MARCAS. FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ANALIZAR SU SIMILITUD, EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN. MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA.
AMPARO DIRECTO 486/2009. HERNÁN ALCOCER MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. En términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede analizar los argumentos del concepto de violación de acuerdo al tema que tratan.
En principio, y con respecto a los argumentos que denuncian la omisión de considerar los criterios jurisprudenciales citados en la demanda de nulidad, al momento de emitir la sentencia reclamada, se estima inoperante, de acuerdo con lo siguiente.
La única tesis citada en la demanda de nulidad es la de rubro: "MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSIÓN EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACIÓN DIFERENTE.", sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; tesis aislada visible en la página 330 del Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1998 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.
Por consiguiente, en el supuesto de que la Sala responsable no haya considerado el criterio jurisprudencial en cita al momento de emitir la sentencia ahora reclamada, ello no depara perjuicio al quejoso, en tanto que se trata de una tesis aislada cuya aplicación no resulta obligatoria, además de que no hay disposición legal que obligue a las Salas a referirse pormenorizadamente a los criterios que invocan las partes en el juicio contencioso administrativo, cuando existen razones suficientes que justifiquen el fallo.
Por tanto, la omisión que denuncia el quejoso es irrelevante para los fines pretendidos.
Por lo que se refiere a la denuncia de omisión de analizar más razones dadas en la demanda de nulidad, así como constancias que integran el expediente, para establecer que no se perfecciona la hipótesis normativa del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, también se estima su inoperancia.
La razón de ello es que se trata de un argumento genérico, que no aporta datos para conocer qué argumentos de la demanda de nulidad fueron ignorados o qué constancias desconocidas, lo cual impide a este órgano pronunciarse, ante la vaguedad de la queja; es por ello que, partiendo de que los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando lo expuesto por la parte quejosa plantea de manera genérica una omisión de estudio sin precisar algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no resultan ser idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pretendido.
Por consiguiente, si los argumentos o causa de pedir que se expresan en esta parte del concepto de violación, no están dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido, no pueden ser analizadas por este tribunal y deben calificarse de inoperantes, ya que se está ante la presencia de argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.
En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.4o.A. J/33(1) de este tribunal, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase ‘pretensión deducida en el juicio’ o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El por qué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir."
Dentro de este contexto, cobra especial relevancia, vigencia y aplicación el criterio de nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que, aunque baste en los conceptos de violación o agravios se exprese la causa de pedir, ello de ninguna manera implica que el quejoso o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que corresponde a dichos inconformes (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué consideran ilegal el acto o resolución que reclaman.
La jurisprudencia a que se alude, es la 1a./J. 81/2002(2), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es el siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Por otra parte, en relación al argumento en donde se afirma que la tesis I.3o.A.584 A: "MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS.",(3) no es aplicable al caso, porque ésta se refiere a marcas "notorias", cuando la notoriedad debe ser declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que, en el caso, la autoridad demandada presumió la notoriedad de la marca Tribasa sin mayor argumentación, es también inoperante.
Lo anterior, porque en el caso, ni la autoridad demandada en juicio ni la Sala responsable calificaron como notoria a la marca 461283 Tribasa, según se puede corroborar de la lectura de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, y de la sentencia reclamada, ni la "notoriedad de la marca" fue sustento de las resoluciones mencionadas; por ello, además, resulta irrelevante que la Sala responsable haya invocado la tesis mencionada en el párrafo precedente, máxime cuando el criterio que sustenta ésta no refiere como elemento primordial la notoriedad de la marca, sino la similitud de éstas aun cuando los productos o servicios pertenezcan a distintas clases o géneros, según se aprecia de su lectura:
"MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS. Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105, fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas."
Por último, procede dar respuesta a los argumentos del concepto de violación, que cuestionan la decisión de la Sala responsable, en cuanto a que no considerar, a pesar de la similitud fonética entre los signos marcarios en litis, que es ilegal negar el registro de la marca Trivasa, porque no hay similitud en composición, lugar de venta, ni se presumiría una relación real con la marca 461283 Tribasa.
Como marco de referencia, es pertinente esclarecer lo que se entiende por marca.
Las marcas -in genere- son bienes inmateriales y sus componentes son:
* Productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado goodwill, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad.
* Signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio; no tiene que ser necesariamente original o inédito, basta la distintividad -ese es el aspecto que se protege y registra para dar exclusividad- y que no sea denominativo ni genere confusión con otra marca. La confusión que se evita es entre marcas y no con otro signo.
* Signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente -aspecto dinámico e ingrediente psicológico de la marca-. Este signo debe ser susceptible de distinguir, per se, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase.
* Unión o correlación entre ambos -producto o servicio y signo- que los consumidores captan y retienen en la memoria. Precisamente ese perfil psicológico es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación.
Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios, permite al consumidor elegir a través de identificar y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para el consumidor.
También es un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal; sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación.
Para el caso, analizar la similitud entre el producto que se pretende registrar y el servicio protegido por la marca, es pertinente interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, lo que implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.(4)
En este orden de ideas, conviene establecer, dado que no hay controversia al respecto, que la marca nominativa para productos Trivasa y la diversa para servicios Tribasa, en efecto, sí incurren en similitud fonética, gráfica y conceptual, pues sólo difieren en una consonante [v] y [b] y, a primer golpe de vista incluso, puede pensarse que al escribir la primera, se hizo con el error ortográfico de escribirla con [v].
En ese tenor, como marco referencial y a fin de establecer los parámetros de la presente decisión, conviene definir lo que es producto y servicio; por producto (del latín productus), se entiende la cosa producida, caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa;(5) mientras que a servicio (del latín servitium), se atribuye la acción y efecto de servir o la prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales.(6)
Puntualizado lo anterior, este tribunal estima que, tal como fue apreciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Sala responsable, la similitud entre el producto y el servicio en disputa no debe ceñirse a la clase internacional de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios -Nomenclátor- que pertenezcan, sino que debe atender a los fines que se persiguen, el objetivo y asociación que busca el registro.
De manera que, desde el punto de vista conceptual, los productos de la clase 19 internacional que se pretenden registrar con el signo marcario Trivasa (materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas), son afines con los servicios de la marca registrada 490641 Tribasa, que ampara servicios de la clase 37 internacional (servicios de empresas relacionadas con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, calefactores o tejadores), razón por la cual se estima que sí son similares en grado de confusión y, por ello, el argumento del concepto de violación es infundado.
A fin de demostrar la veracidad de la conclusión previa, se estima adecuado citar algunos referentes que sirven de guía para examinar si el producto y el servicio confrontados son similares en grado de confusión para los consumidores:
a) Debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados;
b) Debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes;
c) Debe determinarse si tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, y
d) El carácter competidor o complementario.
Traídas esas ideas al caso en específico, se tienen elementos para examinar si el servicio y el producto objeto de litis, son similares o capaces de crear el supuesto de confusión que establece el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.
En cuanto al supuesto a), si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados, sí hay coincidencia en ambos, pues el servicio de empresas relacionadas con la construcción y los materiales para la construcción, están dirigidas al mercado o sector de la construcción, que incumbe a consumidores como constructoras, ingenieros, arquitectos, decoradores, albañiles, pintores, fontaneros, tejadores, etcétera y pueden ofertarse en los mismos canales de comercialización -verbigracia, apartado de un periódico dirigido a constructores, o en revistas especializadas de construcción-.
Por otra parte, en cuanto al supuesto que se identificó como inciso b), es decir, verificar si el producto y el servicio se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes, debe señalarse que también se concretiza en el caso, pues los servicios de construcción y los materiales que se emplean para ello, están destinados a la edificación, remodelación o diseño de inmuebles; es decir, tienen fin o aplicación similar por tratarse de bienes que se complementan o son accesorios.
En cuanto a la pauta señalada como inciso c), que atañe a averiguar si el producto y el servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, resulta evidente que en el caso hay afinidad entre los servicios y los productos, pues la naturaleza del servicio la hace complementaria o dependiente del producto (materiales de construcción) o, dicho en otras palabras, sin materiales para la construcción no hay empresas que ofrezcan el servicio de construcción.
Finalmente, en cuanto al elemento señalado en el inciso d), para determinar cuál es el carácter competidor o complementario, se tiene que esta circunstancia radica en cómo los empresarios clasifican los productos o servicios; por ejemplo, si las empresas de investigación de mercado sitúan los productos o servicios en el mismo o diferente sector. Este referente se actualiza también en el caso, porque tanto el producto como el servicio se relacionan con el sector de la construcción y, aunque no asumen un carácter competitivo, sí lo tienen como complementarios y, debido a su similitud fonética, es presumiblemente válido suponer que generen una asociación servicio-producto, que suponga al consumidor que provienen del mismo proveedor.
En este contexto, resulta, desde una perspectiva objetiva, que el producto (materiales de construcción) y el servicio (de empresas relacionadas con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y empresas especializadas en el campo de la construcción) son afines por su esencia, naturaleza, aplicación o aprovechamiento, y son susceptibles de crear confusión o inducir a que el consumidor promedio,(7) asocie el servicio con el producto o viceversa.
En las relatadas condiciones, dado lo inoperante e infundado que resultó el concepto de violación planteado y, ante la ausencia de supuesto que amerite la suplencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.
SÉPTIMO. Consecuencia del fallo. Atento a la problemática y pretensiones deducidas, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, motivo por el cual, queda intocada la legalidad y eficacia de la sentencia de 12 de agosto de 2008, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo 29682/07-17-05-3, en donde se reconoció la validez de la resolución contenida en el oficio MA/M/1985/0490641 de 29 de junio de 2007, emitida por la coordinadora departamental de Examen de Marcas "C" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la cual se niega el registro de la marca cuya solicitud se contiene en el expediente 490641 Trivasa, en sus propios términos.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 184, 192 y 193 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hernán Alcocer Méndez, en contra de la sentencia de 12 de agosto de 2008 dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 29682/07-17-05-3.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Patricio González-Loyola Pérez (presidente), Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.
______________
1 Consultable en la página 1406 del Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
2 Consultable en la página 61 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
3 Del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 226 del Tomo XV-I, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.
4 Ideas extraídas de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de septiembre de 2007, II Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 48, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI-Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 25.
5 Diccionario de la Lengua Española. 22a. edición.
6 Idem.
7 Entendiendo como "consumidor promedio", aquel capaz de apreciar globalmente los signos y los mensajes que evoca por los efectos publicitarios y que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz; no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente y a profundidad, todos los elementos peculiares y a veces encubiertos o no fundamentalmente relevantes de las marcas que se les presentan cotidianamente en el mercado, según la tesis I.4o.A.614 A de este tribunal (consultable en la página 2765 del Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22686-e3c2773d/marcas-factores-que-deben-considerarse-al-analizar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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