DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PÚBLICA O INSTALACIÓN DE CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA. LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES QUE LOS ESTABLECEN, NO INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito provienen de recursos de revisión interpuestos en juicios de amparo en materia administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que dictó una de las ejecutorias que contienden en la presente contradicción.
TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver en sesión de diez de diciembre de dos mil nueve, el amparo directo **********, en la parte que interesa, estableció:
"SEXTO. Son infundados los motivos de inconformidad expresados por la solicitante de la tutela constitucional. En esencia, se queja la peticionaria de garantías de que las autoridades demandadas en el juicio contencioso le imponen la obligación de pagar los derechos por la expedición de los permisos para la apertura de cepas o zanjas en la vía pública, cuando que, a su decir se encuentra exenta del pago de contribuciones de carácter local, atento a que la empresa quejosa es concesionaria del servicio público telefónico y, por tanto, la red pública de telefonía constituye una vía general de comunicación, así como los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de dicha red de telecomunicaciones, por disposición del artículo 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, pues dice, estas obras, la apertura de cepas o zanjas en la vía pública, son necesarias para la introducción de la red telefónica, la que pasa a formar parte de la vía general de comunicación y, por ende, en términos del arábigo 7o. del ordenamiento de comentario, se encuentra exenta del pago de los derechos correspondientes por la expedición de los permisos atinentes, en virtud de que, acota, atento a sus características de concesión otorgada por el Gobierno Federal que tiene el carácter de vía general de comunicación, sólo puede ser gravada con contribuciones de carácter federal, pues sostiene la inconforme, que sólo el Congreso de la Unión puede establecer tributos sobre servicios públicos concesionados, pues esta facultad le ha sido conferida expresamente por el artículo 73, fracción XXIX, apartado 4o., de la Constitución General de la República, por lo que al decir de la impetrante del amparo, las autoridades demandadas, aquí tercero perjudicadas, no estaban facultadas para cobrarle cantidad alguna por concepto de la expedición de permisos para la apertura de cepas en la vía pública, con el fin de ampliar la red telefónica. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la persona moral quejosa manifiesta que constituye una sociedad mercantil, cuyo objeto social consiste primordialmente en la construcción, instalación, mantenimiento, operación y explotación de una red pública telefónica, a nivel local y de larga distancia nacional e internacional, así como en la prestación del servicio público de telefonía básica. Que con fecha diez de marzo de mil novecientos setenta y seis, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó un título de concesión por una vigencia de treinta años, para construir, operar y explotar una red de servicio público telefónico; que esta concesión fue modificada con fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa, y en el capítulo 2, denominado ‘Disposiciones Generales’, que regula la legislación a la que se sujetará el concesionario, se asentó que: ‘... El servicio público concesionado por medio de este título, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Bienes Nacionales y su Reglamento, y por toda aquella legislación que se emita aplicable a la materia; por los convenios, acuerdos y tratados internacionales suscritos y los que en futuro suscriba en la materia el Gobierno Mexicano, y por los términos mismos de esta Concesión.’. Los antecedentes narrados se corroboran con el contenido del tercer testimonio de la escritura pública número ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa, otorgada ante la fe del notario público **********, misma que se allegó al sumario natural por la aquí quejosa, de la que aparecen los siguientes antecedentes: ‘...’. Además, la empresa quejosa sostiene que la red de telefonía que le fue concesionada constituye una vía general de comunicación, así como sus servicios auxiliares, obras, construcciones y accesorios necesarios para la instalación de la red de telefonía. Para dilucidar este aserto es menester abordar los siguientes aspectos: La telecomunicación es definida en el artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que en lo conducente, se transcribe enseguida. ... ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). En el caso concreto, está acreditado que la quejosa explota un servicio telefónico público y que éste consiste en la conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes, a nivel local y de larga distancia nacional e internacional y en el servicio público de telefonía básica. Ahora bien, si entre las definiciones de telecomunicación se encuentra la transmisión de sonido a través de un medio o sistema, resulta inconcuso que la telefonía constituye una telecomunicación. Por otra parte, el artículo 4o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone: ‘Artículo 4o. (se transcribe). Así también, el numeral 3o. de la misma legislación dice: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). De acuerdo a los preceptos en cita, una red pública de telecomunicaciones es el sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen cableados o cualquier otro medio de transmisión, o cualquier equipo necesario, a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. En conclusión, el servicio público de telefonía prestado por la quejosa, por constituir una red pública de telecomunicaciones, en los términos del artículo 4o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se considera una vía general de comunicación. En otro aspecto, el artículo 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación reza: ‘Artículo 2o. (se transcribe). Del análisis del anterior precepto, tenemos que las obras y terrenos necesarios para construir e instalar una vía general de comunicación se consideran parte de ésta, es decir, las redes telefónicas instaladas y los terrenos en que ellas se instalan, ya sea que el cableado sea aéreo o subterráneo necesario para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones, deben considerarse parte de la red de telecomunicaciones y, por ende, parte de las vías generales de comunicación. Dilucidado que ha sido lo anterior, resta establecer si las obras para instalar el servicio telefónico, en virtud de las cuales las autoridades demandadas en el juicio de nulidad hicieron el cobro de las contribuciones por los conceptos de ‘apertura de cepas en pavimento de concreto’, deben ser sujetos o no de esos impuestos locales. Para estar en aptitud de determinar lo anterior, es importante en un primer aspecto, discernir las atribuciones de la Federación respecto a las vías generales de comunicación. El artículo 73 de la Constitución Federal, en la parte que aquí interesa, estatuye: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De lo preceptuado en el artículo 73 constitucional, se desprende que el Constituyente ha reservado la regulación de la materia de vías generales de comunicación, y la imposición de contribuciones, a la Federación. Ahora bien, los artículos 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 3, 7 y 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, han precisado la exclusividad de la Federación para regular la referida materia. Dichos preceptos se transcriben enseguida. El artículo 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones dice: ‘Artículo 5.’ (se transcribe). Asimismo, los numerales 3o., 7o. y 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación rezan: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). ‘Artículo 8o. (se transcribe). Del análisis de los preceptos citados, se desprende que efectivamente las vías generales de comunicación son exclusivamente de jurisdicción federal, y no pueden ser objeto de contribuciones por parte de los Estados o Municipios. Sentado lo anterior, es indispensable analizar las atribuciones del Municipio atento a lo que al efecto dispone el artículo 115 constitucional, cuyo tenor literal es como sigue: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). El artículo 115 pre transcrito, está integrado por disposiciones relativas a las relaciones Federación-Municipio y Estado-Municipio, que incluyen disposiciones de contenido político, administrativo y fiscal. Como se observa, la fracción III del artículo 115 de la Carta Magna contiene el catálogo de funciones y servicios públicos que están a cargo de los Municipios y, específicamente en el inciso g) contempla ‘calles, parques y jardines y su equipamiento’. La fracción IV se refiere a la hacienda pública municipal, esto es, se ocupa de determinar las fuentes de percepciones del Municipio, tales como los rendimientos de los bienes que le pertenezcan y las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas de los Estados establecen a su favor, entre los que destacan las contribuciones fijadas por las Legislaturas Locales sobre propiedad inmobiliaria, los ingresos que se establezcan a su favor; las participaciones cubiertas por la Federación a los Municipios y los derivados de la prestación de servicios; lo anterior en la forma y tiempos que anualmente determinan los Congresos Estatales. La misma fracción IV del precepto 115 constitucional en cita prevé que es facultad de las Legislaturas Estatales aprobar las leyes de ingresos de los Municipios. Por otra parte, el Texto Constitucional es preciso al señalar en su fracción IV, que las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas y que sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones, bajo los términos que el propio precepto prevé. Para una mejor referencia, se transcriben las siguientes jurisprudencias que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal emitió en relación al tema de la ‘hacienda municipal’. ‘HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). (se transcribe). ‘HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). En el párrafo segundo de la misma fracción, el Constituyente prohibió que las leyes federales limiten la facultad de los Estados para establecer las contribuciones e ingresos señalados en el párrafo anterior, con la exención que al respecto ya se precisó, es decir, en tratándose de los bienes del dominio público de la Federación, Estados o Municipios, con las salvedades que ahí mismo se contemplan. Como ya se dijo, la fracción III del artículo 115 del ordenamiento que se comenta, contiene el catálogo de funciones y servicios públicos que están a cargo de los Municipios, y específicamente en el inciso g) contempla ‘calles, parques y jardines y su equipamiento’, y en la fracción IV, inciso c), se dispone que los Municipios administrarán los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, en tanto que, finalmente, en la fracción V, inciso d), se precisa que los Municipios están facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia dentro de su jurisdicción territorial. Ahora bien, del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Origen, relativo al proyecto de reformas del artículo 115 en el año de mil novecientos noventa y nueve, se aprecian las siguientes consideraciones: (se transcribe). De lo transcrito se desprende que por ‘equipamie
to’ debe entenderse la obra, mobiliario e infraestructura accesoria a los conceptos principales (calles, parques y jardines). Por otra parte, de la fracción V del numeral 115 constitucional se desprenden las siguientes facultades del Municipio: * Formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano municipal (inciso a) o * Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales (inciso d) u * Otorgar licencias y permisos para construcciones (inciso f). Conviene precisar que la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sinaloa, señala en sus artículos 1o., 117, 119 y 120, lo que enseguida se expone: (se transcriben todos ellos) Ahora bien, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, son del tenor literal siguiente: (se transcriben todos ellos). Además, los artículos 7, 13, 18, 81 y 377 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en lo conducente establecen: (se transcriben todos ellos). De lo expuesto, se tiene que si bien las facultades para legislar en materia de vías generales de comunicación están reservadas a la Federación, cierto es también que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad sí estaban facultadas para cobrarle a la inconforme los derechos atinentes a la apertura de cepas en la vía pública, de modo primordial, porque las contribuciones aludidas no pueden tenerse como tributos aplicados a las vías generales de comunicación, habida cuenta que ni de los preceptos mencionados ni de los documentos con los que se acreditó el pago de los derechos respectivos, se desprende que se esté imponiendo una contribución por el verificativo de los trabajos de instalación de la vía general de comunicación o de la vía misma, pues esta facultad está expresamente designada a la Federación. Antes bien, el Municipio de Culiacán recibió un ingreso, específicamente el pago de derechos por conceptos que forman parte de su hacienda municipal, los cuales tienen intrínseca relación con el uso y límites de la vía pública. En efecto, ya se mencionó con antelación al analizar el artículo 115 constitucional, que el Municipio tiene la libre administración de su hacienda; que ésta se forma con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, con las contribuciones y otros ingresos que establezcan las legislaturas a su favor y en todo caso percibirán las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; con las participaciones federales que correspondan al Municipio; y con los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Ahora, los derechos que se cobraron a la inconforme por la apertura de cepas en la vía pública, son una especie que forma parte del género contribuciones, porque constituyen una contraprestación por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, tal y como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión **********, promovido por **********, en donde estableció que el cobro de derechos municipales por la instalación de casetas telefónicas, no invade la esfera competencial de la Federación. De dicha ejecutoria surgió la tesis aislada CCXXV/2009, cuyo tenor literal es: ‘DERECHOS MUNICIPALES POR INSTALACIÓN DE CASETAS TELEFÓNICAS. SU COBRO NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LA FEDERACIÓN.‘ (se transcribe). También da apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 173, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año 2000, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, página 211, de sumario: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.’ (se transcribe). Además, es característica del cobro de derechos, que siempre debe estar en función al valor del servicio prestado, ello para que se cumpla con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, como lo ilustran las tesis que a continuación se citan: jurisprudencias números 174, 175 y 176, sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, las cuales se encuentran publicadas en la compilación citada con antelación, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, páginas 212, 213 y 214, que a la letra expresan: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’ (se transcribe). ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’ (se transcribe). ‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). También da apoyo a lo expuesto, la tesis aislada P. XLVIII/94, del propio Pleno de la Suprema Corte, la cual se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, noviembre de 1994, Octava Época, página 33, de rubro y texto: ‘DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS.’ (se transcribe). De lo anterior, se tiene que el cobro de derechos debe ir en función del objeto real del servicio prestado por la administración pública y que trasciende tanto al costo como a otros elementos. Aquí, es necesario destacar lo que disponen algunos artículos del Reglamento de Construcciones del Municipio de Culiacán, Sinaloa (se transcriben los artículos 28, 29, 30, 33, 35, 36, 272 a 279, 365 y 366). Corolario de lo expuesto, resulta que el Municipio tiene a su cargo la función del equipamiento de las calles (obras, infraestructura), como lo dispone el artículo 115 constitucional; así como limitar los usos de la vía pública y establecer las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la misma; además, tiene la función de vigilar que las obras autorizadas cumplan con las especificaciones que establecen las leyes, con el objeto de que no se altere el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública; para la protección del ambiente contra la contaminación por la emisión de ruidos, humos y polvos (artículo 272); para que los materiales no invadan la superficie de rodamiento (artículo 273); que se cumpla con la legislación de tránsito (artículo 274) y en fin, tiene a su cargo tomar todas las medidas para evitar accidentes con motivo de las obras (artículo 279), e incluso, hacer trabajos de reposición en banquetas y guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de los aludidos trabajos (artículo 276). En esa medida, si la instalación de una red subterránea de telecomunicaciones ha de generar la actividad municipal, en el sentido de que tendrá que elaborar una planificación, que las obras de la referida empresa generarán la ruptura del pavimento y el Municipio deberá procurar el bienestar de la colectividad vigilando que se cumplan con las normas aplicables, e incluso motivarán la expedición de una licencia o autorización para efectuar dichos trabajos, resulta inconcuso que las contribuciones generadas por esos motivos no invaden la esfera competencial de la Federación, máxime que no es la circunstancia de que se trate de una red de telecomunicaciones (vía general de comunicación) lo que genera el derecho, sino simplemente el efectuar actividades mediante las cuales se coloca en la hipótesis de causación prevista, al excitar la actividad municipal. En efecto, a virtud de la instalación de la red de telefonía, el Municipio no sólo tendrá que autorizar los planos correspondientes, sino además, llevar a cabo la pavimentación posterior, pues es a éste a quien corresponde el servicio público de las calles, su equipamiento y vigilar el uso que se dé a la vía pública, así como vigilar que los trabajos cumplan con las diversas reglamentaciones. Luego, se está frente a dos normatividades, una federal y otra local, que no colisionan ni se destruyen una a la otra o viceversa, sino más bien, que convergen en torno a una situación particular, sin implicar intromisión de una en el ámbito de la otra, sino por el contrario, que regulan situaciones complementarias entre sí, ya que no debe soslayarse que las normas jurídicas tienen un ámbito de validez personal, espacial, temporal y material; y la circunstancia de que dos o más leyes puedan ser aplicadas a virtud de una determinada situación no implica necesariamente que la una se coloque sobre la otra, inhabilitándola, sino que, antes bien, dos o más normas pueden converger en el mundo fáctico, de acuerdo a sus diversos ámbitos de aplicación, como acontece en la especie. En ese sentido, no se desatiende el hecho de que la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, puede no sólo regular cuestiones relativas a las vías generales de comunicación, sino además, imponer contribuciones respecto a éstas, sin que la circunstancia de que, en su caso, se aplique en determinada zona geográfica, quiera decir que invada la esfera del resto de las normas jurídicas aplicables en ésta, tales como las disposiciones locales que norman lo atinente a las contribuciones que en determinados supuestos, dan lugar a su causación. De la misma manera, el hecho de que un Municipio cobre determinado tributo previsto en el listado de ingresos para su hacienda, a una empresa que efectuando trabajos inherentes a la instalación de una vía general de comunicación, se ubique en los supuestos normativos que prevé la legislación local, no implica que se esté entrometiendo en un campo reservado para la Federación, pues si bien está facultada para regular lo atinente a la vía general propiamente dicha, e incluso imponer contribuciones respecto a ella, esto no quiere decir que el Municipio, en los casos que sus leyes lo prevean, esté imposibilitado para exigir del gobernado el pago de los tributos que correspondan a su hacienda, sin que sea óbice para esto que la actividad por la que lleva a cabo los trabajos correspondientes, esté regulada por la Federación, con exclusión de las autoridades locales. Lo anterior es así porque si bien resulta innegable que sólo el Congreso Federal, por así disponerlo el artículo 73, fracciones VII y XXIX, punto 4o, puede legislar sobre vías generales de comunicación e imponer contribuciones en dicho rubro; también es irrefutable que el Municipio de Culiacán no ejecutó el cobro de un tributo por conceptos atinentes a vías generales de comunicación, esto es, los pagos de derechos que fueron recibidos por la tesorería del Municipio en forma alguna pueden ser considerados como el resultado de una intromisión de las autoridades aquí tercero perjudicadas en cuestiones referentes a las vías generales de comunicación, propiamente, sino que, en su respectiva esfera de atribuciones, y en virtud de la expedición de un permiso para llevar a cabo obras para la introducción de cableado subterráneo, recibieron el pago de un derecho que va en función de las actividades que a su vez tuvo que realizar o realizará el propio Municipio de verificación y vigilancia de los trabajos, así como del pavimentado de la vía pública, de lo que se sigue que si bien es indudable que el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre vías generales de comunicación e imponer contribuciones sobre éstas; el Municipio, por su parte, tiene la atribución de obtener los ingresos que determine el Congreso Local en virtud de la prestación de un servicio a su cargo, como en el caso lo es el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, ya que el costo que para el Municipio tiene ese servicio no se agota con la simple expedición del documento respectivo, sino que justamente su otorgamiento implicará la supervisión y vigilancia de su adecuado uso. A mayor abundamiento, el propio artículo 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su segundo párrafo señala: (se transcribe). De la anterior disposición se advierte que el propio legislador federal, de antemano, al redactar los preceptos que vendrían a constituir la ley que regula las telecomunicaciones, previó que la aplicación de la normatividad federal, debía llevarse a cabo sin transgredir las normas locales relativas al desarrollo urbano y ecología. Luego, la propia legislación federal que se comenta previó la convergencia de sus normas con las leyes estatales o municipales. Corolario de lo expuesto, emerge que el servicio público de telefonía que proporciona la empresa inconforme, deriva de una concesión otorgada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que constituye una vía general de comunicación y, por ende, su regulación corresponde a las autoridades federales, pero los trabajos que realizó para implementar dicho servicio, en las calles del Municipio de Culiacán, Sinaloa, corresponde su regulación a dicho ente jurídico, pues conforme a sus atribuciones se encuentra facultado para ello, sin que con esa actividad esté invadiendo atribuciones de la Federación. Da apoyo a lo expuesto, la tesis aislada número XIX.1o.23 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época, página 998, que se comparte por este órgano colegiado por tratarse de un caso análogo al que ahora se resuelve, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘DERECHOS POR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA INSTALAR LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA. SU COBRO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A EMPRESAS QUE EXPLOTAN E INSTALAN VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, COMO REDES DE TELECOMUNICACIÓN SUBTERRÁNEA, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007).’ (se transcribe). De igual forma, se comparte la tesis aislada XXII.1o.40 A, que emitiera el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, página 1940, de sumario: ‘LICENCIA DE RUPTURA DE PAVIMENTO. EL ESTABLECIMIENTO DEL PAGO DE DERECHOS POR SU EXPEDICIÓN NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES OTORGADA A LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).’ (se transcribe). En las anotadas consideraciones, al ser infundados los conceptos de violación expuestos por la inconforme, y al no actualizarse la hipótesis de suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, que rige en la especie, pues no se advierte la existencia de una violación manifiesta de la ley que coloque en estado de indefensión a la parte quejosa, lo que se impone es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. ... "
Asimismo, cabe precisar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el veintinueve de noviembre de dos mil siete, el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, precisó:
"Al respecto, en el quinto concepto de violación la quejosa sostiene en esencia que el oficio reclamado es violatorio de la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, toda vez que aquél carece de la debida fundamentación y motivación que deben contener los actos de autoridad, en razón de que las autoridades municipales omiten citar los preceptos legales que les facultan para realizar el cobro de derechos sobre bienes que constituyen vías generales de comunicación, sin que se apliquen en el caso los supuestos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado invocadas, ni de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es esencialmente fundado el concepto de violación antes resumido. En efecto, el oficio reclamado es del tenor literal siguiente: (se transcribe). De dicho oficio se advierte que el director de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, otorgó a la quejosa **********, la autorización para expedirle ‘Licencia de Construcción de Obras de Urbanización y/o Ejecución de Obras’, para la ejecución de trabajos de excavación en diversas localidades de dicho Municipio, previo pago de $**********; así como la autorización para la instalación de diversos postes telefónicos previo pago de derechos en cantidad de $**********; además de precisar el pago de los derechos por concepto de ‘Estudio y Aprobación de Planos y Proyectos de Construcción’ en cantidad de $**********. Ahora bien, el artículo 73, fracciones XVII y XXIX, inciso 4o., de la Constitución General de la República, indica: (se transcriben). Por su parte, los numerales 2o., 7o. y 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, disponen lo siguiente: (se transcriben). En tanto que los artículos 1o. a 5o. de la Le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22257-0e6e99c0/derechos-por-la-autorizacion-municipal-para-la-apertura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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