PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA CUANDO EL INCULPADO ESTÁ GOZANDO DEL BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo penal número 504/2009, fallado el quince de octubre de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expresados por el impetrante de la protección federal. Por cuestión de técnica jurídica, debe abordarse en primer término el segundo de los conceptos de violación, en tanto que el artículo 183 de la Ley de Amparo establece que cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia. De manera que si en ese apartado de la demanda de garantías, el quejoso sostiene que la sentencia reclamada es ilegal porque la autoridad responsable dejó de atender que la acción penal se encuentra prescrita, al tenor de aquel precepto legal ese motivo de disquisición debe ser examinado en forma preferente a aquellos otros en los que el agraviado refiere que en la causa penal no se demostró el cuerpo del delito y su responsabilidad penal. Ahora bien, no asiste razón al impetrante de la protección federal, en cuanto sostiene que se encuentra prescrita la acción penal, al haber transcurrido más de tres años sin que se llevara a cabo ninguna actuación dentro de la causa penal. Para ello refiere que de la causa penal se desprende que en la fase de instrucción, el veinte de octubre de dos mil tres se dictó un proveído a través del cual se le tuvo por nombrando como su abogado a la defensora de oficio adscrita al Juez de primera instancia, y a partir de ese proveído no se realizó actuación alguna sino hasta el siete de julio de dos mil seis, fecha en la que ya había transcurrido el plazo de tres años necesario para que operara dicha figura extintiva de la acción penal. Se afirma que es infundado el relatado concepto de violación, porque si bien el artículo 90 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, dispone que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones, es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley; en tanto que el ordinal 93 establece que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena de prisión que señale la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a tres años. También cierto resulta que el término necesario para que se colme esa figura extintiva, requiere que el procesado no se encuentre sometido a la jurisdicción del Juez, dicho en otros términos, es necesario que el procesado se encuentre sustraído de la acción de la justicia. Aspecto que no acontece cuando el procesado se encuentra disfrutando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, pues en esa hipótesis está sometido a la jurisdicción del órgano jurisdiccional. Consecuentemente, aun cuando dentro de la causa penal se deje de actuar por un plazo superior a tres años, no será suficiente para considerar prescrita la acción penal, pues en ese supuesto, el transcurso de ese tiempo no es idóneo para que opere dicha figura jurídica, si previamente no se revocó al procesado el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Por tanto, si en el caso concreto al impetrante de la protección federal, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, y de ese beneficio sigue disfrutando hasta la fecha, entonces es evidente que no llegó a configurarse la prescripción de la acción penal, pues para considerar apto el plazo referido por el impetrante de la protección federal, era menester que se le haya revocado dicho beneficio y se haya ordenado su reaprehensión, esto es, que se hubiere colocado en una situación de sustracción de la acción penal. Tan es así que el segundo párrafo del artículo 98 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, dispone que cuando habiéndose radicado la averiguación o girado la orden de reaprehensión, la prescripción se interrumpirá por las actuaciones tendientes a la captura del inculpado, de modo que si el quejoso siempre estuvo sujeto a la disposición del Juez, no corrió el plazo de prescripción. Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo LXXIII, Segunda Parte, página veintinueve, bajo el rubro y texto siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, LA FALTA DE ACTUACIONES EN EL PROCESO NO DA LUGAR A LA.’ (se transcribe). Así como el criterio emitido por la propia Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el tomo XXXIII, página setenta y ocho, del medio oficial de divulgación en consulta, correspondiente a la Sexta Época, bajo el epígrafe y texto siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LIBERTAD CAUCIONAL.’ (se transcribe). Por tales razones, no se comparte el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos veinticuatro, que textualmente señala: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRE EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’ (se transcribe). Lo anterior porque, a juicio de este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el término de la prescripción no corre cuando el procesado se encuentra gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución y el mismo no le ha sido revocado, al implicar que en ese lapso el procesado estuvo sometido a la potestad del órgano jurisdiccional. ..."
2. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 509/2008, fallado el veintitrés de octubre de dos mil ocho, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"Resulta fundado lo aducido por el inconforme en el sentido que el a quo de forma incorrecta señaló que no hubo inactividad procesal en la causa penal 212/2004, en virtud de que el inculpado estaba gozando de la libertad provisional bajo fianza, y que debía computarse el término para la prescripción, a partir de que se revocó el beneficio, pues refiere el recurrente que existió inactividad procesal del dos de mayo de dos mil cinco, al diecinueve de febrero de dos mil siete, transcurriendo un año, nueve meses y diecisiete días. En primer término conviene traer a colación los artículos 75, 76, 77, 79, 84 y 85 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que disponen: ‘Artículo 75.’ (se transcribe). ‘Artículo 76.’ (se transcribe). ‘Artículo 77.’ (se transcribe). ‘Artículo 79.’ (se transcribe). ‘Artículo 84.’ (se transcribe). ‘Artículo 85.’ (se transcribe). En efecto, en la sentencia recurrida se indicó que tal como lo estableció la autoridad responsable, el término para la prescripción de la acción penal, no opera cuando el inculpado se encuentre gozando del beneficio de la libertad bajo caución, ya que el mismo comenzará a computarse a partir de que éste se sustraiga de la acción de la justicia. Tal consideración resulta incorrecta, pues de los numerales transcritos con antelación no se desprende que el término para la prescripción de la acción penal no correrá en los casos en que el inculpado se encuentre gozando de la libertad provisional bajo caución, pues la legislación de Tlaxcala, no contempla una excepción al respecto, incluso los artículos 76, 79 y 84 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, son claros al disponer que para la prescripción basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, en cualquier estado del procedimiento; asimismo que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de un año; que la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el Juez, pero si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. En esa virtud, el cómputo para la prescripción de la acción penal, comienza a partir del día siguiente de que exista inactividad procesal, con independencia de que el inculpado esté gozando de la libertad provisional bajo caución, pues tal cuestión no impide que transcurra el término señalado por la ley para la actualización de dicha figura. De ahí, que fue incorrecto que se tomara como punto de partida el cinco de marzo de dos mil siete, fecha en la cual se revocó el citado beneficio. Puntualizado lo anterior, procede analizar si al momento que el Juez del proceso dictó la resolución de diecinueve de marzo de dos mil ocho (en la que declaró prescrita la acción), revocada por la Sala responsable, el catorce de mayo siguiente, y que constituyó el acto reclamado, se encontraba prescrita la acción penal. En efecto, los ilícitos, por los que se siguió el proceso penal al recurrente, fueron el de daños en las cosas y lesiones a título de culpa, previstos y sancionados en los artículos 309, 256 y 257, fracciones I y II, del Código Penal del Estado, que disponen: ‘Artículo 309.’ (se transcribe). ‘Artículo 257.’ (se transcribe). Como se señaló en la sentencia recurrida, se está en presencia de un concurso de delitos, y en términos del artículo 81 del Código Penal del Estado, los términos para la prescripción correrán simultáneamente en cada caso. Tal numeral a la letra dice: ‘Artículo 81.’ (se transcribe). El ilícito de daños en las cosas, el cual prevé mayor pena, está sancionado de tres días a tres años de prisión; sin embargo, el artículo 55 del mismo cuerpo de leyes, estatuye que los delitos de culpa no excederán de las tres cuartas partes de las que correspondería si éste fuera intencional, en tal virtud, las tres cuartas partes de tres días, es dos días, y la correspondiente a tres años, es dos años, tres meses, dos días; por lo que acorde a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Penal de Tlaxcala, el término medio aritmético para que opere la prescripción en el caso, es de un año, un mes, diecisiete días (en la sentencia recurrida se estableció un año, un mes, dieciséis días). Ahora, de los antecedentes narrados en el considerando precedente, se observa que en la causa de origen existió una inactividad procesal, del cuatro de mayo de dos mil cinco, fecha en la cual, la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado, certificó que no tuvo verificativo la diligencia de declaración preparatoria del inculpado, en virtud de la incomparecencia de éste, al diecinueve de febrero de dos mil siete, en la que el Juez del proceso, ordenó dar vista a la representación social, de la incomparecencia de **********, para declarar en preparatoria (se reanudó el procedimiento) transcurriendo un año, nueve meses y quince días. Bajo este contexto, acorde a lo dispuesto por el artículo 79 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad prevista para el delito de daño en las cosas a título de culpa, -un año, un mes y diecisiete días- ya había transcurrido, cuando se reanudó el procedimiento. En las relatadas circunstancias, a la fecha que el inconforme solicitó la prescripción de la acción penal -dieciocho de marzo de dos mil ocho-, ya había transcurrido el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad del injusto penal, al haberse dejado de actuar por un lapso superior al mismo, esto es, un año, un mes y diecisiete días. Entonces, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión, y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, contra la resolución de catorce de mayo de dos mil ocho, en los términos precisados en la parte final de la presente ejecutoria; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y al procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala, por reclamarse en vía de consecuencia. ..."
Criterio del que derivó la siguiente tesis:
"No. Registro: 167,669
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXIX, marzo de 2009
"Tesis: XXVIII.13 P
"Página: 2824
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRE EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De los artículos 76, 79, 84 y 85 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, se advierte que: a) para la prescripción basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, la cual puede ser declarada en cualquier estado del procedimiento; b) la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de un año, y c) aquélla se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el Juez, pero si se dejare de actuar, comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. En tal virtud, resulta inconcuso que el cómputo del término para que opere la prescripción inicia a partir del día siguiente al en que exista inactividad procesal, independientemente de que el inculpado esté gozando de la libertad provisional bajo caución, pues en el citado código no se establece excepción alguna al respecto.
"Amparo en revisión 509/2008. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretaria: Helen Uribe Hernández."
Similares consideraciones fueron sostenidas por este órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 265/2009, resuelto en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil nueve y el amparo directo 362/2009, resuelto en sesión de dos de julio de dos mil nueve.
Ahora bien, de las constancias de autos que integran la presente contradicción de tesis, se advierte que con motivo del requerimiento efectuado por la Primera Sala de este Alto Tribunal el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitió copia del amparo en revisión penal 239/2009, resuelto en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, al considerar que en éste al igual que en los señalados en el párrafo anterior se sostuvo el criterio materia de la contradicción de tesis que nos ocupa en esta resolución; sin embargo, dado que se advierten diferencias, a continuación se transcribe su parte conducente:
"Resulta fundado lo aducido por el inconforme en el sentido que el a quo de forma incorrecta señaló que no operaba la prescripción de la acción penal, en la causa penal 73/2006, en virtud de que el inculpado está sujeto a la potestad de la autoridad judicial, bajo los efectos del auto de formal prisión. En efecto, los artículos 75, 76, 77, 79, 84 y 85 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, disponen: ‘Artículo 75.’ (se transcribe). ‘Artículo 76.’ (se transcribe). ‘Artículo 77.’ (se transcribe). ‘Artículo 79.’ (se transcribe). ‘Artículo 84.’ (se transcribe). ‘Artículo 85.’ (se transcribe). Ahora bien, en la sentencia recurrida se indicó que tal como lo estableció la autoridad responsable, el término para la prescripción de la acción penal, no opera cuando el inculpado se encuentra a disposición de la autoridad judicial, sujeto al auto de formal prisión, ya que sólo se actualiza dicha figura procesal cuando el inculpado se sustrae de la acción de la justicia. Tal consideración resulta incorrecta, pues de los numerales transcritos con antelación se desprende que la prescripción de la acción penal, no está condicionada a que el inculpado se encuentre sustraído a la acción de la justicia, pues la legislación de Tlaxcala, no contempla una excepción al respecto, incluso los artículos 76, 79 y 84 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, son claros al disponer que para la prescripción basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, en cualquier estado del procedimiento; asimismo que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de un año; que la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el Juez, pero si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. En esa virtud, el cómputo para la prescripción de la acción penal, comienza a partir del día siguiente, a aquél, en que exista inactividad procesal, con independencia de que el inculpado esté sujeto a la potestad de la autoridad judicial bajo los efectos de un auto de formal prisión, pues tal cuestión no impide que transcurra el término señalado por la ley para la actualización de dicha figura. Además como lo señala el recurrente es inaplicable en el presente asunto, el artículo 87 del Código Penal del Estado; el cual se transcribe, para mayor claridad: (se transcribe), toda vez que de su lectura se colige que se refiere a la prescripción de las sanciones penales, supuesto que no se actualiza en la especie. Puntualizado lo anterior, procede analizar si al momento en que el Juez del proceso dictó el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil ocho, donde negó declarar prescrita la acción penal, el cual fue confirmado por la Sala responsable, el diecinueve de enero de dos mil nueve, y que constituyó el acto reclamado, se encontraba prescrita la acción penal. El ilícito por el que se sigue el proceso penal al recurrente, fue el de lesiones, previsto y sancionado en los artículos 256 y 257, fracción I, del Código Penal del Estado, que dispone: ‘Artículo 256.’ (se transcribe). ‘Artículo 257.’ (se transcribe). De los preceptos citados se colige, que la sanción penal es de tres días a seis meses; por lo que acorde a lo dispuesto por los artículos 79 del Código Penal de Tlaxcala, el término para que opere la prescripción en el caso, es de un año, atendiendo a que la media aritmética de la pena privativa de libertad es menor a dicho plazo. Ahora, de los antecedentes narrados en el considerando precedente, se observa que en la causa de origen existió una inactividad procesal, del once de mayo de dos mil seis, fecha en la que se incorporó a la causa la ficha antropométrica del ahora recurrente **********; al veinticinco de junio de dos mil ocho, día en que se acordó el escrito en que el quejoso solicitó que se declarara prescrita la acción penal, transcurrieron dos años, un mes y catorce días. No se desatiende que el veinticinco de mayo de dos mil seis, se acordó un escrito presentado por la sujeto pasivo **********, donde solicitó que se le proporcionaran copias certificadas de las constancias del proceso; sin embargo, esa actuación es ineficaz para interrumpir el plazo de la prescripción en virtud de que el artículo 84 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, establece que ésta sólo se interrumpe con las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, características que no reúne el proveído de mérito, pues en él sólo se acordó una solicitud de copias. Bajo este contexto, acorde a lo dispuesto por el artículo 79 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad prevista para el delito de lesiones -un año- ya había transcurrido, cuando se reanudó el procedimiento. En las relatadas circunstancias, a la fecha que el inconforme solicitó la prescripción de la acción penal -veinte de junio de dos mil ocho-, ya había transcurrido el término necesario para la prescripción de la sanción privativa de la libertad del injusto penal, al haberse dejado de actuar por un lapso superior al mismo, esto es, dos años, un mes y catorce días. Resulta aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis 13.P, sostenida por este Tribunal Colegiado, visible en la página 2824, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRE EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’ (se transcribe). Entonces, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión, y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, contra la resolución de diecinueve de enero de dos mil nueve, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 665/2008 para el efecto de que la deje insubsistente y dicte otra en la que determine que ha prescrito la acción penal y resuelva lo que en derecho corresponda; concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la Jueza Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por reclamarse en vía de consecuencia. ..."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo origina no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto las tesis números P. XLVII/2009 y P. XLVI/2009 emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:
"No. Registro: 166,996
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema planteado y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
"No. Registro: 166,993
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asun
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22240-116e8056/prescripcion-de-la-accion-penal-no-opera-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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