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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA AMBIENTAL. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL PRESUNTO INFRACTOR ES EMPLAZADO A AQUÉL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 239/2009. · Registro digital (IUS): 22332
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1935.

AMPARO DIRECTO 239/2009. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. El segundo concepto de violación expuesto por la quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo contra el fallo reclamado, por las razones que a continuación se expresan:

En el motivo de disenso que se estudia, considera la peticionaria de garantías, que la autoridad responsable hace una interpretación equivocada de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como de los diversos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Que contrario a lo manifestado por la responsable, el cómputo de los plazos para que opere la caducidad empieza a correr a partir de la comparecencia del organismo descentralizado al procedimiento administrativo instaurado en su contra y no a partir del acuerdo de alegatos.

Este tribunal considera fundado el anterior concepto de violación que hace valer la quejosa, ya que en el particular no se acataron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo, de donde deriva la multa que se le pretende imponer, lo que redunda en la afectación a su esfera jurídica, pues trastoca en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 16 constitucional.

Para dar claridad a los razonamientos en que se basa la presente ejecutoria, es necesario reproducir a continuación el texto de los artículos 161, 162, 164, 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cuales rezan al tenor siguiente:

"Artículo 161. La secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven."

"Artículo 162. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

"Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia."

"Artículo 164. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

"A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.

"Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio."

"Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la secretaría.

"Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos."

"Artículo 168. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

"Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta ley."

De los transcritos artículos se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por conducto de personal debidamente autorizado, pudiendo realizar visitas de inspección.

En dichas visitas de inspección se deberá levantar acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.

Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con dichas visitas.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos.

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva.

Cabe hacer mención que el artículo 160 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que para la sustanciación del procedimiento por infracciones a dicha ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante ello, cuando existe disposición especial respecto de una institución jurídica, ésta prevalecerá frente a la genérica, por tanto, la figura de la caducidad aplica de manera supletoria en los procedimientos por infracciones como el primigenio del cual deriva este juicio.

En ese tenor es pertinente transcribir lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.

"La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

"Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."

"Artículo 61. En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta ley, respetando en todo caso las garantías individuales."

De lo consignado en el artículo 60 se colige que prevé la figura jurídica de la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio en los que hubiere transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, es decir, la caducidad que es la forma anormal por la cual pueden terminar los procedimientos como lo dispone la fracción IV del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, opera también ante la inactividad procesal de la autoridad administrativa, excepción hecha de los supuestos previstos en el artículo 61, esto es, cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento.

Por procedimientos iniciados de oficio, se entienden aquellos que se inician sin instancia de parte, es decir, los que las autoridades instauran por iniciativa propia y de acuerdo a las facultades que les han sido conferidas previamente por una ley, como acontece con el previsto en los artículos 161 y 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de donde emanan las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, pues se inicia con motivo de un procedimiento de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento a la citada ley.

Por otra parte, de los imperativos legales 167 y 168 que se estudian, se derivan tres momentos procesales, a saber: un primer momento en que, para determinar el incumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su caso, para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la autoridad notificará al presunto infractor, una vez recibida el acta de inspección, que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la visita de inspección; así, en un segundo momento y concluido el desahogo de las pruebas, o habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a disposición del presunto infractor las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos; y por último, la autoridad tiene la obligación de resolver dentro de los veinte días siguientes al concluir el término para presentar alegatos.

No obstante lo anterior, las obligaciones procesales de la autoridad no concluyen con la emisión del acto, pues para que ello así suceda, debe notificárselo al interesado, lo que a su vez implica que para el caso de que la autoridad omita llevar a cabo cualquiera de esas obligaciones, puede originarse la caducidad del procedimiento.

Ello es así, puesto que la obligación de notificarle al interesado la resolución que dicte en el procedimiento o cualquier acto que deba ser notificado, implica la intención de respetar la garantía de seguridad jurídica a favor del particular, pues la resolución será existente en términos jurídicos, cuando éste lo conoce ya que es a partir de ese momento en que se materializan sus efectos en virtud de que es cuando el interesado está en aptitud de conocer la forma en que la determinación de la autoridad incidirá en su esfera jurídica.

Respecto del plazo que tiene la autoridad administrativa para notificarle al interesado la resolución que dicte o cualquier acto que deba ser notificado, el artículo 167 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que es de quince días hábiles como máximo contados a partir de la emisión de la resolución.

Del precepto anterior, se colige que la práctica de la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo o actos que deban ser notificados no queda al libre arbitrio de la autoridad administrativa, pues ésta queda sujeta a que se realice dentro del plazo expresamente conferido para ello.

Consecuentemente, si la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo o acto que deba ser notificado adquiere existencia a partir del momento en que le son dados a conocer al particular, y la notificación respectiva debe practicarse dentro de los quince días siguientes al en que sean dictados, la fecha cierta de la realización de dicho acto será precisamente la de su notificación.

Cabe precisar que para el cómputo de los términos debe estarse a lo ordenado por los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los que textualmente disponen:

"Artículo 28. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.

"En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento del público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo 167 Bis 3. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la notificación."

"Artículo 167 Bis 4. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición."

Ahora bien, la Sala responsable al pronunciarse sobre el tema en cuestión, dentro del acto reclamado, tuvo en cuenta lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el primer párrafo del artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, restando importancia a lo estipulado por el mencionado numeral 167, y erróneamente empezó a computar el plazo para la caducidad de las facultades de comprobación a partir de que fenece el término para formular alegatos.

Se afirma lo anterior, dado que las diligencias practicadas con anterioridad a la notificación a que se ha hecho referencia, son realizadas por la autoridad administrativa en uso de sus facultades de vigilancia e inspección, es decir, de manera unilateral y no existe aún un procedimiento que dé la oportunidad al afectado de ofrecer sus pruebas y formular alegatos para desvirtuar los hechos u abstenciones a él imputados.

En consecuencia, la responsable no tomó en cuenta los plazos establecidos en la ley, ya que los mismos deben empezar a computarse a partir del momento en que le es dado a conocer al particular el que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere procedentes, es decir, a partir del emplazamiento al procedimiento administrativo derivado de la visita de inspección, que en el caso ocurrió el nueve de marzo de dos mil seis, como se advierte de los antecedentes de la resolución de veintisiete de julio de dos mil siete (foja 78) y que se corrobora de lo manifestado por la paraestatal en su capítulo de antecedentes (foja 3), siendo a partir de este momento en que deben empezar a computarse los plazos establecidos en los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en concordancia con los artículos 28 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atento a lo anterior, el plazo de quince días a que se hizo referencia transcurrió del trece de marzo al tres de abril de dos mil seis.

Una vez transcurrido dicho lapso, la autoridad administrativa tenía otro plazo máximo de quince días para notificar al presunto infractor el acuerdo consistente en poner a disposición de la quejosa las actuaciones y concederle el plazo de tres días hábiles para que presentara por escrito sus alegatos, ya que como se ha hecho mención, éste es el plazo que otorga la ley como máximo para notificar los actos que deban ser comunicados, pues no puede dejarse al libre arbitrio de la autoridad el notificar los actos que emite, mismo que transcurrió del cuatro al veinticuatro de abril del mismo año; suponiendo que tal acuerdo se hubiera notificado hasta el último día, es decir, el veinticuatro de abril de dos mil seis, entonces, el plazo de tres días para formular alegatos transcurrió del veintiséis al veintiocho del mes y año en cita, cerrándose así la instrucción del procedimiento para ceder su lugar al de resolución, sin contarse el veinticinco, pues ese día surtió sus efectos la notificación.

En ese orden de ideas, la autoridad contaba con un plazo de veinte días hábiles siguientes fenecido el término para ofrecer alegatos para dictar la resolución definitiva correspondiente, atendiendo al primer párrafo del artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; transcurriendo dicho plazo del dos de mayo de dos mil seis al treinta del mismo mes y año, siendo esta última fecha el momento a partir del cual debe empezar a computarse el plazo de treinta días a que hace referencia el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para no caducar las facultades de comprobación de la autoridad.

Así que, si el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, siendo que esto último ocurrió el treinta de mayo de dos mil seis, el plazo para que se entiendan caducadas las facultades de comprobación de la autoridad transcurrió del treinta y uno de mayo de dos mil seis al once de julio del mismo año; por tanto, si ésta se dictó hasta el veintisiete de julio de dos mil seis, y se notificó hasta el seis de agosto del mismo año, como consta a fojas setenta y siete y setenta y ocho de autos; se concluye que la resolución que resolvió el expediente PFPA/TAB/47/487-2005 es ilegal al no haberse acatado las formalidades del procedimiento.

En conclusión, en la especie operó en contra de la autoridad la caducidad del procedimiento prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que como se advierte, no atendió a los plazos a que se encontraba obligada a seguir para el dictado de la resolución definitiva previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los relativos de la ley supletoria.

Cobra aplicación al presente asunto, aunque por analogía, la tesis I.7o.A.190 A, de la Novena Época, de este órgano colegiado, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, enero de 2003, página 1737, cuyos rubro y texto versan:

"CADUCIDAD. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD NO EMITE O NO NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, DENTRO DE LOS PLAZOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 60, 61 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se colige que en los procedimientos iniciados de oficio opera la caducidad de éstos ante la inactividad procesal en que incurra la autoridad administrativa, una vez que la etapa de instrucción hubiere concluido, pues de conformidad con el artículo citado en último lugar, las cargas procesales siguientes, como son la emisión y notificación de la resolución, le corresponden sólo a ésta; de ahí que si esos actos son llevados a cabo fuera de los plazos previamente establecidos tanto en el artículo 39 como en el 74, el relativo a la caducidad previsto en el 60 no se interrumpirá y, en consecuencia, producirá sus efectos; excepción hecha cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento como lo consigna el referido artículo 61."

Atento a lo expuesto con antelación, resulta ser fundado el argumento esgrimido por la accionante del juicio de garantías y por ende, las determinaciones combatidas en el juicio de nulidad de origen que han quedado precisadas en los párrafos inmediatos anteriores, deben ser declaradas nulas.

Es oportuno destacar que similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el amparo directo 83/2009, en sesión de ocho de mayo del presente año.

Debido a lo anterior, resulta innecesario analizar los demás conceptos de violación expresados por la quejosa.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número 168, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, página 113, que textualmente reza:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el primer concepto de violación vertido por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo, para el efecto de que se deje sin efectos la resolución combatida, y en su lugar la responsable dicte otra en la que atendiendo a los razonamientos expresados en la presente ejecutoria declare su nulidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la resolución de fecha veinte de noviembre de dos mil ocho, dictada en el juicio de nulidad número **********.

Notifíquese; con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; regístrese la resolución en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados: presidente, F. Javier Mijangos Navarro, Alberto Pérez Dayán y Adela Domínguez Salazar, siendo relator el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22332-a245cfc8/caducidad-del-procedimiento-de-inspeccion-y-vigilancia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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