Corpus
Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON EN LA INCONFORMIDAD SI NO IMPUGNAN EL ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA, AUNQUE SE TRATE DE NÚCLEOS AGRARIOS.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 157/2005. · Registro digital (IUS): 22791
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1004.

INCONFORMIDAD 157/2005. **********.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al punto tercero, fracción V, a contrario sensu, y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, ya que no se está en el caso de aplicar la sanción prevista en el precepto constitucional invocado en primer término.

SEGUNDO. La inconformidad es oportuna.

La resolución que declaró por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **********, fue notificada a la parte quejosa por lista del lunes veinte de junio de dos mil cinco, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo (ver foja 402 del cuaderno de amparo **********), por lo que el plazo de cinco días para hacer valer la inconformidad prevista en el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, venció el martes veintiocho del mes y año en cita.

Por tanto, si el escrito de inconformidad se presentó el día veintidós de junio de dos mil cinco ante la Oficialía de Partes Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, debe estimarse que la misma se interpuso en el plazo legal establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo, por lo que el escrito de inconformidad es oportuno.

Lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: P./J. 77/2000

"Página: 40

"INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación sistemática de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, en relación con el 24 y el 34 del mismo ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco días para interponer la inconformidad en contra de la resolución que tiene por cumplida una sentencia de amparo o inexistente la repetición del acto reclamado, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva pues, por su naturaleza, una notificación sólo puede afectar al notificado cuando ésta surte sus efectos y no antes, de manera tal que los plazos relativos a la impugnación de esa clase de resoluciones, necesariamente tendrán que correr hasta que la notificación haya surtido sus efectos, se diga expresamente o no en el artículo en el que concretamente se prevea el plazo específico, porque al respecto opera la regla general establecida en el artículo 24, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el cómputo de los plazos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. Al respecto debe destacarse que el conflicto de redacción que existe entre los artículos 24, fracción I, por un lado, y los artículos 105 y 108, por otro, de la Ley de Amparo, en el aspecto a que se hace referencia debe resolverse interpretándolos de tal manera que se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones y se ajuste a los preceptos constitucionales que tienden a asegurar el exacto cumplimiento de las sentencias de amparo."

TERCERO. La parte quejosa hizo valer en contra de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, los motivos de inconformidad siguientes:

"Que la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil cinco, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, relativa al juicio agrario número **********, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el primero de julio de dos mil cuatro, no está dictada de acuerdo a la letra de la ley, ni a su interpretación jurídica, no es completa ni congruente con lo planteado en la litis, por tanto, carece de la debida fundamentación y motivación. Atento a lo anterior, señalamos: Que por auto de fecha 15 de junio de 2005 en el expediente relativo al juicio de amparo directo **********, se dictó un acuerdo que declara que la autoridad señalada como responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, previniendo a los quejosos a fin de que se pronuncien respecto de la misma y manifiesten su conformidad o inconformidad con la resolución que la tiene por cumplida la referida ejecutoria. Ahora bien, la ejecutoria de mérito que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, ordenara la reposición del procedimiento a fin de allegarse de todas y cada una de las pruebas idóneas y suficientes que le permitieran verificar lo siguiente: (se transcribe). Que en estas condiciones, la autoridad responsable estaba obligada a averiguar la superficie que poseíamos los quejosos al momento de dictarse la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por parte de la extinta Comisión Agraria Mixta, ya que fue justamente esa posesión la que nos permitió acceder a la calidad de ejidatarios a propuesta de la propia asamblea general de ejidatarios del poblado **********, Municipio de Donato Guerra, Estado de México, y es la misma superficie que ahora se nos pretende quitar, además de no valorar el caudal probatorio existente. Ahora bien, al señalar el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que la responsable resolvió conforme a derecho, ya que valoró el caudal probatorio y tomó en consideración que la acción deducida en el juicio por el ejido no es una restitución sino una controversia entre sujetos agrarios, por consiguiente, se tiene por satisfecho el inciso e) de la ejecutoria de amparo, ello a pesar de que los impetrantes de garantías manifestamos que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que lo anterior era así, porque, con independencia de que no fue factible precisar la superficie de terreno que poseíamos los ahora quejosos, previamente a la resolución de reversión; lo cierto es que quedó debidamente acreditado que hay coincidencia entre la superficie expropiada, posteriormente revertida, además que esa superficie es de uso común, y que cuando el Fifonafe, con motivo de la sentencia de reversión devolvió las tierras de que se trata, ésta lo hizo a los representantes de ejido y que por eso resulta intrascendente determinar qué superficie detentaban los solicitantes de amparo, con anterioridad a que se produjera la reversión. De lo anterior se puede observar, primeramente, que el Tribunal Colegiado es incongruente y contradictorio en su acuerdo, toda vez que no puede señalar que el Tribunal Unitario Agrario responsable haya valorado en forma legal y conforme a derecho todos y cada uno de los medios de convicción que obran en el juicio agrario número **********, pues como podrán darse cuenta señores Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable sólo hace una relación de las pruebas aportadas por la parte actora en el juicio agrario y luego les concede pleno valor probatorio, sin hacer un razonamiento lógico, técnico y jurídico del porqué les otorga valor probatorio, pues de acuerdo al criterio sustentado por ustedes, no basta con hacer una relación de las prueba aportadas, sino que se debe realizar un razonamiento y después concluir el porqué el valor de las pruebas; y se olvida de las pruebas aportadas por la parte demandada a grado tal, que ni siquiera hace una relación del acervo probatorio. Por otro lado, el Tribunal Colegiado se contradice al especificar que con independencia de que no fue factible precisar la superficie de terreno que poseían los quejosos, previamente a la resolución de reversión, resulta intrascendente determinar qué superficie detentaban, con anterioridad a que se produjera la reversión; cuando en la ejecutoria que se pretende dar cumplimiento de fecha veinte de abril de dos mil cinco, en su inciso a), foja siete, le requiere a la responsable verifique lo siguiente: ‘a) Qué superficie poseían los quejosos al dictarse la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por parte de la extinta Comisión Agraria Mixta, pues fue justamente esa posesión la que les permitió acceder a la calidad de ejidatarios y, además, porque los agraviados reiteran en múltiples ocasiones que esa es la superficie que ahora se les pretende privar.’. Luego entonces, nos preguntamos los hoy quejosos, si es o no trascendente determinar la superficie que poseíamos previamente a la resolución de reversión y porqué el colegiado determina que es intrascendente en su acuerdo de fecha quince de junio del año en curso, cuando en su ejecutoria de amparo solicita que se verifique la referida superficie, consecuentemente, el citado colegiado incurre en contradicción al señalar que es intrascendente determinar tal superficie y determinar que la ejecutoria de mérito se encuentra cumplida, cuando en realidad no se ha dado debido y legal cumplimiento, por lo que solicitamos a ustedes señores Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenen al Tribunal Colegiado que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito y éste a su vez ordene a la responsable Tribunal Unitario Agrario, deje insubsistente su resolución de fecha veinte de abril de dos mil cinco y emita otra en la que cumpla con los lineamientos decretados en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, como se advierte de autos del juicio ventilado ante el Tribunal Unitario Agrario, se demostró de manera categórica con la prueba testimonial y con las documentales, que la responsable no cumple en su plenitud la sentencia mencionada, pues desdeña valorar las probanzas aportadas por nosotros. En efecto, la prueba testimonial ofrecida por los demandados en el juicio natural y desahogada por la parte que tiene intereses contrarios a los nuestros, arroja datos auténticos y, por lo mismo, valiosísimos para saber qué superficie poseíamos al momento de dictarse la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por parte de la extinta Comisión Agraria Mixta, pues es mediante el interrogatorio que se realizó como podemos percibir cómo se ha generado esta controversia, pues su percepción de las cosas, informó y dio luz acerca de los hechos que les constan, sin embargo, a pesar de todo ello, la responsable se niega a restituirnos en nuestras garantías violadas. Esto es así, pues basta ver las repuestas que dan los testigos que han sido nuestros más acérrimos enemigos (si ocultáramos la verdad, no hubiésemos propuesto como testigos de nuestra parte a quienes nos quieren quitar nuestras unidades de dotación ejidal) a las cinco preguntas medulares que en nuestro criterio, son las siguientes: (se transcriben). Como se aprecia de la transcripción anterior, seleccionamos únicamente cinco preguntas con sus respectivas respuestas de la audiencia celebrada el 19 de agosto de 2003, en la cual se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la demandada, ahora inconforme, con el acuerdo del 15 de junio del año en curso. Prueba que corrió a cargo de nuestros más tenaces adversarios, y cuyo propósito no era otro que ayudar al Tribunal Unitario Agrario en la búsqueda de la verdad sobre los puntos cuestionados, a fin de que se aclarara quién tiene mejor derecho a usufructuar los terrenos ejidales por los cuales la asamblea general de ejidatarios celebrada el 23 de mayo de 1998, nos reconociera la calidad de ejidatarios. De lo anterior, se arriba a las siguientes: Conclusiones. Primera. Que ofrecimos la prueba testimonial y su desahogo a cargo de **********, **********. **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, porque en alguna época fueron integrantes del comisariado ejidal o consejo de vigilancia de nuestro poblado. Segunda. Que han intentado por diversos medios quitarnos nuestras unidades de dotación de tierra, desde finales del año de 1984, ya promoviendo denuncias de hechos o demandas restitutorias, y quejas ante diversas autoridades. Tercera. Que la mayoría de ellos, ‘cobró’ al Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, en el año de 1985 una indemnización por la tierra, en lo individual, es decir, que en esos momentos para estos personajes y muchos más de nuestro ejido, ‘la tierra que hoy’ nos disputan era de aprovechamiento individual, o sea, no era de uso común. Sin embargo, tiempo después, de manera prodigiosa se convierten en terrenos de ‘uso común’, lo cual es avalado ahora por la autoridad responsable. Cuarta. Se demostró categóricamente que en el año de 1985, para ellos, los terrenos en disputa eran de riego, esto para poder cobrar la indemnización, empero tiempo después enderezan la demanda en contra nuestra y aseguran que los terrenos son de uso común, porque así lo dice un decreto expropiatorio, sin embargo, es menester voltear a ver lo que dice la resolución presidencial, el acta de posesión y deslinde, el plano definitivo y la prueba pericial en materia de topografía, que señalan que esos terrenos son de riego. Quinta. Se demostró con la testimonial de **********, quien fungió como presidente del comisariado ejidal en el año de 1987, que a través de la extinta Comisión Agraria Mixta, se le requiere para que la asamblea general de ejidatarios nos tomara en consideración y nos propusiera como nuevos adjudicatarios por venir sembrando las tierras ejidales, precisamente en el paraje que hoy nos reclaman y que, con motivo de la investigación general de usufructo parcelario ejidal, él como representante del ejido, nos hace entrega de los certificados de derechos agrarios hasta el año de 1990, que nos dan iguales derechos que ellos a poseer los terrenos ejidales. Por otro lado, la responsable se contradice, porque manifiesta que no existe discrepancia entre los peritajes rendidos por las partes, por lo que no hay necesidad de allegarse de un tercero en discordia, además agrega que el peritaje de los codemandados no formula cuestionamiento alguno respecto a que sí hay identidad entre las superficies y, por otra parte, señala que si bien el perito de los codemandados alude a siembra de maíz y cultivos frutícolas y no alude a que la superficie expropiada era de uso común, tal característica de uso común, sí es referida en la respuesta del perito del comisariado actor, y luego concluye que hay identidad en las superficies expropiadas y, posteriormente, revertidas, y que las características en ambos es de uso común, luego entonces, díganme ustedes señores Ministros si no existe incongruencia en la sentencia que trata de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, si en ésta se ordena que se recabe la prueba pericial en materia de topografía y si existiera contradicción se hiciera allegar de la opinión de un perito tercero en discordia. Finalmente, el Tribunal Colegiado, señores Ministros, no da respuesta a los argumentos expresados por los impetrantes de garantías, al desahogar la vista que se nos diera con el cumplimiento dado por la responsable, respecto de la ejecutoria de amparo en la que se nos otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, pues ustedes como integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sustentado que en el caso de que el quejoso hubiese desahogado la vista que se le dio con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y éste hubiese expresado su inconformidad con el mismo, el tribunal de amparo deberá dar respuesta a sus argumentos y, en su caso, requerir a la autoridad responsable el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues así lo dispone la jurisprudencia número 2a./J. 20/98, sustentada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, página ciento noventa y cinco, cuyo rubro es el siguiente: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA CUMPLIDO CABALMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y, EN SU CASO DICTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO.’. Pues única y exclusivamente se concreta a especificar que con independencia de que no fue factible precisar la superficie de terreno que poseían los quejosos, previamente a la resolución de reversión, lo cierto es que quedó debidamente acreditado que hay coincidencia entre la superficie expropiada, posteriormente revertida; además que esa superficie es de uso común y que cuando el Fifonafe, con motivo de la sentencia de reversión devolvió las tierras de que se trata, ésta lo hizo a los representantes del ejido, concluyendo que resultaba intrascendente determinar qué superficie detentamos, por ello determinó tener por cumplida la ejecutoria de uno de julio de dos mil cuatro, sin que se diera respuesta alguna a nuestros argumentos hechos valer en nuestro escrito de desahogo de vista. Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pedimos: Primero. Tenernos por presentados en tiempo y forma, con el presente escrito, interponiendo la inconformidad correspondiente. Segundo. Admitir la inconformidad que se interpone y ordenar la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la debida sustanciación de la misma. Tercero. Requerir al Tribunal Unitario Agrario los autos del juicio número **********, en su original o en copia debidamente certificada para remitirlo junto con el amparo directo **********, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto. Señores Ministros de nuestro Más Alto Tribunal de la Nación, ordenar al Tribunal Colegiado que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, consecuentemente, éste a su vez ordenar a la responsable deje insubsistente la resolución de fecha veinte de abril de dos mil cinco y en su lugar emita otra en la que se dé legal y cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de acuerdo a los lineamientos decretados en la misma, en la que se nos otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión." (fojas 420 a 431 del cuaderno de amparo).

CUARTO. Es infundada la presente inconformidad, como se demostrará a continuación:

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a examinar si la autoridad responsable dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Lo anterior, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público en cuya observancia está interesada la sociedad y, además, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse sino hasta que quede cumplida la sentencia que haya concedido al quejoso la protección constitucional.

En consecuencia, el análisis que se efectúe para determinar si la autoridad responsable ha incurrido o no en desacato del fallo protector, no debe limitarse a los argumentos de inconformidad planteados por la parte quejosa, ya que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en suplencia de la queja, hacer el estudio respectivo, aun ante la ausencia de agravios, pues goza de las más amplias facultades para ello, de conformidad con lo establecido por esta Segunda Sala en la jurisprudencia que se transcribe a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, julio de 1997

"Tesis: 2a./J. 28/97

"Página: 125

"INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA. El cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, además, según lo dispuesto por el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, la Suprema Corte debe resolver allegándose los elementos que estime convenientes, disposición que la autoriza a realizar un pronunciamiento sobre el particular aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, pues debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia."

En esta tesitura y a fin de estar en aptitud de resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida o no, inclusive si sólo fue en su núcleo esencial, se estima necesario precisar sus alcances.

Ello en términos de la jurisprudencia 2a./J. 47/98, sustentada por esta Segunda Sala, publicada en la página 146 del Tomo VIII, correspondiente al mes de julio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:

"SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo."

En este contexto, según se advierte de los antecedentes del caso:

1. El juicio de amparo del que deriva la presente inconformidad fue promovido por **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en contra de actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, y que se hizo consistir en la sentencia emitida el primero de julio de dos mil cuatro, dentro de los autos del juicio agrario **********, así como los actos de ejecución.

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, es decir, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, dejara sin efectos la resolución de primero de julio de dos mil cuatro, y en su lugar ordene la reposición del procedimiento a fin de allegarse de todas y cada una de las pruebas idóneas y suficientes que le permitan verificar lo siguiente:

"a) Qué superficie poseían los quejosos al dictarse la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por parte de la extinta Comisión Agraria Mixta, pues fue justamente esa posesión la que les permitió acceder a la calidad de ejidatarios y, además, porque los agraviados reiteran en múltiples ocasiones que esa es la superficie que ahora se les pretende privar.

"b) Qué superficie fue objeto de la expropiación y de la reversión que fuera ventilada en el expediente agrario ********** y, fundamentalmente, el destino que tenía asignado dicha superficie antes de la expropiación de mérito (pues al respecto pudiere pensarse que existen pruebas contradictorias ya que, por una parte, en el decreto expropiatorio se señala que son terrenos de uso común, mientras que en la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, se reconoce la calidad de ejidatarios a los actores precisamente por encontrarse en posesión de las que posteriormente se les asignaron como sus unidades de dotación y los actores en todo momento afirman que se trata de las mismas tierras).

"c) Si en el ejido de ********** existe parcelamiento, sea formal o económico, en donde se reconozcan determinadas superficies a los inconformes.

"d) Con la prueba pericial en materia de topografía, constatar en realidad cuál es la superficie en disputa, así como si existe coincidencia entre los predios cuya posesión dio lugar al reconocimiento de los quejosos como ejidatarios y la superficie que fue expropiada y, posteriormente, revertida al ejido, siendo que en el caso de que existan discrepancias entre los dictámenes que rindan, además, deberá allegarse de la opinión de un perito tercero en discordia.

"e) Hecho lo cual, habrá de valorar el caudal probatorio existente y decidir la controversia jurídica sometida a su jurisdicción conforme a derecho proceda, desde luego, tomando en consideración que, en el caso concreto, propiamente la acción deducida en juicio por el ejido actor no es una restitución, sino una controversia entre sujetos agrarios.

"Así también, debe precisarse que la protección constitucional otorgada, se hace extensiva a los actos reclamados a los actuarios adscritos al tribunal responsable, puesto que los actos de ejecución que se les imputan no son combatidos por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la sentencia reclamada, de suerte que ha de correr la misma suerte."

Lo anterior, al tomar en consideración el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver lo que en estas partes interesa, lo siguiente:

Si bien el ejido demandante al intentar el juicio de agrario, indicó que reclamaba la restitución de la superficie de 8.5 hectáreas, lo cierto es que no le corresponde a las partes la calificación jurídica del conflicto, puesto que señaló que era una tarea eminentemente jurisdiccional, de tal suerte que le compete al juzgador examinar tal punto, con independencia de la denominación que las partes les hayan dado a sus acciones.

Bajo este tenor, al realizar el análisis del contenido del artículo 18 de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, que refieren la competencia de los tribunales para conocer de las controversias que se planteen en relación con las tierras ubicadas en su jurisdicción, determinó que:

- El precepto que se examina, al clasificar los litigios agrarios, específicamente las fracciones V y VI, que prevé la existencia de conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales y de controversias en materia agraria entre ejidatarios y comuneros, posesionarios o avecindados entre sí y entre éstos y los órganos del núcleo de población.

- En el caso concreto, es un hecho aceptado por las partes y reconocido por la responsable, el que los demandados sí tienen el carácter de ejidatarios legalmente reconocidos, de suerte que en realidad no es factible reclamarles una restitución, sino que, en la especie, debe colegirse que la acción ejercitada por el núcleo agrario por conducto de su órgano de representación, es una controversia entre sujetos agrarios que reclaman entre sí el respeto de sus respectivos derechos.

Por cuanto a los efectos precisados en los incisos a), b) y c) de la ejecutoria de amparo, el tribunal al resolver en su parte considerativa el concepto de violación enderezado por los quejosos en el sentido de que la responsable resuelve el asunto sometido a su jurisdicción, sin contar con elementos de convicción suficientes, con la consiguiente violación a los artículos 186, 187 y 189 de la Ley Agraria, al respecto, concluyó lo siguiente:

- La responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley Agraria, deberá recabar las pruebas que sean necesarias para determinar cuál es la superficie que en realidad se encuentra en conflicto, merced a los documentos y otros elementos que se allegue, cuál es la superficie que amparan los certificados de derechos agrarios de los quejosos y si existe coincidente entre la superficie que ocupan y la que fue materia de la reversión.

En tal virtud, la autoridad agraria responsable, para cumplir con la ejecutoria de amparo, debía inicialmente efectuar los actos siguientes:

A) Dejar insubsistente la resolución de uno de marzo de dos mil cuatro, dictada en el expediente agrario **********; y,

B) Reponer el procedimiento y, con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, recabar todas las pruebas necesarias para determinar cuál es la superficie que en realidad se encuentra en conflicto.

De las constancias existentes en el expediente del amparo directo **********, se advierte que a foja 133, obra agregado el auto de trece de julio de dos mil cuatro y mediante el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22791-67666f7a/agravios-inoperantes-lo-son-en-la-inconformidad-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.