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Modo: Corpus Pro

ACTUACIONES PROCESALES VICIADAS. EN PREPARACIÓN DE SU CONOCIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIONES PROCESALES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, POR QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DEL CONCEPTO "RECURSOS ORDINARIOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 98/2008. · Registro digital (IUS): 22262
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1699.

AMPARO DIRECTO 98/2008. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son infundados, en una parte, e inoperantes, en otra, los conceptos de violación expresados, por las consideraciones jurídicas que a continuación se indican.

Por cuestión de orden técnico, es procedente abordar previamente el estudio del concepto de violación en el cual la quejosa hace valer una violación procesal consistente en que fue indebido que la confesional a cargo de la codemandada ********** se desahogara por medio de mandatario judicial, porque éste no tenía facultades expresas para ello, y porque su contraria estaba obligada a absolver posiciones en forma personal, en virtud de que así fue acordado por el Juez primigenio al proveer el escrito de ofrecimiento de la prueba.

Respecto de la violación al procedimiento aludida, es menester precisar que su estudio procede siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos que para ello señala el artículo 161 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

"En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas:

"I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale.

"II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.

"Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten y a la estabilidad de la familia."

Conforme al precepto transcrito, tratándose de violaciones al procedimiento que afecten las defensas del quejoso, para que el tribunal de amparo pueda jurídicamente analizar dichas violaciones, es necesario que en el curso mismo del procedimiento se impugne la violación procesal a través del recurso ordinario y dentro del término que para el efecto señale la ley respectiva; si la ley no concede recurso alguno o si concediéndolo el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocarse la violación de que se trata en la segunda instancia, si se cometió en la primera.

Ahora bien, los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles para la entidad, establecen que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que el mismo ordenamiento determine, pero que no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella; que la nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad.

En la especie, la violación procesal aducida por la inconforme deriva de la forma en como se desahogó la confesional a cargo de la codemandada **********, en el sentido de que la hoy tercera perjudicada debió absolver posiciones en forma personal y no por conducto de mandatario judicial, porque así se ofreció y admitió ese medio de convicción.

En orden con lo antes precisado, se advierte que los requisitos que impone el artículo 161 de la Ley de Amparo no fueron colmados por la impetrante de tutela de garantías, pues si dicho precepto establece que para que el tribunal de amparo pueda jurídicamente analizar violaciones a las leyes del procedimiento es necesario que en el curso mismo del juicio se impugne la violación procesal a través del recurso ordinario y dentro del término que para el efecto señale la ley respectiva; si la ley no concede recurso alguno o si concediéndolo el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocarse la violación de que se trata en la segunda instancia, si se cometió en la primera; y si, por otra parte, los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles para la entidad, establecen que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esa falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que el mismo ordenamiento determine, que no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella; que la nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad; de todo ello se sigue que la violación procesal de que se trata no fue debidamente preparada en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo citado, pues si la quejosa ofreció la confesional de la aquí tercera perjudicada para que ésta se desahogara en forma personal, y así fue admitida por el Juez natural por proveído de veinte de agosto del dos mil siete, pero tal medio de convicción se desahogó por medio de mandatario judicial y no por la demandada en forma personal, tal como fue admitida, entonces se sigue que la impetrante de tutela de garantías no preparó la violación procesal alegada, en virtud de que la inconforme tenía la carga procesal de reclamar la nulidad de la diligencia aludida a través del citado incidente de nulidad de actuaciones, en virtud de que si su contraria no expresó su voluntad directamente en el desahogo de la prueba, y aun así ésta se tuvo por desahogada, ello implica que tal diligencia no se llevó a cabo en la forma que fue ordenada por el juzgador, y ello constituye un vicio que afecta los elementos de esa diligencia al no satisfacerse uno de los elementos del acto jurídico que debió conformarla, lo cual debe atacarse a través de un incidente de nulidad de actuaciones, en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo, en cuya connotación de "recursos" queda comprendido dicho incidente.

Lo anterior es así, pues el concepto de "recurso" aludido en el citado artículo 161 de la Ley de Amparo debe ser interpretado en sentido amplio, es decir, como cualquier medio de impugnación que tenga como efecto revocar, modificar o nulificar la violación procesal reclamada. Debido a ello, no debemos circunscribir el concepto de recursos a los que, como tales, están expresamente prescritos por la ley, sino a todos aquellos medios de impugnación que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la actuación relativa, porque la intención del legislador fue establecer una disposición que obligara al agraviado a defenderse de las violaciones procesales por todos los medios a su alcance, antes de llegar a su planteamiento en el amparo y, por lo tanto, bajo esta concepción, el incidente de nulidad de actuaciones debe quedar como parte integrante del concepto "recursos" o medios de defensa ordinarios a que se refiere el artículo 161 de la Ley de Amparo.

En orden con lo antes precisado, se sigue que el estudio de la violación procesal alegada resulta improcedente, en razón de que si la quejosa aduce que fue indebido que la confesional a cargo de la codemandada ********** se desahogara por medio de mandatario judicial porque éste no tenía facultades expresas para ello, y porque su contraria estaba obligada a absolver posiciones en forma personal en virtud de que así fue acordado por el Juez primigenio, pero si la inconforme no promovió el incidente de nulidad de actuaciones en el curso del procedimiento, en términos de lo que dispone el artículo 1.113 del código adjetivo para la entidad, entonces, tal violación procesal es inoperante, pues no puede ser atendible en esta vía constitucional.

En otra línea argumentativa, la propia impetrante de tutela de garantías también alega como violación procesal, la relativa a que no obstante que él en el juicio le solicitó al a quo que requiriera a los ahora terceros perjudicados para que exhibieran el original del contrato de donación celebrado entre los enjuiciados, para que se realizara el cotejo del mismo, el Juez natural no se pronunció al respecto.

Es improcedente esta violación procesal.

En efecto, como ha quedado señalado en párrafos precedentes, tratándose de violaciones al procedimiento que afecten las defensas del quejoso, para que el tribunal de amparo pueda jurídicamente analizarlas, es necesario que en el curso del procedimiento se les impugne, a través del recurso ordinario y dentro del término que para ese efecto señale la ley respectiva; y que si la ley no concede recurso alguno o si concediéndolo el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocarse la violación de que se trata en la segunda instancia, si se cometió en la primera; empero, en los agravios que la ahora quejosa expresó en la alzada, no invocó la violación procesal en estudio, pues ahí únicamente adujo que el a quo violó el principio de congruencia en virtud de que no analizó todas las pruebas habidas en el sumario natural; que la testimonial ofrecida por la enjuiciante estaba encaminada a justificar que tenía la posesión del bien controvertido; que el desahogo de la confesional a cargo de ********** se realizó en contravención a lo que dispone el código adjetivo para la entidad; que con la confesional a cargo del codemandado justificó tener la posesión del bien raíz en conflicto, y que ********** con las pruebas que ofreció en el juicio quedó evidenciado que la quejosa celebró un contrato de donación con su madre y, de ello se sigue que los requisitos que impone el artículo 161 de la Ley de Amparo no fueron colmados por la quejosa, pues si dicho precepto establece que para que el tribunal de amparo pueda jurídicamente analizar violaciones a las leyes del procedimiento es necesario que en el curso mismo del juicio se impugne la violación procesal a través del recurso ordinario y dentro del término que para el efecto señale la ley respectiva; si la ley no concede recurso alguno o si concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocarse la violación de que se trata en la segunda instancia, si se cometió en la primera y, si en el caso, el inconforme en los agravios que expresó en la alzada no refirió la violación procesal de que se trata, entonces, ante todo ello es de afirmarse que la misma no fue debidamente preparada en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo citado; en consecuencia, su estudio en el presente juicio de garantías resulta improcedente.

En un diverso motivo de disenso, la impetrante de tutela de garantías alega que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque dicha autoridad estuvo obligada a estudiar todos los conceptos de agravio, aun cuando en los mismos se alegaran violaciones procesales ya que, de conformidad con lo que dispone el diverso 1.366 del código adjetivo para la entidad, el recurso de apelación tiene como objeto modificar o revocar la resolución recurrida a la luz de los conceptos de agravio.

Es infundado este concepto de violación, pues si bien es cierto que el artículo 1.366 del código adjetivo para la entidad establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada revoque o modifique la resolución impugnada en los puntos relativos a los agravios expresados, los que de no prosperar motivarán su confirmación, de lo que se sigue que el objeto del recurso es revocar o modificar la resolución reclamada, también lo es que su examen se limita a analizar exclusivamente los errores u omisiones cometidos en ésta, lo cual excluye a los acontecidos fuera de la misma como serían las violaciones procesales que pudieran haberse actualizado durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío, en el caso de resultar fundada alguna violación procesal, no podría revocarse el fallo impugnado para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pudiere considerarse que el tribunal de alzada debiera sustituirse al a quo para subsanar tal violación procesal, toda vez que su función es sólo revisora de la sentencia de origen.

Así ha sido considerado en la jurisprudencia 1a./J. 8/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede consultarse en la página 5 del Tomo XIII, marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:

"APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).-El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."

Precisado lo anterior, y ante lo infundado, en una parte, e inoperante, en otra, de los conceptos de violación hechos valer, y toda vez que, en el caso, no se actualizó ni operó la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, respecto de la resolución que reclamó de la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictada el siete de diciembre de dos mil siete, en el toca de apelación número **********.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria federal, vuelvan los autos al tribunal estatal de su procedencia. Oportunamente, archívese el expediente como asunto concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo.

Así, y por unanimidad de votos de los señores Magistrados, presidente Javier Cardoso Chávez, Noé Adonai Martínez Berman y Virgilio A. Solorio Campos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22262-99511219/actuaciones-procesales-viciadas-en-preparacion-de-su-conocimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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