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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 199/2010. · Registro digital (IUS): 22739
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 199/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, denunciante, se encuentra legitimado para ello de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el criterio implicado en el presente asunto se emitió al fallar el juicio de amparo directo ADC. 130/2010, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo 130/2010, conoció de un juicio en el que se demandó el divorcio necesario y el pago por concepto de pensión alimenticia para la parte actora y para sus menores hijos; seguido el juicio en sus etapas, se dictó sentencia interlocutoria en la que declaró la caducidad de la instancia por haber transcurrido el periodo de ciento ochenta días que establece el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

Inconforme con esa resolución, la actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al resolver, declaró infundados los agravios hechos valer por la apelante y confirmó la sentencia recurrida.

En contra de la anterior sentencia, la parte apelante promovió el juicio de amparo directo que se radicó en el Tribunal Colegiado de mérito bajo el número ADC. 130/2010, el que al dictar sentencia concedió el amparo solicitado y, en lo que interesa para la presente contradicción, consideró lo que se cita enseguida:

"Este órgano colegiado estima que se está en el supuesto de apartarse de los conceptos de violación, atendiendo al beneficio de la suplencia de la queja que autoriza el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, y a la interpretación que al respecto ha efectuado el Alto Tribunal de la Nación, cuando en el acto reclamado involucra pronunciamiento sobre derechos de menores de edad, lo cual se constata en la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala, emanada de la contradicción de tesis 106/2004-PS, consultable en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 175053 en el IUS, voz: ‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.’ (se transcribe).

"Aunado a lo anterior, es de tomarse en cuenta también como fundamento jurídico positivo, que la Convención sobre los Derechos del Niño, de veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en su Parte 1, artículo 3, inciso 1, establece: (se transcribe).

"Ahora, precisadas las premisas anteriores es dable establecer, bajo una nueva reflexión sobre el tema en comento, efectuada con independencia de lo considerado hasta el día de hoy por este órgano jurisdiccional en diversos asuntos, que si bien el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dada su redacción genérica, no establece distinción alguna para decretar la caducidad de la instancia cualquiera que sea el proceso ventilado ante la autoridad jurisdiccional; es de tomarse en cuenta, ahora, que cuando la autoridad jurisdiccional en un proceso no toma en cuenta el interés preponderante del menor involucrado, vulnera la garantía de debido proceso, esto es, las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Carta Magna, porque la interpretación de esa norma legal, relacionándola con diversos dispositivos que imponen cargas en particular al rector del proceso, precisamente, en los casos donde se ventilan derechos de menores de edad y, especialmente, su subsistencia alimentaria, conduce a esa conclusión; atendiendo, además, a las siguientes consideraciones:

"En primer lugar, sin desconocer que la caducidad es una sanción procesal a las partes por falta de interés en la prosecución de los litigios, la cual, además, encuentra apoyo en la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el cardinal 17 constitucional, porque se ha dicho que este tipo de resoluciones no atentan contra ese derecho subjetivo; en parte, porque los tribunales no están obligados a resolver de fondo todas las controversias que se sometan a su potestad, sino a sujetarse a las formalidades esenciales del proceso y con base en éstas acordar lo que en derecho proceda, como puede ser la caducidad; en otra, porque es de interés social y orden público que los procedimientos jurisdiccionales no queden abiertos a discreción de las partes, generando incertidumbre sobre los derechos ventilados; y, por último, porque cuando la población decide delegar en el gobierno la facultad de dirimir sus controversias, se parte de la premisa de que ésta es la interesada en ello, siendo una muestra patente de lo contrario, la falta de impulso procesal; todo ello derivado del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 124, del Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro en el IUS bajo el número 172759), del rubro y texto: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (se transcribe).

"Así, bajo la perspectiva establecida en el parágrafo precedente, no aparece situación que involucre la violación apuntada; sin embargo, también de ello se desprende que tal criterio emerge de la consideración relativa a que la figura de la caducidad se sostiene en el interés de las partes en continuar la secuela procesal, pero desde la premisa también de la igualdad procesal, lo cual no aplica tratándose de menores, al acudir a la figura primaria que ve a la personalidad de éstos, la capacidad jurídica, presupuesto sobre el cual cabe hacer algunas precisiones.

"Así, el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución establece la igualdad de todo individuo ante la ley; así también, el propio cuerpo de leyes fundamental prevé ciertas restricciones para ello, en lo que aquí interesa, el precepto 34, fracción I, donde se estipula: (se transcribe); el diverso 4o. constitucional establece distinción especial hacia los menores de edad, al regular: (se transcribe); a su vez, el propio dispositivo constitucional, impone la obligación de acatarla a los ascendientes, tutores y custodios; asumiendo también parte de ella el propio Estado, como se aprecia al preveer (sic): (se transcribe).

"Tales dispositivos dan pauta a precisar la distinción entre capacidad y sus modalidades conocidas como goce y de ejercicio. Sobre dichos conceptos, la doctrina ha establecido: ‘Jurídicamente se entiende como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma.’; ‘La capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones.’; y, ‘La capacidad de ejercicio es la aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones; se adquiere por la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde junto con las facultades mentales ya sea por locura, idiotismo, imbecilidad o muerte.’ (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1994, séptima edición, Tomo A-CH, página 397).

"Asimismo, esas figuras jurídicas son reguladas legalmente en el ordinal 28 del Código Civil en la entidad, donde se reconoce capacidad jurídica a las personas físicas desde el nacimiento y hasta la muerte; el arábigo 30 de ese ordenamiento, señala las restricciones a la personalidad jurídica del menor de edad, en cuanto implican el ejercer sus derechos por medio de representantes; a su vez, el artículo 578 de la citada ley, deja claro que sólo hasta la mayoría de edad se adquiere el estatuto (sic) jurídico perfecto.

"Bajo ese marco jurídico y el que más adelante se precisará, es dable ahora ponderar si el efecto genérico de la caducidad, plasmado por el legislador en el numeral 11 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, admite excepciones atendiendo a la calidad de las personas litigantes, específicamente en los juicios donde se ventilen derechos preponderantes de menores de edad y, específicamente, medidas de carácter alimentario; por ello, la relevancia de la apreciación que hace este tribunal en cuanto al concepto interés de las partes, porque en los litigios entre personas con plena capacidad legal, es obvio que en ellos recaen las consecuencias de sus acciones u omisiones, no obstante actúen o comparezcan a través de abogados patronos, mandatarios o apoderados legales, pues la premisa inicial es que, dada su mayoría de edad, tienen libre decisión sobre sus actos y resienten las consecuencias de éstos, como sería una defectuosa o indebida designación de representación, atribuible sólo a su persona; pues al tener plena su personalidad son ellos quienes deciden en quién delegar ésta para efectos procesales, lo cual no es igual y por ende no debe ser aplicable a los menores de edad, pues el Estado reconoce, dentro del ordenamiento jurídico, no sólo a nivel constitucional y mediante la celebración de tratados internacionales, sino en la propia legislación secundaria, las diferencias de este grupo de personas necesitadas de un trato especial; de ahí que se establezca como obligación jurisdiccional la figura de la suplencia de la queja, ampliada en criterio jurisprudencia (sic) ya precisado.

"Al respecto, es oportuno citar los últimos párrafos de los preceptos 210 y 514 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, que dicen: (se transcribe); respectivamente; de aquí se desprende un aspecto fundamental: el legislador veracruzano reconoce el derecho a la suplencia de la queja a favor de los menores, justificado por la diferencia en su capacidad legal. Al respecto, en cuanto a la suplencia, cabe traer a colación dos argumentos de la jurisprudencia citada al inicio de este considerando, que recalcan y sustentan la importancia y transcendencia de los derechos del menor de edad: (se transcribe); de esto, es dable advertir que se interpreta en función de las premisas ahí previstas: que la sociedad, no sólo los padres, está interesada en definir la situación de los menores y asegurar su protección; y, la suplencia opera en todos los actos que integran el juicio; es decir, no sólo es aplicable en el momento de la resolución, sin que por tratarse de un criterio emanado del juicio de amparo deba estimarse restringido el criterio a esa vía constitucional, pues el precepto del que parte dicho análisis, artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, que estipula: (se transcribe), no establece literalmente, al igual que los citados 210 y 514 del código en consulta, que la suplencia opera en todo el juicio; pero la interpretación del Más Alto Tribunal de la nación llevó a considerarlo así.

"En esta medida, como se mencionó, a fin de dar un trato similar, que no igual, a las personas que para el derecho no contienden en igualdad de circunstancias, se concibió la figura de la suplencia de la queja; aun y cuando, de acuerdo a la legislación civil de la entidad, el menor debe acudir al juicio, en este caso, ordinario civil, a través de un representante, como puede ser el padre, la madre, quien ejerza la patria potestad, o los tutores, por enunciar ejemplos.

"En este orden de ideas, ha quedado claro, que el menor no puede comparecer solo a juicio, lo debe hacer por medio de un representante, como se advierte de los cardinales 28 y 29 del Código Procesal Civil Veracruzano. Asimismo, ya se dijo que la caducidad sanciona la falta de promoción durante un lapso determinado.

"En esta tesitura, no se estima congruente que si el menor de edad no está legitimado para promover, sino a través de su representante, cuando éste no insta a la autoridad jurisdiccional, el derecho afectado repercute en el menor y no en aquél.

"Lo expuesto lleva a considerar la siguiente hipótesis: si se establece llanamente que el juicio no puede caducar, se estaría aceptando la posibilidad de su tramitación indefinida, por no tener el menor la carga de impulsar el proceso a través de su representante; sin embargo, tal cuestión violentaría los derechos de justicia pronta y la propia tutela jurisdiccional que, como ya se vio, respalda la figura de caducidad, porque, ante la inacción de las partes, el juicio quedaría abierto indefinidamente; de ahí que, la solución legal del caso no puede quedar en sostener, aisladamente, que los juicios donde se ventilen derechos de menores no pueden caducar.

"De tal suerte, podría establecerse que se tiene en conflicto el derecho del menor sujeto a juicio y las garantías procesales de justicia pronta y tutela jurisdiccional; sin embargo, tomando como base la referida figura de la suplencia de la queja, que sólo es manejable por el juzgador, es dable considerar que a éste corresponde la carga de evitar la caducidad de este tipo de asuntos. Ello, porque en la controversia no sólo son parte el actor y demandado; también lo es, como rector del proceso, la autoridad jurisdiccional, no sólo por ello, sino también ante la obligación legal de actuar oficiosamente en ciertos casos, lo cual se deduce del análisis concatenado de preceptos legales como el 156, fracción III, 157, 246, fracción II, 247, 345, 777, todos del Código Civil Veracruzano, 58 y 162 del Código Procesal Civil de la entidad, en los que el juzgador debe actuar por mandato legal y no esperar promoción de parte interesada, como sucede al imponerle la obligación de que al admitir una demanda de divorcio debe dictar medidas provisionales, como señalar y asegurar alimentos a los hijos. También el mandato de allegarse oficiosamente durante el juicio, atendiendo al interés superior de los menores, de los elementos para resolver en su oportunidad sobre los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, entre los que se encuentran los alimentos. Otra obligación surge, teniendo en cuenta que, como el ascendiente que goza de la patria potestad es quien tiene el derecho de pedir el aseguramiento de los alimentos, habrá supuestos donde no puede representar al menor, entonces, el Juez deberá nombrar un tutor interino. A su vez, en los casos de desacuerdo entre los deberes de quienes ejercen la patria potestad, el Juez debe resolver lo conducente teniendo en cuenta, nuevamente así se dispone, el interés superior del menor, sin ser óbice que esas medidas puedan cambiar cuando suceden circunstancias que lo motiven. Como corolario, dentro de esta reseña de preceptos, está la norma referente a que en los casos de alimentos el Juez debe fijar las medidas que crea convenientes para que los acreedores queden protegidos y asegurados en dicha percepción.

"De todo ello se deduce, en síntesis, el argumento toral de que la autoridad responsable vulneró el derecho subjetivo del menor quejoso al debido proceso; pues no observó que ante el interés superior del menor, dada la suplencia de la queja y su obligación de actuar oficiosamente, en un juicio donde está de por medio su supervivencia, que la carga de impulsar el proceso para llevarlo hasta el dictado de la sentencia definitiva, corresponde al juzgador; de ahí que, al no ver por el interés preponderante del menor velando por la secuela procesal en su beneficio, entonces no puede estimarse que operó la caducidad en perjuicio del menor, al ser imputable al juzgador cumplir con los mandatos derivados de la Carta Magna, Tratados Internacionales, criterio del más Alto Tribunal y reglas procedimentales locales, lo que obliga a considerar que no opera la preclusión procesal en perjuicio de menores por ser obligación del Juez velar por la culminación del juicio ..."

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito resolvió los juicios de amparo directo 901/2000, 673/2002, 471/2003, 714/2003, 745/2003 y 863/2009, cuyos antecedentes son los siguientes:

a) Al resolver el amparo directo 901/2000, conoció de un juicio ordinario civil en el que la parte quejosa en representación de su menor hijo, demandó la pensión alimenticia y el pago de costas del juicio; no obstante, se decretó la caducidad de la instancia a petición de la parte tercero perjudicada, resolución contra la que la parte quejosa interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien confirmó el auto impugnado.

b) Por lo que se refiere a la resolución del amparo directo 673/2002, en ésta se negó el amparo a la parte quejosa en contra del acto reclamado a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, consistente en la sentencia de siete de marzo de dos mil dos, en la que la Sala confirmó el auto mediante el que se decretó la caducidad de la instancia.

c) En el amparo directo 471/2003, la parte quejosa demandó en la vía ordinaria civil, el pago de pensión alimenticia provisional, el Juez de primera instancia en Veracruz decretó la pensión alimenticia provisional y por auto de veinticinco de marzo de dos mil dos, dado que no se había realizado ninguna promoción por más de ciento ochenta días, decretó la caducidad de la instancia.

Inconforme con tal resolución la parte quejosa interpuso recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz quien confirmó la caducidad de la instancia y el Tribunal Colegiado negó el amparo en contra de dicho acto.

d) En el amparo directo 714/2003, la parte quejosa demandó pensión alimenticia y el Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz decretó dicha pensión por el veinticinco por ciento del sueldo del tercero perjudicado, quien el uno de abril de dos mil tres solicitó se decretara la caducidad de la instancia en virtud de que en ciento ochenta días no había existido promoción por ninguna de las partes.

A tal escrito recayó acuerdo de siete de abril de dos mil tres en el que se decretó la caducidad de la instancia y la quejosa en contra de dicho acuerdo interpuso recurso de apelación del cual conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien confirmó el auto apelado; en contra de dicha resolución la parte quejosa interpuso demanda de amparo de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

e) En lo que se refiere a la resolución del amparo directo 745/2003, la parte actora interpuso recurso de apelación del que conoció la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el que confirmó el auto recurrido, es decir, el que declaró la caducidad de la instancia.

La parte quejosa promovió demanda de amparo y el Tribunal Colegiado negó el amparo en contra del acto que se reclamó de la Sala.

f) Por su parte, al resolver el amparo directo 863/2009, el Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo en contra de los actos reclamados a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el cual, en específico, consistió en la confirmación del auto que decretó la caducidad de la instancia.

Las consideraciones a las que arribó el Tribunal Colegiado en los amparos directos a los que se hizo referencia en los incisos anteriores se ven reflejadas en la siguiente transcripción:

"... No le asiste razón en lo que antecede a la parte quejosa, toda vez que contrario a lo que ahí se aduce y como legalmente lo destacó la Sala responsable en la sentencia reclamada, es patente que en el caso a estudio se actualizó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, como se verá a continuación.

"Ciertamente, se sostiene lo anterior porque en primer lugar, el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado establece, en lo que interesa, que se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días naturales en la primera instancia, salvo los casos de fuerza mayor; que por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento; que la caducidad de la instancia sólo opera en los juicios, siempre y cuando hayan sido emplazados todos los demandados y no se haya citado a las partes para oír sentencia; y que la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte interesada.

"De todo lo anterior se deduce, que la actora **********, hoy quejosa, no formuló ninguna promoción tendiente a impulsar el procedimiento en el lapso comprendido entre cinco de noviembre de dos mil siete, fecha en que tuvo verificativo la audiencia que prevé el numeral 221 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en que se decretó la caducidad; no obstando para arribar a esa conclusión los escritos presentados por dicha impetrante ante el juzgado del conocimiento los días seis de febrero y veintiocho de abril de dos mil ocho, con los cuales designó abogado patrono y después autorizó para oír y recibir notificaciones a **********, el primero al cual recayó proveído de fecha diecisiete de abril del citado año, (foja 135 reverso del juicio natural), en donde el Juez de origen acordó que no había lugar a acordar lo solicitado, y el segundo, se acordó el dieciséis de mayo de dos mil ocho (foja 153 del citado juicio) en el sentido de que se tenía por autorizada a la persona arriba citada únicamente para imponerse de los autos, promociones que no son aptas ni suficientes para hacer patente el interés de la hoy quejosa en mantener vivo el procedimiento; por lo que la última promoción de la quejosa, que tuvo como finalidad impulsar el procedimiento, es aquélla a la que se alude líneas arriba, o sea, la de cinco de noviembre de dos mil siete, fecha en que se celebró la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en la cual las partes presentaron un convenio de esa misma fecha, sin que con posterioridad a ello exista alguna otra promoción que demuestre interés de la accionante para impulsar el trámite procesal en el juicio, transcurriendo así el término de ciento ochenta días apuntado, sin que impulsara el procedimiento, actualizándose la caducidad de la instancia desde el mes de mayo de dos mil ocho, lo que evidenció su desinterés para continuar con la secuela procesal, en términos del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

"En esa tesitura, para que haya caducidad de la instancia se requiere inactividad por un determinado periodo, entendiéndose que este abandono ha de ser de las partes y no del órgano jurisdiccional, ya que la institución se funda en la presunción de que al no promover las partes contendientes en el juicio están demostrando su falta de interés en que éste subsista, por lo que corresponde a las partes demostrar interés en continuar con el procedimiento, con independencia de la actividad de la autoridad judicial.

"En congruencia con todo lo antes puntualizado, es inconcuso que en el caso a estudio concurren todos y cada uno de los presupuestos exigidos por el aludido artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz para que se actualizara la caducidad de la instancia en el juicio de origen, es decir, que las partes no promovieron durante un lapso superior a ciento ochenta días naturales, en el juicio de origen, lo necesario para la secuela del procedimiento; que fue debidamente emplazado a juicio el demandado **********; que no se citó a las partes para oír sentencia; y que esa caducidad fue declarada a petición de parte interesada por el Juez del conocimiento.

"Caducidad que debe considerarse como una sanción a la carencia de interés de los litigantes en que las autoridades judiciales a quienes concurrieron, establezcan el derecho en los litigios que tienen planteados, y desde este punto de vista, debe estimarse que si las partes no requieren a los Jueces o tribunales para que cumplan con las obligaciones que les impone la ley, de pronunciar sus resoluciones dentro del término que la misma indica, es incuestionable que esa actitud significa la ausencia de interés, por parte de aquéllas, para obtener tales resoluciones, actualizándose de esta manera la caducidad mencionada, en perjuicio de la quejosa y su contraparte.

"Apoyan las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo III, enero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).

"Así como las tesis sustentadas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas dos mil ciento cincuenta y uno y seis cientos ocho, Tomos LIX y XCI, Materia Civil, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ)' (Se transcribe), y 'CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LEGISLACIÓN DE VERACRUZ.’ (se transcribe).

"Por otro lado, contrario a lo que alega la quejosa **********, el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles en consulta, en modo alguno establece que tratándose de menores acreedores alimentarios, no opere la caducidad de la instancia, a pesar de la inactividad de las partes, durante un lapso mayor a ciento ochenta días, ya que el hecho de que el juicio de mérito en el que se declaró la caducidad de la instancia, se haya iniciado con la promoción en la que la ahora quejosa demandó el reconocimiento de la relación de concubinato, que en su opinión existe entre ella y el demandado **********, así como el pago de alimentos para sí y sus menores hijos ********** e ********** ambos de apellidos **********; esto es, que el asunto controvertido verse sobre cuestión familiar y en él existan involucrados menores, no impide que opere la caducidad de la instancia, en virtud de que en el multicitado artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, a diferencia de otras legislaciones, no prevé, como excepción, para tener por abandonado un juicio y por perdido el derecho de los contendientes, es decir para que opere la caducidad de la instancia, aquellos casos en que la controversia esté relacionada con el pago de alimentos e incluso con menores, por lo que tales situaciones no se establecen específicamente como un caso de excepción para que se configure dicha figura jurídica, es por eso que la misma surge aun tratándose de menores de edad, siendo responsables del abandono del juicio, en todo caso, los representantes legales, y ello, en estricto derecho, implica que se actualiza tal figura en contra de cualquier persona, porque la ley no hace distinción alguna sobre el particular, sin que deba estimarse que se deje en estado de indefensión a los citados menores porque la caducidad decretada en el caso a estudio no entraña la desaparición del derecho sustantivo, sino que sólo extingue la relación procesal ...".

De las anteriores ejecutorias, derivó la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA RESPECTO DE MENORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en su parte relativa, dice: ‘Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días naturales en la primera instancia o noventa días naturales en la segunda, salvo los casos de fuerza mayor.’. De lo anterior resulta que la disposición legal de referencia no establece excepción alguna respecto de la procedencia de la caducidad de la instancia, de ahí que deba entenderse, entonces, que esa medida se configura aun tratándose de menores de edad, siendo responsables, en todo caso, del abandono del juicio respectivo los representantes legales o apoderados. Ello es así porque a diferencia de otras legislaciones, como la del Estado de Tabasco, por ejemplo, en la que expresamente se impide que opere la caducidad de la instancia en tratándose de menores, en la legislación civil del Estado de Veracruz, sí se actualiza dicha figura jurídica en contra de cual

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22739-c2eb06b9/caducidad-de-la-instancia-es-improcedente-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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