TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. AL CARECER DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL PATRÓN NO TIENE OBLIGACIÓN DE DEMOSTRAR LA CAUSA POR LA CUAL DECIDE DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL, PERO SÍ DE ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR TIENE ESA CALIDAD PARA LIBERARSE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON PRESTACIONES VINCULADAS A ELLA. TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. LA LEGISLACIÓN QUE RIGE SUS RELACIONES LABORALES NO LES OTORGA DERECHO AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN CUANDO EL PATRÓN DA POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL. TRABAJADORES DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO. LA RELACIÓN LABORAL DEBE ENTENDERSE ESTABLECIDA ÚNICAMENTE ENTRE ÉSTE Y LOS TRABAJADORES ASIGNADOS PARA LOGRAR SUS FINES, NO ASÍ CON LA FIDUCIARIA QUE LO ADMINISTRA.
AMPARO DIRECTO 123/2010. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El análisis de los conceptos de violación conduce a este Tribunal Colegiado de Circuito a determinar lo siguiente:
Por razón de método, los argumentos expresados por la quejosa serán analizados en orden diverso al propuesto en la demanda.
En un primer aspecto, la peticionaria de amparo alega, en esencia, que en el laudo reclamado la Sala responsable fijó incorrectamente la litis.
Lo alegado es infundado.
Al determinar la materia de la controversia, la responsable determinó que ésta se centraba en determinar si ********** tenía derecho para reclamar del fideicomiso del ********** y **********, el pago de indemnización constitucional, salarios caídos, veinte y doce días de salario integrado por cada año de servicios prestados, parte proporcional del aguinaldo de dos mil seis, vacaciones y prima vacacional de esa misma anualidad; o bien, si como afirmó la parte demandada que carecía de acción y derecho, toda vez que se desempeñó como personal de confianza y, por tanto, no le asistía derecho para demandar el pago de la indemnización indicada; en esa medida, determinó que correspondía a la parte demandada soportar la carga de la prueba.
Por tanto, la fijación de la litis en los términos apuntados, no lesionó al impetrante del amparo, ya que, a la postre, no tuvo por efecto la emisión de un laudo incongruente, pues al considerar que la demandada acreditó que la impetrante del amparo desempeñaba labores de confianza, carecía de derecho a obtener el pago de una indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias; asimismo, absolvió respecto del reclamo correspondiente a la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones; y, por último, decretó condena respecto al pago de prima vacacional por el último año laborado.
Apoya esta consideración, la tesis aprobada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Quinta Parte, materia común (sic), página 35, del siguiente tenor:
"LITIS. SU SOLA DELIMITACIÓN NO CAUSA AGRAVIO. La sola delimitación de la litis que las Juntas hacen en sus laudos, por ser un punto de carácter exclusivamente enunciativo, no agravia a las partes, ya que lo que les puede causar agravios son los razonamientos que rigen dichos laudos."
Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia I.7o.T. J/21, aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, materia laboral, página 285, del siguiente tenor:
"LITIS, PLANTEAMIENTO INDEBIDO DE LA. NO ES SUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO CUANDO SE ANALIZA DEBIDAMENTE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA. El planteamiento indebido de la litis no es suficiente para conceder el amparo solicitado, al ser un punto de carácter exclusivamente enunciativo, ya que lo que puede causar agravios son los razonamientos que rigen los laudos; luego, si la responsable analizó correctamente la cuestión controvertida, resulta ocioso el otorgamiento de la protección constitucional, para que se fije nuevamente la litis."
Atento a lo anterior, deviene inaplicable el criterio invocado por la quejosa, de rubro: "PRUEBAS. LA JUNTA DEBE VALORAR LAS DESAHOGADAS VÁLIDAMENTE A EFECTO DE DAR JUSTICIA.", porque, se refiere a una hipótesis diferente a la que se analiza.
En diversos argumentos, la quejosa asevera que la relación de trabajo que la unía con el ********** (**********), también debía entenderse con **********, al ser ésta la fiduciaria que lo administra y, como consecuencia de ello, que le eran aplicables a su relación laboral las condiciones generales de trabajo de **********.
Lo alegado es infundado.
Para evidenciar este aserto, en principio, conviene determinar a quién corresponde asumir las obligaciones laborales de las personas que hayan sido contratadas para llevar a cabo un fideicomiso público, esto es, a dicho negocio jurídico, a la institución fiduciaria, o al fideicomitente.
Al respecto, es necesario mencionar que el fideicomiso, en sentido amplio, es un contrato en virtud del cual una persona física o moral transmite la titularidad de bienes y/o derechos al fiduciario, para que éste, como consecuencia de la obligación que adquiere en el acto constitutivo, disponga de los mismos con el objeto de realizar los fines para los cuales fue creado, en beneficio de la misma persona que transmitió los bienes, o de terceros previamente designados.
Así concebido, sólo constituye un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente crea un patrimonio autónomo, diverso de los propios de las partes que intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado.
Las partes que integran un contrato de fideicomiso son:
a) Fideicomitente, que es la persona física o moral que constituye un fideicomiso, y quien hace la afectación de los bienes o derechos de los cuales será titular el fiduciario, para la realización de los fines que se establezcan en el contrato de fideicomiso;
b) Fiduciario o entidad fiduciaria, que es la institución afianzadora, aseguradora, de crédito o casa de bolsa que tenga autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como tal; y,
c) El fideicomisario, que viene a ser la persona física o moral que habrá de recibir los beneficios del fideicomiso, a quién también se le conoce como beneficiario, designado por el fideicomitente, en cuyo provecho o beneficio se constituye el fideicomiso, designándose en el acto constitutivo del mismo o en sus modificaciones.
Es importante señalar los principales derechos y facultades que nuestra legislación le da a la figura denominada como fideicomitente, y son los siguientes:
1. Establecer los fines del fideicomiso de una manera clara y precisa, a fin de que éstos puedan ser llevados a cabo a través de la forma en que sea pactado en el contrato.
2. Designar la institución que desempeñará el cargo de fiduciario, así como el o los fideicomisarios.
3. Reservarse determinados derechos sobre la materia del fideicomiso, todos los demás serán afectos al fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que al mencionado fin se refieran.
4. Prever la formación de un comité técnico o distribuidor de fondos, el mismo fideicomitente establecerá en el contrato cómo será integrado el referido comité, designando a los miembros del mismo, las reglas para su funcionamiento, la forma de votación para la toma de decisiones y la manera en que se deberá instruir a la fiduciaria para el cumplimiento de los fines para el que se creará.
5. Exigir a la institución fiduciaria el cumplimiento de la obligación que tiene de rendir cuentas de su gestión, cuando se haya reservado ese derecho en el acto constitutivo o en las modificaciones del mismo.
6. En los fideicomisos onerosos, exigir del fideicomisario la contraprestación a que tenga derecho.
7. En caso de incumplimiento exigir de la contraparte el cumplimiento o la rescisión del fideicomiso, con el resarcimiento correspondiente de los daños y perjuicios causados.
8. Pagar los gastos originados por la firma, aceptación y administración del fideicomiso, entre otros.
Las obligaciones de la institución fiduciaria son: seguir en sus términos el contrato correspondiente, para así cumplir con la finalidad estipulada; conservar en buenas condiciones los bienes fideicomitidos; llevar la contabilidad de cada fideicomiso por separado; rendir cuentas de la administración fiduciaria y guardar el secreto fiduciario; sus derechos, consisten en gozar de libertad en el manejo de los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el instrumento contractual y retener el porcentaje de beneficios derivados del fideicomiso en concepto de retribución.
A diferencia del privado, el fideicomiso público es una entidad de la administración pública paraestatal creada para un fin determinado, a efecto de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de ciertos recursos que son aportados por el Gobierno Federal y administrados por una institución fiduciaria, en la que sólo puede fungir como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la fiduciaria, cualquier institución o sociedad nacional de crédito, con el propósito de administrar recursos públicos fideicomitidos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos.
En esta guisa, aunque tienen un origen común, el análisis de las cuestiones jurídicas relacionadas con los fideicomisos privados difiere de los fideicomisos públicos. Esas diferencias descansan en varios aspectos, entre los que se encuentran su finalidad y el régimen legal aplicable.
Para los primeros, por su propia orientación sustancialmente privada, se regulan por la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. En tanto que los segundos, por tratarse de una transmisión de bienes para la consecución de fines públicos, se regulan por disposiciones de tipo administrativas.
Al respecto, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 40, considera que los fideicomisos públicos son auténticas entidades auxiliares del Poder Ejecutivo, según se advierte de la siguiente cita:
"Artículo 40. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley. ..."
En otras palabras, el fideicomiso público viene a constituir una entidad, unidad económica u organismo especial, que sin tener plenamente reconocida una personalidad jurídica propia y especialmente determinada, constituye una nueva estructura administrativa, a la que el legislador le ha dado el mismo carácter que el de una entidad auxiliar de la administración pública federal, que el Estado implementó en su carácter de fideicomitente, para transmitir a un fiduciario la titularidad de ciertos bienes o derechos destinados a la realización de un fin lícito determinado a favor del fideicomisario, que pueden ser uno o varios organismos públicos o privados, incluso sectores sociales, sujetándose a modalidades contenidas en el acto constitutivo y en las disposiciones legales aplicables a esta materia.
Así, los fideicomisos públicos son "nuevas estructuras administrativas" que con el propósito de satisfacer necesidades colectivas de trascendencia económica y social, operan por medio de organismos técnicamente independientes de la institución fiduciaria que los maneja, para cumplir con la finalidad que persiguen.
De esta manera es válido concluir que si bien el fideicomiso privado de inversión, administración o garantía es un mero contrato; el instituto del fideicomiso público, tiene carácter especial, porque no es un acto aislado, sino una fase dentro de un proceso y, por tanto, es un centro de imputación de derechos y deberes, con el que se logra compactar diferentes bienes y recursos, destinados para lograr un fin específico del Estado.
Con relación a la situación jurídica que reviste a los trabajadores que sean contratados en la operación de un fideicomiso público, según la doctrina especializada en el tema, es posible acudir al contenido de la legislación privada que regula el funcionamiento tanto de las instituciones de banca y crédito, como a las Sociedades Nacionales de Crédito, las cuales se convierten en los entes encargados de administrar los bienes destinados al fideicomiso.
La Ley de Instituciones de Crédito, publicada el dieciocho de julio de mil novecientos noventa, regula la responsabilidad laboral de los fideicomisos respecto de las personas que se empleen para la consecución de su finalidad; establece en su artículo 82, que el personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos, se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso; por lo que el legislador dispuso que cualesquier derecho que asista a esas personas conforme a la ley, los ejercitarán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dicte afectará, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso.
De la interpretación literal del precepto transcrito se deriva que la relación de trabajo de las personas contratadas para la realización de un fideicomiso se considerará establecido con el patrimonio afecto a dicho negocio jurídico y no con las instituciones fiduciarias, es decir, la relación se entiende establecida al servicio del propio fideicomiso, por tratarse de un centro de imputación de derechos y deberes, que si bien no cuenta con personalidad jurídica propia declarada expresamente, sí tiene un patrimonio con el cual hacer frente a sus responsabilidades contractuales, con la salvedad de que se vale de la fiduciaria que lo administra, por ser parte constitutiva de la propia figura del fideicomiso; sin que ello tenga los alcances de considerar que los trabajadores de aquél sean también de ésta, porque no constituyen una unidad económica, en la medida que persiguen un fin diverso, la primera administrar el fideicomiso y el segundo, lograr los fines del fideicomiso.
Además, la exégesis de los artículos 381 a 393 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite concluir que los fideicomisos, por su propia naturaleza, se traducen en negocios jurídicos por medio de los cuales los fideicomitentes constituyen un patrimonio autónomo distinto del perteneciente a las partes que intervienen en su formación a través del contrato correspondiente, afecto a realizar un fin lícito determinado, teniendo el fiduciario todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento de sus fines; de esta manera, cualquier acción en su contra debe ejercitarse por conducto de la institución fiduciaria, la cual para cumplir con las resoluciones que al respecto pronuncien las autoridades competentes afectan, en la medida que sea necesario, los bienes materia del fideicomiso; empero, ese requisito procesal únicamente se exige porque el fideicomiso no tiene plenamente reconocida una personalidad jurídica propia para acudir a juicio a deducir sus derechos por sí mismo, pero ello no implica, ni tiene los alcances de que la fiduciaria se constituya como sujeto pasivo de la relación jurídica que se endereza contra el fideicomiso patrón, porque sólo tiene el mismo carácter que el de una simple mandataria, sin representación, encargada de administrar un patrimonio ajeno, del que adquiere su titularidad, pero distinto del propio como institución de crédito; sostener lo contrario, sería tanto como pretender que los accionistas de una sociedad anónima tengan que figurar como demandados en el juicio laboral como patrones, por considerar que éstos son quienes administran la ficción jurídica de las personas morales, pues las sociedades creadas constituyen un patrimonio diverso de sus creadores y administradores, tal como acaece tratándose del fideicomiso, que tiene un patrimonio susceptible de afectación para responder de sus propias obligaciones, como precisa el artículo 82 citado en líneas precedentes.
En apoyo a lo anterior se invoca, por las razones que informa, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Primera Parte, materia civil, página 52, del siguiente tenor:
"FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE LA DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, corresponde a la institución fiduciaria llevar a cabo la defensa del patrimonio fideicomitido, por ser quien tiene todos los derechos y acciones que se requieren para el cumplimiento del fideicomiso, y éstos no pueden limitarse a los actos ordinarios tendientes a la consecución de los fines de aquél, sino que también deben comprender los actos cuya finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido frente al actuar de autoridad que altere, obstaculice o imposibilite el cumplimiento de estos fines, pues ello implica, en un sentido amplio, llevar a cabo el objeto del fideicomiso (salvo las normas o limitaciones que en contrario se establezcan al constituirse al fideicomiso)."
En suma, el fideicomiso público es una entidad, unidad económica u organismo especial, que sin tener plenamente reconocida una personalidad jurídica propia y especialmente determinada, constituye una nueva estructura administrativa, a la que el legislador dio el carácter de entidad auxiliar de la administración pública federal, implementada por el Estado, en su carácter de fideicomitente, para transmitir a un fiduciario la titularidad de ciertos bienes o derechos destinados a la realización de un fin lícito determinado a favor del fideicomisario, que pueden ser uno o varios organismos públicos o privados, incluso sectores sociales, sujetándose a modalidades contenidas en el acto constitutivo y en las disposiciones legales aplicables a esta materia. Así, los fideicomisos públicos son "nuevas estructuras administrativas" que, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas de trascendencia económica y social, operan por medio de organismos técnicamente independientes de la institución fiduciaria que los maneja. De esta manera, aunque el fideicomiso privado de inversión, administración o garantía es un mero contrato, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el instituto del fideicomiso público tiene carácter especial, porque es un centro de imputación de derechos y deberes, con los que se logran compactar diferentes bienes y recursos, destinados para lograr un fin específico del Estado. Por tanto, la relación de trabajo de las personas contratadas para la realización de los objetivos de un fideicomiso público debe considerarse establecida con él y no con la institución fiduciaria que lo administra.
De esta manera, resultan infundados el cúmulo de argumentos en los que la quejosa asevera que la relación de trabajo se entendió con **********, y que se estudian de manera conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues en la relación laboral que unía a la quejosa con el **********, aquélla sólo actuó con el carácter de entidad fiduciaria, administradora de los bienes que le fueron fideicomitidos por el fideicomitente (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y, en esa virtud, como los trabajadores utilizados directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos no forman parte del personal de la institución, sino que se considerará al servicio del mismo fideicomiso; por tanto, no se actualiza el elemento de subordinación entre la trabajadora del fideicomiso y la fiduciaria, pues aquélla está únicamente contratada para lograr los fines del fideicomiso, de donde se sigue que sólo tiene subordinación a las instrucciones de éste.
Como consecuencia de esta declaración, también devienen infundados los razonamientos en los que se asevera que a la relación de trabajo que unió a la quejosa con el fideicomiso demandado le eran aplicables las condiciones generales de trabajo de ********** -exhibido por la quejosa (folio 24)-, porque en términos de su artículo 1o., éstas sólo rigen para los trabajadores de dicha institución y, como quedó evidenciado, la actora no trabajó para esa sociedad nacional de crédito.
Conforme a lo anterior, debe seguir rigiendo el sentido del laudo en cuanto a que entre **********, y la peticionaria de garantías no existió relación de trabajo, pues ésta sólo se dio con el fideicomiso y, consecuentemente, tampoco eran aplicables las condiciones generales que rige en las relaciones de dicha institución de crédito con sus trabajadores.
De acuerdo con lo evidenciado en líneas precedentes, este tribunal determina que es inaplicable el criterio invocado por el peticionario de garantías registrado como tesis aislada I.3o.T.188 L, aprobado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, materia laboral, página 2367, de rubro: "FIDEICOMISO PÚBLICO. SI LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA RECIBE LA TITULARIDAD DE LOS BIENES DE AQUÉL, DEBE CONSIDERÁRSELE CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE MATERIALMENTE REALIZAN SUS FINES (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA DE LA ENTONCES CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE RUBRO: ‘FIDEICOMISO, RELACIONES LABORALES EN CASO DE UN.’).", habida cuenta que se trata de una tesis que no obliga a este órgano a acatar, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; además, este Décimo Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo no la comparte, puesto que tratándose de fideicomisos públicos, la relación de trabajo con las personas que laboran para lograr los fines de éste, únicamente entablan una relación laboral con el propio fideicomiso y no con la entidad fiduciaria que los administra, máxime que en términos del precitado numeral 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, que expresamente determina que el personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos, se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso y, por ende, donde el legislador no distingue, el intérprete no tiene porqué distinguir.
En otro orden de ideas, este tribunal considera que, con independencia de las razones que tuvo la autoridad responsable, el laudo debe subsistir en tanto sostuvo que la quejosa tenía la categoría de confianza.
Para evidenciar lo anterior es oportuno destacar los siguientes antecedentes del caso:
********** demandó de **********, y del ********** (**********), el pago de la indemnización constitucional con motivo del despido que consideró injustificado, respecto de la plaza de ********** que ostentaba en el fideicomiso de referencia, así como el pago de diversas prestaciones laborales vinculadas a la relación de trabajo que la unió (folios 1 a 20).
El ********** negó derecho a la accionante, adujo ser el único responsable de la relación laboral y manifestó que aquélla desempeñaba labores de confianza que, incluso, confesó al narrar los hechos en que basó su acción (folios 46 a 67).
**********, negó la relación laboral, bajo el argumento de que sólo fungía como entidad fiduciaria en el fideicomiso para el que la actora laboró (fojas 424 a 432).
Al pronunciar el laudo, la responsable consideró que la relación laboral únicamente se entendió con el fideicomiso demandado, no así con la entidad fiduciaria **********; asimismo, consideró que como la trabajadora tenía un cargo de confianza, no gozaba de estabilidad en el empleo, por lo que absolvió al fideicomiso demandado del pago de las prestaciones reclamadas, con excepción del relativo a la prima vacacional, respecto de la que decretó condena.
Con independencia de las razones que dejó vertidas la responsable al emitir el laudo reclamado, debe prevalecer la consideración relativa a que la quejosa desempeñaba un empleo considerado como de confianza, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
De los autos del juicio laboral quedó acreditado que, efectivamente, se está ante la presencia de una trabajadora de confianza; de tal suerte que a nada práctico conduciría conceder el amparo al quejoso para que la autoridad responsable purgara algunos de los vicios formales alegados por la impetrante sobre este aspecto.
Para evidenciar este aserto, conviene transcribir los preceptos que determinan la solución del conflicto.
Los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 3o., fracción III, y 47, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estatuyen:
"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
"...
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."
"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
"...
"III. Fideicomisos."
"Artículo 47. Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 3o., fracción III, de esta ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.
"En los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada."
Los artículos 4o. y 40, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales estatuyen lo siguiente:
"Artículo 4o. El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen."
"Artículo 40. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley.
"Los comités técnicos y los directores generales de los fideicomisos públicos citados en primer término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las disposiciones que en el capítulo V de esta ley se establecen para los órganos de gobierno y para los directores generales, en cuanto sea compatible a su naturaleza."
La Ley de Instituciones de Crédito, en sus artículos 2o., 3o., 30 y 82, dispone:
"Artículo 2o. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de banca de desarrollo. ..."
"Artículo 3o. El sistema bancario mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquellos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan."
"Artículo 30. Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esta ley. ..."
"Artículo 82. El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según, los casos se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercitarán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dicte afectará, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso."
La Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, señala:
"Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las instituciones siguientes: instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional."
De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se colige que:
1) Los fideicomisos públicos son parte de la Administración Pública Paraestatal, creados por el Gobierno Federal, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, siempre que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.
2) En esa función, quedan sujetos por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica.
3) Al quedar delegada su constitución, organización y funcionamiento a la legislación especial, se concluye que por disposición expresa del artículo 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22546-fda940d7/trabajadores-de-confianza-del-sistema-bancario-mexicano-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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