por el recurso de queja, que en esas circunstancias resulta improcedente."; así como la tesis sustentada por esta potestad federal, al resolver el amparo en revisión 266/91, el recurso de queja 13/91, y los amparos directos 94/92 y 183/93, que dice: "AMPARO Y QUEJA. SENTENCIAS DESVINCULADAS.-Si la ejecutoria de amparo sólo obligó a la autoridad de instancia a ocuparse y resolver sobre los agravios en que fue omisa y con plenitud de jurisdicción determinar lo que en derecho correspondiera, motivando debidamente su resolución, en ningún momento impuso a las responsables las bases, términos, condiciones o lineamientos mediante los cuales se tenía que dar cumplimiento a la misma. En consecuencia, si la Sala responsable abordó y resolvió tales problemas, cumpliendo con su obligación frente al fallo federal, y el sentido en que lo hizo fue con jurisdicción plena, no vinculada por ningún lineamiento que se le hubiera marcado en la sentencia de amparo, y si una de las partes estima ilegal la conclusión a la que llegó en su nueva resolución la responsable, lo procedente es precisamente la promoción de otro juicio de amparo, más no recurrir a la queja, porque no pudo haber exceso o defecto en los puntos no tocados por la justicia federal, sino inconformidad con lo que decidiera la autoridad responsable en ejercicio de sus propias atribuciones.".

Tocante a la segunda de las causales hechas valer por el instituto tercero perjudicado, es de indicarse que igualmente carece de razón. En efecto, atento a lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo cual puede hacer por sí o por conducto de su representante y sólo podrá seguirse por éste o aquél; y conforme al artículo 13 de la ley de la materia la representación que una persona tenga de otra, que esté reconocida ante la autoridad responsable, será reconocida en el juicio constitucional para todos los efectos legales siempre y cuando se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.

Precisado lo anterior, es evidente que J. Carlos Hernández Hernández, promovente del presente juicio de garantías a nombre del quejoso Guadalupe Juárez Romero, contrariamente a lo sostenido por el instituto tercero perjudicado, sí tiene personalidad, como apoderado del referido quejoso, para promover el presente juicio, pues tal y como lo alega el propio tercero perjudicado, el actor en el juicio de origen nombró al referido promovente de amparo, entre otros, como su apoderado para que lo representara en el juicio laboral, quien inclusive compareció ante la responsable el día en que se verificó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo ratificado tal nombramiento, y si bien la responsable expresamente nada dijo al respecto, empero implícitamente reconoció su personalidad, tan es así, que al escrito presentado por J. Carlos Hernández Hernández el ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por el que como apoderado del actor promovió incidente de nulidad de actuaciones (fojas 308 a 315), recayó el acuerdo de diecisiete de marzo siguiente (foja 318), en el que teniéndosele como apoderado de la parte actora se le admitió el incidente propuesto.

En tales circunstancias, resulta evidente que el mencionado J. Carlos Hernández Hernández, sí tiene personalidad para promover el presente juicio de garantías a nombre del quejoso Guadalupe Juárez Romero, y por consiguiente no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia, como lo pretende el instituto tercero perjudicado.

Finalmente, en relación a lo argüido por la parte tercero perjudicado en el sentido de que la demanda de garantías fue presentada en forma extemporánea debe indicarse que resulta infundado el argumento relativo. En efecto, es cierto que la demanda de mérito fue presentada ante el secretario de acuerdos de la Junta responsable el tres de agosto de mil novecientos noventa y tres, a las veinte horas, que el laudo reclamado le fue notificado el veintiocho de junio del mismo año, y que el término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, fenecía precisamente el referido día tres de agosto del año próximo pasado; sin embargo, ello no implica que por haber sido presentada la demanda de garantías en hora inhábil lo haya sido en forma extemporánea; esto es así, habida cuenta que el término genérico para la interposición, promoción o presentación de la demanda de amparo está reglamentado en forma expresa y específica por los artículos 21 y 24 fracción II de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, de los que se desprende con toda claridad que los quince días de que consta el mencionado término, se componen de veinticuatro horas. Por tanto, el referido término legal a que se refiere la ley de la materia, debe entenderse como quince días hábiles, comprendiendo las veinticuatro horas de los mismos, por lo cual no puede considerarse extemporánea la demanda de amparo, toda vez que se presentó antes de las doce de la noche del último día hábil del término de quince días que la Ley de Amparo fija para interponerla; razón por la cual no se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII de la ley de la materia.

Las consideraciones procedentes conducen a no sobreseer el juicio de garantías.

SEXTO.-Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin estarse en el caso de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo.

En efecto, carece de razón el solicitante de amparo al aducir que en el laudo reclamado la Junta responsable infringió en su perjuicio las garantías individuales tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en el segundo considerando del mismo, en forma por demás escueta, sin motivación alguna, sin valorizar las pruebas ofrecidas y sin que fundamentara su determinación, resolvió que la prescripción propuesta por la parte actora era improcedente; que infringiendo lo establecido en el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo omitió establecer en el referido fallo, el lugar y fecha, un extracto de la demanda y su contestación, no precisó las peticiones de las partes y los hechos controvertidos y no enumeró las pruebas ofrecidas por las partes, así como tampoco las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que le sirvieron de fundamento.

Ciertamente, por principio de cuentas debe indicarse que en el laudo impugnado la Junta responsable cumplió con lo establecido en el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo, pues basta su simple lectura para advertir que el mismo contiene al inicio, el lugar y fecha de su emisión, así como la precisión de la Junta que lo pronunció, asimismo, en el resultando tercero el nombre y domicilio del actor y sus representantes, así como el nombre y domicilio del instituto demandado, un extracto de la demanda conteniendo con claridad y concisión las peticiones del referido actor y de los hechos que narró; en el resultando cuarto, un extracto de la ampliación de la demanda, y de su contestación, conteniendo respecto de ésta los hechos controvertidos y las excepciones opuestas; en el resultando quinto enumeró las pruebas ofrecidas por las partes; en los considerandos segundo, tercero y cuarto la apreciación que de dichas probanzas realizó la Junta; en el resultando sexto precisó que ninguna de las partes formuló alegatos y en los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto las razones legales o de equidad y la jurisprudencia que le sirvieron de fundamento, para resolver como lo hizo; para concluir precisando los puntos resolutivos; es decir, la Junta responsable satisfizo todos y cada uno de los requisitos contenidos en el precitado dispositivo legal.

Por otra parte, del considerando segundo del laudo de que se trata, se aprecia que la Junta responsable para estimar que no existe la prescripción alegada por el actor respecto de la rescisión de su contrato individual de trabajo, contrariamente a lo aducido por el quejoso, sí fundó y motivó su consideración, pues sostuvo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo conocimiento de las irregularidades que motivaron la rescisión, mediante acta administrativa de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que se inició la investigación de dichos hechos para determinar a quién debía imputarse, concluyendo tal investigación el nueve de marzo siguiente, con el resultado de que el responsable de las mencionadas irregularidades era el actor, a quien con fecha dieciséis de marzo del citado año se le rescindió su contrato individual de trabajo, precisando que atento lo establecido en el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, en un mes prescriben las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, corriendo dicho término a partir del día siguiente de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación o de la falta, esto es, desde el momento en que se comprueben las faltas o cometidas; de ahí, que al concluir la investigación administrativa el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, quedó establecida la responsabilidad del actor y se le rescindió su contrato el dieciséis de marzo siguiente, por lo que para ello, el demandado se encontraba dentro del término legal antes aludido, invocando como apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo número 4135/86 cuyo rubro es: "PRESCRIPCION PARA EL DESPIDO. TERMINO DE LA. NO TRANSCURRE MIENTRAS NO SE CONOZCA A QUIEN ES IMPUTABLE LA FALTA ESPECIFICADA EN UN REPORTE."; es decir, la Junta del conocimiento expresó con precisión los preceptos legales en que apoyó su determinación y expresó con claridad los motivos, datos y pruebas que tomó en consideración para concluir como lo hizo, adecuando además el caso concreto a la hipótesis normativa; advirtiéndose además, que analizó adecuadamente las actas administrativas comprendidas del diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro al nueve de marzo siguiente, relativas a la investigación realizada para fincar la responsabilidad de las irregularidades detectadas, aun y cuando no las haya detallado o especificado.

Asimismo, en contra de lo esgrimido, debe indicarse que si bien es cierto que la Junta responsable no especificó cada una de las prescripciones que el actor expresó en la ampliación de su demanda; empero, ello resulta irrelevante, pues cada una de las rescisiones cuya prescripción se alegó se refieren a diversas irregularidades, que como quiera que sea fueron motivo de investigación por parte del instituto demandado para determinar a quién debían imputarse, indagación administrativa que concluyó, como bien lo estimó la responsable, el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, fincándose responsabilidad de las mismas, en el acta de la misma fecha, al ahora quejoso, lo que motivó que le fuera rescindido su contrato individual de trabajo; es decir, independientemente de que las diversas irregularidades que le fueron imputadas hubiesen acontecido en los meses de octubre, noviembre y diciembre de mil novecientos ochenta y tres, como bien lo consideró la responsable fue el diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando por virtud del acta de esa fecha, el patrón tuvo conocimiento de ellas, lo cual motivó que se iniciara la investigación administrativa correspondiente, la que concluyó por acta de la misma índole de nueve de marzo del citado año, determinándose la identidad del responsable a las aludidas anomalías y se fincó la responsabilidad, y si la rescisión tuvo lugar el dieciséis del mismo mes y año, es inconcuso que el término de prescripción de la acción de despido a que se refiere el artículo 517 fracción I del código laboral no había despido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 635, visible a foja 1071, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DESPIDO, INVESTIGACION PREVIA AL. PRESCRIPCION DEL DERECHO DEL PATRON PARA EFECTUARLO.-Si el patrón debe practicar una investigación administrativa, según las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables, para comprobar los hechos que se imputan al trabajador como constitutivos de causal de rescisión del contrato individual de trabajo, el término para la prescripción de la acción respectiva que corresponde al patrón, debe computarse a partir de la conclusión de dicha investigación.".

Por otro lado, en relación a lo esgrimido con respecto a que del contenido del acta administrativa de diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, no puede concluirse de ninguna manera que con esa fecha se haya enterado el instituto demandado de los hechos que se le imputaron al rescindirle su contrato individual de trabajo; habida cuenta que tal contenido no concuerda con los hechos que se le atribuyen en las causales de rescisión, pues lo importante no es la fecha en que se enteró "la Dirección de Servicios Jurídicos Delegacionales" de tales hechos, sino cuando tuvo conocimiento el instituto patrón, de los mismos, debe indicarse, en primer lugar, que no se estima incorrecto que la responsable haya considerado que el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, tuvo conocimiento de la serie de irregularidades imputadas al ahora quejoso el día diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en razón de que, de acuerdo al examen del acta de esa fecha (foja 151) los jefes del departamento de Conservación Zona II, y de los Servicios Delegacionales de Conservación y Patrimonio Inmobiliario, del instituto demandado hicieron constar una serie de irregularidades detectadas en las órdenes de compra 840, 848 y 839, correspondientes a la Residencia de Conservación número Nueve del C.N.R.P.T. (Centro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo) y autorizadas por el jefe de conservación de la unidad respectiva, ingeniero Guadalupe Juárez Romero, lo que implica que en la fecha referida únicamente se hizo constar que se detectaron las anomalías a que se refiere el acta de que se trata, pero no se desprende que en la misma se haya fincado responsabilidad alguna, no obstante que se mencionara el nombre de Guadalupe Juárez Romero, aquí quejoso, pues en ese momento se desconocía el nombre del responsable de las alteraciones de las órdenes de compra que en dicha acta se especificaron y si se mencionó al ahora solicitante del amparo, fue porque en tales órdenes de compra en comento, aparecía que fueron autorizadas por dicho quejoso, sin que ello se traduzca en una imputación. En segundo lugar, debe decirse que aun y cuando las irregularidades o anomalías de que se habla, hubiesen sido efectivamente conocidas por el patrón en diversas fechas anteriores al diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, de cualquier forma, fue hasta el nueve de marzo del citado año cuando el instituto demandado tuvo conocimiento pleno, al concluir las investigaciones administrativas que realizó, de la entidad del responsable de las mencionadas anomalías; y a mayor abundamiento, aun suponiendo sin conceder, que la fecha en que tuvo conocimiento el instituto demandado de las irregularidades de que se habla, hubiera sido el diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, pasando por alto el lapso de la investigación administrativa que se llevó a cabo, como quiera que sea, el término para la prescripción de la acción de despido no habría fenecido, puesto que su contrato individual de trabajo le fue rescindido el dieciséis de marzo siguiente; esto es, el último día hábil del mes transcurrido; en la inteligencia de que si tal término se computara del diecisiete de febrero al dieciséis de marzo y se comenzara a computar el diecisiete siguiente como inicio de un nuevo mes; y con bastante oportunidad, si se computara el referido término legal de treinta días naturales, puesto que habiendo tenido veintinueve días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, del diecisiete de ese mes y año al dieciséis de marzo siguiente, habrían transcurrido veintinueve días naturales.

En otro orden de ideas, en lo concerniente a los conceptos de violación en los que se aduce, sustancialmente, que la Junta responsable omitió atender a las objeciones que el quejoso formuló en relación a las actas administrativas que ofreció el demandado como pruebas, de fechas diecisiete y veintitrés de febrero, dos, cinco, seis, siete y nueve de marzo todas de mil novecientos ochenta y cuatro; debe indicarse que no le asiste la razón al quejoso, pues en caso de documentos privados objetados, corresponde al objetante probar las impugnaciones alegadas, pues el oferente de dichas probanzas tiene a su favor las presunciones de que tales documentos son auténticos; de suerte que al no haber acreditado la parte actora el fundamento de sus impugnaciones, correctamente la Junta responsable no las consideró, pues además los documentos de que se trata fueron ratificados por quienes los suscribieron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 251 de esta potestad federal, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. CARGA DE LA PRUEBA.-En materia laboral el que objeta de falso un documento debe probarlo, por lo que si una de las partes dice haber objetado por falso un documento, la carga de la prueba corresponde a ella, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico."; y la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 565/91, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA DE LOS.-Basta que se reconozca la firma de los documentos privados, para que se consideren auténticos en su integridad salvo prueba en contrario; en la inteligencia de que la carga de la prueba de la objeción pesa sobre quien trata de destruir esa presunción.".

En torno a lo argumentado por el quejoso en el sentido de que las actas administrativas de cinco y siete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, fueron indebidamente valoradas por la Junta responsable, porque con las mismas no se justifican las causas de rescisión que se le imputan y porque de ellas no se desprende confesión expresa de su parte respecto de los hechos en que se fundó el patrón para rescindirle el contrato de trabajo. Debe decirse, que no le asiste la razón al quejoso; esto es así en virtud de que, como bien lo consideró la Junta responsable, en el acta administrativa de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, efectivamente se aprecia la confesión expresa del trabajador, ahora solicitante de amparo, respecto de los hechos que se le imputaron, puesto que manifestó en síntesis, que al haber analizado las órdenes de pago 840, 839 y 848, se dio cuenta que se habían realizado sin autorización superior, la cual debía requerirse, dado el monto de cada una de ellas, y que no había pedido autorización de compra al almacén delegacional, que al entrevistarse con el subresidente de conservación, éste le dijo que ciertamente no había pedido autorización de compra al almacén, ni autorización al ingeniero Rafael Sánchez (jefe del Departamento de Conservación Zona II), ni al arquitecto Lara (Carlos Lara Domínguez, jefe de los Servicios Delegacionales de Conservación y Patrimonio Inmobiliario), y que percatándose de que los procedimientos no eran los adecuados, quiso respaldar las compras efectuadas por el referido subresidente; que el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro realizó compra a la casa comercial "Eléctrica Slim", Sociedad Anónima, sin solicitar la autorización respectiva al almacén delegacional, ignorando además si dicho almacén tenía en existencia los artículos que compró. Asimismo, que al haber adquirido diversos artículos no esperó a que el almacén delegacional le informara si los tenía en existencia, ni tampoco lo preguntó, ni solicitó autorización de compra, y no obstante que el procedimiento no era el adecuado, realizó tales compras por suponer que el almacén no tendría en existencia los artículos correspondientes; y a preguntas especiales que se le formularon respondió que era su obligación recabar previamente la autorización de compra por parte del almacén delegacional, y que no pidió autorización respecto de las órdenes de compra 839 y 840 porque como se encontraba de vacaciones no era su responsabilidad, pero que respecto de la diversa 848 sí la efectuó y omitió recabar la autorización correspondiente, pero comentó con el arquitecto Carlos Lara la necesidad de hacer unas compras de material de voceo e intercomunicación, pero no le especificó ni el monto ni el volumen de las mismas y tampoco le dijo que el almacén ya le había negado la existencia; que recibió el oficio 300676 de veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, suscrito por Rafael Sánchez Espinoza, en el que se le indicaba que días antes le habían regresado dos facturas por compra de material eléctrico con un importante mayor de doscientos mil pesos por no tener "la negativa de suministro" del almacén delegacional; y al serle preguntado si era su obligación recabar autorización de sus jefes inmediatos superiores para devolver la mercancía a la casa "Eléctrica Slim", Sociedad Anónima, contestó que lo comentó con el ingeniero Sánchez Espinoza, quien le dijo que era lo más conveniente, por lo cual devolvió la mercancía; y agregó: "Que si bien es cierto que pudieran existir irregularidades cometidas por el suscrito, las mismas son de carácter administrativo, y que pudieron ser mínimas esas desviaciones, aunque aclaro que estoy consciente que no existen desviaciones de mi parte pero en ningún momento obré de mala fe ni con dolo y mucho menos poder dañar al instituto, ya que el instituto es el que me está proporcionando un empleo para poder comer, y que lo que realice fue con la finalidad de sacar adelante el trabajo de la residencia de conservación a mi cargo ..."; confesión que se robustece con las órdenes de pago 839, 848 y 840 (fojas 108, 110 y 150 respectivamente) y sus facturas correspondientes, A014715, A015088 y A014714 (fojas 107, 109 y 149 respectivamente), documentos en los que aparecen el nombre y la firma del ahora solicitante de amparo, Guadalupe Juárez Romero; y con las declaraciones del arquitecto Marco Antonio Aparicio Hernández (actas administrativas de seis y siete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro); elementos de convicción con los que el instituto demandado demostró la causal de rescisión prevista en la fracción XI del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; esto es, que el actor desobedeció al patrón o a sus representantes sin causa justificada respecto del trabajo contratado; por lo que determinó que debía absolverse al demandado de la reinstalación y del pago de los salarios vencidos; siendo conveniente destacar que aun y cuando las causales de rescisión previstas en las fracciones II y XV del precitado dispositivo legal no se hayan surtido por no haberse comprobado que el actor haya incurrido en faltas de probidad u honradez ni en alguna otra de igual manera grave y de consecuencias semejantes en cuanto al trabajo se refiere, no por ello puede considerarse injustificado el despido, pues como quiera que sea, comprobada que fue la aludida causal de precisión prevista en la fracción XI del artículo 47 del código laboral, tal circunstancia hacía procedente el despido de que se habla.

Por otra parte, es inexacto que los hechos manifestados por la parte actora al ampliar su demanda en la etapa de conciliación, demanda y excepciones, concretamente respecto a que Francisco Contreras Palacios, fue quien redactó las actas administrativas en las que el ahora quejoso aparece que intervino y que lo coaccionó para que las firmara, por haberlo amenazado con meterlo a la cárcel si no lo hacía; haya sido una cuestión no controvertida por el instituto demandado. En efecto, en la diligencia de que se habla, el referido demandado negó en todos sus términos la ampliación o aclaración de demanda realizada por el actor, de ahí que el argumento que se esgrime resulte infundado, ya que además, como bien lo precisó la Junta responsable, el aludido Francisco Contreras Palacios a quien se atribuyó la coacción que menciona el ahora quejoso, nada dijo al respecto, por no haberle sido articula

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2222-670bc6ae/queja-violaciones-que-no-son-materia-del-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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