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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUBLICADO EL 21 DE ABRIL DE 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIÓN POR INVALIDEZ CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AYALA A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2010. · Registro digital (IUS): 22783
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE AYALA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1881.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2010. MUNICIPIO DE AYALA, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dos de junio de dos mil diez, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonardo Severo Suárez Pérez, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Ayala, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado. A. El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través del gobernador del Estado de Morelos, como representante del Poder Ejecutivo, con domicilio ubicado en Palacio del Poder Ejecutivo, calle Galeana de la colonia Centro, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. B. El secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, con domicilio ubicado en Palacio del Poder Ejecutivo, calle Galeana de la colonia Centro, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. C. La Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos (sic) por conducto del presidente de la mesa directiva. Actos cuya invalidez se demanda. A. De la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos (sic) se demanda la invalidez de la aprobación del Decreto Legislativo Número Trescientos Cuarenta y Nueve (349), publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiuno de abril del dos mil diez (21/04/2010), emitido por el Congreso del Estado de Morelos. B. Del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través del gobernador del Estado de Morelos, como representante del Poder Ejecutivo, se demanda la invalidez de la promulgación del Decreto Legislativo Número Trescientos Cuarenta y Nueve (349), publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiuno de abril del dos mil diez (21/04/2010), emitido por el Congreso del Estado de Morelos. C. Del secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, se demanda la invalidez de la promulgación y publicación del Decreto Legislativo Número Trescientos Cuarenta y Nueve (349), publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiuno de abril del dos mil diez (21/04/2010), emitido por el Congreso del Estado de Morelos. C) (sic) S e demanda la invalidez e inconstitucionalidad del sistema de pensiones en el Estado de Morelos, previsto en los artículos 55, 56, 57, 59, 61, 64 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Cabe precisar que este Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos, que represento en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tomó posesión como nueva administración municipal el día 01 de noviembre del 2009, fecha en que tomamos protesta tanto el suscrito en mi carácter de síndico, como el actual presidente municipal de Ayala, Morelos. 2. Es el caso que, al revisar el personal de la sindicatura que represento el Periódico Oficial Tierra y Libertad, se percataron y así me lo hicieron saber, que se había publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el Decreto Legislativo Número Trescientos Cuarenta y Nueve (349), publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiuno de abril del dos mil diez (21/04/2010) en donde en su artículo 1o. se establece lo siguiente: ‘... Se concede pensión por invalidez al C. Antonio Hernández González, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, desempeñando el cargo de policía tercero ...’. En su artículo 2o. dicho decreto establece: ‘... La cuota mensual de la pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a la separación de sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 60, fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado ...’. 3. Precisando que este Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos, que represento, nunca fue informado de dicho procedimiento que realizaba el Congreso del Estado de Morelos, a favor del C. Antonio Hernández González, ni mucho menos fuimos requeridos por parte del Congreso del Estado sobre ningún tipo de documentación y expediente laboral del trabajador antes citado. 4. Por tal circunstancia y en virtud de la invasión a la autonomía del Municipio de Ayala, Morelos, en particular de su libre administración hacendaria, por parte del Congreso del Estado de Morelos, es que acudimos ante este Tribunal Constitucional a solicitar la invalidez de los actos y la norma que se precisa en el capítulo respectivo."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez, lo constituye el Decreto Legislativo Número Trescientos Cuarenta y Nueve (349), publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiuno de abril del dos mil diez (21/04/2010), emitido y aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, y promulgado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos (sic). Preceptos constitucionales violados: Artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal. Argumento del concepto de invalidez: 1. Para realizar una correcta argumentación sobre los conceptos de invalidez respecto del acto cuya invalidez se demanda, es necesario analizar (sic) una interpretación conforme del artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso b, primordialmente para descubrir lo que el Constituyente quiso plasmar en dicho precepto constitucional, para la institución del Municipio en México: Artículo 115, fracciones IV, inciso b, ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Por su parte, Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de Constitución ante el Congreso Constituyente, en relación con el Municipio, dijo: ‘El Municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores ...’. Por lo anterior queda de manifiesto que una de las finalidades del Constituyente fue precisamente fortalecer la autonomía del Municipio, como base del gobierno libre, buscando con ello no sólo una libertad política, sino una independencia económica, para satisfacer sus necesidades, surgiendo aquí la libre hacienda municipal, prevista en la fracción IV del precepto constitucional que se analiza. Debiendo precisar que la fracción IV del artículo 115 constitucional se incorporó al Texto Constitucional mediante reforma del dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, estableciéndose en la Constitución diversas reglas tendientes a fortalecer y preservar al Municipio Libre y, principalmente, su hacienda municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, tal y como se plantea en la iniciativa presidencial de la cual partió el decreto de reformas, que en la parte medular establece: ‘... por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones, que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria se elevó a categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público de estas contribuciones, que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la hacienda municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado.’. De lo antes transcrito se puede determinar que una de las finalidades del Constituyente de Querétaro fue proveer al Municipio de libertad hacendaria y con ello obtuvieran una verdadera autosuficiencia económica, por ello se adicionó al artículo 115 de la Constitución Federal, la fracción IV, dentro de las cuales se estableció como rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones, de lo que podemos sacar la siguiente conclusión, que es un derecho de los Municipios recibir las participaciones federales que se les asigne y, por ende, dichas participaciones federales son parte de la hacienda municipal para que el Municipio pueda hacer frente a sus necesidades, cumpliéndose con ello la voluntad del Constituyente de Querétaro, para fortalecer y darle una libertad económica a los Municipios. 2. Partiendo de lo antes transcrito y toda vez de que hemos definido los alcances que el órgano reformador le otorgó al Municipio respecto de su libre administración hacendaria en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política Federal, pasaremos por cuestiones de técnica argumentativa, al análisis del decreto número ciento setenta y dos (sic) que se impugna. Del decreto antes citado se puede desprender, en su punto medular, lo siguiente: ‘Artículo 1o. ‘... Se concede pensión por invalidez al C. Antonio Hernández González, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala de Morelos, desempeñando el cargo de policía tercero ...’. En su artículo 2o.: ‘... La cuota mensual de la pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 60, fracción I, segundo y último párrafos, de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a partir del día siguiente a la separación de sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 60, fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado ...’. ‘Artículo 3o. El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementarse la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, lo anterior de conformidad con el artículo 66 de la ley antes mencionada.’. Transitorio. ‘Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado.’. Una vez que hemos analizado los alcances que el órgano reformador ha otorgado a la institución del Municipio, respecto de la libre administración municipal y toda vez de que hemos transcrito el decreto cuya inconstitucionalidad se impugna, pasaremos a realizar un análisis a la luz del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil, del Estado de Morelos, el cual establece: ‘Artículo 57. Para disfrutar de las pensiones señaladas en este capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes: A) Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el oficial del registro civil correspondiente; II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda; III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentra adscrito el trabajador; y IV. Dictamen de la institución de seguridad social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. B) Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes documentos: I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el respectivo oficial del registro civil; II. Copia certificada del acta de matrimonio o, en su defecto, del documento que acredite la relación concubinaria expedida por el H. Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal; III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez expedido por la institución de seguridad respectiva; y IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. El Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días durante el periodo ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones inmediato. De los cuerpos normativos antes citados, podemos realizar las siguientes conclusiones: Si bien es cierto, es necesaria la existencia y regulación de los derechos laborales de los trabajadores, así como la regulación del régimen de pensiones, cierto es también que dicha regulación necesariamente debe de estar enmarcada en leyes laborales expedidas por las Legislaturas Locales, esto bajo el principio de especialidad, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la regulación y el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios en el Estado de Morelos, se encuentra regulado en la Ley del Servicio Civil, en donde en su artículo 57, último párrafo, claramente se establece que será el Congreso del Estado de Morelos, el que deberá de expedir el decreto correspondiente para la concesión de la pensión por cesantía en edad avanzada (sic) en el caso concreto, sin que en su caso sea el Ayuntamiento ni ninguna otra institución de seguridad social, los encargados de establecer los casos en que proceda otorgar alguna pensión, no obstante que es el Municipio, como lo es en este caso, quien tiene la obligación de cubrir dicha pensión. Por lo antes argumentado, podemos determinar que dicho decreto (349) que se impugna, basado en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular en su artículo 57, último párrafo, contraviene en forma directa la autonomía en la gestión de la hacienda municipal, ya que mediante dicho decreto se pretende que el Congreso del Estado de Morelos decida en forma unilateralmente, lo correspondiente a los trabajadores del orden de Gobierno Municipal, siendo que en el caso concreto no se dio la oportunidad al Municipio de Ayala, Morelos, de hacer valer sus defensas y alegaciones, lo que sin lugar a dudas se contravino en su perjuicio por parte del Congreso del Estado de Morelos, las formalidades esenciales del procedimiento, entre ellas, a saber, la oportunidad de alegar en su defensa, la oportunidad de probar, la oportunidad de recurrir, ya que es el Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, quien en forma unilateral y con la sola solicitud del trabajador, previo el cumplimiento de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, quien determina la concesión de alguna de las pensiones que contempla dicho ordenamiento, sin que en su caso se dé la intervención al Municipio, quien en última instancia se ve obligado a erogar los recursos de su presupuesto para solventar dichas obligaciones estipuladas por el Congreso del Estado de Morelos, circunstancia ésta que lesiona la libre administración hacendaria del Municipio, prevista y tutelada por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal. Sirven de fundamento a mi dicho los siguientes criterios de jurisprudencia aplicables al presente caso concreto: ‘MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. (se transcribe). ‘HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. (se transcribe). ‘HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.’. (se transcribe). Por su parte, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal, establece lo siguiente: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Del precepto constitucional antes citado, podemos determinar que la propia Carta Fundamental establece en su artículo 115, fracción IV, la facultad de los Municipios de administrar libremente su hacienda, la cual está formada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, con lo que se establece claramente que la intención del Constituyente, fue de dotar al Municipio de independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, es decir, le corresponde al Municipio organizar el destino de sus recursos para hacerle frente a los múltiples compromisos con sus gobernados. Contrario a esto, la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, mediante el decreto número (349), pretende disponer del destino del presupuesto del Municipio de Ayala, Morelos, que represento, ya que dispone unilateralmente, sin la intervención del Municipio de Ayala, Morelos, el otorgamiento de una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Municipio de Ayala, Morelos, quien en última instancia es el obligado a hacerle frente a dicha prestación laboral, y de realizar previamente las provisiones necesarias para dicho objetivo, circunstancia ésta que como se ha venido reiterando, contraviene la libre administración municipal, prevista por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal. Segundo concepto de invalidez. Lo constituye el Sistema de Pensiones del Estado Libre y Soberano de Morelos, previsto en los artículos 56, 57, 60, fracción I, 61, 64, 66 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Preceptos constitucionales violados: Artículo 115, fracción VIII, último párrafo, y 123 de la Constitución Política Federal. Argumento del concepto de invalidez: De una interpretación conforme, analizaremos lo establecido por los artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 123, apartado b, fracción XI, último párrafo, de la Constitución Política Federal, los cuales establecen: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Del precepto constitucional antes citado, se puede desprender con claridad que es la propia Carta Fundamental la que establece que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales de los Estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, es decir, el propio artículo 115 constitucional, fracción VIII, en su último párrafo, nos remite al propio artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias. Es de resaltar que dicha norma no establece en forma precisa cuáles son esas bases, es decir, si se trata del apartado A que regula las relaciones de los trabajadores que presenten servicios en la iniciativa privada o bien del apartado B del artículo 123, que regula las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Sin embargo, de la interpretación conforme de ese precepto fundamental se infiere que se refiere a las bases que señala el apartado B, ya que es en este rubro en donde se regulan las relaciones de los trabajadores públicos y los poderes en que presten su servicio, y toda vez de que el Municipio es también un nivel de gobierno, que presta determinadas funciones y servicios públicos, es claro que estamos ante un ente público, las bases que rigen sus relaciones de trabajo con sus empleados son las previstas en el apartado B. Apoya lo anterior la tesis P. XXVI/98, publicada en la página ciento diecisiete, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que en lo que interesa señala: ‘Se sugiere a fin de que tales trabajadores cuenten con protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus relaciones en las Constituciones Locales y en las leyes estatales, mismas que deben observar como principios básicos las garantías de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el empleo, en acceso a la función pública, la protección al salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuadas para la resolución jurisdiccional de controversias.’. Por lo anterior podemos concluir que las Legislaturas de los Estados tienen facultad de legislar en materia de regulación laboral entre los Municipios y sus trabajadores, tomando como parámetro lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política Federal, precepto que establece: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que en lo que interesa señala: (se transcribe). De donde deriva que la finalidad de dicha reforma fue otorgar a los trabajadores de los Gobiernos Estatales y Municipales los derechos mínimos que establece el apartado B del artículo 123 constitucional. Ahora bien, una vez que hemos analizado los artículos 115 y 123 de la Constitución Política Federal, en lo que a esta controversia interesa, pasaremos a realizar un análisis lógico-jurídico de los artículos 55, 56, 57, 59, 61, 64 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en contraste con los preceptos constitucionales antes analizados: ‘Artículos 56, 57, 60, 61, 64, 66 y 68.’ (se transcriben). De los preceptos citados de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se puede determinar con precisión que es el Poder Legislativo Local y no un organismo de seguridad social, quien puede disponer del otorgamiento de las pensiones citadas, en particular de la pensión de cesantía en edad avanzada (sic), con cargo a la hacienda pública estatal o municipal, es decir, en el sistema de pensiones previsto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no contempla la existencia de un organismo el que decida sobre el otorgamiento de pensiones, con cargo a su patrimonio propio, así como tampoco establece que sean el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) ya que con base en los preceptos citados de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es el Congreso del Estado de Morelos, quien en forma unilateral, decide sobre el otorgamiento de las pensiones, circunstancia ésta que contraviene lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política Federal, ya que el sistema de pensiones del Estado de Morelos no se ajusta a lo previsto por el artículo 123 de la Constitución Política Federal, ya que es el propio Poder Legislativo Local, el que determina estos derechos laborales, en franca afectación a la autonomía hacendaria del Municipio de Ayala, Morelos, que represento, tutelada por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal. Debiendo precisar que no se impugna de inconstitucional, la existencia y regulación de los derechos laborales del trabajador, para recibir una pensión por jubilación, sino más bien el hecho de que sea el Congreso del Estado de Morelos, quien pretenda decidir sobre los trabajadores del orden de Gobierno Municipal, para que este último erogue los recursos de su presupuesto, a fin de solventar las obligaciones laborales citadas."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son: 115, fracción IV y 123.

QUINTO. Por acuerdo de dos de junio de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 29/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de tres de junio de dos mil diez, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas al Congreso y al gobernador del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la entidad, este último respecto del refrendo del decreto legislativo impugnado y ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación, asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SEXTO. El Gobernador Constitucional, así como el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, fueron coincidentes en su respectiva contestación de demanda, en la que señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1. Que los actos de promulgación, publicación y refrendo se realizaron con estricto apego a las facultades constitucionales y legales con que cuenta el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado Libre y Soberano de Morelos.

2. Que el Municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de refrendo, promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que resulta evidente que la autoridad que represento únicamente se encuentra llamada a la presente controversia constitucional cumpliendo con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado la ley general impugnada.

3. Que la impugnación que se formula en el primer concepto de invalidez planteado por el Municipio actor, en contra del decreto y de las disposiciones de la Ley del Servicio Civil, resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que tales disposiciones, bajo ninguna circuns

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22783-f6fc7ff6/controversia-constitucional-el-decreto-numero-trescientos-cuarenta-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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