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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AUTORIDAD REVOCA EL ACTO IMPUGNADO PERO SE RESERVA SU FACULTAD PARA DICTAR OTRA DETERMINACIÓN, SI EL ACTOR EXPONE ARGUMENTOS QUE, DE SER FUNDADOS, DARÍAN PAUTA A UNA DECISIÓN QUE IMPOSIBILITARÍA LA EMISIÓN DE UNO NUEVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 222/2010. · Registro digital (IUS): 22458
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2820.

AMPARO DIRECTO 222/2010. **********

CONSIDERANDO

SÉPTIMO. El tercero, cuarto y sexto de los conceptos de violación son inoperantes, en tanto que el primero y quinto son infundados y el segundo esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección federal solicitada.

Previo a su examen, es pertinente exponer los siguientes antecedentes del caso, que son útiles para resolver el presente asunto:

Al contestar la demanda la autoridad administrativa acompañó copia certificada del oficio **********, de treinta de octubre de dos mil nueve, por el que dejó sin efecto las resoluciones contenidas en los oficios con número de control ********** y **********, respecto de los créditos **********, ********** y **********, respectivamente, todas de ocho de mayo de dos mil nueve, emitidas por la administradora local de Servicios al Contribuyente de Celaya, del Servicio de Administración Tributaria, que son precisamente los actos administrativos impugnados en el contencioso.

Con base en ese oficio, la demandada solicitó a la Sala que sobreseyera en el juicio, ya que conforme al artículo 9o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la revocación del acto es una causa para que se extinga y, por consecuencia, deja de afectar al particular.

Al respecto, la responsable declaró infundada la pretendida causa de improcedencia del juicio con base en el artículo 9o., fracción IV, del citado código procesal, lo cual sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 156/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente contenido:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

De acuerdo con la regla en que sustentó la responsable su decisión y su propia interpretación, la revocación de un acto a cargo de la autoridad que lo emitió, que tiene la misma significación que dejarlo sin efecto, no genera de inmediato el sobreseimiento del juicio contencioso, porque si bien pudiera pensarse que ese acto beneficia al particular, porque se extingue otro que le impone una carga, cuando esto se hace dentro del procedimiento, el juzgador debe verificar si con la resolución del acto cuestionado se satisface con plenitud la pretensión del actor.

Esto, porque una vez que inicia un procedimiento contencioso se entiende que el gobernado procura no solamente la anulación del acto de autoridad, pues también puede pretender el reconocimiento de algún derecho o, incluso, su pretensión se dirija a demostrar que no existen los hechos alegados por la autoridad administrativa, que se apreciaron de manera incorrecta, que no actualizan la norma jurídica invocada para sustentar la voluntad de la administración o que no se observaron otros preceptos que, de tomarse en cuenta, desvirtúan esa decisión, en tanto que, de justificar lo anterior, la autoridad estaría impedida a emitir un nuevo acto sustentado en las mismas razones y fundamentos que el declarado nulo por la juzgadora.

Por lo anterior, como lo destacó la Sala, la revocación que unilateralmente realiza la autoridad del acto controvertido en el contencioso no necesariamente origina el sobreseimiento del proceso, pues dependiendo del caso particular, la sentencia pudiera llevar a una declaración de ineficacia que beneficie al actor más allá de la simple extinción del acto que controvierte.

Al respecto, las condiciones de anulación de un acto con motivo de una decisión jurisdiccional, necesariamente dependen del vicio que propició su ineficacia, pues para tal efecto debe acudirse al contenido de los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que expresamente determinan:

"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

"III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

"Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

"a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

"b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

"c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

"d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

"e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

"f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

"El tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

"Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo."

"Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:

"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

"IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

"En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

"Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

"V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

"a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.

"b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.

"c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.

"Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

"Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.

"Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto.

"Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

"En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta ley."

Como se advierte, en las fracciones II, III y IV del artículo 52 transcrito, el legislador previó dos tipos de nulidad que puede decretar una Sala Fiscal, y esto dependerá del vicio en que se incurra en el acto, aunque ambas comparten la característica de extinguir el acto controvertido.

Así, cuando el vicio incida en un elemento esencial, es decir, en algún aspecto sustantivo que lo justifique, su ineficacia es total y por eso, la declaración de nulidad que se impone, es lisa y llana, conforme a la fracción II de esa norma.

Esto implica que en cumplimiento de la sentencia anulatoria, la autoridad administrativa deberá limitarse a anular el acto y, por ende, no requerirá realizar uno nuevo o efectuar una conducta determinada.

Sin embargo, no toda declaratoria de nulidad lisa y llana tiene como consecuencia que la autoridad administrativa esté jurídicamente impedida para emitir una nueva resolución, superando las causas ilegales que fueron declaradas.

Esto es, la nulidad lisa y llana en términos generales implica la destrucción del acto controvertido y de las consecuencias que generó, sin vincular a la autoridad a que realice algo para perfeccionar su decisión, pero la posibilidad para emitir un nuevo acto, que desde luego es ajeno a hacerlo en cumplimiento de un fallo jurisdiccional, está relacionada con el carácter de cosa juzgada y ejecutoriedad de la sentencia pronunciada, dado que cuando la autoridad resuelve que no existen los hechos alegados por la autoridad administrativa, que se apreciaron de manera incorrecta, que no actualiza la norma jurídica invocada para sustentar la voluntad de la administración o que no se observaron otros preceptos que de tomarse en cuenta desvirtúan la validez de esa decisión, está juzgando los méritos y los fundamentos del acto y, por consiguiente, califica la actuación administrativa.

De ahí que, dado el carácter de cosa juzgada de dicha resolución, esos hechos y fundamentos no pueden volver a sustentar la actuación de la autoridad.

Empero, algunos aspectos sustanciales que dan lugar a la nulidad lisa y llana, no necesariamente vinculan o impiden que la autoridad emita una nueva resolución apreciando los hechos y los fundamentos que se tomaron en cuenta en el acto nulo.

Así acontecerá en los casos en que el acto administrativo sea emitido por una autoridad incompetente o que no se funden sus atribuciones, según el vicio anotado en la fracción I del citado artículo 51, porque si bien esto dará pauta a que se declare su ineficacia total y no se pueda vincular a la autoridad demandada a emitir otro acto a fin de purgar ese vicio, porque se desconoce si realmente es competente para hacerlo, esto no impide que quien sí tenga facultades pueda ejercerlas en el momento que fijen las normas o lo estime pertinente si versan en facultades discrecionales.

Lo anterior implica una declaración de nulidad lisa y llana, por la anulación total del acto y sus consecuencias, así como la ausencia de una orden a la demandada de que purgue alguna deficiencia, pero no tiene el efecto de impedir una nueva actuación, pues se insiste, esta particularidad se relaciona directamente con lo resuelto por la autoridad jurisdiccional que adquiere el carácter de cosa juzgada.

En cambio, cuando el vicio incide en la forma del acto, esto es, en su parte estructural o en un acto procedimental, que puede ser susceptible de reponerse, la ineficacia debe ser para el efecto de que se subsane esa deficiencia, de no tratarse de facultades discrecionales, pues es de tal magnitud que sólo con ser reparada permite la subsistencia de la voluntad de la autoridad reflejado en el acto administrativo, porque reúne los demás elementos que le son esenciales.

En lo que concierne a la relación que tiene el tipo de nulidad que debe decretarse en un proceso contencioso, con el vicio por el que se estimó la ineficacia del acto y la razón que imposibilita a la autoridad administrativa para emitir una nueva determinación, con base en los hechos y fundamentos juzgados, orientan los conceptos jurídicos contenidos en la tesis aislada P. XXXIV/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 26 del Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del contenido siguiente:

"NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. Ahora bien, la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso administrativo; si se violó el procedimiento la resolución debe anularse, la autoridad quedará vinculada a subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a dictar una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos."

Ahora, como se anotó, en el expediente consta que la autoridad administrativa ya emitió una determinación por la que dejó sin efectos las tres resoluciones sancionadoras que se controvirtieron en el juicio contencioso.

Esto implica que ocurrió la misma consecuencia jurídica a que si la Sala, analizando alguno de los argumentos impugnativos, declarara la nulidad lisa y llana de esa determinación, pues según lo narrado, esencialmente conlleva la aniquilación total del acto sin alguna vinculación a cargo de la autoridad para emitir otro y esto es precisamente el efecto de la revocación realizada por la demandada, pues con motivo de su actuación unilateral extinguió las resoluciones precedentes; y si bien mencionó que esto no impedía que posteriormente en uso de sus facultades discrecionales pudiera emitir otra determinación, ello no significa que al revocar los acuerdos de sanción lo sustituya por otros.

De ahí que, a pesar de que fueron revocados los actos impugnados, la instrumentación y la resolución del proceso se justifican porque la actora expone argumentos que controvierten los méritos del acto, pues en algunos de ellos afirma que la conducta que se le atribuye no está tipificada como sanción ni actualiza las hipótesis normativas por las que es multada, que de ser fundados darían pauta a una decisión con carácter de cosa juzgada que imposibilitaría la emisión de un nuevo acto, por las mismas razones.

Empero, esto no obliga a la autoridad resolutora a estudiar aquellos argumentos de impugnación que conllevarían a declarar un vicio de forma que fuera subsanable o, incluso, una nulidad lisa y llana, que en modo alguno impediría que la autoridad administrativa volviera a ejercer sus facultades.

Esa razón justifica que en la presente ejecutoria se declaren inoperantes los conceptos de violación identificados como tercero, en el que se afirma que la competencia material de la autoridad administrativa se fundó incorrectamente porque no se invocó el primer párrafo del artículo 41, del Código Fiscal de la Federación; el cuarto, relativo a que el artículo 14, fracción XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no sustenta la competencia material de la autoridad, porque esa norma hace referencia a la hipótesis prevista en la fracción I y no a la fracción III del citado numeral 41, y el sexto en el que alega que la responsable desvió la litis propuesta en el décimo tercero de los conceptos de anulación, ya que en éste argumentó que las multas no se suscribieron en horas hábiles y que su notificación se realizó en horas inhábiles; esto, dada la ineficacia de esos argumentos de impugnación.

Lo anterior, porque de estimarse fundados los temas relativos a la competencia material de la autoridad que emitió las multas, se propiciaría una nulidad lisa y llana con la misma consecuencia de la revocación ya decretada, pues no impide que la autoridad realmente competente ejerza sus facultades; esto es, implicaría anular un acto que ya no tiene efectos, y, esto también acontece con el vicio formal que alega la quejosa, relacionado con la hora hábil en que debe pronunciarse una resolución, porque no versa en torno a los méritos de los motivos y de los fundamentos que se invocaron, de manera que de ser fundada su impugnación tampoco impediría que la autoridad volviera a actuar dentro del horario establecido.

Se analizarán enseguida el primero, segundo y quinto de los conceptos de violación, pero en un orden diverso al propuesto, en tanto que, en principio, se atenderá a la postura en la que la quejosa alega que la conducta que se le atribuye no actualiza la hipótesis normativa infractora, por relacionarse directamente con el mérito de las sanciones. Después se procederá al estudio del argumento en el que se aduce que el vicio declarado por la Sala genera una nulidad lisa y llana del acto en los términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 51 de ese ordenamiento, de manera que legalmente impide que se emita una nueva resolución y, finalmente, se ponderará la pertinencia del argumento en el que se alega que la Sala declaró la nulidad para el efecto de vincular a la autoridad a emitir una nueva resolución y, con ello, fue más allá de la revocación decretada unilateralmente por la demandada.

Son infundadas las consideraciones que expone la quejosa en el quinto de los motivos de disenso, porque es jurídicamente incorrecto que la Sala hubiera aplicado de manera analógica el artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, a otra conducta no prevista como infracción por el legislador.

Al respecto, debe destacarse que, en otras palabras, la Sala responsable reconoció que las normas que establecen infracciones y sanciones son de aplicación estricta, y por eso no puede aplicarse de manera analógica a otros supuestos.

Esto, porque determinó que la omisión que se le atribuyó a la contribuyente, relativa a no presentar las declaraciones informativas mensuales de sus operaciones con terceros en relación con el impuesto al valor agregado, fue la manera en que la autoridad hizo referencia a la obligación que le impone el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuyo incumplimiento genera la infracción, y por eso se trata de la conducta prevista en la norma y no de una diversa que por su semejanza también deba ser sancionada.

Además, como lo afirma la Sala, el hecho de que la autoridad administrativa identificara como "declaraciones informativas mensuales" a los informes mensuales que por vía electrónica debe proporcionar el contribuyente de sus operaciones con sus proveedores, no implica que se trate de otra obligación, otro hecho u otra conducta, pues sólo significa que designó a esa "información mensual" como una declaración con carácter informativo, por ser la denominación comúnmente aceptada en el lenguaje fiscal, en tanto que sólo se trata de una manera diversa de nombrar o designar a dichos informes.

Asimismo, el hecho de que a los proveedores se les identifique como terceros, tampoco implica que se le sancione por una conducta no prevista en la norma a través de la aplicación analógica de la hipótesis infractora, pues desde luego que el proveedor es un tercero para la situación fiscal del contribuyente.

En otro orden de ideas, no asiste razón jurídica a la promovente del juicio, al afirmar que el vicio decretado por la Sala responsable actualiza el motivo de anulación que identifica la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La juzgadora esencialmente decretó que en las tres resoluciones sancionadoras la autoridad demandada identificó dos conductas de infracción, las dos normas en que se prevén con este carácter y las dos reglas que fijan la sanción que les corresponde, pero sólo se fijó una cantidad sin explicar si ésta representa el monto que corresponde a las dos conductas, si es por una sola o, incluso, si se trata de una multa actualizada. Por esto último también señaló que, en todo caso, no se identificaron los elementos utilizados para actualizar las sanciones.

Entonces, resulta patente que la decisión de la Sala no versó en declarar que no son ciertos los hechos atribuidos a la contribuyente, menos que esos hechos no actualicen los fundamentos invocados para justificar que constituyen una infracción, en tanto que la declaración de nulidad derivó de que en las resoluciones administrativas no se expresaron los motivos de un ejercicio concreto, a saber, la individualización de la sanción, lo que representa realmente la consideración de que falta esa motivación, no de que sea incorrecta o indebida.

Esto es un aspecto estructural del acto administrativo, porque no se resolvió el fondo, es decir, algún aspecto que involucrara determinar que el contribuyente no incurrió en la omisión que se le atribuye o que ésta no genera una sanción, por no estar tipificada como infracción por alguna norma legal.

Antes bien, la ineficacia se limita a que no se expresaron los motivos suficientes y las causas bastantes que justifiquen la individualización de la pena y, por ende, que el acto no cumplió con la forma que debería tener.

Aspecto que desde luego, en condiciones generales, es subsanable, siempre y cuando no se opongan al respecto reglas relativas al ejercicio de esas facultades, como podría ser la caducidad de las atribuciones de la autoridad para determinar el crédito fiscal o de temporalidad para concluir el procedimiento de fiscalización mediante la determinación de un crédito fiscal, o facultades discrecionales como en el caso acontece, por versar en resoluciones por las que se decretan multas al contribuyente, pues en este último supuesto rige el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 149/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES."

Por lo anterior, como se mencionó, la causa por la que se declaró la ineficacia de los actos impugnados representa un vicio de forma que en modo alguno justifica la ilicitud que describe el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Finalmente, es fundado el argumento expresado en el segundo concepto de violación, relativo a los efectos que le imprimió la Sala a la nulidad que declaró, ya que arguye el quejoso que aun cuando la autoridad fiscal dejó sin efectos los actos controvertidos en el contencioso, se reservó la facultad para volver a emitirlos, lo que pudiera o no ejercer en el futuro; en cambio, con la nulidad decretada para efectos el Tribunal Fiscal vinculó indefectiblemente a la autoridad exactora a que emitiera nuevamente las multas impugnadas, purgando los vicios formales en que incurrió.

En este momento es precisó destacar que en la última parte del considerando octavo de la sentencia reclamada, la Sala responsable, si bien indicó, por una parte, que la omisión en que incurrió la autoridad demandada, específicamente en relación con la fundamentación y motivación de la multa impuesta, generó un estado de incertidumbre jurídica en el particular, al no señala

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22458-5997cf54/sobreseimiento-previsto-en-el-articulo-9o-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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